El programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) volvió a estar en el “ojo del huracán”, en esta ocasión por malos manejos por 170 millones de pesos que no se han aclarado luego de cinco revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que se vinculan con irregularidades como el pago de becas a beneficiarios fallecidos o personas con un empleo en el sector público y privado.
- La diputada federal María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) presentó en julio pasado un análisis basado en las auditorías realizadas al programa insignia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021. En conjunto, durante dichos años la dependencia recibió más 100,000 millones de pesos para la operación del proyecto que tiene como objetivo capacitar en centros de trabajo a jóvenes que no estudian ni trabajan y se encuentran entre los 18 y 29 años de edad.
- Entre las irregularidades más destacadas en el programa se encuentran el pago a beneficiarios que fallecieron, capacitación en empresas “fantasmas” o que no están inscritas, aprendices con becas paralelas en el sector educativo, becarios que también estaban registrados como “servidores de la nación”, funcionarios públicos en activo y empleados que ya contaban con un vínculo en un centro de trabajo, así como pago a beneficiarios que también eran tutores o representantes en las empresas.
“Había jóvenes que se encontraban recibiendo salarios como ‘servidores de la nación’. En las cuentas públicas de 2019 y 2021, la Auditoría identificó que 161 beneficiarios de Jóvenes Construyendo del Futuro recibieron apoyos por 3.8 millones de pesos y al mismo tiempo prestaban servicios profesionales, por honorarios o de manera eventual como ‘servidores de la nación’”, acusó la diputada en conferencia de prensa.
- En el caso de la duplicidad entre aprendices y estudiantes, casi 700 jóvenes inscritos al programa de la STPS recibieron la beca de capacitación por 8.5 millones de pesos, mientras contaban con apoyo económico de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
- “Este programa es necesario, mitiga carencias, pero el tema es que ha sido utilizado con otros propósitos”, expresó la legisladora panista. Las observaciones de las auditorías, opinó, confirman que la STPS “no validó antes de la vinculación que los beneficiarios no se encontraran trabajando”.
- Frente a este escenario, María Elena Pérez-Jaén presentó 29 denuncias ante la Secretaría del Función Pública (SFP) contra Luisa María Alcalde Luján, quien encabezó la STPS desde el inicio de sexenio y hasta junio de este año, cuando fue nombrada titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
A decir de la legisladora, la falta de honestidad en la operación de Jóvenes Construyendo el Futuro y la desconfianza del sector empresarial fueron factores determinantes para que se presentaran estas irregularidades, además de una mala planeación.
“La única auditoría de desempeño se realizó en 2019 y es muy importante. El resultado fue que el programa no contó con elementos que acreditaran su formalización, ni una definición clara del problema, ni se focalizó a la población objetivo. Lo que se encontró en 2019 es terrible, otros ejemplos es que los objetivos e indicadores no fueron adecuados para llevar un seguimiento de los objetivos y evaluar el logro del programa, no contó con manual de organización general de la Secretaría del Trabajo actualizado y no se establecieron los requisitos y responsabilidades de cada puesto de trabajo”, relató la diputada.
- El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha vinculado a más de 2.5 millones de aprendices con un centro de trabajo. Para este año, la meta es incorporar a 500,000 becarios con un apoyo económico de 6,310 pesos mensuales, mismo que se ha incrementado 75% en términos nominales desde que inició el programa en 2019.
CEFP advirtió falta de seguimiento
- El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CCFP) de la Cámara de Diputados realizó un análisis sobre los alcances del programa de aprendices. Uno de los hallazgos destacados es que no se cuenta con cifras de cuántos jóvenes capacitados consiguieron un empleo formal.
A través de un estudio de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Consami), se estimó que los becarios del programa “obtenían el doble de probabilidad de conseguir un empleo frente a jóvenes con características socioeconómicas similares que no eran beneficiarios del programa. Esta información es lo más cercano que se tiene en relación con los alcances del programa en cuanto a la inclusión de los becarios al mercado laboral formal”.
- La gran incógnita que no se ha contestado, apuntó el CEFP en su informe, es el “porcentaje de la población que se ha capacitado a través del programa y que pudo efectivamente incorporarse a un trabajo formal, es decir, si se logró la inclusión laboral y, por tanto, social reduciendo su fenómeno de marginación”.
