Con las investigaciones que hasta el momento se tienen del caso Ayotzinapa, hay elementos suficientes para determinar responsabilidades penales contra 33 personas, entre ellas ex funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y militares, sostuvo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
- Al presentar el informe sobre los avances del caso, precisó que las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) abarcan desde la desaparición de los jóvenes, el 26 y 27 de septiembre de 2014, hasta descubrir “quién construyó la verdad histórica y quién ordenó que ésta se haya implementado”.
- Existen elementos suficientes para que la FGR “inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades contra 33 personas que hemos señalado y que están llevadas a cabo en estos momentos las diligencias judiciales correspondientes”.
- Bajo el argumento del respeto al debido proceso, Encinas se reservó los nombres de las personas señaladas, aunque precisó que entre ellas no está aún el ex presidente Enrique Peña Nieto.
Se le insistió sobre posibles nombres o cargos de las autoridades locales y federales que estarían siendo investigadas, cuántos elementos del Ejército y la Marina participaron, si en ese listado están además el ex mandatario de Guerrero Ángel Aguirre Rivero y el propio Peña Nieto.
- “Es la fiscalía la que tiene que dar la información, pero sí hay personajes de todos los sectores que mencionaste, de Peña Nieto no”, respondió.
- –¿Por qué la responsabilidad no abarca al ex presidente Peña Nieto? ¿Lo están protegiendo? –se le preguntó.
–Corresponde a la FGR, con la aportación que hagamos y la que ella misma desarrolle, fincar las responsabilidades a los servidores públicos involucrados. Ése es el mandato que nosotros tenemos, creo que hemos avanzado muchísimo el día de hoy –replicó.
Insistió en que la administración del presidente López Obrador está enfocada “en dos objetivos fundamentales, y es la facultad de competencia que el decreto del Presidente me ha mandatado: esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre y buscar el paradero de los muchachos”.
Detiene a Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República
Jesús Murillo Karam, extitular de la desaparecida Procuraduría General de la República, fue detenido este viernes por su implicación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, confirmaron fuentes a El Financiero.
- La aprehensión se da un día después de que el Gobierno federal presentó las conclusiones preliminares de la investigación hecha sobre el paradero de los estudiantes de Iguala
Uno de los puntos señalados por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, fue que las autoridades federales y estatales del más alto nivel de ese entonces fueron “omisas y negligentes” con el caso.
- “Existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”, dijo
La investigación llevada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador señaló también que existen “indicios suficientes” para que la Fiscalía “inicie o continúe indagatorias para el deslinde de responsabilidades”.
Hay 60 personas detenidas por el caso
Al revisar el documento presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, es posible encontrar algunos detalles relevantes en cuanto a la identificación y detención de personas que podrían estar vinculadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Se acredita plenamente la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala y por supuesto con Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”, mencionó Encinas.
- De acuerdo con el informe, actualmente hay 60 personas detenidas por su probable participación en delitos vinculados a este caso, como delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, secuestro, posesión de cartuchos, lavado de dinero y otros relacionados con actuaciones irregulares.
En contraste, hasta esta fecha, aún quedan 36 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse. Entre las capturas más destacadas de los últimos meses se encuentran miembros de la delincuencia organizada, así como un agente de la Policía Municipal de Iguala.
- Erick ‘N’, alias El Erick o El Carretito, fue detenido en Morelos el pasado 31 de marzo en posesión de drogas, cartuchos y armas de fuego. Fue identificado como hijo de Santiago Mazari, alias El Carrete, fundador y ex líder de Los Rojos quien, hoy día, cumple una pena de 20 años en el Centro Federal de Readaptación Social (Cereso) No. 2 “Occidente” en Puente Grande, Jalisco.
- Otro líder de Los Rojos fue capturado en Michoacán el pasado 16 de abril. Se trata de Juan Miguel “N”, alias Johnny, quien presuntamente se desempeñaba como operador en el tráfico de drogas procedentes de Sudamérica. Se acreditó la presencia de este grupo en Morelos, Guerrero, Puebla y el Estado de México.
- Un presunto líder criminal que también estaría involucrado con la desaparición de los estudiantes es Salvador “N”, operador de Guerreros Unidos que fue detenido por las autoridades el 3 de mayo en Morelos. Fue identificado como el presunto líder del brazo armado “Los Peques” y ha sido señalado por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada, extorsión y secuestro.
Finalmente, el informe también menciona a Gerardo “N”, un ex policía municipal de Iguala que fue aprehendido el 12 de mayo de este año. Sin ofrecer mayores detalles, la CoVAJ señaló que está “vinculado con la desaparición de los estudiantes”.
