Los cambios en la política energética de México «han frenado la inversión privada en el sector, particularmente en energías renovables», y empresas públicas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han aumentado la dependencia del apoyo recurrente del Gobierno, señaló Moody’s Investors Service en un reporte.
- Las preocupaciones por la violencia y la inseguridad también limitan el crecimiento económico y la inversión en México, destacó en el informe «América Latina: el descontento social y político en curso amplifica los riesgos crediticios en toda la región», publicado este lunes.
La agencia de calificación alertó que la inflación, el alto costo de vida y la falta de acceso a servicios sociales, así como las crecientes tensiones políticas en Latinoamérica, socavan la gobernabilidad y agravan el riesgo crediticio.
- En México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú, los riesgos sociopolíticos se han vuelto cada vez más «prominentes» y alimentan el «descontento social» y las «tensiones políticas», repercutiendo en las inversiones y en la confianza de los inversionistas, indicó la calificadora.
La pandemia de Covid-19, sumado a la alta inflación y al menor crecimiento en América Latina, hizo que los gobiernos tengan menos recursos para enfrentar los problemas sociales que se han vuelto más graves, dijo a AFP, Ariane Ortíz-Bollin, analista de Moody’s y coautora del informe.
«La novedad de este reporte es que estamos buscando ligar los riesgos políticos con las puntuaciones que utilizamos para leer los riesgos sociales en la balanza que publica Moody’s, para que los inversionistas sepan qué hay detrás de esas puntuaciones», explicó.
- El informe señala cuatro «canales de transmisión»: los riesgos de gobernabilidad, los cambios de política económica, el desempeño económico y la volatilidad financiera. Éstos han evolucionado hasta convertirse en factores más importantes de riesgos crediticios, subrayó Ortíz-Bollín.
- Aunque el acceso limitado a los servicios básicos y la desigual cobertura de la educación, la sanidad y las oportunidades laborales son problemas comunes a muchos mercados emergentes, América Latina destaca por la desigualdad de ingresos, que puede «complicar el diseño y la implementación de políticas públicas».
La corrupción y la debilidad de las instituciones también pueden asociarse a mayores riesgos sociales, advirtieron los autores.
- Moody’s, que no puede hacer recomendaciones pero sí resaltar los riesgos para los inversionistas, mencionó de Brasil que los cambios de políticas podrían derivar en la intervención del Gobierno en las empresas estatales y los bancos gubernamentales.
En Chile, los riesgos sociales son moderadamente negativos: «A medida que el Gobierno busca abordar las demandas sociales de una mejor calidad y cobertura de servicios, los sectores más expuestos a los cambios de políticas incluyen bancos, empresas mineras y proyectos de energía».
En Colombia, la ambiciosa agenda de reformas del Gobierno del izquierdista Gustavo Petro intensifica el riesgo de cambios de políticas, lo que afecta la confianza de los inversionistas.
En Perú, un resurgimiento de las protestas sociales crearía riesgos de gobernabilidad, lo que representaría una amenaza para emisores soberanos, bancarios, turísticos y minoristas.
Riesgos sociopolíticos en AL afectan la confianza
La inflación, el alto costo de vida y la falta de acceso a servicios sociales, así como las crecientes tensiones políticas en América Latina socavan la gobernabilidad y agravan el riesgo crediticio, alertó la agencia de calificación Moody’s en un informe.
- Desde Argentina, pasando por Chile, Brasil, Colombia, Perú o México, los riesgos sociopolíticos se han vuelto cada vez más “prominentes” y retroalimentan el “descontento social” y las “tensiones políticas” lo que repercute en las inversiones y en la confianza de los inversionistas, dijo la agencia de calificación que estudia a los países más grandes de la región.
La pandemia de Covid-19, sumado a la alta inflación y al menor crecimiento en América Latina hicieron que los “gobiernos tengan menos recursos para enfrentar los problemas sociales que se han vuelto más graves”, mencionó a la AFP, Ariane Ortíz-Bollin, vicepresidenta de la agencia y coautora del informe.
“La novedad de este reporte es que buscamos ligar los riesgos políticos con las puntuaciones que utilizamos para leer los riesgos sociales en la balanza” que publica Moody’s para que los “inversionistas sepan qué hay detrás de esas puntuaciones”, explica.
El informe señala cuatro canales de transmisión: los riesgos de gobernabilidad, los cambios de política económica, el desempeño económico y la volatilidad financiera, que han “evolucionado hasta convertirse en factores de riesgos crediticios”, asegura Ortíz-Bollín.
