La iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación parte de la falacia de asumir que los jueces electos tienen más legitimidad a partir de un ejercicio de popularidad, cuando lo que les da este atributo es su capacidad, profesionalismo e independencia de los poderes políticos y económicos, afirmó el doctor en derecho Ricardo Alberto Ortega Soriano, Director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (IBERO).
- El especialista de esta casa de estudios apuntó que para poder hacer una interpretación de la ley se necesitan herramientas, capacidades y conocimientos que exige el desempeño de la función judicial, pues la legitimidad de los jueces no proviene de la misma causa que sucede con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que es el voto popular.
«Una elección está sujeta a procesos de movilización política que pueden tener el efecto de llevar a esos cargos a personas afines al poder político dominante en turno y no a aquellas realmente comprometidas con la justicia que cuenten con las competencias necesarias, lo que representa un riesgo muy importante a la independencia e imparcialidad de jueces o juezas, y al profesionalismo con el que deberían desempeñarse. Ahí hay un primer gran problema a esta iniciativa», advirtió.
- Otro problema, desglosó, es que la iniciativa del Presidente contempla la creación de un tribunal de disciplina, lo que es preocupante, ya que lo que se plantea es que se convierta en un órgano encargado de censurar la libertad de juezas y jueces para resolver casos, sobre todo cuando se oponen a las directrices de un régimen político determinado.
- Enunció que, en los últimos años, desde el Gobierno se ha usado una narrativa que responsabiliza a las y los jueces de liberar a delincuentes, pero lo que no se pone sobre la mesa es que en muchos casos las fiscalías no integran bien las carpetas de investigación y los elementos de prueba, que es lo que permite que muchas personas acusadas sean liberadas.
«Sabemos que en México tenemos una situación de impunidad crónica, que hay deficiencias muy graves en el acceso a la justicia y que es necesario impulsar una reforma al sistema de justicia en su conjunto. Ahora, esa necesidad no debe ser confundida con un intento para desmantelar las condiciones de contrapeso que ejerce el Poder Judicial», señaló.
El Dr. Ricardo Alberto Ortega Soriano refirió que esta situación de impunidad crónica que vive el país, donde al menos 9 de cada 10 delitos quedan sin castigo, se debe en buena medida a la falta de capacidades, de independencia y de profesionalismo de las fiscalías para la investigación de los crímenes.
Mencionó que cualquier reforma debería implicar una mejora integral que no se quede en un ámbito de “revanchismo político”, ya que la reforma de 1994 permitió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se volviera un actor relevante (pues antes era sólo una extensión del Poder Ejecutivo), y dio pasos importantes para que el Poder Judicial apostara por un sistema de carrera que ha permitido que la justicia avance.
- Apuntó que lo que habría que exigirle a cualquier legislador en el proceso de reforma es que se establezcan reglas que garanticen que quienes participen en los procesos de selección para el Poder Judicial cuenten con perfiles profesionales y técnicos, que tengan conocimientos en interpretación constitucional, derecho internacional y con un grado de independencia y autonomía de los poderes públicos y económicos, lo que el actual proceso de selección de ministras y ministros de la Corte tampoco garantiza.
Por ello, sostuvo, también es importante mirar los estándares internacionales sobre independencia judicial que se han desarrollado tanto en el Sistema ONU como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Ahí hay una guía muy útil para orientar cualquier reforma”, subrayó.
Concluyó que lo que no puede suceder es apostar por una “reforma regresiva“ que nos coloque en la situación que teníamos antes de 1994, cuando la SCJN era un apéndice subordinado al Poder Ejecutivo, pues si el resultado de la reforma nos coloca en ese sitio, como sociedad habremos perdido una batalla muy importante respecto a la consolidación del Estado Constitucional de Derecho, y eventualmente, los riesgos son tremendamente altos en la medida en que la posición del Poder Judicial se encuentre subordinada al poder político en turno, lo que nos llevará a un modelo más autoritario y menos orientado a una concepción democrática.
Independencia no garantizada
La reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que propone reducir de 11 a 9 los ministros de la Suprema Corte y elegirlos por voto popular no mejorará el Poder Judicial ni garantizará su independencia, advirtieron asociaciones civiles.