Operadora vinculada a Guerreros Unidos había sido detenida, pero la liberaron
Conviene subrayar que el 12 de febrero había sido capturada Xóchitl García Guerrero, ex radio-operadora del C4 en Iguala, quien estaba relacionada con el grupo criminal Guerreros Unidos. La orden de aprehensión en su contra fue liberada por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.
- De acuerdo con las indagatorias, Xóchitl García le proporcionaba información a la organización delictiva. Cuatro días después de la desaparición de los normalistas, renunció a su cargo en el C4 y no se había presentado a declarar ante las autoridades.
Luego de la detención, se determinó que sus testimonios ocultaron información sobre el caso.
- Sin embargo, 10 días después, el 22 de febrero, fue liberada debido a que el juez Samuel Ventura Ramos argumentó que no había pruebas suficientes que acreditaran su participación en los delitos y, por lo tanto, que permitieran su vinculación a proceso penal.
Tomás Zerón y el caso Ayotzinapa: se niega a cooperar
Tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, Tomás Zerón fue el principal encargado de la investigación del caso.
- En abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) señaló a Zerón como responsable de violar el proceso de investigación; así como de sembrar bolsas de plástico con osamentas en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero.
- A partir de entonces, los padres de los 43 normalista de Ayotzinapa señalaron a Zerón como uno de los artífices de la llamada “verdad histórica”, la cual manejaba la teoría de que los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula y sus restos fueron arrojados al río de San Juan.
Luego de que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México, una de sus promesas de campaña fue resolver el caso de Ayotzinapa, por lo que el gobierno de México creó en 2018, por decreto, la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Fue así que el 15 de septiembre de 2019, Encinas reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) buscaría castigar a Tomás Zerón por el caso de Ayotzinapa.
- Meses después, en marzo de 2020, se dio a conocer que el extitular de la AIC enfrentaba una orden de aprehensión por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia y que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) había emitido una ficha roja para su localización.
En julio de 2020, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) acusó a Zerón de tortura, luego de que un medio difundió un video que mostraba una parte del interrogatorio que el exfuncionario hizo en 2015 a Felipe Rodríguez Salgado, alias ‘el Cepillo’, presunto integrante de Guerreros Unidos, señalado de ser uno de los responsables de la desaparición de los normalistas.
- El 14 de septiembre de 2020, López Obrador reveló que el extitular de la AIC se encontraba en Israel, país al que solicitó no darle protección y con el que no se cuenta con acuerdo de extradición.
En abril de 2021, Tomás Zerón, sumó una nueva orden de aprehensión en su contra, por su presunta responsabilidad en el delito tortura contra “El Cepillo”, para que este respaldara la llamada “verdad histórica”.
En octubre de 2021, López Obrador envió una carta al primer ministro de Israel, Naftali Bennet, para solicitar su ayuda en la extradición del extitular de la AIC.
A este 18 de agosto de 2022, la FGR con el apoyo de la Cancillería de México y la embajada de México en Israel continúan trabajando en la extradición de Zerón, quien desde 2019 solicitó asilo político al gobierno de Israel alegando que los cargos contra él son falsos y parte de un intento de López Obrador por ajustar cuentas con su predecesor, Enrique Peña Nieto.
- Pero luego de presentar el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, informó que las autoridades de México establecieron contacto con los abogados con Zerón de Lucio, lo que permitió llevar a cabo un encuentro en Tel Aviv, Israel, los días 16 y 17 de febrero, donde se le ofreció un criterio de oportunidad, que no aceptó.
Seis pruebas vinculan a García Harfuch con Ayotzinapa: Anabel Hernández
Para la periodista Anabel Hernández, aún con los testimonios e indicios documentales, la Fiscalía y otrora Porcuraduría no han investigado a Omar García Harfuch, quien estaría implicado en el crimen de Iguala, donde fueron desaparecidos 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
- A decir de la reportera, la declaración del entonces funcionario de la Policía Federal (PF), como otros documentos, exhiben una protección negligente hacia el actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México.
“Juan”, testigo colaborador, declaró en febrero de 2020 que cuando García Harfuch era Coordinador de la PF en Guerrero, recibía un soborno mensual de 200 mil dólares, por parte del grupo criminal Guerreros Unidos, facción ligada al Cártel de Los Beltrán Leyva.
- Esto fue retomado por el periódico Reforma la semana pasada y coincide con lo que un integrante de la organización delictiva indicó a la periodista en julio del año pasado, así como otros señalamientos del Grupo de expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015 y 2016; sentencias de tribunales mexicanos y de una corte de Arizona que han expuesto que la Policía Federal de Guerrero estaba ligada con el narcotráfico y participó activamente en la desaparición de los estudiantes.
