Más allá de la polémica por la supuesta resistencia a las acciones de auditoría, desmentidas por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y la retractación al respecto del auditor en jefe, David Colmenares, ambos quedaron en entredicho.
Con el Sistema Nacional Anticorrupción inoperante, la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia de primera línea en erradicar la corrupción y vigilar las buenas prácticas, resultó afectada en su objeto y razón de ser por las numerosas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano del Poder Legislativo dedicado a supervisar el ejercicio presupuestal y el desempeño en el Ejecutivo. Éste descalificó a la auditoría por un informe deficiente y exigió que se le investigara.
- En resumen: todo el andamiaje institucional para combatir la corrupción gubernamental quedó en duda, debilitado y bajo presión.
- Con todo, los datos sobre la revisión a la SFP, menos comentados en vista de las polémicas, impactan dos compromisos reiterados de este gobierno:
- Una auditoría, la 76-GB, sobre el Servicio Profesional de Carrera, que refleja un incremento en la contratación de personal durante 2019 respecto al que había en 2018, y la otra es la 77-GB, sobre el funcionamiento de los Órganos Internos de Control, que en resumidas cuentas fueron, conforme al informe, deficientes en el proceso de investigación de servidores públicos, entre otras irregularidades de la dependencia encargada de erradicar la corrupción de la administración central.
Reiteración presidencial cotidiana, el eje discursivo del gobierno es precisamente erradicar la corrupción, un aspecto en el que dicha dependencia presenta, conforme a la ASF, ínfimos resultados.
Entre los datos destacados de la Auditoría 77, la SFP ni siquiera actualizó el Registro de Servidores Públicos Sancionados y sólo realizó 92 investigaciones de evolución patrimonial, de un total de 575 mil 834 declaraciones presentadas en 2019 por el mismo número de servidores públicos.
Aún peor: la mitad de las investigaciones desarrolladas por la SFP no fueron por una política, lineamientos o metodologías que justificaran las investigaciones que realizó, sino que lo hizo a partir de notas periodísticas.
- Hay más aspectos que hacen chocar el discurso presidencial con los hechos. Por ejemplo, desde la presentación, a finales de 2017, del gabinete con el que hizo campaña, el anuncio para confirmarlo el 2 de julio de 2018 luego de su triunfo electoral y, una vez asumido el cargo en diferentes oportunidades, el presidente López Obrador ha dicho que aspira a pasar a la historia por el mejor gabinete que haya existido, inspirado declaradamente en el de Benito Juárez.
En contraste, la ASF le observa a la SFP que incurrió en irregularidades y deficiencias en la contratación de seis servidores públicos de mando superior, omitiendo que no contaban con los años de experiencia requeridos conforme a la ley.
El rechazo presidencial al informe sobre la cancelación del aeropuerto que se construía en el exlago de Texcoco, por el que la ASF se retractó el pasado lunes 22 tras atribuirle una triplicación del costo que –admitió después– tuvo errores metodológicos, se sumó a otra retractación:
Aunque la titular de la SFP aceptó en general el informe, rechazó el aspecto más mediático del mismo, esto es, una supuesta negativa a dejarse auditar. Fue la primera retractación del auditor superior David Colmenares, quien, en diferentes entrevistas en medios electrónicos, aseguró que había estrecha colaboración.
Sin embargo, excepto por la desmentida resistencia a dejarse auditar, no hubo de parte del auditor Colmenares retractación de los tres informes de auditoría de desempeño practicados a la dependencia que encabeza Sandoval.
La funcionaria ha destacado que las auditorías realizadas son de desempeño y no se identificaron actos de corrupción. En efecto, las observaciones pueden ser solventadas y no representan desvíos de fondos, sólo irregularidades administrativas que en su oportunidad, la propia funcionaria lo ha dicho, serán desahogadas en caso de que haya personal susceptible de sanción.
