El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe sobre el caso Ayotzinapa, que presenta nuevas evidencias y actualizaciones.
- El Ejército tuvo conocimiento en todo momento de lo que pasaba con los estudiantes en la llamada Noche de Iguala, pues intervino comunicaciones del grupo criminal “Guerreros Unidos”, según detallan los expertos.
- Carlos Martín Beristain, integrante del GIEI, señaló que algunos normalistas podrían haber seguido vivos días después de los ataques, por lo menos hasta el 4 de octubre.
- El informe del GIEI revela el contenido de llamadas interceptadas a Guerreros Unidos, militares y elementos de la Marina. Los mensajes de Blackberry tienen un formato distinto a los recién difundidos, cuya autenticidad está siendo valorada por peritos.
Entre las nuevas evidencias del caso, destaca que cuatro batallones, 27, 35, 41, 50 y región central DN 1 (con sede en la Ciudad de México), tuvieron conocimiento de lo que ocurría en Iguala y participaron en la intervención de llamadas.
- Los especialistas también destacaron la utilización del sistema Pegasus para interceptar comunicaciones de Guerreros Unidos, familiares de desaparecidos y elementos de seguridad.
- “El sistema Pegasus fue utilizado de manera indiscriminada, no solo contra criminales sino contra personal de seguridad pública, civiles y cantidad de personas reportadas en el sistema”, explica Ángela Buitrago, integrante del GIEI.
Además, la experta aseguró que se ha confirmado la existencia de un quinto autobús, el 3278, cargado con droga, dato que quiso omitirse y descontextualizarse en la investigación de la Procuraduría General de la República, a cargo del hoy detenido Jesús Murillo Karam. De modo que hay muchas pruebas que deben ser investigadas, afirmó Buitrago.
- En la conferencia de prensa, los integrantes del GIEI señalaron intromisiones catalogadas por ellos como indebidas del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
- Aseguran que quitó policías a la Unidad Especializada del caso Ayotzinapa e impuso a personal externo que pidió la cancelación de 83 órdenes de aprehensión.
- “Para nosotros este actuar de la Fiscalía General es inexplicable, no se ajusta a los mínimos estándares internacionales ni al Estado de Derecho”, dijo Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI.
Paz y Paz consideró que la renuncia de Omar Gómez Trejo como fiscal para el caso Ayotzinapa es sumamente lamentable y que tendrá efectos negativos, entre ellos un retraso de alrededor de cinco años en la investigación.
- Para Francisco Cox, el caso Ayotzinapa es un reflejo de cómo opera la criminalidad en ciertos sectores de México.
“No solo lo que se quiso mostrar, que solo alcanzó a autoridades municipales sino federales, Ejército, Marina. Son elementos objetivos que muestran el poder de cooptación de la macrocriminalidad y este puede ser un caso paradigmático que muestre cómo funciona la delincuencia organizada en ciertos sectores de este país”, afirmó Cox.
- Los expertos informaron que, si bien el final de su periodo estaba contemplado para el 30 de septiembre, el GIEI prolongará un mes su labor a petición de los padres de los normalistas.
- Dijeron que el presidente Andrés Manuel López Obrador les ha garantizado el acceso a la información, pero siguen advirtiendo resistencias por parte de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina.
Interceptaciones telefónicas
Fue el conocimiento de dichas conversaciones lo que llevó a los expertos a sentenciar que sí acontecieron pláticas entre personas de Guerreros Unidos y elementos de la Marina, del Instituto de Ciencias Forenses -antes conocido como Semefo-, algunos alcaldes, personal del C4 y policías de diferentes rangos.
- “También hay conversaciones que refieren la relación entre personas de Guerreros Unidos y Marina, Semefo, diversos alcaldes, C4, policías de varias instituciones y regiones. En síntesis hay una relación cercana entre criminales y autoridades. Hay acciones coordinadas entre ellos”, explicaron tanto en la conferencia de prensa como en el documento de 45 páginas que hicieron público.
También hay conversaciones que refieren la relación entre personas de Guerreros Unidos y Marina, Semefo, diversos alcaldes, C4, policías de varias instituciones y regiones. En síntesis hay una relación cercana entre criminales y autoridades. Hay acciones coordinadas entre ellos.
— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) September 29, 2022
- Fue en 2018 cuando el GIEI pudo acceder a las conversaciones que se filtraron, fue ahí cuando después de analizar detenidamente el material dieron cuenta de los roles que tenían los distintos integrantes de la organización criminal, así como la relación que fueron tejiendo “mostrando una coordinación de acciones”.
