Una nueva oleada de violencia producida por el crimen organizado impacta varias entidades de la República y la respuesta de las autoridades, tanto estatales como federales, sigue resultando insuficiente, lo que agrava el desafío que la delincuencia ha lanzado no solo a gobiernos locales, sino al Estado mexicano en su conjunto.
Al iniciar la segunda mitad de marzo, se registraron homicidios y bloqueos con camiones incendiados durante la noche del domingo 13 y la madrugada del lunes 14 en Colima.
Algo similar a lo que ocurrió durante el mismo periodo en Tamaulipas, donde las confrontaciones y balaceras fueron constantes, además de los bloqueos.
- Los escenarios de violencia vistos en ambos estados se suman a otros acumulados recientemente como los asesinatos y narcomensajes que se han dejado en Sonora, la crisis de desplazados en Zacatecas, el homicidio del alcalde de Aguililla, Michoacán, son solo algunos de los registros durante la semana previa.
- Si bien los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste o Los Zetas protagonizan estos desafíos a las autoridades, la violencia en general se origina de las disputas que sostienen entre ellos mismos por el control de territorios completos que van desde municipios hasta regiones compuestas por más de una entidad.
Mientras se siguen sumando estados a las listas de violencia, las autoridades estatales parecen estar rebasadas, situación que deriva de la estrategia de reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta por las confrontaciones en Tamaulipas.
Para analizar esta situación, Reporte Índigo consultó a Gabriela Nava, analista de inteligencia por el Centro de Estudios Hemisféricos William J. Perry, quien recuerda cómo cuando se hablaba de control territorial del crimen organizado durante el sexenio de Felipe Calderón, el tema era la cooptación de las corporaciones policiacas y operaciones de trasiego.
- Tamaulipas, Colima, Zacatecas, Sonora, Michoacán son solo algunas entidades que han estado en alerta durante la última semana por las violentas actividades de cárteles como el de Sinaloa, del Noreste, Los Zetas y el Jalisco Nueva Generación
“Ahora, cuando se habla de control territorial, no solo se circunscriben estos elementos, sino el control político, pero también el control social. Ya los encargados de seguridad pública, de dictar cuáles son las pautas de comportamiento de una comunidad, son la delincuencia organizada. Estamos hablando de un problema que es realmente una amenaza a la seguridad nacional”.
A esto se agrega que los estados se han sumado a la estrategia de seguridad propuesta desde el Gobierno federal centrada en el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, lo cual les resta tanto responsabilidades como recursos a las autoridades municipales y estatales para fortalecer a sus policías.
“Los recortes a los fondos y subsidios para la seguridad pública mejor se trasladan a la Guardia Nacional. Esto, institucionalmente, ha causado una debilidad que también ya es una amenaza a la estabilidad y permanencia del Estado de Derecho porque hay muchos estados y municipios donde ya no hay control del gobierno, no hay presencia del Estado”.
Esto a su vez genera otra problemática, pues las autoridades municipales y estatales carecen de elementos para enfrentar a la delincuencia común, que sí cae en sus esferas de responsabilidad, lo que sumado a los altos índices de impunidad, contribuye a que quienes se dedican a estas actividades opten por seguirlas e, incluso, a arriesgarse con nuevas.
- En este aspecto coincide José Antonio Ortega, fundador y presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, organización que recientemente advirtió del riesgo latente de que México se consolide como el epicentro mundial de la violencia urbana por las operaciones de las bandas criminales.
“Las autoridades locales, tanto presidentes municipales como gobernadores, están totalmente rebasados y, en algunos lugares, lo que vemos son narcoestados”, comenta a Reporte Índigo.
Ante situaciones como el “fusilamiento” de un número aún indefinido de personas, originalmente reportado como 17, en San José de Gracia, Michoacán, o la crisis de desplazados de Zacatecas, el especialista señala la urgencia de reclamar a las autoridades la aplicación de las leyes y la garantía del Estado de Derecho.
“La calidad de la violencia se ha incrementado, cada vez es más fuerte, más grave, se cometen masacres con mayor violencia que las anteriores. Ahí pareciera que los ciudadanos ya nos estamos acostumbrando. Tenemos una gran indiferencia y no estamos presionando lo suficiente a las autoridades para que cumplan con la ley”.
- Dadas las capacidades de las organizaciones criminales, que van desde la generación de violencia y actividades como la extorsión mediante el cobro de derecho de piso, hasta su influencia en procesos electorales a nivel municipal y estatal, también cuestiona la idea de focalizar la estrategia de seguridad, como hace el Gobierno federal.
“Pusieron a disposición un documento de los 50 municipios con mayor violencia. Si quieren concentrarlo en 50 puntos, no van a poder. Deben afrontar Michoacán o Zacatecas o Guanajuato a fondo. Una vez devuelto a las autoridades, con participación de la sociedad civil, abarcar otro. Porque el territorio ya lo perdimos en varias partes del país”.
