La investigación en México por el caso Odebrecht, que inició en 2017 en el sexenio pasado, se encuentra actualmente en una inmovilidad, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) sólo ha podido procesar al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y algunos otros funcionarios, sin poder llegar a políticos de más alto nivel como se ha hecho en Perú, Guatemala y Brasil, opinaron abogados que han dado seguimiento al caso.
- En nuestro país hasta ahora no hay una sentencia judicial contra políticos o empresarios por el caso Odebrech. Sólo Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y el exsenador Jorge Luis Lavalle Maury, están siendo procesados. Indirectamente la FGR también indaga por este caso al excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, acusado de los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, por presuntamente recibir sobornos de Emilio Lozoya para aprobar la reforma energética.
Hasta ahora sólo la Secretaría de la Función Pública ha impuesto sanciones por el caso Odebrecht, al inhabilitar por 3 años y multar por 543 millones 488,615 pesos a Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A. de C.V. Sin embargo, esa sanción está en litigio en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
- Daniel Torres Checa, abogado constitucionalista de la Universidad Panamericana (UP), y Javier Martín Reyes, abogado y politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), coincidieron en que en el caso Odebrecht la FGR ha dado muestras de ineficiencia por no poder consolidar un proceso eficaz.
“Esa práctica de corrupción en un primer momento cuando se empieza a investigar en México se entendía, no como una práctica insular de una persona, sino todo el sistema operando desde el más alto nivel para verse beneficiados por actos de corrupción, sobornos, recursos de procedencia ilícita y demás, por parte de Odebrecht. Esa era la demanda de justicia de la sociedad y esa era la agenda original de la Fiscalía”, dijo Torres Checa.
“La idea al principio era enmarcar un maxiproceso en donde pudiera investigarse a funcionarios desde el Presidente de la República, su secretario de Hacienda, los directores generales de Pemex y demás actores políticos. La acusación de la Fiscalía como está ahorita es directamente a Emilio Lozoya como si hubiera actuado solo, e independientemente de que él tiene méritos para ser culpado por este delito, la Fiscalía está renunciando a la oportunidad de investigar y sancionar a los otros actores políticos que también están involucrados, y esto se debe a una deficiencia probatoria en la acusación contra Lozoya, que desde la denuncia que presentó, dice que él es un instrumento que utilizaron otros funcionarios públicos como Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray para dos cosas: una, llevar a cabo la campaña presidencial del 2012, y dos: para aprobar las reformas estructurales”.
“Lo que alega la Fiscalía es que este dicho no está suficientemente soportado en pruebas y por esa deficiencia es que deciden acusar a Emilio Lozoya y su familia cercana como beneficiaria de estos sobornos, y pide hasta 46 años de prisión, una multa y reparación del daño. Al final parece que el único perjudicado será Lozoya y algunos otros, pero no los actores políticos que nos imaginábamos en un principio”, opinó el abogado de la UP.
Resaltó que si bien Emilio Lozoya se encuentra preso, judicialmente no está demostrada su culpabilidad. “No confundamos prisión preventiva con justicia. Emilio Lozoya es una persona inocente en este momento, por más que lo veamos en prisión preventiva, y lo mínimo que deberíamos exigir es una sentencia que demuestre su culpabilidad o no para resolver este caso”, dijo.
Podrían reactivar el caso previo a elección presidencial
En el mismo sentido, el abogado Javier Martin Reyes planteó que la “capturan de Lozoya, y cuando comienza el proceso penal, había una enorme expectativa de que iba a ser una pieza clave no sólo para procesarlo a él, sino para ir en contra de otros funcionarios incluso de mayor rango, y eso no lo hemos visto hasta el momento, declaraciones y narrativas de Lozoya donde denuncia irregularidades, pero con efectos limitadísimos”.
