HUACHICOL crece en MÉXICO, sólo Cuatro de 32 ENTIDADES tienen Récord en DECOMISOS

Autoridades federales detectaron huachicol fiscal procedente de Estados Unidos en al menos cuatro puertos del país: Guaymas, Ensenada, Altamira y Tampico, donde grupos criminales coludidos con algunos agentes navieros

El huachicol fiscal creció y la Marina alcanzó una cifra récord en el decomiso de combustibles ilícito en Tampico, Tamaulipas; Ensenada y Cabo San Lucas, en Baja California; Acapulco, Guerrero, y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

  • En tan sólo seis meses de la presente administración federal, la Marina aseguró 17 millones 958 mil 920 litros de combustible.
  • Mientras que en el primer semestre del sexenio anterior se incautaron 9 mil 610 litros de huachicol provenientes de embarcaciones.

Especialistas explican que la diferencia entre ambas administraciones radica en que entre 2008 y 2019 los esfuerzos se enfocaron en reducir al máximo las tomas clandestinas, no en el aseguramiento de combustible o hidrocarburos. Señalan que en el gobierno federal pasado se abrió una oportunidad de negocio criminal a través del contrabando de gasolina y diésel.

Cuatro puertos los puntos estratégicos 

Autoridades federales detectaron huachicol fiscal procedente de Estados Unidos en al menos cuatro puertos del país:

  • Guaymas, Ensenada, Altamira y Tampico, donde grupos criminales coludidos con algunos agentes navieros, diversos trabajadores aduanales y diferentes empresas burlan los sistemas de supervisión de las aduanas para el ingreso ilegal de combustible y otros productos químicos, sin pagar impuestos.
  • La incautación de 10 millones de litros de hidrocarburos realizada en marzo en Tampico, Tamaulipas, permitió a la Secretaría de Marina (Semar) identificar el modus operandi a través del cual servidores públicos y empresas, en conjunto con la delincuencia organizada, manipulan diversos sistemas, como las válvulas de los buques tanque, y evaden las pruebas a los químicos que arriban a puertos mexicanos.
  • Ante esta situación, la dependencia al mando del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles realiza una revisión exhaustiva de sus procedimientos operativos en los puertos del país y además alista un reforzamiento de sus operaciones de inteligencia naval, para desarticular cualquier red delincuencial que atente contra la seguridad energética y la Hacienda pública.

En respuesta a una solicitud de información realizado por el medio El Universal sobre el caso del buque Torn Agnes, propiedad de la empresa china Tianjin Yuanhang, que presuntamente descargó sin permiso más de 2 millones de litros de combustible en el puerto de Guaymas, Sonora, la Semar advirtió que no “tolera ni tolerará actos de corrupción ni complicidad con redes delictivas”, y aseguró que empleará toda su capacidad institucional para combatir esta problemática.

“La Semar, como institución del Estado mexicano, reafirma su compromiso irrestricto con la legalidad, la transparencia y la seguridad nacional”, agregó.

  • Las últimas investigaciones refieren que los casos de Guaymas, Ensenada (Baja California) y Altamira (Tamaulipas) registran al menos el mismo modus operandi: la llegada de buques cisterna con millones de litros de combustible, procedentes de Estados Unidos, que descargan sin los permisos aduanales y sin pagar impuestos.
  • Según las pesquisas, los navíos llegan a las terminales mencionadas con documentación que acredita el transporte de fluidos para lubricantes, cuando en realidad llevan combustible, mismo que logran descargar en sitios no autorizados a través de pipas que días antes son concentradas en puntos cercanos al puerto.

En el caso del buque Torn Agnes, se dio a conocer que el 14 de marzo llegó a Guaymas, Sonora, procedente de Texas City, Texas, y se quedó en el área de fondeo por no tener permiso para descargar el combustible que transportaba.

Una semana después, según las investigaciones, el navío atracó en el puerto y sus tripulantes descargaron más de 2 millones de litros de diesel en un muelle no habilitado para ello, operación que suspendieron al obtener información sobre el operativo que la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) implementaron en Tampico, Tamaulipas, para asegurar al tanquero Challenge Procyon, que llevaba 10 millones de litros de diesel.

  • De acuerdo con la indagatoria realizada, antes de su llegada a Guaymas, el Torn Agnes descargó 8 millones de litros de diesel en el puerto de Ensenada, donde fuerzas federales incautaron, el 28 de marzo pasado, la misma cantidad de combustible en un predio utilizado para el almacenamiento y manejo ilegal de combustible.
  • La Marina, Ejército, Guardia Nacional, SSPC y la Fiscalía General de la República informaron que luego de recibir denuncias ciudadanas sobre el lugar, ubicado en el kilómetro 100 de la autopista Rosarito-Ensenada, en la colonia El Sauzal, sus elementos se trasladaron ahí para ejecutar una orden de cateo otorgada por un juez de Control.

