De acuerdo con analistas consultados por DW, dentro de pocos días, México podría tener un régimen político muy distinto al actual, uno, que según implica un gran retroceso democrático.
- El cambio se operó con agilidad de parte del partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), vencedor de las elecciones de junio de 2024.
- Tres meses después, en septiembre, ya con un Congreso con amplia mayoría a su favor, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador introdujo una controvertida reforma constitucional judicial.
El principal punto prevé la elección por voto popular de todos los altos jueces, unos 1.700 en total, luego de una preselección por un comité de expertos dominado por el partido gobernante.
Hacia la sumisión de la Justicia
«El objetivo de esta reforma es centralizar el poder», opina Carlos Elizondo, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford, en entrevista con DW.
- Algo que se confirmó por el proceso precipitado y la nula disposición de Morena a introducir modificaciones o negociar con la oposición. «Ya no habrá contrapesos», coincide por su lado el historiador José Antonio Crespo.
- También Yomara Guerra, politóloga doctorada en la universidad de Georgetown, advierte en conversación con DW que «se están constituyendo nuevas reglas de poder en un nuevo régimen autoritario y sin límites.»
A pesar de las protestas de la oposición, una huelga del poder judicial que duró más de dos meses y de advertencias de empresarios, organizaciones civiles y socios comerciales como EE. UU., la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, no solamente avaló el proyecto en octubre, sino que además lo blindó con otra ley, más controvertida aún, que pretende quitar a la Corte Suprema la facultad de decidir sobre la constitucionalidad o no de la reforma o parar su entrada en vigor (bajo la figura del amparo judicial).
La presidenta, en desacato
No obstante, el próximo 5 de noviembre, los once jueces de la Corte Suprema se reúnen para decidir sobre la constitucionalidad de esta reforma. Se necesitan ocho votos para rechazarla.
Pero, aunque esto ocurra, Sheinbaum ya dijo que no acatará el fallo, algo que la politóloga Yomara Guerra califica de «claro irrespeto al Estado de derecho». «A partir de ahora, México está dentro del grupo de países con regresiones autoritarias», considera Guerra, también consultora independiente de políticas públicas. La ruptura del equilibrio y del respeto entre poderes «puede poner en riesgo la gobernabilidad del país», advierte la analista.
Los ciudadanos, desprotegidos frente al poder
Por su parte, Carlos Elizondo también ve aflorar una crisis constitucional. «Habrá mucha incertidumbre. Tendremos un poder judicial técnicamente incompetente, donde hasta el crimen organizado puede dar recursos y luego influir en las decisiones de los jueces ganadores», añade Elizondo, también profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
- José Antonio Crespo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), califica la reforma como «un desastre para México». «Será un relajo jurídico y habrá consecuencias por el impacto económico”, advierte, retomando los argumentos de los inversionistas. Y se pregunta que, si ni siquiera la presidenta acata a un fallo de la Corte Suprema, «¿cómo se defenderán contra abusos los inversionistas o cualquier ciudadano?»
Todo esto, además, en el contexto de una crisis de seguridad que se profundiza todos los días y con unas finanzas públicas muy comprometidas
La mayoría no entiende las consecuencias
Sin embargo, la gran mayoría de la población mexicana parece no percibir los peligros. Una encuestadora cercana al Gobierno le adjudicó a Sheinbaum recientemente una popularidad rozando el 70 por ciento.
- Esto, sin embargo, puede engañar, advierten los expertos. «La mayoría no sabe las consecuencias que tendrán las reformas constitucionales», opina Crespo.
- Yomara Guerra complementa: «En las pasadas elecciones, el 60 por ciento de la población se abstuvo o votó por la oposición», advierte.
«Pero no se manifiestan, no entienden el tema judicial y están bajo la influencia de la narrativa del Gobierno que todas las mañanas les dice que esto beneficia al pueblo.»
¿Por qué la prisa ahora?
No están muy claros los motivos de la prisa, atropellando todos los procesos de concertación democrática. «Ellos quieren institucionalizar su proyecto, marcar la Constitución con su sello ideológico”, considera Guerra.
Elizondo cree que la decisión fue de López Obrador y que «Sheinbaum, o no quiso confrontar a su mentor o considera esto como parte del modelo autoritario que ella quiere».
