La mayoría de los crímenes que se cometen en México no se denuncian; las personas tienen un bajo nivel de confianza en el sistema de justicia. Expertos y académicos estudian esta realidad para proponer posibles herramientas que ayuden desde la sociedad civil a bajar los altos índices de impunidad que existen en el país.
- Para poder conocer la cantidad de delitos que se cometen y no son denunciados ante las autoridades, diversos países comenzaron a realizar “encuestas de victimización” en la década de 1970. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía llevó a cabo la primera encuesta en 2011.
Al total de delitos cometidos no denunciados se le denomina la cifra negra, es decir, aquellos que han quedado invisibles y no se encuentran en los registros de los ministerios. Son datos de vital importancia para la creación de políticas públicas en temas de seguridad.
- La última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía durante 2022, revelaron que del total de los delitos cometidos en 2021, 93.2% no se denunciaron o no se abrió una carpeta de investigación por la autoridad, y solo el 1.1% llegó a una resolución.
- En México se han creado políticas y leyes para combatir delitos. Sin embargo, Irene Tello, directora al momento de la entrevista de Impunidad Cero, una organización civil que se dedica a estudiar la impunidad en México, explica.
- “Tenemos muy buenas leyes, pero estas no se aplican, y cuando hay un delito, la gente o no denuncia o cuando denuncia, las autoridades no dan seguimiento a las carpetas de investigación, y al final terminamos teniendo esta sensación de que cometer un delito en este país puede ocurrir y no hay ninguna consecuencia”.
Es un círculo que no se rompe, entre los delitos que no se castigan y los millones que no se denuncian, creándose así el alto grado de impunidad que se vive en el país, dice Tello.
A Lorena Castellanos la asaltaron en las calles aledañas al mercado de abastos en la ciudad de Oaxaca de Juárez; le robaron su dinero y un celular que no ha logrado volver a comprar, pero no denunció. “¿Para qué denuncio? Si nada va a cambiar, nadie me va a regresar mi dinero o mi celular, así como tampoco buscarán a quien me robó. Solo perdería mi tiempo”, dice.
- Tello explica que la poca credibilidad de la población hacia las instancias de justicia se enfrenta a una cuestión estratégica y de voluntad por parte de las autoridades. “Las señales que envía o no el Estado desde su sistema penal son muy importantes.
- Si tú investigas muy bien un caso y lo resuelves, mandas una señal muy clara de que eso no está permitido y generas confianza en las personas para que se acerquen a denunciar”.
- “Este grado de insatisfacción y amargura, de ver que no importa qué hagas se siente como si a la autoridad no le importas … por supuesto que es desalentador”, explica Ana Fátima López, abogada que ofrece asesoría gratuita a mujeres que han sufrido violencia.
López explica que su relación con el sistema de justicia es tormentosa. “La promuevo mucho, pero con dolor, sabiendo que quizás pasen hasta ocho horas sin que las atiendan en los centros de justicia, pero, si una sale con una orden de protección de las seis mujeres a las que sugerí acudir, sé que ella cuenta con una herramienta que le puede servir a futuro”.
Ita Bico Cruz, defensora especializada en equidad de género y atención a mujeres que se han visto en situaciones de violencia en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, un organismo público autónomo, dice que se ha normalizado el que se dude de la información que las personas proporcionan o se les desaliente a denunciar cuando acuden a los Ministerios Públicos.
“Pareciera que no quisieran que las personas denuncien por los malos tratos que reciben. Cuando a la persona que denuncia se le trata mal o se duda de su información, se le está revictimizando”, dice. Es decir, se le está haciendo revivir una situación traumática en lugar de recibir un acompañamiento sólido y amable que podría facilitar en sí el proceso de investigación, añade.
Incluso para las personas que llegan a denunciar, la información sobre los avances de las investigaciones y procesos de sus casos no se encuentran a su alcance, indica Serrano.
- “Te dan un número de carpeta de investigación, pero no hay mecanismos para darle seguimiento, para saber cuál es el estatus de la investigación, si hay detenidos, si no hay detenidos. Es complicado para las personas poder acceder a toda esta información”.
- “La procuración de justicia es el cuello de botella del combate a la impunidad”, explica Impunidad Cero en su informe de 2021 sobre el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías, un análisis que la organización realiza anualmente desde 2017.
El sistema de justicia está compuesto por dos grandes pilares: procuración (procuradurías o fiscalías) e impartición (jueces y magistrados), aunque también existen otros elementos como mediación y medios alternativos de solución de controversias y otras situaciones.
Los factores que afectan el desempeño de la procuración, según el informe de Impunidad Cero, van desde el número reducido del personal en los Ministerios Públicos por 100,000 habitantes, hasta la forma en que se elige cada fiscal por estado (la fiscalía es la institución que dirige y organiza a los Ministerios Públicos al nivel estatal).
En su mayoría, los fiscales son nombrados por los gobernadores y congresos locales, “abriendo la posibilidad de que el poder ejecutivo pueda intervenir directamente en las decisiones de las fiscalías, las cuales deberían ser organismos autónomos, para evitar cualquier tipo de corrupción e impunidad”, explica Tello.