La nómina, obesa e incapaz
Para el presidente López Obrador el aparato burocrático debía reducirse porque, sostenía, desde el gobierno de Felipe Calderón se incrementaron las plazas, así que, luego de múltiples recortes en su primer año de gobierno, todavía el 18 de noviembre de 2019, expresaba:
“Y falta todavía dar otra sacudida, otra zarandeada, otra zamarreada –dirían en mi pueblo– a la mata. Va a haber todavía ajustes en ese sentido, o sea revisar, ver la Ley de Austeridad. ¿Se está aplicando? ¿Quién la aplica? ¿Quién no?”.
- El informe de Auditoría 76-GB expone en su dictamen: “Al inicio de 2019 la Administración Pública Federal contaba con 1 millón 339 mil 10 plazas, las que al final del año aumentaron, llegando a 1 millón 395 mil 858 plazas, lo que representó una adición de 56 mil 848 plazas (4.2%) más.”
- El balance también se relaciona con el perfil: las plazas de Servicio Profesional de Carrera se redujeron, hasta representar sólo .9% de las plazas laborales de la Administración Publica Federal.
- El dictamen establece que además, la SFP no vigiló el cumplimiento de requisitos de contratación en el primer año de gobierno.
“En el subsistema de Ingreso se identificaron deficiencias en todos sus elementos, ya que no acreditó una coordinación de mecanismos innovadores para atraer a los mejores hombres y mujeres”, establece el documento.
El dictamen remata: “En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2019, persiste el problema público referente a la falta de consolidación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera por parte de la Secretaría de la Función Pública, debido a la identificación de inconsistencias y debilidades serias en la ejecución de su mandato de dirigir, coordinar, evaluar y darle seguimiento, debido a que las deficiencias en la regulación podría poner en riesgo el cumplimiento del objeto” del dicho servicio.
Un informe de auditoría más coincide con la deficiencia en la contratación sin requisitos: es la 78-GB, que en su conclusión establece que no hubo planes de capacitación eficaces para el personal.
ASF tiene poca eficacia
Desde que se creó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el año 2000, sólo cuatro por ciento de sus cuatro mil denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la República) ha derivado en una sentencia. Y apenas se ha recuperado 10 por ciento del monto que el órgano fiscalizador considera como posible daño al erario en sus informes a las cuentas públicas.
- Estos datos los proporciona Marco Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y miembro de la organización México Evalúa. De acuerdo con el investigador, la discusión sobre el futuro de la ASF debe centrarse en contar con una fiscalización superior con efectos anticorrupción y una reducción significativa de la impunidad, más allá del desempeño de su actual titular, David Colmenares.
- “El problema estructural verdadero, si les importa a los legisladores, más allá del deficiente desempeño de Colmenares, es meter cirugía a que las atribuciones con las que ya cuenta la institución realmente funcionen en acciones que permitan el control efectivo de la corrupción y que no haya impunidad derivada de las acciones”, indica.
En entrevista con El Sol de México, Fernández señala que la discusión actual sobre el papel de la ASF no debe centrarse sólo en su más reciente informe sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, como lo ha hecho insistentemente el presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos días.
Y agrega que el Gobierno federal también tiene que aclarar todas las otras observaciones que la Auditoría realizó en su revisión a la Cuenta Pública 2019.
- Este lunes, David Colmenares comparecerá ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados luego de que el órgano fiscalizador se retractara de las conclusiones de su informe sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, cuyo costo estimó en casi 332 mil millones de pesos, el triple de lo calculado por la administración de López Obrador. El primer mandatario ha aprovechado la controversia por el contenido de ese informe para arreciar su ataque contra los auditores al señalar “mala fe” de su parte. Sin embargo, Fernández pide considerar todos los informes que emitió la Auditoría y no centrarse en uno solo.
