Antes poderosos, exgobernadores, exfuncionarios, empresarios y abogados fueron fichados oficialmente por las autoridades mexicanas. En este, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, volaron las órdenes de aprehensión y las investigaciones en contra de ellos.
Algunos de los acusados enfrentan sus procesos desde la cárcel, otros tantos alcanzaron a huir de la justicia y se desconoce su paradero, y unos más fueron perseguidos pero por el gobierno de Estados Unidos. Tal es el caso de Genaro García Luna, el más notorio hasta el momento, por las posibles implicaciones, pues trabajó en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.
- Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a Genaro García Luna, quien fuera el secretario de Seguridad Pública en la administración del panista Felipe Calderón, por cargos de conspiración para tráfico de drogas y realizar declaraciones falsas. Se le relaciona con el Cártel de Sinaloa, vinculado a Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo” Guzmán.
Sobre el tema, López Obrador señaló que todos los que hayan trabajado con García Luna y permanezcan en este gobierno deberán salir. En la conferencia matutina de este lunes, aseguró que no habrá persecución, pero sí entregarán información a Estados Unidos: “Así como no podemos ensañarnos o promover un ambiente de linchamiento político, tampoco sudar calenturas ajenas, que cada quien asuma su responsabilidad”.
En la lista de las autoridades mexicanas están un par de personajes cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto. Aparece, por ejemplo, Rosario Robles, su exsecretaria de Desarrollo Social, quien enfrenta un proceso desde prisión; Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, extraditado de España a México; Mario Marín, el “Góber Precioso”, exgobernador de Puebla, también al margen de la ley.
César Duarte, de Gobernador a vendedor
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido en un negocio de autos en Miami, Florida con fines de extradición, de acuerdo con la Fiscalía General de la República.
- El exgobernador tiene en su contra al menos 20 órdenes de aprehensión giradas por jueces locales, por delitos como peculado agravado y enriquecimiento ilícito. Además, tiene otra orden de arresto por el fuero federal por el presunto desvío de recursos públicos para beneficiar a candidatos del PRI durante el proceso electoral de 2016.
- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en enero que el Gobierno de Estados Unidos inició con el proceso de extradición de Duarte. «Está reponiéndose el procedimiento, como dicen los abogados. No estaba bien fundado el planteamiento, no del Gobierno de Chihuahua, sino de la anterior Procuraduría, para la solicitud de extradición. Ya se resolvió esto y ya hay respuesta afirmativa del Gobierno de Estados Unidos», señaló.
El ex gobernador decidió volver a sus orígenes como comerciante de vehículos en Chávez Used Auto Partes para intentar pasar desapercibido de la justicia mexicana, de la que fue prófugo por más de tres años. En su nueva identidad, el ex priista era empleado de dicho negocio de auto partes en Miami, pero en realidad era de su propiedad, de acuerdo con indagatorias de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua.
Para cumplir con las políticas fiscales estadounidenses, Duarte Jáquez utilizó un prestanombres más, tal como ya lo había hecho durante su gestión como gobernador de Chihuahua, donde se le acusa de desvío de recursos públicos que superan los 6 mil millones de pesos. En los registros del Departamento de Estado de Florida, en su división Corporaciones, el negocio Chávez Used Auto Partes, que opera desde mayo de 1987, actualmente se encuentra inactivo.
“El Góber Precioso” y el “Rey de la Mezclilla”
El primer caso emblemático para esta administración fueron las órdenes de aprehensión giradas en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario textilero, Kamel Nacif, acusados de torturar a la periodista Lydia Cacho.
- El priista poblano, apodado “el Góber Precioso”, y el llamado “Rey de la Mezclilla”, habían permanecido impunes durante 12 años, mientras la activista de derechos humanos iba de tribunal en tribunal buscando justicia.
Luego de que Marín demandara a Cacho por las menciones en su libro Los demonios del edén, en el que la periodista describió abusos sexuales contra menores de edad en las fiestas que organizaba Nacif, y a las cuales acudía el priista poblano, Marín denunció a Cacho por difamación y calumnias y durante el traslado de la periodista a Puebla fue torturada y amenazada con violación y asesinato.
Fue hasta enero de este año que el gobierno de AMLO ofreció disculpas públicas a Cacho por los actos de tortura y para el 11 de abril de este año el Primer Tribunal Unitario de Cancún giró cuatro órdenes de aprehensión: dos para Nacif y Marín y dos más para Adolfo Karam, exjefe de la Policía Judicial de Puebla, y el exdirector de Mandamientos Judiciales local, Juan Sánchez Moreno, por los actos de tortura cometidos contra Lydia Cacho.
Los peñistas
En agosto pasado, Rosario Robles Berlanga, quien fuera secretaria de Desarrollo Social en la administración de Peña Nieto, así como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), fue citada para una audiencia en el Reclusorio Sur para responder por el delito de uso indebido del servicio público, al supuestamente desviar 5 mil millones de pesos, una acusación que provino de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gerzt Manero.
- Robles Berlanga intentó interponer un amparo para continuar su proceso en libertad, pero el juez Felipe de Jesús Delgadillo se lo negó, al considerar que actuó de manera dolosa cuando estuvo al frente de lo que era la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Actualmente está presa siguiendo el proceso penal.