El estudio del CEFP, aseguró la diputada federal María Elena Pérez-Jaén, también confirma que la STPS no realizó un diagnóstico de necesidades para diseñar el programa con objetivos, metas y prioridades, y tampoco contó con mecanismos para verificar que los beneficiarios cumplieran con los requisitos. “No había ningún control, cualquiera iba y se registraba”.
Funcionarios cobraron becas
Otra serie de irregularidades en el Ejercicio Fiscal 2021 del programa de becas Jóvenes Construyendo el Futuro del Gobierno Federal.
- De acuerdo con las indagatorias, un monto de 78 millones 815 mil 935 pesos está pendientes por aclarar, varios cientos de “aprendices” del programa no fueron localizados además se detectó que entre los beneficiarios se encuentran funcionarios públicos y servidores de la Nación, entre otras anomalías.
- La segunda entrega del Informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 revisó el 21.6% del presupuesto de Subsidios para capacitación y becas correspondiente al Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Entre las irregularidades en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que consiste en la entrega de apoyos económicos de 4 mil 300 pesos mensuales a jóvenes que no trabajan ni estudian.
- El ASF reportó un posible daño al erario público de 19 millones 332 mil 676 pesos por concepto de pago a mil 160 beneficiarios de la beca, quienes se encontraban inscritos en una institución de educación superior.
- Se detectó un posible desfalco de 10 millones 917 mil 230 pesos por el pago de la beca a 703 servidores públicos, quienes aparecen registrados como becarios del programa además de estar inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En sus solicitudes para la beca Jóvenes Construyendo el Futuro estos funcionarios públicos afirmaron no estar trabajando ni estudiando.
- También se identificó un posible desfalco de 284 mil 460 pesos por 16 Servidores de la Nación, que cobraron la beca y afirmaron estar desempleados pese a ser funcionarios de la misma Secretaría del Bienestar, organismo encargado de dicho programa de becas.
- Otros 16 funcionarios que estaban registrados en la Secretaría del Trabajo como tutores en las empresas que integran el programa cobraron como aprendices. En este caso representaría un monto de 206 mil 880 pesos de desfalco.
El informe señala deficiencias en el control del proceso de validación de requisitos para los aspirantes, “así como de la supervisión y actualización de la información de los beneficiarios, debido a que no se comprueba si éstos estudian o trabajan antes de otorgarles el apoyo”.
- Por último, se detectaron 45 millones 91 mil 220 pesos pendientes de aclarar debido a que se detectaron 2 mil 692 beneficiarios que siguen cobrando la beca Jóvenes Construyendo el Futuro aunque ya están dados de alta como trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Dan recursos a fallecidos y empresas fantasma
- En la revisión de la Cuenta Pública 2019 realizada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el programa Jóvenes Construyendo el Futuro demostró irregularidades por al menos 51 millones 213,600 pesos derivados de empresas fantasma o que fueron registradas sin su consentimiento, entrega de recursos a personas que ya recibían apoyos para estudiar, así como a otras que ya habían fallecido.
- El programa creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca capacitar a jóvenes de entre 18 y 29 años e incluso es promovido por su gobierno en países de Centroamérica como una alternativa para frenar la migración a Estados Unidos.
- Junto a las Becas para el Bienestar Benito Juárez es, probablemente, uno de los programas más populares de la gestión federal actual y también uno de los que más críticas ha recibido, incluso del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que considera que puede incentivar la deserción escolar debido a que el monto que entrega es superior al que se da en las becas para estudiar.
El programa a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), encabezada por ese entonces Luisa María Alcalde, para ese año entregaba 3,600 pesos a cada uno de su 1 millón 120,543 «jóvenes construyendo el futuro» que entonces alimentaban sus filas.
La Auditoría de Cumplimiento Forense 2019-0-14100-23-0374-2020 consigna que la Secretaría del Trabajo transfirió apoyos a las cuentas bancarias de 68 beneficiarios después de que estos habían fallecido, uno de ellos desde abril había causado baja en el programa. El importe total entregado fue de 482,400 pesos, de los que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal.
- La Secretaría del Trabajo no proporcionó información y documentación justificativa y comprobatoria que compruebe que se recuperaron esos recursos dispersados ni se señalaron los procedimientos y mecanismos para asegurar su reintegro a la Tesorería de la Federación, por lo que «las observaciones señaladas en el presente resultado persisten», explicó al ASF.
