- Autoridades mexicanas han trasladado a albergues a más de 4,000 personas que se escondían en sus casas tras varios días de violencia en un poblado del estado de Chiapas, región que se ha visto golpeada por la violencia ligada al crimen organizado.
- La Fiscalía de Chiapas reportó el sábado en un comunicado que realizó el rescate de 4,187 personas en el municipio de Tila, quienes se encontraban escondidas en sus domicilios tras los actos de violencia suscitados en el lugar, por lo que las trasladaron a diversos albergues del estado.
- La dependencia dijo que inspeccionó 17 inmuebles que fueron incendiados, entre ellos, casas habitación y negocios, en donde encontró dos personas fallecidas, una de ellas menores de edad.
Así mismo, fueron inspeccionados 21 vehículos de diferentes marcas y modelos, mismos que fueron incendiados y vandalizados», dijo.
Este domingo, la Fiiscalía confirmó que en la zona fueron detenidas seis personas que trasladaban armas de fuego sin licencia. Añadió que en el operativo participaron miembros del Ejército, la Guardia Nacional y las autoridades estatales.
Aunque las autoridades no especifican los hechos de violencia, versiones de la prensa señalan que varios hombres armados llegaron al poblado dando balazos e incendiando casas y negocios por varios días.
- El diario Reforma señaló que los hombres armados vocearon que todo joven de la localidad debía presentarse con ellos «para unirse a actividades criminales».
- La violencia se ha recrudecido en Chiapas por disputas entre los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa, las dos mayores bandas criminales de México.
Según el centro de análisis Insight Crime, la disputa se produce por el control de las localidades fronterizas, una zona clave para el tráfico de drogas, armas y migrantes que atraviesan México para llegar a Estados Unidos.
Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó una polémica ofensiva militar antidrogas, se contabilizaron más de 450,000 asesinatos en México, según cifras oficiales.
AMLO atribuye violencia en Chiapas, a una ‘confrontación entre el pueblo’
Luego de que más de cuatro mil personas de Tila, Chiapas, se vieron obligadas a abandonar sus hogares por el panorama de violencia que se vive en la región, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) atribuyó esos hechos a una “confrontación entre el pueblo”.
- En su tradicional conferencia matutina de este lunes (también conocida como “mañanera”), López Obrador se pronunció por lo ocurrido en el municipio de Tila. Si bien lamentó lo sucedido respecto al desplazamiento de cientos de familias, indicó que se debe a un conflicto entre los mismos pobladores.
“Esto que está sucediendo en Tila es muy lamentable porque no es la lucha contra el aparato del Estado opresor, represor, o la lucha contra un cacicazgo; no. Es una confrontación entre el mismo pueblo porque no se ha podido armonizar”, señaló AMLO desde Palacio Nacional.
- Por lo ocurrido hace un par de días, el mandatario federal instruyó al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, brindar protección a la ciudadanía. Esto con la finalidad de restablecer la paz en la región y que las familias que fueron desplazadas puedan regresar a sus viviendas.
“Afortunadamente se logró porque había un enfrentamiento entre los pobladores, o entre quienes no están en el poblado, pero es el mismo pueblo. Se logró proteger a muchas familias que salieron a Petalcingo. Se apaciguaron las cosas”, aseguró López Obrador.
Asimismo, solicitó la creación de un equipo integrado por las Secretarías de Seguridad y Bienestar “para ayudar a la gente”. Informó que hasta el momento se han instalado dos campamentos en los que se brinda atención a las personas que lo requieran.
“Se les está llevando alimentos, pero lo que queremos es buscar un acuerdo para que regresen a sus comunidades y a sus casas, que regrese la paz. Hay que tener la confianza”, pronunció el presidente López Obrador.
A qué se debe la violencia en Tila
- El pasado 8 de junio se informó que a través de un operativo de brigadas de seguridad, elementos de la Fiscalía de Chiapas lograron “rescatar” a cuatro mil 187 personas de Tila que se encontraban resguardadas en sus hogares por una serie de disturbios, incluyendo balaceras y quema de inmuebles.
- Las personas que tuvieron que dejar sus viviendas fueron trasladadas a diversos albergues que se instalaron de manera temporal en el estado. Según reportes de Protección Civil, se les entregaron colchonetas, cobertores, agua embotellada y kits de aseo personal.
Este desplazamiento tuvo que ver con un conflicto agrario que lleva más de una década sin solución, según indicó Paulina López (candidata al grado de doctora en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey) en entrevista para MVS Noticias.
De acuerdo con la académica, el conflicto está relacionado con la disputa de tierras ejidales que en los últimos días ha escalado en los niveles de violencia, ya que un grupo de ejidatarios tomaron las armas y comenzaron a realizar cobros de piso.
