El contrabando de efectivo a granel, correos de efectivo, el “lavado” de dinero basado en el comercio y activos virtuales, así como empresas ficticias y servicios de blanqueadores de dinero profesionales, son parte de la variedad de métodos a los que recurren las mafias para reciclar el dinero ilícito del tráfico de drogas.
- Así lo reveló un reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el que pone de relieve que, aunque la mayoría de los países identifican el narcotráfico como un delito determinante para el “lavado” de dinero, la cantidad de investigaciones y enjuiciamientos relacionados con el tráfico de opioides sintéticos siguen siendo bajas.
- El grupo antilavado con sede en París, Francia, instó a los países a evaluar el papel de la industria farmacéutica en el proceso de las cadenas de suministro de estos precursores, capacitar a fiscales y autoridades competentes para realizar investigaciones financieras en esta materia.
Sugiere usar asociaciones público-privadas para despertar la conciencia sobre los riesgos del fentanilo como droga producida y distribuida por cárteles.
Pide estar pendientes de los mercados de la web oscura y los activos virtuales como criptomonedas, compartir información de alerta y ayudar al sector privado a identificar y denunciar mejor las actividades sospechosas.
- Casos representativos: Para crear más conciencia sobre la importancia de combatir el lavado de dinero procedente del fentanilo y de opioides sintéticos, el GAFI incluye en el informe casos ilustrativos.
Uno de ellos es el del arresto en el aeropuerto de Los Ángeles, de un chino residente en México que planeaba obtener ganancias de 534 mil 206 dólares por narcóticos que iba a transferir a narcotraficantes mexicanos. Su arresto se logró gracias a un agente encubierto estadounidense.
Otro fue en la India en donde la dirección de Inteligencia de Ingresos recibió información específica de una fuente confiable, de una persona involucrada en la fabricación ilícita de fentanilo HCl, para su posterior suministro a un cómplice mexicano.
En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno norteamericano a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros, publicó un aviso para informar a bancos del financiamiento ligado al tráfico de fentanilo ilícito a Estados Unidos.
- El GAFI señala que los grupos delictivos en México han dominado el suministro de fentanilo al mercado de drogas estadounidense, lo que incluye grupos bien establecidos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- Advierte que se usan desde empresas fachada hasta criptomonedas para blanquear las ganancias. Desde su perspectiva, se necesita mayor cooperación internacional para cortar las cadenas de suministro entre los países de origen, tránsito y destino de dichos precursores.
Destaca que en México y Canadá se han detectado laboratorios clandestinos para producción de drogas como el fentanilo.
Pone de relieve que los patrones de tráfico de fentanilo han cambiado en los últimos años en respuesta a las acciones de los gobiernos y fuerzas del orden.
En el documento se refiere que hasta 2019, la mayoría de las sustancias relacionadas con el fentanilo se originaron en Asia oriental procesadas en polvo para su consumo en América del Norte.
Durante este periodo, países como México o Canadá sirvieron como punto de tránsito o procesamiento para que el fentanilo se prensara en pastillas, pero luego los grupos criminales empezaron a mover esta droga en píldoras para su distribución.
- La dinámica regional también ha cambiado un poco, señala al advertir el riesgo potencial que representan grupos criminales al estar involucrados en desviación de productos químicos de países con grandes y prósperos sectores como India, que destaca por tener un importante mercado de productos farmacéuticos.
Se observan exportaciones legales de tramadol que son desviadas para fines ilícitos una vez que llegan a Oriente Medio, África y Europa, matiza.
Pone de manifiesto que, en América del Norte, el uso no médico del fentanilo es el principal impulsor de un número récord de sobredosis y muertes relacionadas con los opioides en la última década.
Mientras, en algunas partes de África una epidemia de tramadol tiene un impacto significativo en la salud pública, y en Asia muchos países reportan un número creciente de casos.
