En México se vive una disputa armada entre grupos de la delincuencia organizada por el territorio y las economías locales. Los narcotraficantes han extendido su poder a la imposición de cobros por la explotación de minas, maderas preciosas, productos agrícolas, tráfico de migrantes y otros productos que les generan ganancias millonarias.
Aterrorizados por el creciente poderío bélico de estos grupos armados irregulares, cientos de miles de mexicanos se han visto obligados a huir de sus casas y esconderse en montañas, cerca de bosques o incluso en zonas urbanas marginadas en busca de seguridad. Es el resultado de una guerra que se inició hace casi ya dos décadas en nombre del combate al narcotráfico y que se ha prolongado con la atomización de los grupos delictivos, sin que por muchos años se reconociera oficialmente la existencia de conflictos armados internos.
Tan solo en 2023 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), una organización no gubernamental que forma parte de la Red Internacional de Derechos Humanos, registró más de 40 hechos de desplazamiento por violencia en al menos 11 estados: Chiapas, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Estado de México. Esto representa un aumento de 160% con relación a 2022, cuando se reportaron 25 eventos.
- El gobierno no cuenta con cifras que permitan conocer la magnitud del desplazamiento y los perfiles de las personas desplazadas. Uno de los pocos datos oficiales relacionados con el tema es del Censo de Población y Vivienda de 2020, levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y, según el cual, 251 mil 513 personas se mudaron a otro municipio debido a la violencia criminal y la inseguridad entre 2015 y 2020.
- De acuerdo con una investigación realizado por PROCESO junto con CONNECTAS, reveló cómo el desplazamiento, fruto de la violencia de grupos criminales, se ha incrementado en el actual sexenio. Éstos destierran a pobladores para apoderarse de rutas del trasiego de droga o para la trata de migrantes que viajan hacia la frontera con Estados Unidos. Mientras, las familias prefieren salir para evitar el reclutamiento de sus hombres jóvenes para actividades ilícitas o que sus comercios, producción agrícola y negocios deban pagar “cobro de piso” a esos grupos.
Según información del medio de comunicación quien se adentró a las comunidades en seis estados del país, revelaron que las personas que permanecen en zonas sitiadas y a otras que sólo vieron la opción de huir y dejarlo todo en pueblos de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas y Chiapas, estados donde la CMDPDH ha documentado desplazamiento forzado durante el actual sexenio.
Del lado de Sinaloa, la tierra de Joaquín Chapo Guzmán, hay miles de personasexpulsadas de los territorios históricamente controlados por el Cártel de Sinaloa; fueron forzadas a dejar sus tierras y muchas de ellas llegaron en calidad de invasores a las periferias del estratégico puerto turístico, comercial y pesquero de Mazatlán. Además de sufrir la falta de servicios, son presa de políticos que los engañan con supuestas escrituras de propiedad.
La descomunal batalla que se ha desplegado entre los dos cárteles más poderosos del país, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, también se extendió al sur de México. Atraídos por la posibilidad de traficar con los miles de inmigrantes que ingresan a territorio nacional por Chiapas, y por controlar las zonas de aterrizaje de las cargas aéreas del narcotráfico semiocultas en la selva, ambos grupos expulsan de los municipios a lo largo de las zonas fronteriza y sierra a miles de personas, en una crisis que apenas muestra su rostro.
Mientras tanto, en Michoacán, en el Pacífico sur, los desplazados han encontrado en municipios como Coahuayana, una zona costera bordeada de bosques, la protección de autodefensas y autoridades locales que brindan tierras y trabajo. Otros continúan su recorrido hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, donde piden refugio y asilo político, expulsados por extorsiones, secuestros y asesinatos.
“Después de un desplazamiento, incluso mucho tiempo después, hay amenazas muy graves a la vida e integridad de las personas. Muchas veces los agentes criminales persiguen a las víctimas. Por eso vemos cada vez más personas de Michoacán, Guerrero, ahora de Chiapas también, en la frontera norte porque saben, entienden, que es ahí donde tienen la oportunidad de escapar”, enfatiza Laura Alvarado, oficial de desplazamiento de la CMDPDH.
- En 2014, durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había advertido, en un informe, que el contexto de violencia generalizada y exacerbada en diversas zonas de México era causante del desplazamiento forzado de miles de personas. Además, denunciaba a las autoridades por minimizar el fenómeno.
