El pasado 11 de octubre se registraron los homicidios de Wilman Monje, exalcalde de Gutiérrez Zamora, Veracruz, por Movimiento Ciudadano (MC), y Alejandro Lanuza Hernández, regidor de Salvatierra, Guanajuato, por el Partido Acción Nacional (PAN), actos que se suman al listado de atentados contra políticos en periodos electorales o cercanos a ellos, que en 2023 ya suman 253 casos y se perfilan a rebasar el récord de 2022.
Esto según la organización Data Cívica a través de su plataforma ‘Votar entre balas’ que contabilizó en 2022 un total de 274 atentados contra políticos —entre ellos homicidio, extorsión y secuestro—, y de seguir la tendencia de este año, la cifra quedará superada.
- De 2018 a la fecha, en vísperas de procesos electorales, el crimen organizado ha puesto parte de su atención en los políticos que se perfilan, precandidatean o candidatean para acceder a un cargo de elección popular, observa el Instituto Belisario Domínguez y la organización civil Data Cívica.
Sin embargo, Data Civica también observó que, desde mayo de 2022, la violencia contra políticos ha permanecido como una constante.
- De acuerdo con información publicada por Publimetro quien entrevistó a Itzel Soto, analista de datos de esta organización civil, expresó que es prematuro asumir que el adelanto de las campañas electorales también adelantara la violencia contra políticos; sin embargo, no se descarta esta posibilidad.
Para asumir una postura más responsable, Soto especificó que es necesario esperar a que el periodo electoral 2023-2024 se aproxime y, conforme se vaya desarrollando la jornada, poder hacer una afirmación más cercana a la realidad. Bajo esta lógica, se puede hablar de dos manifestaciones de violencia contra políticos en lo que va del sexenio: las previas a 2022 y las posteriores a 2022.
Violencia contra políticos en 2018 y 2021
Si bien se tenía el registro de violencia contra candidatos, hasta las elecciones intermedias de 2015, el saldo fatal no había rebasado los 10 casos. De acuerdo con el recuento publicado por SCielo ORG, en 2008 se registraron seis homicidios; en 2009, dos; en 2010, tres; en 2011, ocho; en 2012, cinco; en 2015, seis.
- No obstante, para el proceso electoral de 2018 se registraron 48 homicidios: 26 aspiraban a una presidencia municipal, ocho a una regiduría, diez a una diputación local y dos más a una diputación federal.
- Asimismo, el centro de investigación Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, registró que, para el proceso federal intermedio de 2021, se registraron 179 víctimas letales relacionadas a políticos, de los cuales, 36 eran candidatos.
Aunado a ello, registró mil 66 delitos violentos durante el proceso electoral y detalló, al igual que SCielo, que las ejecuciones fueron ejercidas contra candidatos a puestos de representación popular de manera local o municipal. Además, coincidieron en que la mayoría de los casos ocurrieron lejos de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
- En 2018, las entidades que registraron más homicidios fueron Guerrero (14), Michoacán (5), Oaxaca (5) y Puebla (5); en relación a los partidos políticos, 12 fueron del PRI, 11 del PRD, seis de Morena y cinco para el PAN y MC.
- Para 2021, las entidades federativas con más homicidios de candidatos fueron Veracruz (9), Jalisco (6), Oaxaca (4), Guanajuato (3) y Guerrero (3); por partido político, el que sufrió más bajas fue Morena con 10, cinco para MC y el PRI y cuatro para el PAN.
Violencia contra políticos en 2022 y 2023
Itzel Soto señaló que lo ocurrido en Guanajuato y Veracruz abona a la constante registrada en México, pues son estas dos entidades las que encabezan los actos violentos contra políticos con 100 y 94, respectivamente.
Asimismo, aunque reconoció que el asesinato de funcionarios o candidatos es lo más llamativo para la agenda pública, lo que se categoriza como violencia ejercida contra personas relacionadas a la política no se limita a esto, pues también se contemplan casos como el secuestro y asesinato de los encuestadores de Morena o el secuestro de la alcaldesa de Cotija, Michoacán.
Violencia política va en aumento en el gobierno de AMLO
En otro punto, la consultora Etellekt asegura que la violencia contra personas vinculadas a la política en los cinco años del mandato de Andrés Manuel López Obrador ha dejado un saldo de 176 asesinatos entre candidatos, exaspirantes, alcaldes y exfuncionarios.