En ese sentido, señaló que si bien se trata de una pugna de naturaleza agraria, se ha convertido en un tema del crimen organizado, toda vez que se atacaron a los habitantes de Tila.
Ante estos hechos, personal de Protección Civil ha realizado actividades de censos y atención a la población que fue desplazada y actualmente se encuentra en el ejido de Petalcingo y en el municipio de Yajalón.
Habitantes de Tila buscan refugios
Algunos de los que salieron de Tila llegaron a albergues, uno de ellos está ubicado en el Centro de Desarrollo Comunitario y otro en la cancha de futbol, en el municipio de Yajalón, donde las autoridades solicitan donaciones de despensas y artículos de primera necesidad para apoyar a los desplazados.
- Los desplazados, entre niñas, niños, adolescentes, hombres, mujeres y adultos mayores, también fueron trasladados en vehículos a un albergue ubicado en Petalcingo, una de las comunidades más grande del municipio de Tila.
Habitantes y feligreses de la parroquia de la Señora de la Misericordia, de la cabecera municipal de Sabanilla, instalaron un centro de acopio de víveres, por lo que invitaron a la población a unirse y llevar donaciones de agua embotellada, arroz, frijol, ropa en buen estado, toallas femeninas, medicinas, juguetes, pañales para niños y adultos, así también comida enlatada, papel de baño, pozol, incluso comida preparada que será entrega a los desplazados de Tila.
- También feligreses de los municipios de Ocosingo y Altamirano se han unido para apoyar a las personas afectadas por la violencia. Invitan a toda la comunidad y los pueblos a que acudan a las parroquias de cada municipio para que lleven sus donaciones ya que los desplazados están sufriendo de hambre y ante esta ola de calor, necesitan agua embotellada para evitar la deshidratación.
Susana Sánchez, habitante del lugar dijo que nadie quiere quedarse en Tila.
“La inseguridad está muy complicada, se habla de ocho muertos en los últimos cinco días, pero se cree que hay más, hay heridos, casas quemadas, amenazas, intimidación y acoso para que las familias paguen el derecho de piso a los grupos armados”.
Pobladores de Tila señalaron que lo más grave de todo lo que está ocurriendo en el municipio, es que las organizaciones de defensores de derechos humanos han permanecido calladas ante esta ola de violencia que se está registrando en el municipio.
“Algunas organizaciones desde hace muchos años han apoyado a los grupos autónomos, quienes se han dedicado a delinquir en la región. La única organización que ha estado demandando este conflicto armado es el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, que constantemente ha denunciado todo lo que está ocurriendo en Tila”, expresaron.
- Aunque la violencia comenzó el pasado martes, fue hasta el jueves cuando se informó que el municipio estaba sitiado por un grupo delincuencial.
De acuerdo con uno de los pobladores que huyó de Tila, los delincuentes amenazan a los habitantes con matarlos si no pagan el derecho de piso, el cual asciende a 200 mil pesos por familia.
Según registros históricos, este es el segundo episodio más violento que vive el municipio de Tila. El primero ocurrió en noviembre de 2023, cuando también la cabecera municipal permaneció sitiada por casi 15 días y dejó como salado ocho jóvenes fallecidos.
Desterrados por el narco
En México se vive una disputa armada entre grupos de la delincuencia organizada por el territorio y las economías locales. Los narcotraficantes han extendido su poder a la imposición de cobros por la explotación de minas, maderas preciosas, productos agrícolas, tráfico de migrantes y otros productos que les generan ganancias millonarias.
- Aterrorizados por el creciente poderío bélico de estos grupos armados irregulares, cientos de miles de mexicanos se han visto obligados a huir de sus casas y esconderse en montañas, cerca de bosques o incluso en zonas urbanas marginadas en busca de seguridad. Es el resultado de una guerra que se inició hace casi ya dos décadas en nombre del combate al narcotráfico y que se ha prolongado con la atomización de los grupos delictivos, sin que por muchos años se reconociera oficialmente la existencia de conflictos armados internos.
Tan solo en 2023 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), una organización no gubernamental que forma parte de la Red Internacional de Derechos Humanos, registró más de 40 hechos de desplazamiento por violencia en al menos 11 estados: Chiapas, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Estado de México. Esto representa un aumento de 160% con relación a 2022, cuando se reportaron 25 eventos.
El gobierno no cuenta con cifras que permitan conocer la magnitud del desplazamiento y los perfiles de las personas desplazadas. Uno de los pocos datos oficiales relacionados con el tema es del Censo de Población y Vivienda de 2020, levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y, según el cual, 251 mil 513 personas se mudaron a otro municipio debido a la violencia criminal y la inseguridad entre 2015 y 2020.
