Además de los recursos que destina a Petróleos Mexicanos (Pemex), el Gobierno federal también subsidia la operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
- Entre enero y marzo de este año, CFE aportó 9 mil 972 millones de pesos por concepto de impuestos y derechos, mientras que recibió del Gobierno 24 mil 474 millones de pesos para cubrir los subsidios a las tarifas eléctricas.
Esto significó una pérdida para la Hacienda pública de 14 mil 504.2 millones de pesos, de acuerdo con datos de la empresa.
En el caso de Pemex, en el mismo período su aportación a la Federación fue de 33 mil 101 millones de pesos, pero recibió apoyos por 160 mil 570 millones de pesos, lo que implicó una pérdida por 127 mil 468 millones de pesos, de acuerdo con cálculos de Reforma con base en cifras de la petrolera.
Es 2024 el primer año en el que se ha registrado un diferencial negativo entre las aportaciones de la Pemex y las transferencias que recibe del Estado.
- Además de recursos para el pago de su deuda, el Gobierno redujo gradualmente la tasa de Derecho de Utilidad Compartida y exentó a la empresa de su pago durante cuatro meses, de octubre del 2023 a enero de este año.
- Jorge Cano, investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, dijo que tanto CFE como Pemex están en un punto en que necesitan del Gobierno para mantener su operación.
“Ahora el Gobierno es el que da más para las finanzas de Pemex; la mayor parte de los ingresos del Estado por parte de Pemex vienen del impuesto de derecho de utilidad compartida (DUC) el cual ha venido disminuyendo su tasa, que pasó de 65 por ciento en 2019 a 30 por ciento en 2024, lo que explica porqué los ingresos del Gobierno Federal se han venido reduciendo de forma considerable”, apuntó.
- En el caso de CFE, consideró que requiere de recursos que le permitan cubrir las tarifas que se ofrecen a los usuarios domésticos de bajo consumo y al sector agrícola, las cuales no cubren el costo de la energía que consumen.
“Los ingresos que genera CFE en sí son para su operación misma, pero la CFE por mandato está obligada a vender la energía a los hogares por debajo del costo real de producción, y por esa situación es que su balance general en varias ocasiones es negativo, aunado a las deficiencias productivas que tiene, lo que encarece el precio de la energía”, apuntó Cano.
- Consideró que ambas empresas requieren una reestructura financiera. Pemex deberá enfocarse en los negocios más rentables –exploración y producción– y CFE en acciones que la vuelvan más productiva para dejar de depender de recursos públicos para cubrir las tarifas.
- César Augusto Riviera, investigador en transición energética y medio ambiente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) criticó que el esquema de subsidios no está enfocado en beneficiar a la población de menores ingresos, por lo que cada vez demandará más recursos públicos.
Gasto se centra en el sector energético
La prioridad en la política pública del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gasto en 2023 fue el sector energético (subsidios a Pemex y salarios de CFE), lo que se traduce en menos recursos, menos espacio fiscal para salud y para otros aspectos como primera infancia, cuidados y medio ambiente, los cuales afectan en mayor medida a las siguientes generaciones, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
El análisis de los investigadores del CIEP destacan que la historia de las finanzas públicas en 2023 coincide con lo observado durante los cuatro años anteriores y con la política energética de esta administración:
- Las redistribuciones más importantes del presupuesto se dieron en la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos con incrementos respecto a lo aprobado de 323% (pasó de 3.1) pesos a 13.2); 263% (de 6.1 pesos a 22) y 149% (de 0 a 0.1 pesos), respectivamente.
El incremento en el gasto de la Secretaría de Energía se justificó mayormente por la inversión en proyectos como la refinería Olmeca-Dos Bocas, la rehabilitación de refinerías existentes, y el fortalecimiento financiero de Pemex.
- Durante 2023, el gasto público ejercido fue 1.6 % menor que el presupuesto aprobado, pero 2.9% mayor que en 2022, esto es, este gasto fue de 8 billones 162 mil 986.8 millones de pesos, monto equivalente a 25.7 % del Producto Interno Bruto, y representa un incremento de 2.9 %, en términos reales, respecto al total ejercido durante 2022.