FGR es “poco efectiva” contra el lavado
Aunque reconoció que en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador haya promulgado una ley contra las facturas falsas y una reforma a la Ley Nacional de Extinción de Dominio para hacer efectivo el decomiso de bienes vinculados a la delincuencia, el Departamento del Estado de Estados Unidos observó poco efectiva la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) para judicializar y lograr condena en casos de lavado de dinero y extinción del dominio.
- En su informe sobre Fiscalización de Narcóticos, el Departamento del Estado de Estados Unidos reconoció que los ingresos por comercio ilegal de drogas que salen de los Estados Unidos son las principales fuentes de fondos lavados a través del sistema financiero mexicano. “Las organizaciones criminales transnacionales mexicanas lavan fondos usando una variedad de métodos.
- El TBML (Lavado de Dinero Basado en el Comercio por sus siglas en inglés) implica el uso de ganancias ilícitas en dólares para comprar artículos o servicios al por menor para exportarlos y revenderlos en México o los Estados Unidos”, expuso.
- El documento reconoció que si bien en México se publicaron reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y al Artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para facilitar que los decomisos de bienes pasen al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la FGR continúa limitada en los asuntos de lavado de dinero y extinción del dominio.
Mencionó como un factor que limita en México el procesamiento de denuncias es la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que impide a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el congelamiento de cuentas bancarias.
“En 2017, la Corte Suprema dictaminó que el congelamiento de cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) viola las protecciones constitucionales y los derechos al debido proceso. La UIF todavía puede congelar cuentas cuando se presenta una solicitud internacional de asistencia jurídica”, mencionó.
“Si bien las autoridades reconocen el abuso de ciertos sectores por parte de los lavadores de dinero, las respuestas están limitadas por la corrupción y la falta de capacidad. El gobierno no ha proporcionado aún el número de condenas para 2019. La Unidad de Lavado de Dinero de la FGR obtuvo 10 condenas por lavado de dinero en 2019, en comparación con las seis condenas en 2018, según informes abiertos. El sistema de seguimiento de archivos del Poder Judicial de la Federación de México registró seis casos que resultaron en declaraciones de culpabilidad y cinco que terminaron en juicio en 2019. Los datos no indican si los juicios resultaron en condenas. La falta de condenas en casos de lavado de dinero es representativa de la limitada capacidad de México para enjuiciar los delitos en general.
“En agosto de 2019, el presidente promulgó una ley de decomiso de activos sin condena para permitir que los fiscales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley incauten activos ilícitos de manera más agresiva. La nueva ley también agrega corrupción y lavado de dinero como delitos determinantes. Posteriormente, la FGR creó una nueva Unidad Especializada en Extinción de Dominio para proseguir con todas las acciones federales de decomiso. En agosto de 2020, la FGR presentó sus primeros tres procesos federales de decomiso. Las denuncias fueron presentadas ante el único juez de decomiso federal de México (hay planes pendientes para agregar más jueces de decomiso) y aún no se ha programado para una audiencia inicial. Hay jueces adicionales de decomiso de activos a nivel estatal que están considerando casos en todo el país, pero aún no se ha resuelto ningún asunto de decomiso bajo la nueva ley”, relató.
Ante esa situación, detalló el reporte, las autoridades mexicanas encargadas de investigar y enjuiciar los delitos financieros siguen batallando para lograr juicios.
“Los delitos de lavado de dinero continúan mientras el gobierno se esfuerza por enjuiciar los delitos financieros y confiscar o decomisar bienes. Para aumentar el número de condenas por delitos financieros, el gobierno necesita combatir la corrupción y mejorar la capacidad de investigación y enjuiciamiento. La nueva legislación aprobada en 2019 amplía los delitos determinantes y hace procedimientos independientes para el decomiso de activos, pero desafíos legales a la ley han obstaculizado la capacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para obtener una condena bajo la legislación”, destacó./Agencias-PUNTOporPUNTO
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