- En junio de 2023, transcurridos cuatro años del actual gobierno, la relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jiménez-Damary, señaló el recrudecimiento de la violencia, el incremento del desplazamiento forzado como uno de sus efectos, así como la falta de respuesta y acciones de gobierno para responder a la población afectada.
Jiménez-Damary estuvo en el país entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de 2022. En ese tiempo se reunió con autoridades federales, estatales, organizaciones no gubernamentales, instituciones religiosas y académicas, así como con gente desplazada de Oaxaca, Chihuahua, Chiapas y Guerrero.
“Personas desplazadas internas, representantes de Pueblos Indígenas y organizaciones de la sociedad civil describieron casos de desplazamiento interno vinculados a desapariciones, violencia sexual, violencia por razón de género, feminicidios, homicidios, masacres, reclutamiento, trabajo forzado o extorsiones, entre otros”, expuso esta abogada especializada en desplazamientos forzosos y migraciones, basada en lo recogido durante su visita. Mientras esto ocurre, prevalece la “impunidad” y la “ausencia del Estado”, apuntó en el informe.
Sin un registro que muestre la magnitud de este fenómeno cada vez más evidente, pero desatendido por el gobierno federal a lo largo de ya casi tres sexenios, el desplazamiento forzado interno es una dolorosa cotidianidad en numerosas comunidades; esto ha sido particularmente grave en zonas rurales e indígenas, lo mismo en la sierra de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos, que en los límites al sur con Guatemala.
La CMDPDH advierte que, hasta octubre de 2023, había 386 mil personas desplazadas de manera forzada en México. Esta cifra representa casi la mitad de la población de un estado como Colima.
Desplazados por violencia peregrinan en albergues de Chihuahua
Al menos 15 familias procedentes de Guadalupe y Calvo y Guachochi, municipios de la sierra, en la parte sur del estado de Chihuahua, donde se encuentra el llamado triángulo dorado viajan rumbo a Jiménez desplazados por la violencia que generan los cárteles que se encuentran en la región disputando el tráfico y siembra de drogas.
Además, en Ciudad Juárez se encuentran en albergues alrededor de 100 mexicanos desplazados de los estados de Zacatecas, Michoacán, Chihuahua y Guerrero entre otros.
Las familias que huyeron de sus lugares de origen a Jiménez, municipio colindante con el de Coahuila, dejaron sus tierras, casas, animales y pertenencias a causa de la violencia, y trataron de quedarse en Parral, donde no tuvieron lugar en los albergues que están saturados por decenas de desplazados y por eso siguieron caminando.
- En la región son constantes los enfrentamientos entre miembros del grupo Gente Nueva y sus células que son parte del Cartel de Sinaloa y los de Gente Nueva del cartel de Juárez que lleva màs de un año disputándoles la plaza.
- Ambos grupos al llegar a las comunidades se llevan a los menores de edad para adiestrarlos y que sean parte de sus células delincuenciales.
El líder de los asentamientos indígenas, Ramón Rocha informó que atendieron a las familias, tras ser notificados que se encontraban en Parral, buscando el refugio en los albergues, “Se les brindó el hospedaje durante unos días, con el objetivo de apoyarlos tras estar enfrentando una difícil situación ya que salieron de sus pueblos de origen”.
Mencionó que, debido a la falta de espacios para lograr establecer a las familias, tuvieron que continuar con su trayecto hacia los municipios de Jiménez y Delicias, en donde buscarán las oportunidades de empleo.
Guerra entre los cárteles desplaza a 10,000 en Chiapas
La región fronteriza de Chiapas con Guatemala se encuentra sumida en un conflicto armado no reconocido desde aproximadamente el 2021, según el informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”, elaborado por diversas organizaciones de la sociedad civil, en el que se detalló que éste tiene su raíz en la disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada por el control de diversos aspectos, incluyendo mercancías, servicios, personas y productos legales e ilegales.
- Según el texto, el control ejercido por grupos de la delincuencia organizada y la disputa del territorio por éstos con métodos de guerra, implica graves violaciones de los derechos humanos de la población de la zona, así como a defensores o periodistas que ven menguada sus labores; además, según la investigación, la zona se ha convertido en una zona silenciada, en la que los pobladores han optado por huir para ponerse a salvo.