- Crespo sospecha que Morena está siguiendo el libreto del Foro de Sao Paulo, una alianza de grupos y partidos políticos de izquierda con tendencia autoritaria: «Ellos dicen que, para realizar el socialismo, hay que acumular todo el poder, someter a la Corte, los medios, el poder electoral y las instituciones autónomas para concentrar el poder en nombre del pueblo. Exactamente lo que estamos viendo.»
También puede haber un cálculo geopolítico detrás de la prisa: si Donald Trump ganara las elecciones en Estados Unidos, ambos países entrarían en sintonía a una regresión democrática.
«La apuesta del Gobierno es que su comportamiento se quedará entonces sin castigo internacional», dice Guerra.
Si la Reforma Judicial es declarada “inválida» pero el Poder Ejecutivo y Legislativo lo ignoran, sería desacato
La reciente discusión sobre la reforma judicial en México ha desatado alertas entre constitucionalistas, quienes advierten que un eventual desacato por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo a una posible sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría agudizar la crisis constitucional que atraviesa el País.
¿Crisis Constitucional en México?
El pleno de la SCJN ha acordado iniciar el estudio de la reforma judicial el próximo 5 de noviembre. El proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone invalidar la elección de jueces y magistrados por voto popular, sugiriendo que solamente se mantenga la elección de ministros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
¿Qué dicen los expertos?
- Francisco Burgoa – Abogado y profesor en la UNAM: Burgoa afirma que la crisis constitucional se ha visto intensificada por la desobediencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo ante las suspensiones emitidas en materia de amparo por la SCJN.
Fragilidad del Estado: Asegura que esta situación pone en riesgo el Estado constitucional y democrático de derecho, dado que el Poder Judicial carece de mecanismos efectivos para hacer cumplir sus decisiones, como el uso de la fuerza pública.
- Diego García Ricci – Abogado y académico de la Universidad Iberoamericana: Acciones de Inconstitucionalidad: García Ricci sostiene que la crisis se originó en el momento en que se presentaron acciones de inconstitucionalidad y señala que es la primera vez que la Corte considera declarar inconstitucional una reforma constitucional en su totalidad, lo cual representa un paso significativo en su función.
Posibilidad de Invalidez: Si la SCJN logra los votos necesarios para invalidar la reforma y el Ejecutivo se niega a acatar la sentencia, esto podría generar una situación perjudicial para el País.
- Javier Martín Reyes – Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: Dificultades en la Invalidez: Martín Reyes opina que, aunque es complicado que la Corte invalide completamente la reforma, sí podría anular algunas disposiciones clave, especialmente la relacionada con la elección popular de jueces y magistrados.
Implicaciones del desacato
La advertencia de los especialistas resalta la gravedad de un potencial desacato a las resoluciones de la SCJN. Este acto de desobediencia no solo podría empeorar la crisis constitucional, sino que también socavaría la autoridad del Poder Judicial como el último bastión de la defensa constitucional en el País.
La necesidad de un acatamiento
Los expertos coinciden en que es fundamental que los poderes Ejecutivo y Legislativo acaten las decisiones del Poder Judicial de manera natural y efectiva. La falta de cumplimiento podría llevar a una mayor inestabilidad política y a una erosión de los principios democráticos fundamentales en México.
Declinan 503 magistrados y 342 jueces
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, informó ayer al pleno cameral que al corte de las seis de tarde 503 magistrados y 342 jueces habían comunicado su declinación a contender en los comicios del 1 de junio de 2025.
- Desde el pasado día 12, el pleno de la Cámara Alta seleccionó, mediante insaculación, las 711 plazas de jueces (361) y magistrados (350) de los 32 circuitos judiciales del país que serán renovadas mediante voto popular el próximo año, a las que se suman 114 vacancias, renuncias y retiros programados de magistrados y 25 de jueces.
- Es decir, de las 927 plazas de magistrados existentes, en 2025 se renovarán 464 (350 insaculadas más 114 vacancias), correspondientes a la mitad, y 386 de jueces (361 insaculadas más 25 vacancias) porque el total de plazas del tipo asciende a 772.
Será hasta hoy cuando se sepa con precisión el número de magistrados y jueces que hayan declinado presentarse a las urnas el próximo año porque el plazo otorgado para hacerlo venció el último minuto de ayer./Agencias-PUNTOporPUNTO
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