Argentina: cambios Políticos y Economía
Para Argentina, la clasificación crediticia que le asigna Moody’s es de Ca con perspectiva estable. La razón detrás de esto responde principalmente a tres factores: la incertidumbre macroeconómica, la volatilidad financiera y los constantes cambios de política, que, a juicio de la consultora norteamericana, obstaculizan el entorno operativo del país.
- “Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos con un puntaje de gobernanza de riesgo muy negativo (G-5) para el soberano”, se lee en el documento que, además del lado doméstico, pone sobre la mesa el difícil entorno macroeconómico externo que agrava estos desafíos.
- “Todo esto lleva a una inflación muy alta y bajos niveles de reservas, lo que aumenta el riesgo de devaluaciones que pueden aumentar aún más la inflación”, dijo.
- Las elecciones presidenciales de octubre se sumarán a la incertidumbre política en 2023. En aspectos puntuales, Moody’s ve con preocupación la situación impositiva para las empresas, las distintas barreras arancelarias y cambiarias, sumado a las grandes tenencias de deudas del Banco Central y de las instituciones comerciales.
Aun así, dijo, “a pesar del estrés de la inflación y la regulación de las tasas de interés, los bancos tienen fundamentos relativamente sólidos”. Y señaló que “es el capital humano de Argentina el que impulsa en gran medida su competitividad económica”.
Chile: desafíos regulatorios y políticos
Para Chile, la mano viene por los desafíos regulatorios pendientes y los cambios políticos derivados del malestar social que tiene sus raíces en la demanda de mayor igualdad y mejores condiciones. En este contexto, la clasificación que le asigna Moody’s al país austral es de A2 con perspectiva estable.
- Para la clasificadora, los riesgos sociales son moderadamente negativos. Las ramificaciones políticas derivadas del malestar social han cambiado el debate nacional y la agenda política de Chile, todo esto a medida que el gobierno busca abordar las demandas sociales de una mejor calidad y cobertura de servicios.
Y es que, “a pesar de que los puntajes de riesgo de gobernabilidad más fuertes reflejan instituciones sólidas, los de exposición social para educación, salud y seguridad, trabajo e ingresos y acceso a servicios básicos son moderadamente negativos (5-3)”.
Respecto del nuevo proceso de reforma constitucional, Moody’s ve probable que tenga un enfoque más limitado. Aun así, si esto y la reciente propuesta de reforma tributaria del gobierno conducen a mayores impuestos y regalías, prevé que se reduciría la rentabilidad y el retorno de la inversión en ciertos sectores, incluida la minería, a lo que se sumaría un ánimo inversionista que se mantendrá moderado hasta no recibir señales claras.
Los sectores más expuestos a los cambios de políticas incluyen también a bancos y proyectos de energía.
Brasil: intervención del gobierno, el mayor riesgo
A juicio de Moody’s, los cambios de políticas en Brasil podrían derivar en la intervención del gobierno en las empresas estatales y los bancos gubernamentales.
- Además, las recientes modificaciones en la administración y el directorio de Petrobras, por ejemplo, indican, según la clasificadora, una posible intervención en la estrategia comercial, el programa de venta de activos y las políticas de fijación de precios.
- “Signos de deterioro en la gobernabilidad de Petrobras (Ba1 estable) o una mayor vulnerabilidad a la intervención del gobierno dañaría su calidad crediticia”, dijo sobre este mercado al cual asignó una Ba2 con perspectivas estables.
Respecto del sector bancario se advierten una serie de efectos como consecuencia de lo anterior. Para la norteamericana, los bancos propiedad del gobierno corren el riesgo de cambios en la política que aumenten la penetración del crédito, mientras que los privados tienen liquidez limitada y estándares crediticios más estrictos lo que termina golpeando a los estatales.
“Los riesgos sociales y políticos también pueden influir en el desempeño económico y la volatilidad financiera. Las confrontaciones políticas o propuestas de políticas percibidas como una interferencia con los asuntos económicos puede aumentar efectivamente las primas de riesgo”, dijo en referencia a las críticas del Presidente Lula da Silva de marzo pasado sobre las tasas de política monetaria.
Colombia: Reformas y cambios políticos
Para Moody’s, la ambiciosa agenda de reformas del gobierno de Colombia (Baa2, perspectiva estable) intensifica el riesgo de cambios de políticas, lo que a su vez afecta la confianza de los inversionistas y por ende sus decisiones.
- Según el análisis, si bien las propuestas de reformas abarcan a las empresas públicas y privadas, los bancos, las carreteras de peaje, las eléctricas, entre otros “los entornos institucionales sólidos actuarán como frenos y contrapesos, lo que limitará el riesgo de cambios radicales”.