De dichas pruebas, el grupo de expertos obtuvo nueve conclusiones de las cuales se destaca la presunta relación de miembros de los Guerreros Unidos con militares, así como con agente de la Marina; además de comunicación con personal del C4, ya que conocían datos que solo manejaba dicho organismo.
- “Una información directa de GU sobre informaciones que se manejan en el C4, lo que muestra el nivel de relación con dicho mecanismo de información y que la información del C4 estaba disponible para el grupo”
Aunado a lo anterior, se detectó que, pese a que la PGR había negado que existió un trasiego de los autobuses, en las pláticas analizadas se hizo referencia a dicha situación; aunado a una “relación directa de GU con las policías municipales de Taxco, Colula e Iguala”.
En duda los mensajes de la COVAJ
Aunque la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (COVAJ), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), aceptó que se trató de un crimen de Estado, el GIEI puso en duda los mensajes que presentaron las autoridades mexicanas como parte de las pruebas que se presentaron.
- Indicaron que en el informe no quedó claro cómo fue el análisis que se dio, pues muchos de los textos salían con la fecha “hoy”, otros aparecen en línea y otros con fecha, por lo que no hay consistencia en los elementos para dar una conclusión al análisis.
- “En el caso del informe, si se hicieron análisis y verificaciones, deben incluirse como explicación del informe gubernamental, puesto que lo demás deja dudas del procedimiento que se utilizó.
- Sin embargo, quien debe realizar todos los exámenes periciales es el ente investigador que de GARANTIZAR INDEPENDENCIA, AUTONOMÍA Y PROFESIONALISMO EN EL ESTUDIO y si no acudir a perito independientes para realizar esa labor”, se pudo leer.
Finalmente, recalcaron que las autoridades no han cumplido con los solicitado, pues señalaron al Ejército y la Marina de no aportar elementos a la investigación, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha solicitado que éstos sean parte de loas pruebas a analizar.
La Sedena se niega a entregar información
La información obtenida por el GIEI permitió identificar no solo mensajes cifrados en poder de la Sedena, sino sobre la existencia de un Centro de Inteligencia Militar desde el que los soldados hacían seguimiento e interceptación telefónica e incluso empleaban el programa Pegasus.
- La principal queja del GIEI en este sentido tiene que ver con que la Sedena se ha negado hasta el momento a entregar la información referente a dicho Centro, mismo que además tiene información de la participación de los batallones 27, 41 y 50 de Infantería durante los hechos.
“La respuesta de Sedena a la solicitud reiterada del GIEI ha sido la negación de la existencia de estos mensajes del CRFI (Comando Regional de Inteligencia Zona Norte Iguala), alegando que no se encuentran o que no existen, aspecto que no responde a la verdad”, señala.
- Otro ejemplo de información no entregada al GIEI tiene que ver con que, desde el 5 de octubre de 2014, se montó una coordinación de altos mandos de todas las corporaciones de seguridad del país y de la extinta PGR, llamada war room, donde se “llevó a cabo investigaciones y acciones cuyo contenido concreto se desconoce”.
- Esas reuniones fueron dirigidas por Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, que en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue designado como el principal responsable de las investigaciones en torno a la desaparición de los 43 normalistas. Junto con Jesús Murillo Karam, a Zerón se le considera autor de la llamada “verdad histórica”.
Los resultados del trabajo de dicha coordinación, subraya el GIEI, nunca se incorporaron a la investigación de la PGR.
Señalamientos a la FGR
Por otro lado, los expertos también denunciaron a la Fiscalía General de la República (FGR) por “obstruir, intervenir e introducir” a personas ajenas a la investigación para intimidar a los integrantes de la Unidad Especializada del caso.
“El GIEI empezó a observar, a partir del mes de agosto de este año, que la UEILCA se había quedado sin policías, quizás el hecho más grave de intervención o intromisión en las funciones de la UEILCA, se observa cuando se cancela, se solicita la cancelación de las órdenes de aprehensión”
- Por lo cual, solicitaron como pago a los familiares de las víctimas que se atiendan los señalamientos denunciados, ya que en caso de continuar con esos señalamientos se podría lograr que el exprocurador de justicia Murillo Karam quede en libertad y no se logre una condena, en caso de que resulte culpable.
“Producto de esta judicialización débil del exprocurador Murillo Karam se corre el riesgo de que, posteriormente, no se logre una condena; no obstante, (debe) existir evidencia y prueba de la participación del señor Murillo Karam en la construcción de la mal llamada verdad histórica”, finalizó./PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro:
AYOTZINAPA-IV-GIEI-DOC-20220929-WA0022.
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