La Suprema Corte ha declarado como inconstitucional la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. La segunda sala del órgano ha votado en mayoría a favor de un proyecto que plantea que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica –aprobada por el legislativo en marzo del 2021– viola lo establecido en la constitución y el contenido de la reforma energética del sexenio priista.
- El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán termina de manera definitiva con la validez de cada uno de los artículos de la reforma en lo que se asoma como una victoria para la iniciativa privada.
La votación se ha llevado a cabo sin la participación de uno de los ministros. La Cámara de Diputados interpuso de último momento un recurso para que el ministro Javier Laynez se abstuviera de la votación de este miércoles. Laynez también era el titular de un proyecto que también tenía como fin declarar como inconstitucional la reforma, pero que sólo aplicaba a un par de compañías que habían presentado el amparo.
La Cámara de Diputados quería impedir de esta manera la votación del proyecto que también quería declarar como inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
- Pero el proyecto aprobado esta tarde, el de Pérez Dayán, es de carácter general y tiene validez para toda la industria. La decisión de la Corte ya no puede ser apelada y es imposible presentar cualquier otro recurso para modificarla.
- Si bien el proyecto no declara el fin de manera general, éste confirma la sentencia emitida por el juez Rodrigo de la Peza, que declaraba los preceptos como “inconstitucionales e inconvencionales”, explica la abogada Julia González, del despacho Gonzalez Calvillo.
La Corte ha dicho en un comunicado de prensa que la reforma «vulnera los principios de competencia, libre competencia y desarrollo sustentable».
“Los dos [proyectos] estaban listados para verse hoy, sin embargo el de Laynez no se vio y el de Pérez Dayán se votó. A mi entender este último es mucho más relevante porque contempla efectos generales para toda la industria. No obstante que la sentencia ampara a ciertas empresas en específico, tiene efectos para todos”, dice Bernardo Cortés, del despacho Cortés Quesada.
La reforma dictada desde el escritorio de la Secretaría de Energía tenía como finalidad marcar una serie de cambios para beneficiar a la estatal CFE y disminuir la participación de compañías privadas. Pero el proyecto señala que “el sistema normativo impugnado sí atenta contra el modelo de mercado eléctrico previsto en el diseño constitucional”.
- La reforma también incluía terminar con los permisos de autoabasto, evitar que la estatal CFE recurra a las subastas eléctricas en búsqueda de contratar más capacidad de generación, terminaba con los certificados de energías limpias, diseñados también en la reforma, y echa para atrás la intención de la Secretaría de Energía por cambiar el orden de despacho, que se refiere a cómo se eligen las plantas que surten de electricidad a la red.
Con la votación de este miércoles, la Corte ha subestimado algunos recursos impuestos por la Secretaría de Energía, la Fiscalía General de la República y la oficina de presidencia que pedían echar para atrás una serie de amparos otorgados por un juzgado de competencia.
Esta serie de amparos habían impedido que el gobierno federal, los reguladores y el operador del mercado pusieran en marcha lo estipulado en los cambios. Aunque, según algunos analistas y compañías privadas, las modificaciones ya se habían hecho efectivas a discrecionalidad.
- La Suprema Corte tomó como argumentos para echar hacia atrás la medida la vulneración al medio ambiente, violación del derecho a la salud y al régimen constitucional que garantiza la libre concurrencia. Algo que también ha sido señalado por los jueces en materia de competencia de manera previa.
- Con el fallo, la Suprema Corte sólo ha confirmado la sentencia previa dada a las empresas privadas, pero ahora han detenido la reforma de manera permanente.
La reforma, que no tuvo mayores problemas para ser aprobada por la Cámara de Diputados y de Senadores, también se había convertido en uno de los puntos álgidos de la disputa con Estados Unidos en materia energética. El fallo de la Corte podría relajar esas tensiones.
“Eso hará que todos los asuntos que están en colegiados se vayan resolviendo acatando la resolución que ya tomó la sala porque tiene un efecto general. Me parece que también tiene un impacto en temas de la relación con Estados Unidos y con otros países. En el sentido de que probablemente algunas de las empresas, a partir de estar ganando ya los amparos a partir de esta decisión de hoy, tendrán un efecto positivo”, dice David Enriquez, socio del despacho Goodrich Riquelme.
Con esto, se ha echado para atrás el esfuerzo más grande del gobierno de López Obrador para cambiar la dinámica del mercado eléctrico, una de sus grandes prioridades.
Reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica vulnera principios de libre concurrencia, competencia y desarrollo sustentable: #SegundaSalaSCJN https://t.co/Pe7Z9pr8rC pic.twitter.com/yGYrfEuyFb
— Suprema Corte (@SCJN) January 31, 2024
IMCO reaccionó a la acción de la SCJN
Minutos después del voto de los integrantes de la Segunda Sala, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y recordó que el Ejecutivo Federal, mediante la Secretaría de Energía (Sener), interpuso recursos legales para que no se presentara el proyecto del Javier Láynez, mismo que preveía invalidar la aplicación de la ley.
“Después de meses de retrasos, la discusión del proyecto del Ministro Laynez para invalidar la aplicación de las reformas a la LIE se retiró debido a recursos legales interpuestos por el Ejecutivo Federal. Sin embargo, el proyecto del Ministro Pérez Dayán sí se votó”, fue una parte del mensaje que publicó en sus redes sociales.
Y es que conviene recordar que la actual administración federal ha señalado un presunto conflicto de interés del ministro, debido a que se desempeñó como procurador Fiscal de la Federación y de haber estado a favor de la iniciativa que se presentó en el sexenio priista.
¿De qué trataba la Reforma eléctrica propuesta por AMLO?
La reforma eléctrica propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador buscaba modificar los artículos 25,27 y 28 de la Constitución.
- En el artículo 25 se proponía que el gobierno federal tuviera de manera exclusiva áreas estratégicas señaladas en el artículo 28 como son: correos, telégrafos, radiotelegrafías, minerales radioactivos, litio y demás minerales estratégicos, generación de energía nuclear, electricidad; la exploración y extracción del petróleo.
Con esta reforma la CFE generaría 54% y los privados 46% con lo que se pretendía disminuir el costo de la luz por debajo de la inflación.
¿Qué implicaciones tiene la resolución de la Suprema Corte?
De acuerdo con Gonzalo Monroy, experto en el sector energético, la CFE «está en un problema enorme». Explicó que un efecto de los amparos es que la paraestatal por ley tiene que contratar la nueva energía a través de subastas.
«Por ende, las nuevas centrales que están en construcción NO tienen asegurado su despacho. Hacerlo sería violatorio de los amparos. Los directivos de CFE están a milimetros de daño patrimonial de miles de millones de dólares».
Y es que, en 2021, la filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Energía dio a conocer los seis proyectos de generación que licitaría en esta administración y que deberán entrar en operaciones a más tardar en mayo de 2024. En total, son seis centrales de ciclo combinado a gas natural con una capacidad conjunta de casi 6% de la generación actual, que serán 4,322 megawatts instalados en Baja California, Baja California Sur, Veracruz y Yucatán, que conforme a los precios unitarios de este tipo de proyectos de la CFE tendrán un costo conjunto de alrededor de 35,000 millones de pesos.
¿Que necesita el sector eléctrico para ser más competitivo?
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México requiere políticas públicas que promuevan un sector energético más confiable, más limpio y con precios competitivos.
«La política energética que ha impulsado el Gobierno Federal desde 2018 va en sentido opuesto de la tendencia global de transición energética, en la que las energías con menores emisiones ocupan un papel cada vez mayor. Aún más, contraviene las inversiones que México tanto necesita para garantizar un suministro de energía confiable, limpio y asequible para ciudadanos y consumidores», dijo el IMCO.
Para el país es esencial contar con mercados energéticos regulados, empresas productivas del Estado exitosas y finanzas públicas sanas que detonen la competitividad de la economía. Las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico del país dependen de un sector energético con competencia e inversión pública y privada.
El IMCO propone:
- Reanudar e incrementar la frecuencia de las rondas de hidrocarburos.
- Promover la figura de los farm-outs entre Pemex y operadores privados.
- Rediseñar el funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo para financiar la transición energética.
- Desarrollar una estrategia para que las refinerías procesen productos de mayor valor agregado y para reconfigurar las instalaciones para petroquímica.
- Facilitar el otorgamiento de permisos de importación de combustibles.
En materia de gas, los investigadores del IMCO proponen que el país debe aprovechar las ventajas del gas natural como combustible de transición. Del mismo modo, se requiere promover la competencia en el mercado de gas licuado de petróleo (GLP) para incentivar un mejor servicio que sea asequible para los hogares mexicanos sin que represente una carga para las finanzas públicas./Agencias-PUNTOporPUNTO
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