- Esta investigación de Proceso y CONNECTAS muestra cómo el desplazamiento, fruto de la violencia de grupos criminales, se ha incrementado en el actual sexenio. Éstos destierran a pobladores para apoderarse de rutas del trasiego de droga o para la trata de migrantes que viajan hacia la frontera con Estados Unidos. Mientras, las familias prefieren salir para evitar el reclutamiento de sus hombres jóvenes para actividades ilícitas o que sus comercios, producción agrícola y negocios deban pagar “cobro de piso” a esos grupos.
Un equipo de reporteros de Proceso viajó a algunas de estas comunidades en seis estados del país. Entrevistaron a personas que permanecen en zonas sitiadas y a otras que sólo vieron la opción de huir y dejarlo todo en pueblos de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas y Chiapas, estados donde la CMDPDH ha documentado desplazamiento forzado durante el actual sexenio.
Hallaron, por ejemplo, que en Guerrero hay familias que sufren un doble desplazamiento. En 2019 salieron de una comunidad del corredor de la Sierra Madre del Sur que pertenece al municipio de Leonardo Bravo, uno de los principales productores de goma de opio en México. Encontraron refugio en las tierras cálidas de Chichihualco. Pero desde 2023 las balaceras, amenazas y presencia de grupos criminales en esta última comunidad cerca de la capital del estado, Chilpancingo, nuevamente los empujan a salir de lo que creyeron una nueva oportunidad de vida.
Lejos de ese lugar, un hombre de Palmas Altas en la Sierra de Jerez, Zacatecas, en el centro-norte de México, se queja lastimosamente: “Aquí se sintió como si se acabara el mundo”, al recordar los truenos de la balacera y el chirriar de las camionetas de los narcos del Cártel Jalisco Nueva Generación la noche del 4 de marzo de 2021. Los criminales expulsaron a los pobladores a punta de metralleta, dejando más de medio pueblo vacío. A la fecha, los vecinos sólo han podido volver de manera intermitente mientras enfrentan graves pérdidas de su patrimonio.
- En el norte de México la comunidad de Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, muestra casas quemadas o destruidas. Los árboles están como cadáveres tirados a los lados del camino y hasta los templos católicos se encuentran cerrados.
- El silencio envuelve pueblos abandonados por las amenazas de los criminales que, ante la baja del precio de la goma de opio y la marihuana, han tomado la tala de árboles y el control de la minería como su nuevo negocio. Esa zona forma parte del famoso “Triángulo dorado” (región entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango), donde el narcotráfico se ha entronizado desde hace décadas.
En esa región, del lado de Sinaloa, la tierra de Joaquín Chapo Guzmán, hay miles de personasexpulsadas de los territorios históricamente controlados por el Cártel de Sinaloa; fueron forzadas a dejar sus tierras y muchas de ellas llegaron en calidad de invasores a las periferias del estratégico puerto turístico, comercial y pesquero de Mazatlán. Además de sufrir la falta de servicios, son presa de políticos que los engañan con supuestas escrituras de propiedad.
- La descomunal batalla que se ha desplegado entre los dos cárteles más poderosos del país, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, también se extendió al sur de México. Atraídos por la posibilidad de traficar con los miles de inmigrantes que ingresan a territorio nacional por Chiapas, y por controlar las zonas de aterrizaje de las cargas aéreas del narcotráfico semiocultas en la selva, ambos grupos expulsan de los municipios a lo largo de las zonas fronteriza y sierra a miles de personas, en una crisis que apenas muestra su rostro.
Mientras tanto, en Michoacán, en el Pacífico sur, los desplazados han encontrado en municipios como Coahuayana, una zona costera bordeada de bosques, la protección de autodefensas y autoridades locales que brindan tierras y trabajo. Otros continúan su recorrido hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, donde piden refugio y asilo político, expulsados por extorsiones, secuestros y asesinatos.
“Después de un desplazamiento, incluso mucho tiempo después, hay amenazas muy graves a la vida e integridad de las personas. Muchas veces los agentes criminales persiguen a las víctimas. Por eso vemos cada vez más personas de Michoacán, Guerrero, ahora de Chiapas también, en la frontera norte porque saben, entienden, que es ahí donde tienen la oportunidad de escapar”, enfatiza Laura Alvarado, oficial de desplazamiento de la CMDPDH.
Dura realidad
En 2014, durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había advertido, en un informe, que el contexto de violencia generalizada y exacerbada en diversas zonas de México era causante del desplazamiento forzado de miles de personas. Además, denunciaba a las autoridades por minimizar el fenómeno.
En junio de 2023, transcurridos cuatro años del actual gobierno, la relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jiménez-Damary, señaló el recrudecimiento de la violencia, el incremento del desplazamiento forzado como uno de sus efectos, así como la falta de respuesta y acciones de gobierno para responder a la población afectada.