Otro de los cercanos a EPN que es perseguido por la justicia mexicana es Emilio Lozoya Austin, quien fuera titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración priista.
- La primera orden de aprehensión en su contra se expidió el 5 de julio pasado, está acusado de recibir sobornos de la firma brasileña Odebrecht, así como de participar en la compraventa de una planta de fertilizantes con irregularidades. Los delitos que se le imputan son: cohecho, delincuencia organizada y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, confirmó que se habían congelado las cuentas bancarias ligadas al exfuncionario.
Mientras que Lozoya arribo este viernes a la Ciudad de México para rendir cuentas con las autoridades mexicanas, es su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, quien está vinculada a proceso por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa: sus cuentas bancarias habrían recibido dinero de los sobornos que Odebrecht otorgaba a Pemex por un monto aproximado de 185 mil dólares. Actualmente sigue en prisión domiciliaria.
Relacionado con Lozoya, está Alonso Ancira Elizondo, el presidente de Altos Hornos de México, quien fue acusado por la FGR por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de la venta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados. Ancira fue detenido en España, luego de que se emitiera una ficha roja para su captura. Actualmente continúa su proceso de extradición en libertad.
El abogado y el empresario
Los casos que llevó hablan de los vínculos que tuvo con el poder antes de ser detenido por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se trata de Juan Collado Mocelo, abogado y amigo del expresidente Enrique Peña Nieto, el mismo que llevó su divorcio con Angélica Rivera al término de su mandato.
Collado Mocelo puede presumir de haber defendido a personajes como Carlos Ahumada, Raúl Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos y Carlos Romero Deschamps, sin embargo, desde julio de este año, se encuentra preso en el Reclusorio Norte esperando que termine el juicio que, se calcula, lo tendrá ahí al menos hasta 2021.
La 4T no distingue profesiones. Manuel Barreiro Castañeda, empresario inmobiliario, tiene una orden de aprehensión en su contra por presunto fraude. De acuerdo con la indagatoria, por medio de la empresa Aspen Partners Invesco II, S.A. de C.V., desvió recursos hacia una empresa fantasma con un administrador que reconoció ser su prestanombres. Actualmente Barreiro, ligado al excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya, está prófugo.
Crimen organizado
Del lado del crimen organizado hay, además, investigaciones en contra de José Antonio Yépez, alias “el Marro”, identificado como el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, vinculado al robo de combustible.
- En marzo, la FGR vinculó a proceso a cuatro integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima, cuyo líder es “El Marro”, José Antonio Yépez Ortiz. Jesús, Martín, Jorge y Omar, aprehendidos en Querétaro, fueron detenidos por el delito de delincuencia organizada y, pese a que van en contra del líder, aún no se le ha capturado.
- Otro caso simbólico es la captura y liberación de el hijo del “Chapo” Guzmán, Ovidio Guzmán, en Sinaloa. Después de que en octubre su captura desatara una ola de violencia en el estado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconocería que no se tenía una orden de aprehensión en su contra.
Ligado al Cártel de Sinaloa resultó Genaro García Luna, quien fue detenido en Dallas, Texas por autoridades estadounidenses. El exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón está acusado de tres cargos por conspiración de tráfico de cocaína y uno por declaraciones falsas. Presuntamente recibió millones de dólares del cártel de Joaquín Guzmán Loera, quien cumple una pena en EU.
Mediante un comunicado, la FGR señaló que se solicitará una orden de aprehensión con fines de extradición en contra del exfuncionario.
Tomás Zerón y Ayotzinapa
Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) e investigador del caso Ayotzinapa, huyó del país, según informó el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
El pasado 10 de marzo, un juez de control ordenó el arresto de Zerón por posible violación a los derechos humanos y fabricación de pruebas. Sin embargo, este martes en conferencia de prensa, el fiscal mexicano ha confirmado que el funcionario se marchó de México. “Tomás ‘Z’ huyó del país. Ya cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente”, aseveró.
Asimismo, informó sobre otras detenciones ordenadas de servidores públicos de Guerrero, involucrados en desaparición forzada y delincuencia organizada.
“La Fiscalía General de la República solicitó ante un juez de distrito de procesos penales federales 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero. Todos ellos se les acusa por delitos de desaparición forzada, y por delincuencia organizada”, especificó Gertz Manero.
El papel de Zerón en las pesquisas del caso Ayotzinapa fue fundamental porque aportó elementos a lo que el Gobierno llamó la verdad histórica, una narrativa de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desparecieron 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Ésta ha sido cuestionada una y otra vez por los expertos que han analizado el caso.
Zerón fue jefe de la AIC desde septiembre de 2013 hasta 2016. Bajo su cargo se encontraba la Policía Federal Ministerial, la Coordinación general de Servicios Periciales y el centro de inteligencia para el combate a la delincuencia. Aunque su trayectoria está marcada por el caso Ayotzinapa, Zerón también fue el responsable de dirigir los esfuerzos que llevaron a la segunda recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en febrero de 2014.
Filtran interrogatorio ilegal de Tomás Zerón
Un video filtrado a varias televisoras muestra al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio interrogar a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos involucrado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
En las imágenes se ve al imputado sin camisa y con el rostro cubierto declarar bajo amenazas y sin asistencia legal. Este testimonio no fue incorporado al expediente del caso./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