Se multiplican los expulsados por la delincuencia organizada
Juana Pérez (su nombre real se omite por seguridad), hasta hace unos meses era vecina de San Juan Nuevo, Michoacán. Un grupo de la delincuencia organizada la despojó de su finca y huerta con 20 hectáreas de aguacate. Denunció a las autoridades y, como represalia, mataron a su esposo, su hermano y a su hijo, y luego la corrieron del pueblo.
- Hoy está en la frontera norte del país, buscando asilo en Estados Unidos, hasta donde le han llegado recados de los delincuentes que le exigen les entregue los documentos de las propiedades que le arrebataron.
Las autoridades tienen la denuncia que dice que, el jefe de Plaza y varios sicarios viven en su casa y nadie ha ido por ellos.
En tanto, Juan Pérez (tampoco es su nombre real) es un terrateniente de Los Cuches, Tepalcatepec, Michoacán, que hasta hace unos meses tenía alrededor de 1,000 cabezas de ganado y más de 100 hectáreas de siembra con diversos cultivos. Hoy vive como indigente en las inmediaciones de uno de los albergues de Tijuana, Baja California, con la esperanza de que el gobierno de Estados Unidos le conceda asilo por cuestiones humanitarias.
- El ahora exacaudalado terrateniente y la exempresaria agrícola aguacatera son dos de los más de 44,000 mexicanos que el año pasado salieron huyendo de sus comunidades, dejando sus pertenencias, debido a la violencia o, como dicen los reportes de los entendidos en la materia, son algunas de las víctimas del fenómeno del desplazamiento forzado interno, que avanza a pasos agigantados en extensas franjas del territorio con pueblos fantasmas donde la desolación y los malandros es lo único que queda.
De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entre 2020 y 2021, se cuadruplicó el número de personas desplazadas por motivos de violencia en el país, al pasar de 9,740 a 44,869.
Esa cantidad se registró en 40 episodios de migración forzada interna ocurridos el año pasado, lo que significó un incremento de 66.66% si se compara con los 24 ocurridos en 2020.
- Lígia de Aquino Barbosa Magalhães, investigadora del área de desplazamiento interno forzado de esa organización, explicó a El Economista que se trata de un incremento considerable, sobre todo si se toma en cuenta que en 2019 fueron 28 y en 2018, el último de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, 25.
- La organización todavía no determina exactamente cuántos de esos corresponden a violencia generada por grupos de la delincuencia organizada y cuántos a violencia política, conflictividad social o por motivos territoriales; sin embargo, se prevé que la mayor parte de ellos se explique por esa primera razón, si se toman en cuenta las cifras de los años anteriores y el seguimiento de cada uno de los casos.
- Óscar Rodríguez Chávez, profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte, expuso que el desplazamiento forzado por violencia es una consecuencia de la llamada guerra contra el narcotráfico, que se ha propagado por diferentes regiones del país y en algunas ha ido escalando.
Dijo que ese tipo de hostilidad hacia la población civil que nada tiene que ver con sus actividades criminales es uno de los principales causantes de desplazamiento forzado en México.
Se trata de personas que, en principio buscan refugio en comunidades del mismo municipio, pero, en la medida en que no consiguen alojamiento y una forma de obtener recursos para sobrevivir y seguridad, migran fuera de sus estados, en función de las redes familiares o sociales de que dispongan.
- El investigador expuso que ese tipo de violencia ha generado una espiral de desplazamiento hacia ciudades fronterizas, particularmente Tijuana y Ciudad Juárez, principalmente desde Guerrero, Michoacán y Zacatecas, protagonizada, sobre todo, por personas que tienen la intención de buscar asilo en Estados Unidos.
Dijo que ese fenómeno se intensificó en Ciudad Juárez desde mediados del año pasado, cuando los albergues comenzaron a registrar un incremento de migrantes mexicanos solicitando refugio.
Actualmente se calcula que entre 70 y 80% de las personas que ocupan esos lugares son mexicanos.
Comentó que se trata de desplazamientos reactivos, es decir no existe un periodo de planeación. Eso explica que salgan sin recursos o con muy pocos y que dejen en sus casas sus pertenencias y documentos. Eso los coloca en una situación de alta vulnerabilidad, sobre todo porque no tienen recursos para alojarse ni las pruebas que les permitan convencer a las autoridades estadounidenses que hay un temor fundado por su vida si regresan a sus comunidades.
Recordó que una encuesta realizada por El Colegio de la Frontera Norte, en 2019, reflejó que algunos desplazados decidieron quedarse a vivir en la ciudad al no poder regresar a sus comunidades.
- Según la CMDPDH en 2020, se registraron más de 6,000 desplazados por violencia generada por grupos de la delincuencia organizada y más de 3,000 por otro tipo de violencia y en 2019 casi 7,000 por la violencia generada por los narcos y poco más de 1,600 por otros tipos de agresiones.
- Durante noviembre y diciembre pasado, hubo al menos siete eventos de desplazamiento interno masivo causado por violencia en México, los cuales desplazaron a un estimado de 7,031 personas en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Zacatecas.
Estas dos últimas entidades han sido de las principales en donde las expulsiones generadas por la presencia de organizaciones de narcotraficantes han sido más crueles./Agencias-PUNTOporPUNTO
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