Al cumplimentar la diligencia en el lugar referido, los efectivos hallaron 100 cajas tipo contenedor con hidrocarburo de 72 mil 800 litros de capacidad cada una, 46 remolques tipo cisterna, cada uno con 31 mil litros de hidrocarburo, 19 tractocamiones de diferentes modelos, 12 motobombas de diferentes capacidades, dos remolques tipo oficina y una cisterna con 4 mil litros de urea con un estimado de 7 millones 944 mil litros de hidrocarburo.

  • En el caso del buque cisterna Challenge Procyon, se reportó que provenía del puerto de Beaumont, Texas, y que traía documentos que indicaban que transportaba aditivos para la fabricación de lubricantes, cuando en realidad llevaba 10 millones de litros de combustible de contrabando.

Así operaba la red de huachicol fiscal vinculada al CJNG

Entre el 28 y 31 de marzo de 2025, autoridades federales mexicanas realizaron dos operativos en los puertos de Ensenada (Baja California) y Altamira (Tamaulipas), en los que fueron asegurados más de 18 millones de litros de diésel y otros hidrocarburos introducidos de manera irregular al país.

  • Las acciones, encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), revelaron el funcionamiento de una red de huachicol fiscal presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba mediante empresas fachada, documentación aduanal manipulada y rutas marítimas internacionales.

El caso es considerado por las autoridades como el decomiso más grande de combustible ilegal en México, tanto por su volumen como por el nivel de sofisticación logística y financiera de la estructura criminal.

Importaciones disfrazadas

A diferencia del robo tradicional de combustible —que ocurre en tomas clandestinas sobre ductos de Pemex—, el huachicol fiscal consiste en la introducción de hidrocarburos al país sin el pago de impuestos, utilizando declaraciones falsas en el sistema aduanal para simular el tipo de producto transportado.

  • Según informaron las autoridades, el primer operativo tuvo lugar el 28 de marzo de 2025 en un predio ubicado en el kilómetro 100 de la autopista Rosarito-Ensenada, colonia El Sauzal, municipio de Ensenada.
  • En ese lugar, las fuerzas federales aseguraron 7.9 millones de litros de hidrocarburo, además de 100 contenedores tipo caja, 46 remolques cisterna, 19 tractocamiones y 12 motobombas.

La propiedad está registrada a nombre del exsenador Gerardo Novelo Osuna, quien declaró haberla arrendado a Luis Francisco Rodríguez Orozco, alias “Gussy”. La SSPC confirmó que se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

El segundo operativo ocurrió el 31 de marzo, cuando fue asegurado en Altamira el buque Challenge Procyon, con bandera de Singapur.

  • De acuerdo con documentos consultados por Milenio y revelados por la FGR, el barco arribó a la Terminal de Usos Múltiples II F-7 del puerto de Tampico a las 08:58 horas del 19 de marzo.
  • Había declarado transportar 17 mil 459 toneladas de aditivos para aceites lubricantes. Sin embargo, las inspecciones revelaron que en realidad transportaba 10 millones de litros de diésel, sin la documentación fiscal correspondiente.

Durante la conferencia matutina de este martes 8 de abril, el fiscal Alejandro Gertz Manero confirmó que el ingreso del diésel se realizó con documentación falsa y que ya se habían iniciado procedimientos legales contra agencias aduanales y funcionarios que autorizaron el desembarco.

“La documentación estaba manipulada, venía por cantidades que no eran, con un tipo de combustible que no era, y con esa información falsa se autorizó el ingreso del barco”, afirmó el titular de la FGR.

Empresas fachada y vínculos con el CJNG

En ambos decomisos se identificó la participación de la empresa Mefra Fletes, con operaciones en Nuevo León y Jalisco, según reportes publicados por Reforma el 6 de abril. Parte de la flota de pipas halladas en Ensenada pertenecía a esta compañía, mientras que los predios utilizados para almacenar el combustible en Altamira también eran administrados por la misma firma.

  • Las autoridades federales también vinculan a Mefra Fletes con Impulsora de Productos Sustentables (IPS), una empresa registrada en Guadalajara en 2013 para la compra, venta y distribución de hidrocarburos.
  • Ambas compañías formarían parte de un entramado de al menos 15 empresas factureras y fantasma, algunas de las cuales, de acuerdo con el medio antes citado, estarían directamente relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La periodista Michelle Rivera publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una copia de un oficio oficial de la Aduana de Guaymas que autorizó el despacho sin presentación física de mercancía a bordo del buque Torm Agnes, que atracó con casi 10 millones de kilos de “aditivos para aceites lubricantes a granel”.

