Bajo la administración de Francisco Garduño Yáñez, el Instituto Nacional de Migración (INM) convirtió los centros de detención migratoria en un negocio millonario para al menos tres empresas extrañas, a las cuales entregó contratos por adjudicación directa, de manera irregular y con diversas anomalías en los servicios.
- Así, el INM adjudicó directamente 545 millones 532 mil pesos a una empresa de apenas 11 trabajadores para instalar “albergues y puntos de revisión migratoria” en el país, en un proceso de contratación lleno de irregularidades, según determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En un informe, producto de su revisión a la Cuenta Pública 2022, la ASF determinó que la empresa Grupo Caufi, que recibió el dinero del INM, solamente contaba con 11 empleados registrados ante el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) en 2022, y observó que nunca había recibido contratos gubernamentales mayores a un millón de pesos antes de esta asignación multimillonaria.
La ASF también expresó sus dudas sobre los servicios que prestó la empresa, pues los entregables que le proporcionó el INM solo consistían en “actas de entrega-recepción de entera satisfacción” con escasa información, y que daban cuenta de acciones de supervisión.
- Al revisar las 184 facturas de la empresa al INM, la ASF observó que los documentos “no contaron con los requisitos fiscales” y que “sólo se enunciaron de forma general el objeto señalado en los contratos celebrados”.
- El INM justificó la entrega del contrato a Grupo Caufi por adjudicación directa con el pretexto de la seguridad nacional, argumento inválido según la ASF, pues el anexo técnico no contemplaba información sobre su infraestructura tecnológica y de seguridad.
- La ASF también determinó que el INM incurrió en otras irregularidades en la entrega, por adjudicación directa, de un contrato de 151 millones 439 mil pesos a la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa para la custodia de los centros de detención migratoria que la institución opera en el país.
Esta empresa se volvió tristemente célebre en marzo de 2023, pues estaba a cargo de la vigilancia del centro de detención migratoria de Ciudad Juárez cuando éste se incendió. Los custodios contratados por la empresa, junto con los agentes del INM, huyeron del recinto y dejaron a los migrantes encerrados en la celda común, lo que les impidió escapar del fuego. 39 de ellos fallecieron.
Al igual que Grupo Caufi, la empresa de seguridad privada solo contaba con cuatro trabajadores registrados ante el IMSS cuando el INM le dio el contrato, y ello, a pesar de que la institución requería 503 custodios. De acuerdo con la ASF, Camsa se podía considerar una “microempresa”, que no correspondía al perfil que necesitaba el INM, y que tenía las características de una empresa fantasma, pues el domicilio que reportó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) era un inmueble desocupado.
- Aparte, la ASF expresó sus reservas sobre el perfil de los custodios subcontratados por la empresa, pues “el proveedor no entregó los expedientes de los elementos de seguridad que prestaron el servicio, ni tampoco fueron solicitados; en consecuencia, el INM no acreditó contar con la documentación necesaria para verificar la capacitación, edad y escolaridad de los elementos que prestaron el servicio de seguridad y vigilancia”.
Y no es todo: la ASF se percató que el INM simuló un estudio de mercado para adjudicar el contrato, pues las empresas “competidoras” de Camsa –llamadas Look Out Corp y Rad-U Seguridad Privada—forman parte de una misma nebulosa de compañías que se transfieren recursos y comparten representantes legales. De hecho, Camsa trianguló cerca de 80 millones de pesos del INM a varias de estas empresas, incumplidoras todas de sus obligaciones fiscales.
- El mismo esquema se repitió con la contratación de la empresa Asbiin, a la que el INM envió 81 millones de pesos para los servicios de “lavandería, limpieza a higiene” en las estaciones migratorias, la cual no estaba presente en el domicilio que reportó ante el SAT, y no presentó su declaración anual de impuestos en 2022.
Estas son las irregularidades de las empresas
La ASF constató que Grupo Caufi sólo tenía dados de alta entre 5 y 11 empleados ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) por lo que no contaba con los empleados necesarios para prestar los servicios solicitados. De hecho, el INM nunca constató las condiciones en las que la empresa estaba.
