La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», ocurrida en septiembre de 2014, fue un crimen de Estado, concluyó un informe preliminar presentado por la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.
- El funcionario informó que no hay indicios de que los normalistas sigan con vida, ya que todas las evidencias acreditan que fueron asesinados y no estuvieron juntos tras su desaparición, además de que nunca estuvieron en el basurero de Cocula.
»Queremos presentar las conclusiones preliminares, y queremos subrayar en preliminares porque aquí no se cierra ninguna investigación. Primera: que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano», dijo.
Asimismo señaló que autoridades federales del más alto nivel fueron negligentes, «existiendo elementos de presunción de aspecto de alterar circunstancias para establecer una conclusión ajena de los hechos».
- El informe de la Segob refiere que «en todo momento» las autoridades federales estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes, «desde la salida de la Escuela Normal hasta su desaparición y sus acciones», por lo que manifestó que «omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes así como el homicidio de otras personas».
«Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario, todos los testimonios evidencias acreditan que estas fueron alternamente ultimados y desaparecidos y que es necesario continuar en la búsqueda de la ribera del río balsas en Cocula en la barranca de Tonalapa, en brecha de lobos y en el paraje», informó.
Varios niveles de gobierno tuvieron un papel clave en la desaparición
Si bien se conocía que las fuerzas policiales habían participado en la desaparición de los estudiantes, un grupo delictivo local llamado Guerreros Unidos también fue pieza clave en la desaparición, según las autoridades, con “un amplio número de sicarios” que operaban con “con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado”.
- El gobierno también confirmó que un informante del Ejército había estado infiltrado entre los estudiantes en el momento de la desaparición, lo que significa que las autoridades monitoreaban sus movimientos desde antes de que ocurriera el ataque, algo que ya había sido reportado por medios locales. Lo anterior abre la posibilidad de que el ejército supiera en su momento que algo terrible había sucedido.
Sin embargo, los comandos militares “no realizaron acciones” para hallar al informante, quien permanece entre los 43 estudiantes desaparecidos, dijo Encinas.
La participación de los militares en la desaparición de los estudiantes, algo que los grupos de derechos humanos habían denunciado durante mucho tiempo, llega en un momento delicado para López Obrador, quien ha otorgado más autoridad a los militares.
- El presidente ha desplegado tropas regulares en todo el país para realizar funciones de seguridad y ha creado una Guardia Nacional de 100.000 efectivos que, aunque técnicamente es una fuerza civil, se incorporaría a la Secretaría de Defensa.
- El ejército también ha sido desplegado para una cantidad cada vez mayor de tareas gubernamentales, incluida la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la construcción de un tren turístico en el sur del país y la distribución de vacunas durante la pandemia de coronavirus.
Los hallazgos de la comisión de la verdad destacan el papel del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en el intento de ocultar la verdad sobre la desaparición de los estudiantes y la participación del gobierno.
“Este es un caso difícil de resolver debido a la obstrucción de justicia y a la manipulación de testigos y evidencia que sucedió en la gestión anterior”, dijo Meyer. “Este gobierno le está diciendo al público, con esta comisión, que el caso tal vez jamás sea resuelto”.
- En 2015, después de unos meses de investigación, la procuraduría general de México informó que las autoridades municipales se habían llevado a los estudiantes a instancias de una pandilla local que luego los mató e incineró sus cuerpos en un basurero.
- Sin embargo, esa conclusión ha sido cuestionada casi unánimemente por expertos internacionales, quienes han encontrado numerosas inconsistencias en las conclusiones oficiales.
Encinas redobló esa crítica el jueves: que la investigación “fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos”.
Cinco conclusiones del informe sobre Ayotzinapa
«Fue un Crimen de Estado»
Es la conclusión más escalofriante del reporte presentado por Encinas. Tras ocho años de investigaciones y búsqueda de los desaparecidos, la Comisión para la Verdad estableció que los hechos fueron un crimen de Estado en el que se unieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y «agentes de diversas instituciones del Estado mexicano».
- Según Encinas, autoridades de nivel municipal, estatal y federal «tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes» desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos en Iguala, Guerrero, hasta su desaparición. Las autoridades permitieron la desaparición de las 43 personas —y el homicidio de otras seis personas— con sus acciones, omisiones y hasta participando de los hechos, dice el reporte.
Un amplio número de sicarios participó en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, los estudiantes hoy desaparecidos se preparaban para una manifestación. Según las autoridades, fueron atacados por agentes criminales asociados con narcotraficantes.
Según el informe de la comisión de la verdad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los estudiantes fueron secuestrados, incinerados y arrojados al río San Juan, presuntamente por bandas criminales. Esta versión es cuestionada por el actual gobierno.
- Una de la conclusiones de este reporte indica que la desaparición fue llevada a cabo por un «amplio número de sicarios y halcones» dirigido por un mando central «con el apoyo de distintas policías y agentes del Estado».
Todos los desaparecidos están muertos
El reporte confirmó la identidad de los 43 estudiantes desaparecidos, ratificando que «no hay indicio alguno» de que alguno esté con vida.
«Todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos (los desaparecidos) fueron arteramente ultimados y desaparecidos», dice el reporte.
Decenas de personas clave han muerto o han sido asesinadas
El reporte indica que, desde el inicio de las investigaciones, al menos 26 personas clave para obtener información sobre la desaparición de los estudiantes han muerto o han sido asesinadas.
Entre ellas:
- 14 integrantes de Guerreros Unidos.
- 3 familiares de integrantes de Guerreros Unidos.
- 2 integrantes del grupo delincuencial Gente Nueva.
- 7 testigos o involucrados (funcionarios, activistas y policías).
La «verdad histórica» del gobierno Peña Nieto «ocultó» la verdad de los hechos
Este reporte señala que la creación de la «verdad histórica» —la versión que dice que los estudiantes fueron secuestrados por grupos del narcotráfico e incinerados en un basurero— ocultó la verdad de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, «alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de las autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado», entre otros, responsable por la desaparición de los 43.
- El reporte dice también que esa verdad histórica «construyó una narrativa que forzó y manipuló el sistema de procuración de justicia a fin de evitar una investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos».
- Anteriormente, el secretario Encinas dijo que «la mal llamada verdad histórica se construyó con base en simulación, fabricación de pruebas, tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas».
- Y Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso Ayotzinapa, dijo anteriormente que las acciones para sustentar la «verdad histórica» fueron hechas de manera ilícita.
«Eso quiere decir que incluso testimoniales de personas fueron obtenidos por tortura. Lo que hicieron fue reconstruir una averiguación previa armada con piezas procesales que a la documentación que nosotros hemos obtenidos, muchos fueron elaborados ilícitamente», dijo Gómez Trejo a siete años de la desaparición de los estudiantes.
Tras conocerse el informe de Ayotzinapa, el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que «se procederá legalmente contra los responsables y no habrá impunidad»./PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro:
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