Jiménez-Damary estuvo en el país entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de 2022. En ese tiempo se reunió con autoridades federales, estatales, organizaciones no gubernamentales, instituciones religiosas y académicas, así como con gente desplazada de Oaxaca, Chihuahua, Chiapas y Guerrero.
“Personas desplazadas internas, representantes de Pueblos Indígenas y organizaciones de la sociedad civil describieron casos de desplazamiento interno vinculados a desapariciones, violencia sexual, violencia por razón de género, feminicidios, homicidios, masacres, reclutamiento, trabajo forzado o extorsiones, entre otros”, expuso esta abogada especializada en desplazamientos forzosos y migraciones, basada en lo recogido durante su visita. Mientras esto ocurre, prevalece la “impunidad” y la “ausencia del Estado”, apuntó en el informe.
Sin un registro que muestre la magnitud de este fenómeno cada vez más evidente, pero desatendido por el gobierno federal a lo largo de ya casi tres sexenios, el desplazamiento forzado interno es una dolorosa cotidianidad en numerosas comunidades; esto ha sido particularmente grave en zonas rurales e indígenas, lo mismo en la sierra de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos, que en los límites al sur con Guatemala.
La CMDPDH advierte que, hasta octubre de 2023, había 386 mil personas desplazadas de manera forzada en México. Esta cifra representa casi la mitad de la población de un estado como Colima.
Violencia hunde las ventas de los comerciantes de la frontera sur
Las ventas de comercios de la frontera sur de México han caído un 75% en lo que va de año por la violencia del crimen organizado, según denuncia este lunes a EFE el presidente de la organización de empresarios y comerciantes Procentro de Tapachula, César Antonio García Jiménez.
Ante las disputas de los grupos criminales se ha reducido en un 60% el ingreso de compradores guatemaltecos a la ciudad, que está en el límite de México con Centroamérica, añadió García Jiménez.
“Anteriormente éramos felices de que teníamos cuatro ventas al día, pero ahora a luchas con mucha dificultad una venta. Estoy diciendo que en 75% han bajado las ventas por inseguridad, migración, y ha disminuido el ingreso de un 60% de personas guatemaltecas”, apuntó el líder empresarial en una entrevista.
El crimen se afianza en el sur de México
El fénomeno refleja la creciente disputa de grupos criminales en Chiapas, estado de la frontera sur de México, donde apenas en febrero la violencia obligó a las iglesias cristianas a cerrar en al menos 10 municipios.
- Mientras que, a finales de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que hay enfrentamientos del crimen organizado en las zonas arqueológicos de Bonampak y Yaxchilán, donde están algunas de las principales ruinas mayas de la frontera sur de México.
- García Jiménez denunció que han subido los casos de personas decapitadas y baleadas porque los cárteles están disputándose la zona fronteriza ante el insuficiente trabajo de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército.
Por ello, coincidió con los líderes religiosos que han pedido a los criminales un cese al fuego.
“Nosotros, como sociedad civil, ya no le pedimos (apoyo) a la autoridad, porque ni caso nos hace, por lo que le pedimos a la delincuencia organizada que nos ayude, también tenemos hambre y necesidad que atender, y que no desaparezcan esta frontera”, comentó el líder empresarial.
El representante empresarial recordó que hay 4 millones de guatemaltecos en la frontera con México, pero lamentó que ahora temen ingresar a Chiapas para comprar.
Abandono de la autoridad
El comerciante Arturo Estrada Pérez pidió al Gobierno federal reforzar la seguridad en Tapachula y la frontera sur, donde “nadie hace nada por parar la inseguridad”.
“Entonces parece que eso (el crimen organizado) tuviera más fuerza que la autoridad o tal vez tienen a alguien que los acobije porque los agarran y los sueltan, dicen nuestras autoridades que en Tapachula y en el estado de Chiapas nada está pasando, se hacen de los ojos ciegos”, expuso a EFE.
- Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, consejero nacional del colectivo civil ‘Bloque Social Izquierda Nacional Ciudadana’, mencionó que en Chiapas “se ha quebrantado la paz y la tranquilidad”.
“Lo que estamos palpando y, como todo ciudadano que llevábamos una vida tranquila, (es que el crimen) está lacerando y creando mucho temor, inquietud y mucho pánico en la sociedad. Son los síntomas de una sociedad lacerada y que no ha tenido respuesta en el tema de inseguridad”, indicó.
La violencia por el crimen organizado desde 2023, cuando organizaciones civiles denunciaron un ambiente de “guerra civil” que ha derivado en homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados y comunidades tomadas por el crimen, pero López Obrador ha defendido el actuar de su Gobierno./Agencias-PUNTOporPUNTO
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