La impunidad es el principal problema de México: EU
El Departamento de Estado en Estados Unidos reveló un informe este lunes en el que advierte que el problema más grande y palpable en México es la «impunidad y los índices extremadamente bajos de procesamiento». Esto a pesar de los múltiples pero «limitados» esfuerzos del gobierno contra el tráfico de personas.
- De acuerdo con el informe de Derechos Humanos 2022, una de los principales factores que permiten que la impunidad siga manifestándose en el país es la complicidad de los agentes del gobierno y bandas delictivas internacionales, «y los índices de procesamiento y condena por estos abusos eran bajos».
- Algunos de los delitos que surgen a raíz de estas bandas criminales y narcotraficantes son tales como actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas de altos niveles de violencia.
- El gobierno de Joe Biden aseguró que los esfuerzos de México han sido «limitados». El informe reconoció que el gobierno de México abrió carpetas de investigación e inició juicios para buscar justicia para las víctimas y victimarios de estos delitos; no obstante, afirmaron que la mayoría de estos intentos no dieron ningún resultado.
Asimismo, informó de ataques contra migrantes y solicitantes de asilo por parte del crimen organizado, policía y agentes migratorios en las zonas fronterizas y en los aeropuertos.
- El gobierno de Joe Biden destacó que México ha llevado a cabo esfuerzos para «combatir las organizaciones que trafican con personas, pero han dado resultados limitados».
También preocupa a Estados Unidos la violencia contra periodistas y activistas de derechos humanos y, en este apartado, señala directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, por «desacreditar públicamente» a esos periodistas y activistas y «presentarlos como parciales, partidistas y corruptos».
En la impunidad, nueve de cada 10 homicidios dolosos
En México, la impunidad en los casos de homicidios dolosos y feminicidios resulta alarmante, pues de cada 100 asesinatos que se registran en el país, en promedio, sólo siete se esclarecen, señaló un estudio de la organización Impunidad Cero.
“El aumento en la incidencia y complejidad de los homicidios intencionales, aunado a las bajas capacidades para investigar estos delitos de suma gravedad e impacto social, se traducen en impunidad”, plasma el informe “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022”.
Feminicidios continúan al alza
- Según el estudio, luego de calcular el índice de impunidad en ambos delitos de estudio, tras solicitar vía ley de transparencia a los poderes Judiciales locales el número de sentencias, excluyendo a Jalisco y Guanajuato para ambos delitos, y Veracruz para el delito de feminicidio.
Con base en las solicitudes de información enviadas durante 2021 se registraron en el país 2,372 sentencias condenatorias de homicidio doloso y 454 sentencias condenatorias de feminicidio.
- Mientras que se observó que del 2020 al 2021 las sentencias condenatorias para homicidio doloso aumentaron 54%, alcanzando niveles prepandemia, mientras que las sentencias por feminicidio aumentaron 65%, superando los niveles anteriores a la pandemia.
- Del 2016 a 2021, detalló el reporte, la impunidad acumulada para los homicidios dolosos fue de 93% a nivel nacional y en feminicidios de 56.6 por ciento.
- Cabe mencionar que la Suprema Corte resolvió que toda muerte violenta de una mujer debe de ser investigada como feminicidio, no obstante, solo 27% de las muertes violentas de mujeres fueron investigadas como bajo dicho protocolo en 2021.
Los estados con mayores tasas de víctimas de feminicidio por cada 100,000 mujeres durante el 2021 fueron Quintana Roo (2.9), Sonora (2.8), Sinaloa (2.6), Chihuahua (2.4), Morelos (2.3) y Nuevo León (2.3).
Comparación con América Latina
El informe resaltó que México es uno de los países con mayores tasas de homicidios intencionales en América Latina, ya que en 2020 el país ocupó el tercer lugar con la mayor tasa de homicidios intencionales.
- A partir del 2018, agregó el reporte, la tasa superó la de otros países, que solían estar por arriba de México en la materia, como Brasil, Colombia y Guatemala.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo, en 2021 el país registró una tasa de 27 víctimas de homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes, lo que equivale a 94 asesinatos diarios.
Mientras que la distribución geográfica se ha modificado en los últimos años, dependiendo de las dinámicas de crimen organizado de cada estado, las políticas públicas de seguridad implementadas a nivel estatal y federal, así como las realidades económicas y sociales de cada región.
- Estados con alzas: Los estados con mayores cambios porcentuales de 2015 a 2021 fueron Zacatecas (445.3%), Oaxaca (260.3%), Guanajuato (242.4%), Baja California (204.4%) y Sonora (199.1%).
Estos estados, a excepción de Baja California, no figuraban como los más violentos del país hace seis años.
- En tanto, entre 2015 y 2021 se observan cambios en la modalidad de ocurrencia del hecho delictivo que apuntan a la prevalencia de armas de fuego, tanto en eventos contra mujeres como contra hombres./Agencias-PUNTOporPUNTO
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