Mientras que la próxima elección presidencial será la primera sin que exista el Estado Mayor Presidencial, que protegía a quienes buscaban convertirse en titulares del Ejecutivo federal.
- El periodo de mayor violencia, según registros de la consultora Etellekt, fue durante las elecciones de 2021, pues entre septiembre de 2020 y agosto del año siguiente hubo 102 homicidios dolosos vinculados al sector político: 36 fueron aspirantes o candidatos.
- En las elecciones intermedias, según la consultora, 75% de los homicidios ocurrieron contra personas vinculadas con el sector municipal, mientras que se registraron un total de mil 66 agresiones diversas contra políticos.
Los datos de Etellekt sobre asesinatos de candidatos y aspirantes en los comicios de 2021 fueron citados por la entonces alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para mostrar su alarma “por el alto nivel de violencia política en el contexto electoral” de México.
Dicha consultora señala que aunque las autoridades atendieron los casos de agresiones contra candidatos, desde la conferencia Mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador prejuzgó sobre los hechos, invadió la esfera de competencia de las fiscalías locales y obstruyó la justicia.
En varios casos, el mandatario nacional “descartó posibles móviles que la autoridad ministerial debió averiguar, incluida la motivación política de los mismos”.
- En paralelo, 66 autoridades municipales han sido asesinadas en este sexenio, de las cuales 20 fueron alcaldes en funciones, 34 regidores y 12 síndicos.
- En medio de las precampañas adelantadas, han sido asesinadas al menos nueve personas vinculadas al sector político.
Desde finales de junio, que arrancó el proceso interno de Morena para definir al coordinador de la Defensa de la Transformación, exalcaldes, exdiputados locales, regidores y operadores políticos, en su mayoría, han sido víctimas de ataques armados.
Al respecto, David Saucedo, consultor y especialista en Seguridad, señaló que los asesinatos de políticos se explican por la estrategia de expansión de las principales organizaciones criminales del país, entre las que destacan los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que durante este sexenio han mantenido una disputa por el control de territorios clave.
- El analista dijo en entrevista que además de su expansión a través de la política, los cárteles utilizan la confrontación directa y las alianzas con pandillas locales para lograr el control territorial. Los asesinatos de personas vinculadas a la política se inscriben en la estrategia de expansión y cooptación de autoridades civiles.
- “El narco en esta vertiente de conquista y expansión tiene que ver no solo con el financiamiento de candidatos, sino con la eliminación y el asesinato político de perfiles que son opuestos, a candidatos de otros partidos o que se resisten al chantaje o que ya colaboran con otro grupo”, aseveró.
- Señaló que la estrategia del crimen es cooptar desde autoridades municipales, como síndicos, regidores, alcaldes, hasta secretarios de Seguridad estatales y gobernadores, pero los políticos de los ayuntamientos son el eslabón más débil y es por eso es el nivel del Gobierno con más homicidios.
El especialista en seguridad indicó que en este Gobierno los asesinatos de políticos han escalado a otros niveles y recordó que entre los casos más emblemáticos está el homicidio del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en 2020.
Saucedo consideró que la elección comenzará en focos rojos, debido a que el crimen organizado, en especial los cárteles de Sinaloa y Jalisco, seguirán con su estrategia de expansión a través de la política y posible participación en campañas.
De acuerdo con el especialista en Seguridad, se espera “tener al narco en campaña, participando activamente en las elecciones, va a ser un proceso muy complejo, porque se anticipa que en esta guerra de cárteles habrá confrontación de proyectos políticos y no son de partidos, sino los que van a respaldar al Cártel de Jalisco o al de Sinaloa”.
- A su vez, para Alejandro Martínez, especialista en Seguridad Nacional de la Universidad La Salle, una de las alertas es que por primera vez se realizará una elección presidencial sin la protección del Estado Mayor Presidencial a los candidatos presidenciales.
- Señaló que la Guardia Nacional tendrá que ser la institución encargada de la protección de los aspirantes al Ejecutivo federal.
- El INE y la Segob tienen una Mesa de Seguridad que entrará en funciones desde la primera semana de septiembre, en la que una de sus funciones es coordinarse para brindar de forma rápida protección a candidatos que lo soliciten o reciban amenazas.
Precampañas violentas
En medio de precampañas adelantadas rumbo a 2024, fueron asesinados al menos nueve personas vinculadas al sector político.
- Desde finales de junio, que arrancó el proceso interno de Morena y sus aliados para definir al coordinador de la Defensa de la Transformación, exalcaldes, exdiputados locales, regidores y operadores políticos, han sido víctimas de ataques armados.