- Derivado de las irregularidades en la contratación, la ASF solicitó al Servicio de Administración Tributaria que se auditara a Grupo Caufi para verificar que sí cumpla con sus obligaciones fiscales; y determinó que aunque las observaciones estaban parcialmente solventadas, se había registrado un probable daño al erario por el monto de 42 millones 595 mil 465.64 pesos.
Con respecto a los servicios de Grupo de Seguridad Privada Camsa, contratados en 23 estados por un monto total de 151 millones 439 mil 400 pesos, en la adjudicación directa también se argumentó que “un procedimiento de Licitación Pública implicaría la exposición de información significativa relacionada con la seguridad nacional”.
- Sin embargo, la entidad fiscalizadora pudo identificar que dicha empresa no contaba con el personal suficiente para la prestación del servicio, además que en 10 entidades no pudo acreditar mediante listas de asistencia la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia.
Incluso, personal de la ASF no pudo localizar a empleados de Grupo de Seguridad Privada Camsa en el domicilio fiscal de la empresa en las distintas visitas que realizó al sitio. “En todos los casos, se encontró cerrado el inmueble y no se observó actividad alguna en el mismo”, detalla el organismo en su informe.
Una vez concluida la auditoría, la empresa pudo aclarar y justificar el alcance de la contratación y sólo quedaron pendientes de solventar observaciones por 5 millones 050 mil 471.56 pesos por servicios de seguridad y vigilancia no acreditados.
Para la conservación y mantenimiento de estaciones migratorias, el INM contrató a la empresa Constructora Mayrán de San Pedro SA de CV, con la cual celebró siete contratos adjudicados directamente bajo el argumento de que una licitación podría exponer “información relacionada con la seguridad nacional, tal como las ubicaciones, especificaciones, sistemas, planos o puntos clave de seguridad de los inmuebles lo cual colocaría al INM en una situación de amenaza y riesgo”, lo cual no fue avalado por la ASF.
- Después de concluir la auditoría, la ASF mantuvo las observaciones por 6 millones 652 mil 671.25 pesos, correspondientes a la no acreditación de la prestación de servicios de mantenimiento en instalaciones.
En cuanto al servicio de arrendamiento de transporte vehicular contratado con Casanova Vallejo, el INM solicitó 47 motocicletas y 235 vans para un total de 282 unidades. Sin embargo, no pudo acreditar la recepción de 120 de ellos, lo cual resultó en un probable daño al erario público por un total de 30 millones 389 mil 081.44 pesos.
- Finalmente, la autoridad migratoria también contrató a Asbiin SA de CV para servicios de lavandería, limpieza e higiene en las instalaciones del INM, para lo cual realizó un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.
- Derivado de ello, la empresa recibió contratos por un monto de 81 millones 239 mil 400 pesos, a pesar de que no contaba con el personal suficiente para prestar el servicio de limpieza solicitado.
- Aunque el INM pudo solventar la mayoría de las observaciones, quedaron pendientes de aclarar 34 mil 104 pesos por la no acreditación de la prestación de los servicios en las oficinas de Puebla y Tabasco.
Migración contrata seguridad privada para sus estaciones
El Instituto Nacional de Migración (INM) firmó tres contratos de adjudicación directa con empresas de seguridad privada a finales de 2023, para la custodia de sus estaciones migratorias, pese a las instrucciones presidenciales de 2020 en las que pide a los organismos públicos no celebrar contratos con éstas.
- Entre octubre y diciembre del año pasado, el organismo adjudicó tres contratos por un monto total de 4.7 millones de pesos para resguardo de inmuebles del organismo en Yucatán, con la empresa Coordinadora ASIPEC, por 2.6 millones de pesos; en Zacatecas, con la compañía Seguridad Privada Tres Sesenta y Cinco, por 1.5 millones de pesos, y en Campeche, con el particular Miguel Ángel Arroyo Domínguez, por 515 mil 264 pesos.
- Tras el incendio en la estación Migratoria de Juárez del 27 de marzo de 2023, el gobierno federal señaló entre los presuntos responsables a elementos de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, la cual fue sujeta a una investigación por parte de la FGR (hasta hoy sin resultados) y se le rescindió el contrato de adjudicación directa que tenía con el INM por 190 millones de pesos.
La investigación sobre el incendio de la estación migratoria señala que “los dictámenes de la ASF de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo”.
