Aterrada en una esquina de la recámara, cubrió sus oídos para no escuchar los destrozos. Desde la ventana vio cómo los uniformados, con armas largas, forzaron la puerta de su casa y sacaron a su padre para golpearlo. De pronto entraron por ella. A rastras la llevaron del cabello, tocándola mientras bajaban a la sala. Ahí, Rebeca Felipe Gómez, de 15 años, observó a su madre en el piso.
• Cuando irrumpieron eran alrededor de las 2:40 horas de la madrugada del 3 de febrero de 2019. Sus padres veían la televisión en la planta baja. “Escuchamos cómo trataban de abrir. Se oían como piedras y golpes, cuando de repente ya estaban derribando la puerta. Lo primero que hicieron al entrar fue sujetar a mi esposo y sacarlo a la fuerza. A mí me sometieron. La casa estaba llena de personas, eran militares, policías federales, estatales, hombres vestidos de negro”, recuerda María Edith Gómez Pérez, madre de Rebeca.
• A su esposo, Roberto Felipe Luna, lo subieron a un auto sin placas. Fue presentado hasta las 6:20 horas de la mañana en el Ministerio Público (MP) de Ixtapaluca, Estado de México, acusado de delitos contra la salud y de pertenecer a La Unión Tepito. Según una copia de la carpeta de investigación en poder de EL UNIVERSAL, lo detuvieron a las 5:50 horas en la calle, a bordo de su coche, en posesión de varias dosis de marihuana, cocaína y cristal. Edith sostiene, en cambio, que entraron a la casa sin orden de cateo y que le fabricaron un delito, puesto que es comerciante y distribuidor de verduras.
• A Nazario Garibay Godínez la historia le suena familiar, pero ocurrió en su negocio de autolavado El Güero, en Manzanillo, Colima. “Entraron sin orden de cateo cinco elementos de la Marina y cuatro de la Policía Estatal a las 22:49 [horas] del 11 de noviembre de 2017, privando de la libertad a mi sobrino Édgar Ruiz Garibay y a un empleado. Como una hora los mantuvieron incomunicados. Después los liberaron, pero siguió el hostigamiento y la persecución”, cuenta.
• Su sobrino Édgar presentó una queja y mostró los vídeos del circuito cerrado ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. En las imágenes en poder de EL UNIVERSAL se observa la entrada de los efectivos de la Secretaría de Marina (Semar). Al percatarse de las cámaras, los efectivos cubren sus rostros y luego salen con los detenidos. Por estar involucrado personal de la Semar, el caso fue enviado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
• Antes de que pudiera acudir al organismo, “el 28 de noviembre de 2017 regresan los mismos elementos de la Marina, acompañados por el agente del Ministerio Público y la Policía Estatal. Un total de 60 entraron arrancando las cámaras del negocio y el grabador de video”, recuerda Garibay.
Golpearon a sus familiares y a menores de edad. Se robaron todo a su alcance. Dijeron que les iban a plantar evidencias; preguntaron por él, pero no se encontraba. Entonces, enfatiza, detuvieron a su esposa y sobrino, a quienes reclamaron por denunciarlos: “Ahora sí te vas a hacer famoso, cabrón”. Los amenazaron de muerte y los trasladaron al Ministerio Público de Manzanillo, acusados de narcomenudeo, secuestro, entre otros.
• La fabricación de ilícitos en México es una constante por parte de autoridades del ámbito local y federal, aseveran especialistas en el tema. Su fin es lograr mecanismos de extorsión, justificar el combate a la delincuencia y crear chivos expiatorios, por órdenes de altos mandos o cuenta propia. Aparte, el robo y hurto de pertenencias de las víctimas es común.
• “La fabricación de delitos y la búsqueda de chivos expiatorios se asocia con detenciones arbitrarias y puede agravarse, precisamente porque se ha recuperado la idea de la prisión preventiva y puede usarse como un mecanismo de extorsión de ciudadanos inocentes”, afirma Carlos Vilalta, experto en seguridad y miembro del organismo de análisis CentroGeo.
• En este marco, el reporte Índice de Estado de Derecho en México, de World Justice Project (WSP), establece en su evaluación que el factor de Justicia Civil, que mide ocho parámetros como la calidad, independencia e imparcialidad del sistema, alcanza un promedio nacional de 0.36, cuando la mejor calificación es 1.
• Al menos se registraron 22 mil 839 casos de extorsión en México de 2015 a enero de 2019, señalan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), explica que “incluso en el ámbito militar, muchas veces cuando una persona se niega a una revisión en su vehículo, ellos mismos utilizan alguna expresión, como: ‘Si quiere le ponemos un kilo de ayuda’, refiriéndose a colocar droga en el automóvil. Con eso le fabrican un delito”.
Los elementos justifican ante los mandos su trabajo bajo la lógica del destajo, “con el mayor número posible de remisiones, pero esto afecta a la sociedad”, destaca por su parte Juan Canales Granillo, presidente de la fundación Azul por México y exelemento jubilado de la policía capitalina.
• En el país se han presentado 3 mil 147 quejas ante la CNDH por actos presuntamente violatorios de derechos humanos atribuibles a personal militar, de las cuales 2 mil 807 fueron concluidas por el organismo y 340 están en trámite, del 1 de diciembre de 2012 al 12 de octubre de 2018, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Aunque la dependencia asegura que han disminuido las irregularidades: en 2017 se registraron 340 y 298 en 2018. Es decir, casi una al día. /EL UNIVERSAL-PUNTOporPUNTO
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