En la charla “Frente a la propuesta de elegir a los jueces por voto popular: alternativas y propuestas”, expertas coincidieron en que, aunque la participación ciudadana es indispensable, existe evidencia de que el voto popular no es la mejor opción para las designaciones judiciales, como es el caso de Estados Unidos.
- Aseguraron que, incluso, podría fomentar la “captura política” al señalar que este tipo de procesos electorales generan poca participación y las personas no votan de manera informada.
- Mariana Campos, directora general de México Evalúa, recordó que todos los poderes deben ser transparentes, rendir cuentas y abrirse a la participación ciudadana.
En tanto, Hans-Hartwig Blomeier, representante en México de la fundación Konrad-Adenauer-Stiftung, expuso que las personas juzgadoras son garantes de los derechos humanos y del régimen constitucional, por eso, dijo, la independencia judicial “es un principio elemental del constitucionalismo contemporáneo”.
“Sin poderes judiciales autónomos y jueces independientes, la democracia constitucional está condenada a desaparecer”, enfatizó.
Durante el conversatorio, las expertas coincidieron en que las designaciones judiciales tienen numerosas limitaciones y deben mejorarse.
Las especialistas señalaron la urgencia de modificar el proceso de designación de los puestos de la Suprema Corte y de fortalecer los requisitos para designar a magistrados y jueces federales, conservando la modalidad del concurso de oposición, además de asegurar una mayor transparencia y participación ciudadana.
Ante ello, presentaron un documento con propuestas para mejorar el actual proceso de designación de los ministros de la Suprema Corte.
- Entre las recomendaciones están fortalecer los requisitos y prohibiciones para acceder al cargo, establecer plazos mínimos y máximos para cada etapa del desarrollo de la designación, y prohibir que los nombres incluidos en la primera terna propuesta por el presidente se repitan en la segunda.
Asimismo, sugirieron establecer que la última palabra en caso de vencimiento del plazo o de rechazo de la segunda terna no recaiga en el Ejecutivo sino en el Pleno de la Corte y garantizar la transparencia y máxima publicidad del proceso, así como participación ciudadana.
Piden armar un frente común contra la reforma al Poder Judicial
El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal hizo un llamado a todo el personal de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para armar un frente común contra la propuesta de reforma al Poder Judicial.
- En un pronunciamiento, la asociación que aglutina a funcionarios judiciales consideró que la iniciativa del Ejecutivo representa un serio acecho al Poder Judicial de la Federación (PJF) y a la vida democrática del País.
«Invitamos a toda la comunidad del PJF a formar parte de este nuevo colectivo ‘Justicia Independiente’, con el propósito de unir esfuerzos y defender, sobre todo la vida democrática de nuestro País, que pende de un hilo de ser aprobadas tales reformas.
«Esta unión será con los trabajadores de todas las categorías (de base y de confianza), así como de los titulares de órganos jurisdiccionales que deseen unirse; y tiene como objetivo mantener una comunicación directa entre todos en una misma voz y así implementar acciones que sean necesarias», indicó el Colegio.
- De cerca de 50 mil plazas del Poder Judicial de la Federación, 7 mil 694 son secretarios de Juzgados y Tribunales, y 2 mil 971 son actuarios. Es decir, este grupo representa un 20 por ciento de los servidores públicos que laboran en los órganos de impartición de justicia federal.
- El Colegio de Secretarios y Actuarios consideró que el nuevo método de elección de juzgadores, propuesto por la iniciativa de reforma, preocupa a la mayor parte de los integrantes del PJF en todos sus sectores, desde los juzgadores y el personal de carrera judicial, hasta los empleados de servicios.
Lo anterior, porque consideran que una reforma de esa naturaleza acabaría debilitando la autonomía e independencia judicial.
«Pertenecemos a una institución que día a día mantiene vigente el orden constitucional y los derechos humanos; y dispuestos a defender sus postulados, hemos decidido conformar un frente común que conglomere a todos los sectores de este poder, tanto a juzgadores como al personal de carrera judicial, administrativo, de confianza y al operativo», dice el texto.