INM una coladera de irregularidades y desvíos de recursos públicos
Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), heredó una coladera de irregularidades y desvíos de recursos públicos por más de 450 millones de pesos, solo en alimentación, higiene y traslados de migrantes, así como en vigilancia y mantenimiento de estaciones y estancias migratorias.
- En el país existen 35 estaciones en 26 estados para cuatro mil 300 migrantes de forma simultánea, además de 348 estancias provisionales. Año con año, la Auditoría Superior de la Federación (AFS) ha reportado las irregularidades que cometidas con el dinero destinado a indocumentados sin que se corrijan con la llegada de un nuevo titular.
- Garduño, quien heredó una estela de corrupción, tampoco le salen las cuentas. Solo en 2020, la ASF encontró pagos injustificados por 143.3 millones de pesos en su auditoría a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones que practicó al instituto, y al menos 2.3 millones por pagos indebidos en el servicio de alimentos para los migrantes.
El INM otorgó por adjudicación directa a Tecnología en Sistemas de Apoyo un contrato por 53 millones de pesos (CS/INM/135/2019) para el “Servicio administrado de seguridad informática y monitoreo de red (SNOC)”, a fin de proteger su información; el supuesto escudo no detuvo el ataque de abril de 2020 que afectó equipos, usuarios y la disponibilidad de sus datos, razón por la que la ASF emitió un pliego de observación —como se les llama a los probables desfalcos al erario— por ese monto.
Según el contrato CS/INM/136/2019 destinado al “Arrendamiento de equipo informático de escritorio”, la empresa Comercializadora Antsua cobró 107.7 millones de pesos por un mes, del 29 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, ampliando al 31 de marzo de 2020.
El proveedor otorgó los equipos por 65 millones de pesos, sin prestar más servicios. La ASF clasificó 42.7 millones de pesos (restantes) como probable desfalco, ya que los requisitos del contrato por 30 días “justificaban una adquisición y no un arrendamiento”.
- Otro pago injustificado se dio en el contrato CS/INM/083/2020 para el “Servicio administrado para la expedición de tarjetas de identificación de condición migratoria”. La empresa Nemecisco recibió por adjudicación directa el contrato CS/INM/083/2020 por 81.1 millones de pesos cuando en realidad los insumos ascendían a 8.5 millones de pesos, sin tener costos adicionales. La ASF determinó que hubo un beneficio económico no justificado por 72.6 millones de pesos: 23.1 millones de pesos en 2020 y 49.4 millones de la Cuenta Pública 2021.
La Auditoría Superior señaló que no se analizó la conveniencia de esa adquisición y solo se consideró “el servicio”. Además, Nemecisco distribuyó parte de los recursos recibidos a empresas ubicadas en Estados Unidos, Suiza, Panamá e Israel.
- Según el Registro Público del Comercio, Comercializadora Antsua fue constituida en Tlalnepantla, EdoMex, en 2017, y pertenece a Omar Guadalupe Ramírez Carrillo y Armando Tapia García, mientras que Nemecisco fue creada en marzo de 2018, en CdMx, y sus socios son Mayra Fernández Martínez y Marcela García López. Ambas tenían al mismo apoderado legal: Marco Antonio Suárez Cedillo.
Contratos del INM: muy poco para mantenimiento y agua
El INM anunció en mayo de 2023 el cierre temporal de 33 estancias migratorias provisionales para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realice un informe sobre las condiciones que prevalecieron para albergar a los miles de migrantes que en los últimos años fueron asegurados en México. La inspección ocurre poco más de un mes después del incendio que en uno de esos centros mató a por lo menos 40 personas, el 27 de marzo.
- El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció el pasado 10 de mayo el cierre temporal de 33 estancias migratorias provisionales para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realice un informe sobre las condiciones que prevalecieron para albergar a los miles de migrantes que en los últimos años fueron asegurados en México. La inspección ocurre poco más de un mes después del incendio que en uno de esos centros mató a por lo menos 40 personas, el 27 de marzo.