¿Cómo gastó el gobierno de AMLO?
De los 1,000 pesos que representa el gasto neto total, 244.4 pesos se dirigieron a los ramos administrativos. Este monto es 7.5 % mayor respecto a lo aprobado y se distribuyó de la siguiente manera:
- Educación pública 51.5 pesos equivalentes, 4.5 % más que lo aprobado (49.3 pesos), debido a un mayor gasto en servicios personales principalmente por pago de sueldos y salarios y otras remuneraciones relacionadas a la política salarial.
- Bienestar 50.5 pesos equivalentes, 0.5 % menos que lo aprobado (50.8 pesos), pero 28.4 % mayor, en términos reales, respecto a lo ejercido en 2022.
- Energía 22.0 pesos equivalentes, 263.2 % más que lo aprobado (6.1) a causa de mayores gastos de inversión en aportaciones patrimoniales a Pemex y mayor gasto corriente en Comisión Federal de Electricidad.
- Salud 12.9 pesos equivalentes, 49.7 % menos (25.7 pesos) que lo aprobado derivado de la transferencia de recursos que se encontraban en Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) ahora al IMSS-Bienestar.
- Turismo 12.3 pesos equivalentes, 31.3 % menos (17.8 pesos) que lo aprobado por menores recursos en el Proyecto de Transporte Masivo de Pasajeros.
En cuanto a las empresas productivas del estado, éstas ejercieron 129.5 pesos equivalentes, 5.4 % menos recursos de los que tenían presupuestado:
- Pemex gastó 70.6 pesos, cifra 15.0 % menor que lo aprobado, debido a menor gasto corriente en subsidiarias de Pemex y menor gasto de inversión en refinerías y complejos industriales.
- En cambio, la CFE gastó 58.9 pesos, 9.3 % mayor a lo aprobado, debido a mayor gasto en operación por un mayor consumo de gas, la entrada de unidades que estaban fuera de operación, aumento en el costo financiero por intereses no contemplados, aumento del pago de pensiones por trabajadores que ejercieron su derecho, entre otros.
Solo se ha invertido un promedio anual de 55 mil mdp en infraestructura
Sin embargo, la empresa que dirige Manuel Bartlett considera en su reporte la compra de las centrales de Iberdrola, que no son de su propiedad.
- La empresa eléctrica estatal aseguró en una presentación del 21 de junio que a través de recursos presupuestales y esquemas de financiamiento ha invertido en infraestructura 332 mil 900 millones de pesos de 2019 a 2024.
Precisó que el promedio anual de inversión era de 94 mil 500 millones de pesos, pero al realizar la división del total en los seis años, el promedio real es de 55 mil 300 millones, detalla un análisis realizado por México Evalúa en el que expone que las cifras “no cuadran”.
”Nuestra conclusión es que los datos que presentó la CFE no dan, y aquí puede tratarse o de una muy grave falta de aritmética o que lo que están haciendo es inflar los datos”.
”Para haber llegado a esos 94.5 mil millones de pesos por año se debieron tener inversiones exorbitantes de casi medio billón de pesos, lo que está fuera de la realidad con los datos que hemos visto en el sexenio”, consideró Jorge Cano, investigador del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
Destacó que los datos oficiales del Gobierno están en la Cuenta Pública o en reportes de Hacienda. ”Es lamentable que los reportes que hace directamente CFE no coincidan”, agregó.
- De hecho, la organización expone que si se ejercen completos los 54 mil 200 millones de pesos que se aprobaron para 2024, en el sexenio la Comisión habrá invertido un total de 280 mil millones de pesos en infraestructura, lo que daría un promedio anual de 46.6 mil millones, 50.6 por ciento menos de lo planteado en la presentación del mes pasado.
- En la suma de CFE está considerada la compra de las 13 plantas a Iberdrola, que no implicaron un gasto o inversión, ni incorporaron nueva capacidad de generación a la empresa.
- La adquisición se hizo a través de un esquema financiero en el que México Infraestructure Partners (MIP) es el administrador del fondo y donde el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) destinó 2 mil 420 millones de dólares para la compra, así como la participación de un fideicomiso de Certificados de Capital de Desarrollo.
