México cayó de posición en un índice sobre la capacidad para combatir la corrupción que se presentará el miércoles y que indica que los intentos del gobierno mexicano de interferir en asuntos legislativos y judiciales han mermado la transparencia y la rendición de cuentas en el país.
- El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), presentado anualmente por el Consejo de las Américas y que clasifica a 15 países de América Latina según la eficacia con la que pueden combatir la corrupción, reveló que México siguió en su trayectoria descendente desde 2019 y este año cayó del puesto 11 al 12, tan sólo por delante de Guatemala, Bolivia y Venezuela.
- El reporte aseguró que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha criticado al Poder Judicial y a instituciones públicas independientes como el Instituto Nacional Electoral (INE). También destacó que el mandatario ha declarado que planea eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, “lo cual afectaría los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción”.
Por otro lado, los organismos anticorrupción en México han sido usados, según algunos observadores, para obtener beneficios personales o cuentan con nombramientos basados en motivos políticos, según el informe.
- “Hay este discurso anticorrupción (de López Obrador) que es positivo. El problema es cuando este discurso no se traduce en las herramientas, los mecanismos y en el presupuesto para combatir la corrupción”, dijo Alejandra Soto, de Control Risks, una consultora especializada en riesgos globales que realiza el índice junto al Consejo de las Américas.
“Este discurso cotidiano en contra de los otros poderes, y a favor de la agenda presidencial, sin debate alguno, se traduce en un desgaste de contrapesos democráticos”.
- El índice, que se presenta por cuarta vez, tiene en cuenta varias variables como la independencia de las instituciones judiciales o los recursos disponibles para combatir los delitos cometidos por empresarios o funcionarios de gobierno. Los países con los puestos más altos en el índice -como Uruguay y Costa Rica- se consideran más propensos a ver a los actores corruptos procesados.
- El reporte señala que en México las fuerzas armadas, que no están sujetas al mismo escrutinio que los organismos civiles, “participan cada vez más en importantes proyectos de infraestructura”. Aseguró que en el último año López Obrador escaló sus críticas hacia organizaciones de la sociedad civil y la prensa en medio de revelaciones de supuestos conflictos de intereses y corrupción que involucran a familiares suyos y aliados.
Soto dijo que un 80 por ciento de los contratos del gobierno federal son por adjudicación directa en lugar de por licitación, que identificaría más fácilmente la corrupción. “En México se están debilitando algunos componentes para combatir la corrupción de manera institucional y de manera integral”, opinó Soto.
Por otro lado, el Congreso mexicano debatirá una propuesta presidencial para poner a la Secretaría de la Función Pública (SFP), una institución clave en la lucha contra la corrupción, a cargo de las contrataciones públicas y la supervisión de gasto público. Esto tendría consecuencias negativas, de acuerdo con el informe, “ya que la SFP se auditaría a sí misma en lugar de que los organismos autónomos supervisen el gasto público”.
- Tras Uruguay y Costa Rica en los puestos más altos del índice están Chile, Perú, República Dominicana, Argentina, Panamá, Colombia y Ecuador.
- Brasil cayó a la décima posición debido, entre otras cosas, a que el presidente Jair Bolsonaro ha buscado consolidar el control sobre organismos que investigan la presunta corrupción que involucra a sus aliados, dijo el informe.
Guatemala es otro de los países que sigue cayendo en el índice debido, en parte, al trato a los organismos anticorrupción. El reporte señaló que el Ministerio Público de Guatemala, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, “obstruyó y despidió” a los funcionarios que realizaban las investigaciones relativas a la corrupción. En 2021, Estados Unidos incluyó a Porras en una lista de actores corruptos y sancionó a funcionarios guatemaltecos de alto nivel por supuestos actos de corrupción.
Imco identifica riesgos de corrupción aún con transparencia
Incluso cuando hay ciertos niveles de transparencia por parte de las entidades en sus contrataciones públicas, los riesgos de corrupción persisten, por lo que el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) llamó a perfeccionar los esfuerzos de claridad en las compras de gobierno.
- Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del Imco, recordó que la institución realizó un diagnóstico sobre los registros de compras públicas de los estados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
En este caso, apuntó que hay entidades que solamente cuatro por ciento de sus instituciones han publicado contratos con proveedores como el Estado de México, otros como Nuevo León que tienen 34 por ciento de sus instituciones con información en el registro y otros como Guanajuato, Hidalgo y Puebla que tiene 100, 90 y 88 por ciento de sus dependencias en la plataforma.
- No obstante, en la presentación de los resultados de Nuevo León, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) encontró que hay un monto de más de 10 millones de pesos adjudicado a proveedores riesgosos, como son los de reciente creación, firmas sancionadas y otro tanto a empresas fantasma.
Esto solo en las contrataciones de 2021 y con base en la información que las instituciones de ese gobierno estatal. Avendaño realizó recomendaciones para que las entidades mejoren los registros de contrataciones en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para los gobiernos locales y federales.
Resulta hay errores en las capturas de información de los contratos y esto genera complicaciones para su análisis. Además, recordó que el Imco realizó un diagnóstico para que sea consultado también por los actores principales del gobierno y busquen mejorar la PNT.