La operación fue solicitada por el agente aduanal Marco Aurelio Ochoa López en representación de Intanza S.A. de C.V. y aprobada por el subdirector de la Aduana de Guaymas, Juan Carlos Soto Pichardo, bajo el pedimento A4 número 25 12 1847 5000001.

A raíz de los decomisos, Pemex estimó una recuperación financiera de hasta 452 millones de pesos, al integrar el combustible incautado a su sistema de distribución.

El modelo de negocio del CJNG

Según un informe de 2021 de Insight Crime, el CJNG había comenzado a operar redes de huachicol en ductos desde mediados de la década pasada. La organización expandió su presencia en zonas clave como Veracruz, Puebla y Jalisco, y protegía a pequeños grupos de huachicoleros locales.

Sin embargo, con el tiempo diversificó su operación hacia el control de estaciones de servicio, extorsión a distribuidores legales y lavado de dinero mediante importaciones simuladas, como se observa en los casos recientes.

  • En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 26 empresas y 9 personas mexicanas ligadas al CJNG por operar este tipo de redes.
  • Entre ellos figuraban Iván Cazarín Molina (“El Tanque”) y Alonso Guerrero Covarrubias (“El Ocho”), quienes presuntamente manejaban operaciones de tráfico de hidrocarburos desde Veracruz hacia Texas y Centroamérica.

Según la OFAC, el huachicol fiscal es actualmente la actividad más rentable del CJNG fuera del narcotráfico.

Semar pide 20 aeronaves para vigilar Pemex

El gobierno federal alista la compra de aeronaves para vigilar la infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras zonas estratégicas ante el incremento de la actividad del crimen organizado, de acuerdo con un documento al que accedió EL UNIVERSAL.

Una ficha técnica de la Secretaría de Marina (Semar) justifica el costo-beneficio de la compra de 20 aeronaves, operación que requeriría de 6 mil millones de pesos.

  • “La inseguridad es el mayor problema que aqueja a la ciudadanía y preocupa al gobierno actual. El incremento de la delincuencia organizada cada vez más violenta ha creado un ambiente de incertidumbre y desconfianza entre la población, y ha dado lugar a un proceso de descomposición de las instituciones públicas y de la convivencia social”, destaca.

“Ante este índice de inseguridad que se vive en el país (…) es indispensable contar con una fuerza armada que les haga frente a las amenazas externa e internas, mediante el fortalecimiento de su capacidad de respuesta logística y operativa, para contribuir dentro del marco de la legalidad a garantizar la preservación de la seguridad nacional con mayor cobertura en el territorio nacional y zonas marítimas”, señala.

  • Además, indica que las áreas que requieren la presencia permanente de las Fuerzas Armadas para mantener el Estado de derecho son la zona marítima petrolera de la Sonda de Campeche, los hoyos de dona (áreas petroleras transfronterizas en el golfo de México), el Istmo de Tehuantepec, el golfo de California, el archipiélago de Revillagigedo y el Caribe mexicano, así como las fronteras marítimas norte y sur.

“Las instalaciones estratégicas consideradas dentro de las áreas anteriormente citadas, son aquellas indispensables para la operación general del país, centros de decisión político-económica y forman parte de la estructura básica de comunicaciones, transporte o energía y, en consecuencia, son centros de gravedad de la estabilidad nacional”, apunta el documento.

  • Para Óscar Ocampo, coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la adquisición es relevante ante la amenaza que implica la delincuencia organizada y la sofisticación que ha alcanzado, en el sentido de cuidar la infraestructura, combatir el robo de combustibles y proteger instalaciones cruciales para la seguridad energética del país.
  • De acuerdo con el documento de la Semar, se trata de aeronaves adecuadas para servicios de ambulancia, búsqueda y rescate, vigilancia y transporte logístico. El programa, en espera de aprobación y asignación de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), considera la adquisición de 20 aeronaves (10 aviones y 10 helicópteros), así como seis equipos de misión.

Javier Oliva, coordinador del Seminario en Estudio de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM, expone que la actividad delincuencial ha crecido en el país al grado de que algunas poblaciones se han conformado como bases sociales del crimen y también se involucran en su expansión por omisión, complicidad y cometiendo delitos.

“Así pasa con los asaltos a trenes de carga, donde poblaciones enteras roban. Lo que se debe hacer es sólo aplicar la ley, pero no se hace. Hay que abrir carpetas de investigación, no se requiere inventar nada, sólo no se ha querido”, subraya.

“Vivimos una transformación del Estado, sí, donde los mexicanos y su sociedad convive cada vez más con prácticas ilegales y se ha expandido con los cárteles, ampliando sus actividades en el país”, detalla. /Agencias-PUNTOporPUNTO

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