Además de inflar las cifras expuestas públicamente, del presupuesto asignado por Hacienda para inversión en infraestructura, CFE ha tenido subejercicios.
Entre 2019 y 2023, tuvo una asignación de presupuesto por 202 mil 307 millones de pesos, pero solo ejerció 167 mil 114 millones.
Trabajadores desaparecen expedientes de adeudo
De acuerdo con La Crónica, el modo de operación de una creciente red conformada por empleados -operativos y administrativos- e ingenieros de la compañía, la cual se ha especializado en pedir moches a cambio de desaparecer expedientes de adeudo y registrar nuevos contratos, en perjuicio de las arcas públicas.
- Conforme a los estados financieros de la CFE, el monto correspondiente “al deterioro de las cuentas por cobrar” se ha multiplicado en los últimos años, al pasar de 27 millones de pesos en 2019 a más de 72 millones al primer trimestre de 2024.
- El referido “deterioro” se refiere a la pérdida de dinero (o beneficios económicos) en la empresa debido al incumplimiento de pagos del deudor, los cuales están relacionados, en el papel, con cambios de domicilio o de titulares en un contrato, así como supuestas dificultades monetarias y quiebras.
Las “mordidas” están enfocadas tanto a los consumidores de casa-habitación como empresas y negocios.
- Las cantidades pendientes de pagar a la Comisión van, principalmente, de los 10 mil al millón de pesos. Y para “desaparecer” medidores o contratos se pide, en promedio, el equivalente a la mitad del total.
Negocio furtivo
De acuerdo con los testimonios obtenidos por este diario, en el caso de don Mateo el moche acordado al final fue de 250 mil pesos. Un medidor nuevo, empotrado en una de las paredes de su negocio, se convirtió en señal del trato cerrado.
- El desfalco fue denunciado a este reportero por empleados de la propia CFE, quienes compartieron algunos audios y otras pruebas de las negociaciones furtivas.
- Este reportero conoció de manera directa dos casos: el de una planchaduría en la delegación Álvaro Obregón y el de una casa-habitación en la delegación Coyoacán.
En torno a este último expediente, todo comenzó cuando un par de trabajadores de la CFE, con chaleco y credencial oficial, tocaron a la puerta del deudor, ya identificado de manera previa y quien semanas antes había recibido una carta de reclamación de pago por parte del organismo.
“Personal de CFE Distribución llevó a cabo una revisión del sistema de medición e instalación eléctrica de su servicio, en la que se encontró que se consumía energía a través de instalaciones que evitaban, alteraban o impedían el funcionamiento normal del equipo de medición, utilizando energía eléctrica en forma y cantidad que no está autorizada en su contrato de suministro”, señalaba el documento.
“Se procedió a realizar pruebas para determinar la electricidad consumida y no facturada. Se aplicaron las cuotas de la tarifa final de suministro 1 que corresponde al contrato con esta empresa, con lo cual se determinó un importe pendiente a pagar de $45,815.00”.
- Se advertía del cobro de intereses moratorios en caso de no acudir a realizar el pago a la sucursal indicada.
De arranque, los trabajadores ofrecieron un cambio gratuito de medidor, con la justificación de un desperfecto del anterior, un simple gancho para darle confianza al consumidor, sacar el tema de la deuda y ofrecer la cancelación a cambio del moche.
Pérdidas
Conforme a los reportes financieros oficiales, al cierre de 2023 el monto neto de las cuentas por cobrar ascendía a 111.5 millones de pesos, considerando los adeudos de consumidores públicos y los consumidores de gobierno, además de fideicomisos.
“La Entidad ejecutó un análisis donde se identificó la cobranza, y por lo tanto se estimó la recuperación, tomando como base el rezago de la cartera de cuentas por cobrar. Dicha evaluación concluye que la brecha de evidencia objetiva de deterioro se encuentra posterior al plazo de 360 días dado que, la probabilidad histórica de recuperación (de dinero) posterior a este plazo se estima en sólo 4 por ciento”, reconoce la paraestatal. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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