El pasado enero de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el auto de formal prisión contra Luis Antonio Dorantes Macías, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada agravada. Dorantes Macías era titular de la PF en la estación de Iguala, Guerrero, la noche del crimen contra los normalistas.
Este ex funcionario habría tenido conocimiento del arresto de los estudiantes, lo cual negó posteriormente, así como el posible destino y paradero de las víctimas. El agente estaba bajo el mando de García Harfuch.
Las seis acusaciones que retoma Anabel Hernández son:
- La acusación directa y oficial del testigo “Juan”.
- La agenda encontrada a Sidronio Casarrubias cuando fue arrestado en 2014, tenía apuntado el nombre y teléfono de García Harfuch. Este capo fue ubicado como integrante de Guerreros Unidos.
- En su expediente policiaco hay documentos que prueban que el actual jefe de la policía capitalino reprobó sus exámenes de control de confianza y en la que el detector de mentiras (prueba de polígrafo) delató sus nexos con grupos del crimen organizado.
- Dorantes Macías mantuvo informado a García Harfuch de todo lo que ocurría en la base de Iguala, según expedientes de la FGR.
- Una investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la PF en 2017 reveló que esta corporación en Guerrero estaba cooptada por el crimen organizado.
Ya en el sexto hecho que lo incrimina, la periodista destacó la confesión del propio García Harfuch ante la FGR, en referencia a un documento que hasta ahora no había sido retomado. Esta declaración fue hecha en calidad de “testigo” el 25 de abril de 2016, es decir, un año y siete meses después de la desaparición de los estudiantes.
García Harfuch manifestó que fue nombrado Coordinador estatal de la PF en Guerrero desde el 12 de febrero de 2013, encargado de vigilar las vías federales de comunicación, atender accidentes o imponer infracciones vehiculares.
Ante ello, apunta Anabel Hernández, el funcionario trató de deslindarse al referir que estuvo en el cargo hasta el 7 de septiembre de 2014, pues fue notificado que debía ir a una comisión de apoyo a Michoacán desde el 8 de septiembre del mismo año y hasta nueva orden.
- No obstante, en su curriculum consultado por Infobae México, se muestra que García Harfuch fue impreciso. Pues en este documento ofrecido a una respuesta de Transparencia en marzo de 2017, señala que el cargo en Guerrero lo ocupó desde el 18 de diciembre de 2012, es decir, casi dos meses antes de la fecha indicada ante la Fiscalía General de la República.
“Es un asunto administrativo, el nombramiento está con fecha 12 de febrero de 2013, pero él estaba allá [en Guerrero] desde diciembre de 2012”, señaló Tania Aguilar del equipo de comunicación de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, para explicar la diferencia.
- De acuerdo con la declaración de García Harfuch, al ser comisionado a Michoacán dejó en el cargo a José Antonio Cabrera Méndez para suplir las funciones en la coordinación estatal de la PF en Guerrero, por lo cual no tenía mayores elementos o conocimiento de lo investigado en el caso Ayotzinapa.
- Versiones acreditadas y que fueron consignadas por la periodista Anabel Hernández indicaron que, cuando un coordinador deja el lugar de adscripción, por vacaciones, enfermedad o comisión, el sustituto debe informar de las novedades diarias cada 24 horas y de las relevantes en tiempo real.
“Aún con la escueta declaración, García Harfuch se implicó así mismo en el caso, porque por ley, por reglamento, siguió girando instrucciones de lo que debía hacer la PF en Guerrero, tanto a Cabrera Méndez, como a la base de la PF en Iguala”, apuntó la columnista de la Deustche Welle (DW).
¿Cuál fue la ‘Verdad Histórica?
El sexenio anterior encabezado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, tenía su propia versión oficial sobre la desaparición de los normalistas en la noche del 26 de septiembre de 2014.
- El informe establecía que una banda del crimen organizado conocida como Guerreros Unidos, secuestró y ordenó el asesinato de los estudiantes. El jueves, esa versión cayó en propia voz de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación.
“La llamada ‘Verdad Histórica’ del Gobierno de Peña Nieto es el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder. De haber intervenido se habría evitado la represión y el asesinato de los estudiantes”, sentenció Encinas en su informe presentado este jueves con las conclusiones del caso.
- Fue el 27 de enero de 2015, cuando la investigación realizada en el sexenio de Peña Nieto y encabezada por Murillo Karam, aseguró que la “Verdad histórica” es que los 43 normalistas de Ayotzinapa “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”, en Cocula.
“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, sentenció en ese entonces el titular de la PGR./PUNTOporPUNTO
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