“El problema es que son múltiples informes y se van a querer concentrar sobre todo en el del aeropuerto, cuando en los informes de labores de la Auditoría hay preocupantes hallazgos en Jóvenes Construyendo el Futuro, en Dos Bocas, en Sembrando Vida, etcétera, en donde espero que haya la capacidad de ver la fotografía amplia de toda la situación”, dice el experto. Por ejemplo, respecto a Dos Bocas, señala que la ASF encontró que Pemex, bajo el argumento del “secreto comercial”, le entregó información incompleta. Además, que sólo siete de las 27 empresas a las que la petrolera dio contratos para una serie de servicios asociados a este proyecto, lograron comprobar tener la capacidad para realizarlos.
Fernández considera que las descalificaciones presidenciales han dañado la credibilidad de la ASF, con la cual “tramposamente” el mandatario sembró la duda para que “se desacredite el resto de los informes de la auditoría”. Agrega que estas descalificaciones son simplemente producto de ignorar cómo es el proceso de auditoría. “Lo que tampoco se ha explicado a la gente es que antes de que se cerraran los informes (…) por ley la Auditoría hace la confronta de los hallazgos preliminares con los entes auditados, y no hay información que sugiera que en esas confrontas el Gobierno federal hubiera dicho ‘aquí está mi información’”.
- Por aparte, el diputado perredista Antonio Ortega Martínez, vicepresidente de la Mesa de Decanos en San Lázaro, coincidió en que López Obrador intenta debilitar al órgano fiscalizador con sus reclamos, pero también a la Cámara de Diputados. Enfatizó que la ASF tiene como responsabilidad y mandato rendir cuentas a San Lázaro y a nadie más. Ortega Martínez, que también es secretario de la Comisión de Hacienda, alertó que el Presidente pretende dar un duro golpe a la facultad de control que tiene el Congreso sobre el ejercicio del gasto público. Pero además, indicó, lesiona la vida institucional del país al flagelar la división y el equilibrio de poderes que marca la Constitución.
Lo relevante son las auditorías
En materia de combate a la corrupción, lo relevante no es el auditor, sino las observaciones realizadas a los funcionarios y entidades del gobierno auditados, subrayaron expertos en materia de anticorrupción.
- Luis Pérez de Acha, exintegrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) afirmó que las auditorías presentadas el sábado pasado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de ninguna manera pueden tomarse como que ese organismo, dependiente de la Cámara de Diputados, se está ensañando en contra de la llamada Cuarta Transformación, sino que es una auditoría realizando su trabajo, donde, si se detectan irregularidades, la responsabilidad no es de la auditoría, sino de quien ejerce los recursos.
- “No veamos a quien fiscalizó, sino a quienes usaron los recursos de manera incorrecta o exagerada”, planteó. Dijo que, a lo largo de los años, la ASF ha demostrado que es un organismo que realiza su tarea con compromiso.
- Puso como ejemplo de ello, las auditorías que permitieron documentar irregularidades en el uso de recursos públicos en los casos de los Fondos de Aportación a la Educación Básica, los fondos de Salud y los de Seguridad Pública, entre otros de administraciones anteriores.
Por su parte, Sofía Ramírez de Aguilar, directora de México ¿cómo vamos? expuso que, una vez entregadas las auditorías, lo que puede ocurrir es que se levantan informes ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), en algunos casos con solicitud de investigación directa.
Cuando se trate de faltas administrativas graves se enviarán al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), donde existe un problema de entrada: no está debidamente integrado pues hay una sala regional que está haciendo las veces de Sala Anticorrupción. También puede ocurrir que la SFP determine que no hay suficiente información como para fincar responsabilidades y ahí se mueren los temas. Por otra parte, si se trata de hechos que configura delitos de corrupción, los tiene que investigar la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, ésta tiene un presupuesto muy reducido que limita sus posibilidades de indagar.
- Por su parte Emiliano Montes de Oca, experto en materia de anticorrupción del Laboratorio de Políticas Públicas Ethos subrayó que el trabajo de la ASF es fundamental para lograr la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en México.
Gracias a su trabajo se ha podido documentar anomalías que han permitido sancionar a sus responsables como, los casos de la Estafa Maestra y Las Empresas Fantasmas del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, añadió./Agencias-PUNTOporPUNTO
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