- Los auditores identificaron también el registro de negocios inexistentes como centros de capacitación: la empresa INAEP, S.A.S. de C.V. no fue encontrada en ninguno de los tres domicilios registrados pese a que reportó la capacitación de 212 beneficiarios, mientras que en la dirección de Construcciones y Servicios Lukman, S.A. de C.V., se encontró una casa habitación sin capacidad para alojar a los 129 beneficiarios que debía capacitar.
A su vez, representantes de Barista Factory, S.A.S. de C.V. y Technogourmet, S.A.S. de C.V denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México usurpación de identidad por dar de alta sus empresas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. A las empresas se les asignaron 179 y 198 becarios, respectivamente.
La Secretaría del Trabajo no proporcionó información y documentación justificativa y comprobatoria que compruebe que se recuperaron esos recursos dispersados ni se señalaron los procedimientos y mecanismos para asegurar su reintegro a la Tesorería de la Federación, por lo que «las observaciones señaladas en el presente resultado persisten», explicó al ASF.
Los auditores identificaron también el registro de negocios inexistentes como centros de capacitación: la empresa INAEP, S.A.S. de C.V. no fue encontrada en ninguno de los tres domicilios registrados pese a que reportó la capacitación de 212 beneficiarios, mientras que en la dirección de Construcciones y Servicios Lukman, S.A. de C.V., se encontró una casa habitación sin capacidad para alojar a los 129 beneficiarios que debía capacitar.
- A su vez, representantes de Barista Factory, S.A.S. de C.V. y Technogourmet, S.A.S. de C.V denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México usurpación de identidad por dar de alta sus empresas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. A las empresas se les asignaron 179 y 198 becarios, respectivamente.
- Esto a pesar de que los beneficiarios manifestaron bajo protesta de decir verdad, que no se encontraban estudiando ni trabajando, señala la ASF. Por estas irregularidades, la ASF indicó que la Secretaría del Trabajo y Previsión social debe investigar el uso de recursos en el programa, así como sancionar a los servidores públicos involucrados.
“La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o su equivalente realice las investigaciones pertinentes.
“En su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, se encargaron de la operación y ministración del Recurso Público Federal destinado para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro”, señala la Auditoría.
Experta alerta por uso de programas sociales de cara a las elecciones
La opacidad con la que se ejercen los programas sociales en el actual gobierno abre la puerta a su uso clientelar para las elecciones presidenciales de 2024, advirtió Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos, Innovación en Políticas Públicas.
“Sabemos que, de cara a las elecciones de 2024, el gasto social se puede convertir en una poderosísima arma electoral”, sostuvo.
- Con el presidente Andrés Manuel López Obrador el gasto destinado a programas sociales se duplicó. En el último año del gobierno del priista Enrique Peña Nieto el gasto social representó 6.2% (368,000 millones de pesos) del gasto total del gobierno federal y actualmente es de 12.2% (621,000 millones de pesos).
“Esto no es malo per se; lo que es criticable es que, además del aumento del gasto, tenemos un incremento muy notorio en la opacidad de estos programas sociales”, explicó.
Algunos de estos programas, detalló, son ambiguos respecto a los objetivos que persiguen, no se sabe con claridad cómo seleccionan a los beneficiarios ni son transparentes sus procesos de contrataciones.
Esto ha provocado que, en los primeros dos años de gobierno, los programas sociales no contribuyeran a disminuir la pobreza en el país y a que no lleguen a las personas con menores ingresos.
- “¿Y por qué es importante saber todas estas cosas de los programas sociales? Cuando no sabemos si un programa social está logrando los objetivos, no podemos exigir que sea eliminado o modificado y, entonces, eso permite que se perpetúen programas que pueden tener fines clientelares”, indicó.
Agregó que esa falta de transparencia abre la puerta a usar los programas sociales como “moneda electoral” en 2024.
- Otra problemáticas que representa un riesgo para el país durante este año es el manejo insostenible de las finanzas públicas, en parte, por el costo de los programas sociales y de las obras prioritarias, como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas, mientras el nivel de recaudación en México es el más bajo de entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En la recta final de este sexenio, la realidad muestra que hay retos importantes para alcanzar un México justo, equitativo, con finanzas públicas sanas y menos corrupción, apuntó Ethos, un think tank que genera recomendaciones y acciones de política pública./Agencias-PUNTOporPUNTO
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