El Instituto Nacional de Migración (INM) es una de las instituciones del Estado mexicano con más quejas por violaciones a derechos humanos. El órgano a cargo de Francisco Garduño se ubica en el lugar tres en el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, solo detrás del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Órgano Administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC).
Una de cada cuatro quejas contra el INM se registró en Chiapas, estado por el que ingresa la mayoría de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.
Entre las violaciones en las que incurrieron integrantes del INM están:
- Acciones y omisiones que transgreden los derechos a los migrantes y sus familiares.
- Faltar a la legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad en el desempeño de sus funciones.
- Prestar indebidamente el servicio público.
- Dilación en el procedimiento administrativo.
- Omitir proporcionar atención médica.
- Detención arbitraria.
- Detener en forma ilegal.
- Deportar en forma ilegal.
- Trato cruel, inhumano o degradante.
- Expulsar ilegalmente del país.
- Limitar o impedir viajar o desplazarse dentro del país.
En los últimos días, personal del INM está en medio de la mirada pública debido al incendio que se registró el lunes 27 de marzo en una estación migratoria provisional de Ciudad Juárez.
Al respecto, y hasta este jueves 31, la Fiscalía General de la República (FGR) concedió órdenes de aprehensión contra tres funcionarios del INM.
“Se concedieron seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del Inami, dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio. Ordenes que se solicitaron por el delito de homicidio doloso, así, con dolo eventual, y por el delito de lesiones en contra de los 67 extranjeros, 12 salvadoreños, un colombiano, 12 venezolanos, 28 guatemaltecos y 14 hondureños”, informó en conferencia la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.
Top Ten de violaciones de DH
El Instituto Nacional de Migración se ha mantenido en el top ten de instituciones con más violaciones a derechos humanos desde 2014.
Durante los últimos años, la institución ha recibido más de 30 recomendaciones por parte de la CNDH.
Una de ellas fue por el fallecimiento de una persona migrante en Tenosique, Tabasco durante un incendio que se registró en 2020.
“La CNDH contó con elementos que permitieron evidenciar violaciones a los derechos humanos al trato digno, a la integridad personal y a la protección de la salud en agravio de diversas víctimas; así como a la vida, en agravio de la persona fallecida”, dice la recomendación.
- En 2021 dirigió una recomendación al INM y a la comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) por violaciones a los derechos humanos de una mujer extranjera, víctima de trata de personas.
“Se le mantuvo detenida de forma arbitraria en el recinto migratorio, sin brindarle atención médica especializada ni asistencia psicológica que le ofreciera la oportunidad de recuperarse de las consecuencias físicas y psicológicas derivadas de la experiencia vivida”, se lee en el documento dirigido a la Comar y al INM
En febrero pasado, la institución emitió una recomendación por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, al debido proceso en sede administrativa de un ciudadano cubano.
ONG´s denunciaron que en albergues del INM se documentaron violaciones a derechos humanos
Durante los últimos dos años, organizaciones civiles que tienen como causa la protección de los derechos de migrantes extranjeros que cruzan por México con la intención de llegar a Estados Unidos, alertaron, al menos en siete ocasiones al gobierno mexicano sobre “graves violaciones a los derechos humanos de esas personas” cometidas por autoridades mexicanas.
- Además, le hicieron saber que en albergues y estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) “se documentaron violaciones a derechos humanos, omisiones y discriminación por parte de autoridades”.
También le manifestaron su preocupación por los efectos negativos que tiene la militarización de las fronteras y la aceptación de México a fungir como un tercer país seguro para los solicitantes de asilo en territorio estadounidense.
Éstos son algunos de los pronunciamientos:
- 18 de diciembre de 2022: Organizaciones integrantes del Grupo de Acción por la No Detención de personas refugiadas denunciaron públicamente que “en las estaciones migratorias” de México “se están cometiendo graves violaciones a derechos humanos que pueden constituir actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Señalaron que la detención por motivos migratorios es una práctica que se lleva a cabo sin considerar situaciones de vulnerabilidad o casos de personas que requieran de protección internacional, como son las solicitantes de la condición de refugiado.