- Consideró que “esto es un efecto de las enormes deficiencias que tiene la procuración de justicia en México, no es casual, e incluso políticamente hablando, el hecho de que hubo una alternancia en el gobierno es algo que pudo haber facilitado que se procesara a los presuntos responsables, y a pesar de que una de las principales banderas del presidente (Andrés Manuel) López Obrador es el combate a la corrupción, lo que vemos es una Fiscalía incapaz de procesar penalmente estos casos, de judicializarlos, para que se siga el proceso, ya llevamos más de medio sexenio y los resultados son muy magros”.
“Incluso en el caso Lozoya todavía sigue el proceso penal, estamos aún en la etapa de juicio y no hay sentencias definitivas. Si esto pasa, es porque la Fiscalía no tiene la capacidad técnica para poder procesar este tipo de casos mundiales, porque en otros países sí se ha podido, eso es una mala señal porque nos dice lo atrasados que estamos en materia de procuración de justicia”.
“Yo no sé qué vaya a pasar, pero quizá al final del sexenio se trate de reactivar los casos, se trate de perseguir y de investigar con mayor contundencia a los responsables, pero sí creo que las señales que tenemos en este momento son preocupantes: que en más de tres años no se haya podido llegar a una sentencia condenatoria, pinta un mal panorama. Creo que lo más probable es que esto se mantenga en niveles medios. Emilio Lozoya fue un funcionario importante, pero sus propias declaraciones dicen que podrían estar involucrados funcionarios incluso con un rango mayor. Si siguen las cosas como van, no veo una muy buena expectativa”, estimó el abogado Javier Martin Reyes.
Empresario ligado a Odebrecht es contratista de Dos Bocas
Juan Carlos Tapia Vargas, propietario de Construcciones Industriales Tapia (CiTapia), fue denunciado ante las autoridades por encabezar un consorcio de empresas reales y firmas fachada para participar como contratista en la edificación de de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco.
- Las empresas usadas por Juan Carlos Tapia Vargas para ser contratista en la refinería son Mexicana de Recipientes a Presión, que cambió su nombre a Procesos Especializados y Proyectos (Proesa), así como Manufactura Especial y Proyectos Industriales (Mepi), Procura y Proyectos Oil & Gas, Grupo Constructor Industrial Oil & Gas (GCI), MAO Corporativo, Ingeniería, Construcción y Logística y Fabricaciones Industriales MAO, revela la denuncia en poder de Forbes México.
- La denuncia fue presentada ante la Comisión Federal de Competencia Económica, la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía General de la República, la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, de la Función Pública, y la Auditoría Superior de la Federación.
A través de esas compañías Juan Carlos Tapia Vargas evadió la inhabilitación y sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública a Citapia en 2019, luego de que acreditaron su relación con las operaciones irregulares de la constructora brasileña Odebrecht en México.
Aró la tierra
Juan Carlos Tapia Vargas nació el 8 de febrero de 1971, en Tlamaco, Atitalaquia, estado de Hidalgo. Sin embargo, creció en Zacatula, municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca en Guerrero.
El empresario hidalguense es hijo de un padre obrero y madre ama de casa, siendo el segundo hijo mayor de sus seis hermanos. Debido a la extrema pobreza de su familia, el director General de Construcciones Industriales Tapia comenzó a trabajar a una edad temprana de seis años, arando la tierra, regando papayas, mangos y palmeras.
- Su trayectoria empresarial comenzó a la edad de 16 años como dibujante técnico en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A los 18 años fue auxiliar de construcción en la Termoeléctrica de Petacalco, Guerrero. Y a la edad de 20 años, surgió como jefe del área de construcción de la Central Termoeléctrica de Combustión Diesel en San Carlos, Baja California Sur. Posteriormente a los 22 años se convirtió en Residente de Obra, ofreciendo sus servicios en la Central Termoeléctrica Topolobampo en Sinaloa.
A los 24 años, debido a su experiencia, participa como Gerente de Construcción en Petacalco, Guerrero, y a los 25 años se convierte en director de una constructora en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Finalmente, a la edad de 27 años, Juan Carlos Tapia se incorpora a Construcciones Industriales, una empresa que ha forjado a través de muchos años de esfuerzo y trabajo diario.