Eso dicen los datos abiertos de un instituto cuya historia quedó marcada por la tragedia de Ciudad Juárez. Su titular Francisco Garduño Yáñez fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público dadas sus presuntas negligencias que desembocaron en el siniestro. Según la Fiscalía General de la República, el funcionario tenía conocimiento de las condiciones en las que se encontraba la estación migratoria, pero no actuó para mejorarlas.
Las ausencias más marcadas en las compras del INM
Agua, papel higiénico y comida fueron las peticiones de los migrantes detenidos en la estación migratoria de Ciudad Juárez antes de iniciar un incendio de colchonetas para protestar por condiciones que ya no soportaban, de acuerdo con partes de la carpeta de investigación mencionada en la audiencia inicial contra los acusados en el caso, divulgada por el Diario de Juárez.
- Según la misma audiencia, el jefe de custodios ordenó a los guardias rellenar los garrafones con agua de la llave, pero una oficial sostuvo que el líquido no era potable y se negó a acatar la instrucción. Los guardias se habrían impuesto y le darían agua de la llave a los migrantes para saciar su sed.
Pero agua limpia, no había.
- La revisión de los títulos de los expedientes archivados del INM en Compranet de 2019 (el año en que se inició la gestión de Garduño Yáñez) hasta ahora, da cuenta que solo se firmaron dos contratos en cinco años para adquirir el líquido para las estancias provisionales. En 103 contratos relacionados con los gastos de esos sitios cuya suma es de mil 383 millones 639 mil 477 pesos, el agua significó 913 mil 475 pesos; es decir, el 0.06 por ciento.
- Los dos contratos se firmaron en 2022. Uno fue por 780 mil pesos con la empresa Hielos de Palenque S.A. de C.V. para suministrar agua purificada en garrafones de policarbonato y el otro fue con el proveedor Francisco Martínez Agustín por 133 mil pesos. El último fue solo para las estancias de Oaxaca. El papel higiénico ni siquiera aparece mencionado en las compras del INM para sus estancias migratorias provisionales.
Hubo otros gastos mínimos.
- Se adquirieron medicamentos y material de curación por 3 millones 384 mil 633 pesos con farmacéuticas locales en las que Distribuidor Hospitalario e Insumos del Sureste se llevó la mayor parte. La limpieza significó 3 millones 502 mil 358 pesos. Ese servicio solo fue contratado en 2021.
Millones de pesos hacia una sola empresa
En cambio, el servicio para alimentos predominó. En cinco ejercicios esta necesidad de las estancias significó una erogación de mil 375 millones 839 mil 10 pesos; es decir, el 99.4 por ciento del total gastado de los 103 contratos revisados por Reporte Índigo.
- Los alimentos, marcados por la Ley de Migración como obligatorios tres veces al día, generaron un pastel de contratos millonarios cuyo 77.6 por ciento se ha llevado la empresa Operadora de Comedores Saludables S.A. de C.V. Las otras proveedoras han sido Café Bersa S.A. de C.V. y Coordinación de Distribuciones y Servicios Logísticos S.A. de C.V.
- Las primeras contrataciones de esa empresa para servir comida a personas en condición migratoria en México se iniciaron en octubre de 2019. En ese mes firmó cinco contratos cuyo monto fue de un millón de pesos a poco más de 4 millones. A partir del siguiente año, la bonanza llegó para esa empresa en el INM. Firmó por 89 millones 519 mil 713 pesos y logró un contrato en 2022 por 281 millones 34 mil 482 pesos.
- En junio de 2021, 60 migrantes de varias nacionalidades, detenidos en la estación migratoria Siglo XXI, sufrieron un cuadro diarreico agudo por la ingesta de alimentos en estado de descomposición, según información de defensores de derechos humanos en el estado a la que Reporte Índigo tuvo acceso. Esa estación es la más grande del país y cuenta con una capacidad para 960 personas. Operadora de Comedores Saludables S.A. de C.V. estaba a cargo.
- Pese a ese antecedente, la empresa continuó como la reina en los contratos que otorga el INM para servir alimentos a los migrantes asegurados en territorio mexicano. Hasta ahora, cuando el instituto se encuentra en el epicentro de la crisis migratoria, Operadora de Comedores Saludables S.A. de C.V. ha ganado más de mil millones de pesos.
