Las versiones públicas de los documentos sobre el caso Odebrecht, de los contratos suscritos con laboratorios para la obtención de vacunas contra el covid-19 y de los convenios celebrados para obtener el software Pegasus son ejemplos de información cuya difusión pública ha sido negada o su reserva fue confirmada en la presente administración federal bajo el argumento de “seguridad nacional”.
- Estas negativas son parte de la tendencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que consiste en obstaculizar el acceso a la información sobre temas de interés nacional, opacidad denunciada por periodistas y organizaciones no gubernamentales.
Los datos corroboran los señalamientos: de acuerdo con una solicitud de información, y con estadísticas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), en los últimos cuatros años aumentaron los recursos de revisión –es decir, las inconformidades– interpuestos por los solicitantes contra las dependencias federales por negar información o porque entregan datos que no corresponden a lo requerido.
- Según Inai, si entre 2016 y 2018 se registró un promedio anual de 9 mil 189 recursos contra los sujetos obligados a escala federal, de 2019 a 2022 el promedio fue de 17 mil 173 registros. Sólo el año pasado la dependencia consignó 22 mil 206 reportes.
En las secretarías federales se observa un aumento de recursos de revisión en los últimos cuatro años respecto de años anteriores.
- De mayor a menor, presentan números rojos las de Educación Pública, de Salud, de la Función Pública y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Les siguen las secretarías de Hacienda, de la Defensa Nacional, de Gobernación, de Medio Ambiente, de Relaciones Exteriores, de Agricultura y de Bienestar.
- En el caso de la SEP, por ejemplo, el Inai anota mil 628 recursos de revisión de 2015 a 2018. De 2019 a 2022, el número aumentó a 2 mil 447.
- La Secretaría de Salud reporta en los mismos periodos, respectivamente, mil 826 contra mil 950. La Secretaría de la Función Pública (SFP), 861 contra mil 582. La Sedena, 686 contra mil 530. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 362 contra mil 97.
Otras dependencias federales tienen un aumento importante
En particular las áreas de salud. Son los casos del IMSS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El IMSS tiene el dato más alto. De 4 mil 55 recursos de revisión en la pasada administración, pasó a 6 mil 278 en la presente.
También hay más inconformidades contra la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex, Servicio de Administración Tributaria (SAT), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Reguladora de Energía, Oficina de la Presidencia de la República, Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el mismo Inai.
Argumento recurrente
Los datos del Inai revelan cuáles son los sujetos obligados con más respuestas negativas por “referirse a información clasificada”. En la lista se encuentra, en primer lugar, el IMSS, que entre 2021 y 2022 alegó este argumento 2 mil 620 veces. Le siguen SAT, SFP, FGR, CJF, CFE, Cofepris, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), SRE y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Auditoría Superior de la Federación, Ssa, Secretaría de Hacienda, Pemex, Conagua, Instituto Nacional de Migración, Segob y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
IMSS, SEP y Sedena encabezan recursos por opacidad
De acuerdo con datos públicos de la Plataforma Nacional de Transparencia y del INAI, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Gobierno federal, encabeza las dependencias públicas que más acumulan recursos de revisión por negativas de transparencia.
- De acuerdo con datos revisados por Aristegui Noticias, el IMSS ha recibido 371 recursos de revisión del total de 3 mil 300 que el INAI acumula a inicios de mayo debido a la parálisis de su Pleno por la falta de tres comisionados.
- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano de gobierno del Poder Judicial federal, suma 236 recursos de revisión; la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene 19, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reporta 89 quejas.
Se estima que al menos el Gobierno del presidente López Obrador suma 694 recursos de revisión al corte de abril pasado.
- Periodistas, colectivos y organizaciones advirtieron que la inoperancia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) manda un mensaje de “a favor de la opacidad”, por lo que pidieron la designación de los comisionados faltantes para que pueda operar.
“Las funciones del INAI no pueden ser absorbidas por otras instituciones, es un órgano central para la protección del derecho a saber de la sociedad”, expresaron en un comunicado.
Dicho organismo se encuentra en inoperancia desde el 31 de marzo debido a que no cuenta con el fórum legal necesario para sesionar, pues sólo tiene 4 de los 7 comisionados que lo deben integrar. Esto a raíz de que el Senado de la República no ha elegido a los funcionarios que ocuparán las plazas que están vacías desde abril del año pasado.
- Entre las actividades que no pueden realizar se encuentran resolver recursos de revisión o atraer aquellos que se encuentran pendientes en organismos, emitir resultados a las solicitudes de información, emitir recomendaciones o interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Dependencias no atienden actos de corrupción
A partir de la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las instituciones federales por inconsistencias o presuntos actos de corrupción han perdido efectividad al grado de ser casi ignoradas por los sujetos de revisión y lo peor es en la recuperación de recursos cuyo ejercicio no fue comprobado: ahora solo se recupera una quinta parte de esos recursos públicos.