Juan Carlos Tapia ha logrado expandir su empresa mediante el lanzamiento y la realización de proyectos internacionales para clientes de Europa, Sudamérica y América del Norte en el camino con la apertura de oficinas en Houston, Texas, Estados Unidos.
Su ligas con Odebrecht
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya acusó a Fabiola Tapia, hermana de Juan Carlos Tapia de ser pieza clave en el envío de dinero para entregarlo a legisladores federales, recursos que supuestamente eran llevados por el personal que laboraba con ella, y entregados a José Velasco Herrera, jefe de ayudantes del exdirector de Pemex.
- La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso una multa de 206 millones 686 mil pesos a Construcciones Industriales Tapia por presentar información falsa para obtener beneficio de un contrato con Pemex Refinación.
“Construcciones Industriales Tapia presentó documentación o información falsa o alterada con el propósito de lograr un beneficio o ventaja”, dijo la dependencia.
También, la compañía del empresario hidalguense fue inhabilitada por dos años y seis meses, según el Diario Oficial de la Federación del (DOF) del 5 de junio de 2019.
- El 27 de marzo de 2017, la Constructora Norberto Odebrecht subcontrato a la empresa de Juan Carlos Tapia Vargas para que realizara servicios de terracería, acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo.
- Odebrecht entregó otro subcontrato por 296 millones 782 mil pesos a CITapia para que prestara servicios de movimiento de tierra y construcción de barda perimetral lado sur para el proyecto de construcción de accesos para el aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo.
La constructora brasileña dio por terminado de manera anticipada el contrato con Construcciones Industriales Tapia, el cual fue suscrito el 21 de diciembre de 2015.
Sus contratos en Dos Bocas
Entre los hechos de prueba de la denuncia, refiere que el 26 de julio de 2019, PTI Infraestructura de Desarrollo le adjudicó a Mexicana de Recipientes a Presión, Kellogg Brown & Root, LLC y Constructora Hostotipaquillo un contrato para el Paquete 6 de la Refinería Dos Bocas por 78 millones 430 mil dólares.
- La queja presentada ante diferentes entes gubernamentales detalla que Mexicana de Recipientes a Presión se creó en enero de 2007, en Tula, Hidalgo, y cambió su nombre a Procesos Especializados y Proyectos (Proesa), en noviembre de 2020.
- “Entre los accionistas figuran Juan Carlos Tapia Vargas, Gilberto Juan Tapia, Selene Martínez Abarca y Carlos Morin Montes, éste último, identificado como director jurídico de Citapia”, dice la documentación de las empresas denunciadas.
Juan Carlos Tapia Vargas a través de Procesos Especializados y Proyectos, así como Manufactura Especial y Proyectos Industriales, Procura y Proyectos Oil & Gas consiguió contratos en el megaproyecto de Dos Bocas subcontratado por Techint y Samsung.
El Grupo Constructor Industrial Oil & Gas, también conocido como GCI, consiguió subcontratos con ICA y Techint en la refinería de Dos Bocas. En su constitución, diciembre de 2017, la firma habría compartido accionistas con Proesa.
“En la página electrónica de GCI, la empresa presume que fue subcontratada por Proyecta Industrial de México (Proyecta) e Impulsora de Desarrollo Integral (IDINSA) en el Proyecto Rack de Integración de la Refinería Olmeca”, señala la denuncia.
- También afirma que la relación entre las compañías es fácilmente constatable, dado que, en las páginas oficiales de cada una, se comparten fotografías de las mismas instalaciones y maquinaria, como si se tratara de un solo conglomerado.
Como referencia al historial de CiTapia, la denuncia expone que, en 2017, la entonces Procuraduría General de la República inició una investigación en contra de Juan Carlos Tapia Vargas por robo de combustible del poliducto Tula-Salamanca propiedad de Petróleos Mexicanos (Expediente FED/HGO/TULA/0000397/2017)./Agencias-PUNTOporPUNTO
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