- De acuerdo con un recuento del diario 24 HORAS, el 13 de agosto pasado ocurrió el último caso, en el que Germán García Reynoso, exdiputado local de Morelos y exalcalde de Coatlán del Río, fue acribillado por un comando armado.
García Reynoso era militante del PRI y se dedicaba a la ganadería en ese municipio de Morelos en el que, desde 2008, hay antecedentes de ataques contra autoridades municipales.
- El 10 de agosto pasado, en medio de los procesos internos de Morena para elegir al coordinador nacional de la Defensa de la Transformación, así como al líder del Frente Amplio por México, Caleb Rodríguez Pérez, jefe de la localidad Tenencia Morelos, en Morelia, Michoacán, falleció a causa de un ataque con armas calibre 9 milímetros.
- A su vez, el pasado 8 de agosto el regidor del PRI, en Acatlán de Osorio, Puebla, Marco Antonio Mejía Martínez, fue asesinado junto a sus dos hijos y uno de sus trabajadores, tras ser emboscados por un comando armado.
“El regidor también era empresario, un ganadero, y tenía afecto también por los gallos y por algunas otras cosas que él tenía como afición, entonces no tenemos claridad del objetivo finalmente”, dijo Javier Aquino, secretario de Gobierno de Puebla sobre los hechos.
- Humberto Enoc del Valle Zúñiga, primo político de Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero y esposo de Zulma Janeth Carvajal Salgado, funcionaria del Issste, fue asesinado a quemarropa el 6 de agosto pasado, en una carretera de Guerrero.
- El 1 de agosto pasado, Ricardo Flores Suárez, director jurídico del Congreso de Nuevo León, fue atacado por un comando armando que abrió fuego mientras se encontraba en una cancha de futbol, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
- José Guadalupe Fuentes Brito, empresario y operador de Marcelo Ebrard en Guerrero, murió por un ataque armado, en el que también falleció su hijo y su esposa quedó herida. Esta persona había contribuido para establecer la casa de atención en esa entidad del exsecretario de Relaciones Exteriores y aspirante presidencial.
“Recibí la muy triste noticia del asesinato de nuestro compañero José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo José Manuel. Su esposa, quien viajaba con ellos, también está herida. Demandamos a la Fiscalía del Estado intervenga de inmediato y este crimen, como todos los demás, sea esclarecido y los responsables llevados ante la justicia”, aseveró Ebrard.
- El 26 de julio pasado, la activista de Morena y promotora de Adán Augusto López Hernández, aspirante presidencial y extitular de la Secretaría de Gobernación, Zayma Zamora, murió a causa de un ataque armado en Poza Rica, Veracruz.
Unos días antes, la militante morenista había presumido en sus redes sociales la preparación para la asamblea informativa de la corcholata presidencial, como parte del proceso interno de Morena para elegir al coordinador por la Defensa de la Transformación, un eufemismo con el que se designará a su precandidato presidencial, meses antes de que la ley permita las precampañas.
- A su vez, el 22 de julio pasado, Jorge Humberto Guzmán Enriquez, excandidato a la alcaldía de Madera, en Chihuahua, y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), falleció a causa de un ataque armado.
- Otro de los casos ocurrió el 13 de junio pasado, cuando Paola Quevedo, excandidata a diputada local de Morena en Guanajuato, fue atacada a tiros cuando salía de su negocio junto a otra mujer, quien también murió.
- Respecto a ataques que dejaron lesionadas a personas vinculadas con la política, el 8 de agosto pasado dos funcionarios de Ajalpan, Puebla, fueron baleados; Jamile Moguel, activista de Morena en Campeche, sufrió un atentado armado junto a su pareja el pasado 4 de agosto.
Violencia política aumenta de cara al proceso electoral 2024
La organización Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anticipó una escalada de la violencia contra autoridades locales de gobierno y funcionarios de la administración pública en México con motivo de la carrera electoral rumbo a 2024.
- El centro de análisis de datos, cuya actividad cuenta con el financiamiento de instancias como el Ministerio de Exteriores de Holanda, sostiene en una investigación que hay sólidos indicadores de que la violencia contra autoridades públicas está asociada a ciclos electorales.
- Indica que algunos de los niveles más altos de violencia se registraron en 2018, durante las elecciones generales de México, y en 2021, en las elecciones federales, estatales y municipales. Desde 2018, ACLED contabiliza el asesinato de más de 200 exfuncionarios electos a nivel regional y local.