- 29 de noviembre de 2022:Alianza Américas; Uno de Siete Migrando y Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados (SMR), entre otras agrupaciones, manifestaron su preocupación por el operativo de desalojo de migrantes venezolanos de las márgenes del río Bravo en Ciudad Juárez, Chihuahua y denunciaron: “falta de regulación de espacios de acogida donde se han documentado casos de explotación y abuso sexual (…) y restricciones a las salidas de personas en albergues denominados de puertas abiertas, ya que funcionan como espacios filtros para prevenir el contagio de enfermedades, y limitan el tránsito al solicitar autorizaciones para salir (pases expedidos de forma discrecional por el personal a cargo)”.
- 26 de octubre de 2022: Integrantes de la organización Apoyo a Migrantes Venezolanos, acompañadas de representantes de organizaciones de sociedad civil de México y Estados Unidos, acudieron al Senado en la Ciudad de México para denunciar la situación que está viviendo la comunidad venezolana a partir de los recientes acuerdos entre los gobiernos de México y EUA.
Dijeron que “la detención migratoria, la deportación y el traslado a otros estados del país, deja a las personas en indefensión, y vulnerables a ser víctimas de delitos como la extorsión y la trata de personas”.
- 21 de septiembre de 2022: El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, el Grupo de Acción para la No Detención de Personas Refugiadas, entre otras organizaciones llamaron al gobierno y legisladores mexicanos a “reconocer la situación de derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo en el territorio nacional y a promover iniciativas legislativas en materia de niñez y adolescencia migrante, no detención y acceso a derechos”.
El llamado ocurrió luego de que representantes de redes y organizaciones defensoras de derechos humanos de las personas en contexto de movilidad, de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Sonora, Tabasco, nacionales e internacionales, visitaron centros de asistencia social, espacios públicos y humanitarios de acogimiento para personas en contexto de movilidad, así como estaciones migratorias y estancias provisionales, “donde se documentaron violaciones a derechos humanos, omisiones y discriminación por parte de autoridades, al igual que los efectos negativos que tiene la militarización de las fronteras como parte de la política implementada por las autoridades de México y Estados Unidos”.
- 23 de agosto de 2022: Más de 30 organizaciones sociales, entre ellas las pertenecientes al Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria-GTPM, pidieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador rechazar el restablecimiento del “inhumano Protocolo de Protección a Migrantes de Trump (Migration Protection Protocols, MPP), también conocido como “Quédate en México””.
Le señalaron que durante dos años, esta política impuso barreras infranqueables al debido proceso y causó daños extremos a más de 72,000 personas solicitantes de protección internacional quienes fueron regresadas a México para esperar sus audiencias ante las autoridades migratorias de Estados Unidos.
- 13 de agosto de 2021: Organizaciones civiles como Asylum Access México, Fundación para la Justicia y la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, llamaron al gobierno mexicano a la congruencia entre el discurso y las acciones para garantizar una migración segura y regular.
“Con gran preocupación hemos visto el apoyo que el gobierno mexicano ha dado a diversas acciones implementadas por el gobierno de Estados Unidos para frenar la migración que lejos de proteger a las personas migrantes y solicitantes de asilo, las coloca en situaciones de peligro y las obliga a recurrir a rutas más sórdidas e inflar las arcas de los traficantes”.
- 27 de enero de 2021: Organizaciones sociales llamaron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y al canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, “para que reconozcan los riesgos y los delitos de los que son víctimas las mujeres, niñas, niños y hombres migrantes en su tránsito por México, y adopten medidas suficientes para prevenir ataques de particulares y autoridades, ya que contrario a lo que ha afirmado el Presidente en diferentes conferencias matutinas, el Estado mexicano no está protegiendo a la población migrante en el país”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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