- Esto último considerando que el gobierno de Petro no cuenta con una mayoría en la cámara legislativa y en abril de 2023 su coalición gobernante se desmoronó luego de no poder acordar la reforma de salud, comprometiéndose así, las posibilidades de aprobación de las demás reformas.
Perú y México
Para Perú, el peor y más latente de los riesgos, es caer en una crisis de gobernabilidad como consecuencia de un resurgimiento de las protestas sociales iniciadas a finales del año pasado.
- Lo anterior, dijo Moody’s, representaría una amenaza para los emisores soberanos, bancarios, turísticos y minoristas, además de significar la exposición de activos de infraestructura crítica y nuevos desarrollos del país, ante eventuales interrupciones como las surgidas en el pasado.
En lo relacionado a la economía mexicana, la firma alerta que, tanto los cambios en la política energética de ese país como las preocupaciones por la violencia y la seguridad, han terminado por frenar la inversión, particularmente la proveniente de energías renovables.
Lo anterior ha complejizado el panorama considerando el efecto limitante que tiene en el crecimiento económico, explicó la firma junto con asignar una Baa2 con perspectiva estable, para la nación norteamericana.
Un elemento que se menciona más adelante es la dependencia de las empresas públicas Pemex y CFE, la que se ha puesto en evidencia con los reiterados apoyos gubernamentales.
Política energética de México ha desanimado a inversores de EU
Inversionistas privados se han desanimado por políticas energéticas implementadas en México, indicó un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.
- «Los actores extranjeros se desanimaron cuando el gobierno de México adjudicó a Pemex la explotación de un importante descubrimiento de petróleo en aguas poco profundas realizado por un consorcio dirigido por una empresa estadounidense (Talos Energy)”, dice el Departamento de Estado en su reporte 2022 Investment Climate Statements: Mexico.
El consorcio privado había invertido más de 200 millones de dólares en la realización del descubrimiento y busca una compensación a través de un arbitraje internacional.
Por otro lado, los cambios legales y reglamentarios adoptados por el gobierno mexicano intentan modificar las normas que rigen el orden de despacho de la electricidad para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Decenas de empresas privadas y organizaciones no gubernamentales han solicitado con éxito amparos contra las medidas, que argumentan que discriminan a los participantes privados en el sector eléctrico”, añade el informe.
- También la CFE obligó a varias empresas extranjeras y nacionales a renegociar los contratos de suministro de gas celebrados anteriormente, lo que suscitó “una gran preocupación” entre los inversores sobre la inviolabilidad de los contratos.
- Las reformas de la última década en los sectores de la energía, la generación de electricidad, las telecomunicaciones y la venta de combustible al por menor han liberalizado el acceso de los inversores extranjeros.
Aunque las reformas no han llevado a la privatización de empresas estatales como Pemex o la CFE, han permitido la participación de empresas privadas. Aun así, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado importantes cambios normativos y políticos que favorecen a Pemex y a la CFE frente a los participantes privados.
Los cambios han llevado a las empresas privadas a presentar demandas en los tribunales mexicanos y a buscar compensación a través del arbitraje internacional.
- El informe describe que los recientes esfuerzos para revertir las reformas energéticas de 2013, incluyendo los cambios de marzo de 2021 a la ley de electricidad (que la corte suprema determinó que no viola la constitución el 7 de abril, pero que aún está sujeta a amparos en tribunales inferiores), los cambios de mayo de 2021 a la ley de hidrocarburos (que también fueron amparados por los tribunales mexicanos), y la propuesta de enmienda constitucional de septiembre de 2021 que prioriza la generación de la empresa eléctrica estatal CFE, “aumentan aún más la incertidumbre”.
Enseguida el Departamento de Estado afirma que “estos factores elevan el coste de hacer negocios en México”.
En su cuarto informe anual, el gobierno de México destacó que se ha recuperado la rectoría del Estado en la planeación y el desarrollo nacional con el objetivo de lograr “la autosuficiencia y soberanía energética”, fortaleciendo a dos empresas propiedad del Estado, Pemex y CFE.
- Entre 2015 y 2018, México subastó más de 100 bloques terrestres, someros y en aguas profundas, con un importante interés por parte de empresas petroleras internacionales. Desde entonces, la administración ha pospuesto más subastas, pero se comprometió a respetar los contratos existentes adjudicados bajo la administración anterior.
El 20 de julio pasado, Estados Unidos anunció el inicio del proceso para levantar un panel de solución de controversias contra México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por ciertas políticas energéticas, entre las cuales están presuntas preferencias ilegales a favor de Pemex y la CFE./Agencias-PUNTOporPUNTO
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