- El documento detalló que, entre junio de 2021 y diciembre de 2023, se pudo contabilizar 7,500 personas desplazadas de manera forzada de sus comunidades, a causa de la violencia física y psicológica que impera en la región.
“Solamente en el mes y 13 días que lleva el año 2024, se ha comentado directamente el desplazamiento de 3,000 personas en esta región fronteriza proveniente del municipio de Chicomuselo, de La Concordia y de Chapultenango (…) No entonces es una aguda crisis humanitaria que está generando, pues este hecho masivo de personas”, indicó Carlos Ogaz, miembro del Grupo de Trabajo Región Norte, durante la presentación del trabajo.
Además, en el texto se expresó que, en octubre de 2020, alrededor de 6,000 beneficiarios del programa Sembrando Vida abandonaron sus cultivos —en los municipios de Motozintla, El Porvenir, La Grandeza, Siltepec, Mazapa de Madero, Bellavista, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo y Honduras de la Sierra— a causa de la violencia.
Otro aspecto explicado es que el control económico ejercido por grupos delictivos abarca diversas formas, desde extorsiones y secuestros hasta el control de precios de productos agrícolas y alquileres. Las personas que se resisten a estas presiones enfrentan represalias que pueden incluir el asesinato o la desaparición forzada.
También, se denunció que el cobro de piso se ha convertido en una práctica común, donde los negocios y familias son obligados a pagar sumas exorbitantes para garantizar su seguridad. Aquellos que no pueden hacer frente a estas extorsiones se ven obligados a cerrar sus establecimientos, sumiéndose en la precariedad económica y el miedo constante.
- Además, el control de bienes y recursos naturales, como el agua y la tierra, se ha convertido en una herramienta crucial para estos grupos, que utilizan la distribución del agua como medio de presión sobre las comunidades.
- Por otro lado, se detalló que los grupos criminales utilizan diversas tácticas para mantener su dominio sobre la población, desde la coerción, hasta la persuasión; la neutralidad no es una opción, ya que se exige la adhesión o colaboración forzada con el grupo dominante. Esto crea un clima de desconfianza y miedo constante, donde cualquier individuo puede ser considerado un enemigo potencial.
“El fenómeno de la desaparición es difícil de documentar en la región fronteriza debido a la escasez de denuncias y la falta de confianza en las autoridades y el miedo al que está sometida la población. Sin embargo, las cifras oficiales revelan un alza”, se denunció.
Aunado a esto, el informé destacó que, aunque aumentó significativamente la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas, la presencia militar no ha logrado frenar la violencia ni garantizar la seguridad de la población civil.
Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la ONU Derechos Humanos, instó a las autoridades a actuar con urgencia y determinación para proteger los derechos de todas las personas en la región.
El documento fue confeccionado por el Centro Frayba; la Red TDT; Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, entre otras.
Factores para la violencia en Chiapas
- Disputa por territorios y recursos naturales.
- Presencia de grupos armados.
- Desigualdad socioeconómica.
- Ausencia del Estado.
- Violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional.
- La violencia en la región ha generado que lo pobladores no denuncien.
- Se ejerce violencia contra líderes y personas visibles que protestan como estrategia para silenciar.
- Omisiones y colusión de autoridades con la delincuencia organizada.
AMLO dice que son “pocos” los desplazados por violencia, pero hay otros datos
En el municipio de Chicomuselo, al menos 3,780 personas han sido desplazadas por la violencia e inseguridad que padecen algunas comunidades rurales en Chiapas. La cifra podría llegar a los 5 mil si se suman Socoltenango y la Concordia, zonas sur y sierra de Chiapas.
Sin embargo, el presidente López Obrador consideró que la cifra “no era significativa” y los calificó de “muy pocos”.
- El número de 3,780, además, fue proporcionado por el secretario de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, en una entrevista con N+, de Televisa, transmitida este 8 de febrero.
- De acuerdo con Animal Político, el coordinador del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, Luis Alonso Abarca González, es quien cifró en más de 5 mil los desplazados de los municipios Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia, zonas sur y sierra de Chiapas.
Las cifras oficiales, dijo, se quedan cortas, porque hay población que se desplaza silenciosamente, huyendo de la violencia por enfrentamientos armados entre grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de conflictos por territorio agrario dentro de las comunidades./Agencias-PUNTOporPUNTO
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