“Los motivos de los perpetradores siguen siendo desconocidos en la mayoría de los casos, en medio de una alta tasa de impunidad. A falta de responsabilidad oficial, la violencia suele etiquetarse como obra de grupos de delincuenciaorganizada”.
- Las alarmas están encendidas rumbo a la próxima disputa de cargos públicos, incluyendo la Presidencia de la República. El panorama ya es preocupante: entre enero y mayo de 2023, ACLED suma más de 100 hechos violentos, lo que supone un aumento de 32% en comparación con los niveles registrados durante el mismo periodo de 2022.
- “Es probable que las próximas elecciones generales, previstas para junio de 2024, exacerben las tensiones y aumenten los riesgos de violencia”, indica el análisis. Sostiene que funcionarios y candidatos locales están especialmente en riesgo, y la competencia por asegurarse un escaño electoral podría agravar aún más estas amenazas.
Indica que las reformas al Instituto Nacional Electoral podrían crear un terreno fértil para el descontento y los conflictos electorales en torno a los resultados de la votación. En particular, la reforma de febrero de 2023 establece disposiciones para recortes presupuestarios y de personal, lo que conllevará a una reducción de la capacidad de supervisión y arbitraje.
“El presidente López Obrador ha impulsado la reforma y ha criticado abiertamente a la institución, acusándola de parcialidad y de no haber abordado anteriores denuncias de fraude en elecciones en las que él participó. Es probable que estas críticas deslegitimen aún más al INE como recurso institucional en caso de conflicto electoral”.
- La advertencia es resultado de un nuevo proyecto destinado a medir la violencia contra oficiales locales. El programa arrancó examinando los casos de México, Ucrania, Brasil, Sudáfrica, Filipinas y la Unión Europea.
- El análisis sobre México fue elaborado por Sandra Pellegrini, especialista para América Latina de ACLED y fue presentado el miércoles en un foro celebrado en formato virtual. Durante su intervención, Pellegrini destacó las limitantes para identificar a los responsables detrás de la información recaudada.
- Señaló que la impunidad, la falta de capacidades de investigación y la autocensura, son algunos de los obstáculos por los que no se puede señalar a los autores, y por tanto, impartir justicia.
Aumentan Violencia Criminales a partir de López Obrador
Entre 2018 y 2022, ACLED contabilizó alrededor de mil sucesos de violencia dirigidos contra funcionarios locales en México. Los ataques directos representan alrededor de 62%, seguidos por agresiones durante manifestaciones, 15% del total; turbas violentas, 7%; desapariciones forzadas y saqueos, 6%, respectivamente.
Tan sólo el año pasado, el país registró 182 incidentes, muy por encima de los 167 identificados en Ucrania, país sumergido desde febrero de 2022 en una guerra a gran escala provocada por el presidente ruso Vladimir Putin.
- El reporte indica que ningún estado está libre de violencia, aunque no se trata de una problemática uniforme. En Michoacán, Guanajuato, Guerrero y Veracruz, hay más probabilidad de que los incidentes estén asociados a la delincuencia organizada, mientras que en Chiapas y Oaxaca, dos de las entidades con los niveles más elevados de violencia en la materia, influyen otros factores, como las disputas locales, la competencia entre élites y la debilidad de los mecanismos de protección de los funcionarios públicos.
- “En Oaxaca, ACLED registra más de 100 eventos de violencia dirigidos a funcionarios locales entre 2018 y 2022, pero el estado no figura entre los más violentos cuando se analizan los eventos de violencia política probablemente relacionados con la actividad de las bandas criminales. Más que relacionada con bandas criminales, la violencia en este estado puede atribuirse en parte a disputas políticas”. Durante la presentación del informe, los expertos resaltaron que detrás de las agresiones se persiguen múltiples objetivos, como el reemplazo del funcionario y el control sobre la población.
Reiteraron que estos hechos no deben desestimarse, pues impactan en el funcionamiento del Estado, dañan la credibilidad de la autoridad local y desaniman la participación en la vida pública.
Para poner alto al fenómeno, Sandra Pellegrini propone abordar los altos niveles de impunidad realizando investigaciones, identificando y procesando a los responsables de la violencia; reforzando la cooperación a todos los niveles y fortaleciendo los mecanismos de protección a través de la identificación de riesgos para prevenir futuros incidentes./PUNTOporPUNTO
Gráfica Íntegra en el Enlace:
https://votar-entre-balas.datacivica.org/
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