«Ello aunado a que, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, pone en riesgo las prestaciones laborales que hoy se tienen garantizadas, lo que eventualmente afectaría a los más de 50 mil trabajadores».
El consejo dijo que ya ha establecido acuerdos con grupos que han mostrado su disposición para la defensa del Poder Judicial de la Federación.
Reforma tiene que ver con enojo de AMLO con SCJN
De acuerdo con los analistas políticos Hernán Gómez y Juan Ignacio Zavala la reforma al poder judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respaldada por su sucesora Claudia Sheinbaum, tiene que ver con la rivalidad de entre la SCJN y el Presidente de México.
Hernán Gómez expresó su frustración con el proceso: “¿Por qué si habíamos esperado tanto? La discusión, la queja de la izquierda era por qué tenemos que discutir esto tan rápido, en el 94, por qué no esperar al próximo periodo de sesiones”.
Subrayó la falta de enfoque en la justicia popular: “Ese tema no se está tocando, sigue siendo el tema pendiente. Hoy con una reforma de izquierda, la propuesta de reforma judicial no reforma la justicia de la gente, a nivel local”.
Además, señaló que, 30 años después, la izquierda parece que no ha aprendido.
Por su parte, Juan Ignacio Zavala criticó el enfoque de la reforma y la motivación detrás de ella.
“Vale la pena hacer estos comentarios precisamente para quienes votaron y defendieron este modelo de gobierno”, dijo.
Lo que hay detrás de la reforma al Poder Judicial
Zavala cuestionó por qué no se comienza con las fiscalías: “Esta reforma tiene que ver con el gran coraje que tiene López Obrador con la Suprema Corte de Justicia”.
- Comparando la situación actual con el pasado, Zavala mencionó: “Lo que comenta Hernán de hace 30 años, ¿qué país era ese y qué país es ahora? Si tú ves 1994, la crisis económica por la que atravesaba el país no la habíamos visto”.
Zavala también expresó su interés en ver la acción de la sucesora de AMLO: “Todos queremos ver a Claudia Sheinbaum, qué hace, no queremos ver el juego de López Obrador de encuestas, eso ya lo sabemos, ¿qué onda con nuestra presidenta?”.
- Gómez, por otro lado, se mostró conflictuado: “Yo quería festejar el triunfo de Claudia, un tiempo de relajación. Para mí está siendo muy difícil porque siempre he defendido este proyecto y no me está siendo fácil en este momento discrepar”.
Además, criticó a quienes están impulsando la reforma: “En mi investigación claro que venía diciendo que se necesitaba una reforma al Poder Judicial, pero ahora lo que veo es que quienes la están planteando son los mismos que se involucraron en casos de corrupción, extorsión, aquí el mensajero también es el mensaje. Arturo Zaldívar no tiene el nivel moral”.
Finalmente, Juan Ignacio Zavala reiteró su deseo de ver a Sheinbaum en acción ante la reforma al Poder Judicial: “¿Por qué yo quiero ver a la presidenta Sheinbaum en acción? La quiero ver porque ganó tanto, tiene todo el poder, pero también tiene toda la responsabilidad”.
Encuestas son simulación y legitimación
Las encuestas que el partido Morena pidió levantar a lo largo de este fin de semana, para conocer la opinión de la población sobre la reforma al Poder Judicial, son un instrumento de legitimación y una simulación, así lo definieron especialistas en temas de sondeos y analistas políticos consultados por La Silla Rota.
- La reforma al Poder Judicial que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y está próxima a ser discutida en la que será la siguiente legislatura del Congreso de la Unión, está siendo sometida a un ejercicio plebiscitario por el propio partido Morena.
- Pero dicho ejercicio es visto como una legitimación por parte de Morena, sus aliados, el presidente y de la virtual mandataria federal electa, Claudia Sheinbaum, para la probable aprobación al sistema de justicia, así lo considera David Saucedo, analista político y consultor.
“Lo que busca Morena con esta batería de encuesta que levanta es tener instrumentos de legitimación, es decir, que cuentan con un respaldo ciudadano para los proyectos e iniciativas, reformas que va impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador”, afirma.