“Nuestro objetivo es hacer recomendaciones puntuales para la misma PNT y registros estatales. Desde nuestro lado seguiremos insistiendo para que haya ciertas actualizaciones y mejoras en la plataforma y en el monitoreo”, expuso.
Gana opacidad en acceso a la información con la 4T
En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la opacidad ha ganado terreno.
Solicitudes de información que van desde el costo de un concierto en la conferencia Mañanera, el del mantenimiento de murales en Gobernación, o relacionadas con el aeropuerto en Santa Lucía han sido respondidas con un no hay evidencia documental o los datos están resguardados.
- Además, en estos tres años de gestión, la transparencia de los sujetos obligados en México descendió en el Índice de Gobierno Abierto, rompiendo la tendencia positiva de la apertura gubernamental que el país había experimentado.
- En la solicitud de información 0210000082021, donde solicita los costos que tuvo el concierto que ofreció Eugenia León en La Mañanera del 10 de mayo de 2021, la Oficina de la Presidencia de la República respondió que no se localizó evidencia documental que atienda el requerimiento del solicitante.
“No existe la obligación legal alguna de generar un documento con las características requeridas, enfatizando que se realizó una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable en los archivos que obran en poder de esta Unidad Administrativa, sin encontrar elemento alguno que permita advertir o suponer que se generó en dichos archivos”, se lee en el documento.
- A su vez, en la solicitud 330026222000250 realizada a la Secretaría de Gobernación –donde se solicitó copia pública de los contratos por los que se le da mantenimiento a los murales que se ubican en la explanada de esa dependencia, pintados por Ariosto Otero Reyes–, la dependencia a cargo de Adán Augusto López respondió que no se localizó documento alguno relacionado con algún contrato de mantenimiento a los murales.
Al respecto, fuentes de la Segob dijeron que dichas obras, entregadas en diciembre de 2020, tienen contratos de mantenimiento por 10 millones de pesos anuales.
Mientras que al solicitar la copia pública de los contratos de la construcción de la Torre de Control, así como de la construcción de las pistas de la terminal aérea y la copia de las Manifestaciones de Impacto Ambiental –mediante la solicitud 332724321000046 hecha a la empresa gubernamental Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S.A de C.V–, se indicó que no se encontró evidencia documental.
- En noviembre de 2021, el Gobierno –a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC)– reservó por cinco años los anexos técnicos que contienen los estudios de aeronavegabilidad, planes de inversión y otros documentos contenidos en el título de concesión del AIFA, otorgado a la empresa del mismo nombre que es controlada por el Ejército mexicano.
La autoridad aeronáutica mexicana señaló que la publicación de los anexos técnicos del título de concesión del aeropuerto en Santa Lucía podría desencadenar un sabotaje de la obra.
Además, Pemex catalogó como archivos de seguridad nacional, por cinco años, las bitácoras de mantenimiento de la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) Añil, lugar donde trabajadores señalan que el sistema contra incendios no sirve.
- En la solicitud con folio 330023322000067, la empresa del Estado indica que “las instalaciones de Petróleos Mexicanos son catalogadas como de seguridad nacional con fundamento en lo establecido en el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos (…)” .
De 2019 a 2021, la transparencia cayó pues el puntaje general nacional se ubicaba el año pasado en 0.48, cuatro puntos más bajo que el alcanzado en 2019, que fue de 0.52; donde 0 representa a un gobierno sin apertura y 1 a uno totalmente transparente y abierto.
- Así se indica en un estudio realizado por el Centro de Investigación y Desarrollo Económico (CIDE), auspiciado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), presentado esta semana.
- El Índice de Gobierno Abierto es una herramienta que mide la apertura de los gobiernos desde dos perspectivas: la gubernamental, que revisa que existan los canales adecuados; y la ciudadana, que se refiere a la facilidad para acercarse a los sujetos obligados.
La evaluación detectó que uno de los rubros más afectados fue el incumplimiento de plazos en los tiempos de respuesta, el cual en promedio es de 63 días, aunque hay casos que tardan hasta un año. También la pandemia de Covid-19 afectó la apertura gubernamental, detalla el índice, debido a que el trabajo remoto dificultó la atención de las solicitudes.
Gobierno se enfoca en discurso
Para Eduardo Bohórquez, director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, la actual administración ha privilegiado la comunicación por encima de la transparencia.
“Al hablar de los temas, ha generado una sensación de apertura, pero el acceso a la información no ha mejorado. Algo similar ha ocurrido con el Congreso. Se habla de parlamento abierto, cuando en realidad son foros, y se ha ido perdiendo terreno en materia de información pública proactiva. Hay un mejor modelo de comunicación social, pero la transparencia se ha reducido en términos prácticos”.
Señaló que ven poco probable que haya un ajuste en términos de transparencia, pues desde la perspectiva del Gobierno, el acceso a la información es un lujo para periodistas e investigadores, pero no necesariamente un derecho del ciudadano./PUNTOporPUNTO
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