Ese flujo de dinero no encuentra reflejo
El pasado viernes 31 de marzo, unos cien migrantes forzaron la puerta de un centro en el municipio de Berriozábal, Chiapas, y escaparon. Medios locales y nacionales captaron su caminata por la carretera. Iban mujeres, hombres y niños. Un migrante de Ecuador exclamó: “La comida … Nos atendían como animales. En la mañana nos servían solo seis galletas para una familia de seis con seis vasos de agua … Todo ahí es mentira”.
La limpieza dio pie a otro emporio en el INM
El único gasto que el INM registró respecto al mantenimiento de las estancias migratorias fue el de la limpieza. Para ello hizo cuatro contrataciones que sumaron 3 millones 502 mil 358 pesos cuya vigencia solo duró durante marzo de 2021. De acuerdo con ello, en momentos en que el flujo migratorio se recrudeció en México por el fin del Título 42 en Estados Unidos.
- Una de las empresas contratadas para limpiar las estancias fue Industria de la Construcción & Proyecto Vial S.A. de C.V. que se llevó 769 mil 786 pesos. La otra fue Asbiin S.A. de C.V. que con 2 millones 732 mil 571 pesos tuvo la mayor parte. Las dos prestaron el servicio mediante subcontratación.
- Asbiin, la empresa que se consolidó como la predominante en el servicio de limpieza en las estancias provisionales del INM, fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública el 20 de enero de 2023. En una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia precisó que la empresa proporcionó información falsa en un procedimiento de contratación.
“Esta representación administrativa hace de su conocimiento que esta autoridad emitió resolución de 5 de enero de 2023, dictada en el expediente administrativo de sanción a licitantes, proveedores y/o contratistas número SANC-0001/2022, a través del cual se impuso a la empresa Asbiin, S.A. de C.V., una sanción administrativa consistente en una inhabilitación por un año”, se publicó en el DOF.
- Para entonces, Asbiin se había posicionado como una de las reinas del servicio de la limpieza en la administración pública federal. Contaba con 75 contratos por 334 millones 902 mil 35 pesos y tenía relación con 30 entidades públicas, entre estas, Palacio Nacional desde donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De esta forma, de acuerdo con el registro de compras públicas del INM, se asearon las estancias provisionales mientras recibían a miles de migrantes cada día.
Los contratos del INM en medio de la crisis
Francisco Garduño Yáñez, quien asumió como comisionado del INM el 16 de junio de 2019, fue imputado ante un juez de control en Ciudad Juárez, Chihuahua, por ejercicio indebido del servicio público, el pasado 25 de abril.
- Debe asumir su presunta responsabilidad en la cadena de negligencias que ocasionó el incendio del 27 de marzo. Pese a todo, se quedó al frente del organismo.
Desde que ocurrió el siniestro, Garduño Yáñez ha tenido muy pocas apariciones en la escena pública y su perfil se ha mantenido difuso en los mecanismos de transparencia. Su declaración patrimonial no se encuentra disponible en Declaranet de la Secretaría de la Función Pública ni en la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Mientras, el INM continúa como el instituto que le deja millones de pesos a las empresas que llama para atender la crisis migratoria en México. Los proveedores del instituto firman asignaciones para dos servicios predominantes: la comida y la deportación.
- Después del incendio en Ciudad Juárez, el instituto signó un contrato por 87 millones 24 mil 175 pesos con Operadora de Comedores Saludables S.A. de C.V., la empresa que predomina para servirle la comida a las personas en condición de deportación. La vigencia de esta contratación se acordó desde el 26 de abril hasta el 15 de junio de 2023.
- Además, otorgados antes de la tragedia, tiene 22 contratos que vencerán en los próximos meses de 2023 y 2024 por 805 millones 885 mil 150 pesos. La contratación mayor vigente la tiene ETN Turistar de Lujo por 422 millones 413 mil 793 pesos para transportar vía terrestre a las personas en condición de retorno. Ese convenio vencerá el 31 de diciembre de 2023.
Con ello, la autoridad migratoria le da la cara a los flujos de mujeres, hombres y niños que atraviesan México en una nueva etapa después del fin del Título 42 en Estados Unidos que con la justificación de la pandemia de COVID-19 implicó su expulsión en los pasados tres años./Agencias-PUNTOporPUNTO
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