Sumado a lo anterior, hay quienes leen en este levantamiento de encuestas casa por casa una simulación en lo que es realmente una encuesta, que debería ser aleatoria y representativa.
Para el especialista, Luis Estrada, las encuestas que ya levanta Morena son algo sesgado e inducido a la opinión que el partido busca encontrar.
“Yo creo que es una simulación, porque de la misma forma que hace 6 años pusieron una pregunta, llevaron a su propia gente a votar, y aún así muy poca gente votó en esa consulta del aeropuerto. Pero aquí la encuesta la disfrazan de una opinión aleatoria y representativa, pero es un ejercicio completamente sesgado e inducido a la opinión que ellos quieren”, explica el Doctor en Ciencia Política.
Preguntas en el aire
El líder nacional de Morena, Mario Delgado, anunció el pasado jueves que son tres las casas encuestadoras que aplicarían el estudio casa por casa.
- Dos serán encuestadoras particulares y que fueron elegidas por la cercanía de sus proyecciones al resultado de la pasada elección, y la tercera encuesta es elaborada por Morena.
Pero hasta este viernes que comenzó la aplicación de las encuestas, no se habían dado a conocer las preguntas que ya están siendo aplicadas.
“Varias, para saber, primero la opinión de la gente sobre la experiencia que viven en el día a día en la administración de justicia, en el acceso a la justicia, si hay necesidad de reformar o no, cómo deberían ser electos los integrantes del Poder Judicial, desde un juez hasta los ministros de la Suprema Corte.
Digamos los elementos fundamentales de la reforma y sobre todo ver si la gente comparte este diagnóstico de la necesidad de reformar el poder judicial”, dijo Mario Delgado en entrevista con la periodista Azucena Uresti, en el espacio de Radio Fórmula.
- El morenista explicó que las preguntas, sin especificar el número exacto, fueron elaboradas por el equipo de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con el apoyo de las encuestadoras, pero descartó la participación de expertos en leyes o juristas en dicha elaboración. Sin embargo, para Luis Estrada, el número de cuestionarios levantados -3,600- no es lo más relevante, sino el nivel de conocimiento que la ciudadanía pudiera tener sobre la reforma al Poder Judicial.
Además de lo anterior, las preguntas y cómo se presentan a la gente influiría en la respuesta.
“Si en la encuesta se toma en cuenta la opinión de gente que no sabe del tema pero que al preguntarle cuál es su opinión o incluso si han oído, la misma pregunta se le induce, se le ubica, o se le explica, pues la verdad es que va a ser una encuesta sesgada”, explica Estrada.
- En conferencias de prensa recientes, Sheinbaum Pardo sugirió lo que podría preguntarse a la ciudadanía: ¿Qué opina de las y los jueces? ¿De los ministros? ¿Qué opina de la elección de ministros y magistrados?, entre otras.
- Los resultados de las encuestas se entregarán el lunes a Claudia Sheinbaum, quien se reunirá el martes con los legisladores de su coalición que fueron electos el pasado 2 de junio.
Pero el resultado de ese ejercicio podría ser previsible, debido a que es una reforma elaborada por el presidente Andrés Manuel, además de la percepción que le gente tiene del Poder Judicial, afirma David Saucedo.
“Considero que, aun así, gran parte de la ciudadanía, debido a la capacidad de comunicación que tiene el presidente, va a opinar en un sentido positivo a la reforma que plantea, porque el poder judicial en México está sumamente desprestigiado, la procuración de justicia en México tiene muchas deficiencias y la gente identifica a los servidores del poder judicial como personas corruptas”, considera Saucedo.
Las encuestas y plebiscitos que se han realizado durante la administración del presidente Andrés Manuel, en la opinión de David Saucedo, son una estrategia para anular la fuerza que puede tener el poder judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ha encontrado contrapesos a su administración.
“El presidente ve en la Suprema Corte de Justicia un obstáculo para avanzar en su paquete de reformas y se propone destruirlo con el esquema que construyó de democracia plebiscitaria”, puntualiza Saucedo./Agencias-PUNTOporPUNTO