- Mientras que en 2016 y 2017 la ASF recuperó cerca de siete y nueve mil 515 millones de pesos respectivamente, en 2020 recuperó cerca de dos mil 200 millones de pesos. Es decir, 7 mil 315 millones de pesos menos que en el penúltimo año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
- De acuerdo a un análisis del IMCO, la atención de las recomendaciones de la ASF ha decrecido a través de los años: en 2011, 2012 y 2013, la atención a las recomendaciones por las instituciones auditadas era de 99%. Esta proporción se redujo a 19% en 2018 y 2019, últimos años con este dato disponible.
En este contexto, el IMCO recalcó que la ASF puede fortalecer la detección de riesgos de corrupción en las compras públicas o ineficiencia en el uso de los recursos públicos a través del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC).
Algunos ejemplos que muestran la utilidad del IRC en la labor de fiscalización de la ASF son: A mayor número de acciones por auditoría, mayor riesgo de corrupción en compras públicas según el puntaje del IRC.
Liconsa, Diconsa y Seguridad Alimentaria son las tres instituciones con mayor proporción de acciones por auditorías, con 45, 31 y 20 respectivamente.
Surge microempresa como favorita de la 4T
La empresa Atlantis Operadora Servicios de Salud S.A. de C.V obtuvo 16 contratos con diferentes dependencias federales y con el gobierno de Sonora en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de ser una firma de reciente creación.
- De acuerdo con los convenios publicados en la plataforma de Compranet, dichos contratos representan ganancias para la empresa de cinco mil 251.6 millones de pesos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- El contrato más reciente fue con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) por un total de 923.1 millones de pesos. Según el documento, Atlantis Operadora Servicios de Salud otorgará servicios de administración y atención médica hasta 2025.
- También Nacional Financiera (Nafin) contrató a esta empresa por un total de mil 580 millones de pesos, bajo el concepto de servicios de administración y atención médica, los cuales iniciaron en abril de este año y concluyen en dos años.
La empresa de Guillermo Nieto vendió sus servicios a otras dependencias públicas como Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Lotería Nacional, el Banco del Ejército, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), entre otras.
Tan solo en lo que va de este año, la compañía ha ganado seis contratos por cerca de tres mil millones de pesos, de acuerdo con datos del portal Compranet, de los cuales 91.6 por ciento del monto total corresponde a los servicios transexenales otorgados a Bancomext y Nafin.
- Hasta ahora, Nafin, a cargo de Luis Antonio Ramírez Pineda, pagó el contrato más caro para esta empresa de reciente creación. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) asignó un contrato a la subsidiaria de Grupo Empresarial Atlantis, pero por un monto que equivale apenas 11 por ciento de lo otorgado a Nafin.
- Casi todos los contratos publicados en Compranet que fueron asignados a esta firma son muy similares, ya que brindan por lo regular el mismo servicio, de administración y atención médica, además de otros como anestesia y hospitalización.
La empresa Atlantis Operadora Servicios de Salud se constituyó en enero de 2019, recién iniciada la presente administración, según consta en un acta del Registro Público de Comercio.
Los contratos con la administración federal en estos años van desde los cuatro millones de pesos hasta los mil 600 millones, esto sin incluir el IVA, de acuerdo con el portal de compras del gobierno.
- Empresario de bajo perfil: Atlantis Operadora Servicios de Salud se fundó por Guillermo Nieto Vera, quien funge como su director, y Eduardo Vilchis Guerrero, quien es su actual contralor.
Ambos empresarios se han visto envueltos en operaciones como la compra de Corporativo Médico Community Doctors, una pequeña compañía que se fundó a finales de 2019 y que también se ha visto beneficiada con contratos. Vilchis está acreditado como representante legal de Atlantis para la asignación de contratos estatales como el de la Secretaría de Salud del estado de Hidalgo, en 2021, para el suministro de material de osteosíntesis.
- La información sobre ambos personajes es poca, apenas se conoce sobre su sociedad en Grupo Empresarial Atlantis y la representación de la empresa en algunas licitaciones publicadas. De los 16 contratos entregados a la compañía, nueve han sido por la vía de la licitación abierta, el resto por adjudicación directa o en un concurso restringido.
De acuerdo con el portal de Compranet, la firma está catalogada como microempresa, pero obtuvo contratos multianuales con las dependencias federales. Los contratos signados este año con Bancomext y Nafin son los primeros que concluirán hasta el próximo sexenio.
La empresa se encargará de dar servicio de administración y otorgamiento, de atención médica integral a nivel nacional a ambos organismos, esto a través de una red de prestadores de servicios tales como médicos de primer nivel y de especialidad, hospitales, farmacias y servicios auxiliares, entre otros./Agencias-PUNTOporPUNTO
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