En 11 estados del país existe el mayor riesgo de violencia política y de que el crimen organizado intervenga durante los procesos electorales federal y estatal en marcha, en el que se disputan más de 21 mil cargos de elección, entre alcaldías, diputaciones y gubernaturas.
Se trata de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Baja California, San Luis Potosí y Zacatecas, según la Estrategia de Protección en Contexto Electoral elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que, a juicio de algunos expertos de seguridad, se implementó tarde, es insuficiente y no incluyó al Instituto Nacional Electoral (INE).
- La dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez ve a Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco con la mayor posibilidad de que los criminales busquen cooptar a candidatos para tener control territorial de las actividades ilícitas y acceder a los recursos públicos.
- Sin embargo, no incluyó a Sonora, Colima, Nayarit, Estado de México y Tamaulipas, entidades también afectadas por la delincuencia organizada, en las que se han generado periodos de actos homicidas.
- De acuerdo con el último reporte de la SSPC, 117 candidatos de todos los partidos políticos fueron amenazados o agredidos entre el 4 de marzo y el 8 de abril, de los cuales tres fueron asesinados y 41 de ellos tienen protección, es decir, escoltas.
Van 103 ataques contra aspirantes, en su mayoría candidatos a presidencias municipales y a diputaciones locales en el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo.
Desde septiembre del año pasado cuando dio comienzo el proceso electoral, Integralia Consultores, dirigido por el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, lleva contabilizados 167 eventos de violencia política que han dejado 169 víctimas, de las cuales 118 fueron mortales.
“Lo que hemos visto hasta ahora es que este proceso electoral ya se colocó como el segundo más violento de la historia democrática de México.
“Seguimos registrando un número superior en el proceso electoral de 2018; sin embargo, lo que creemos es que en lo que resta de esta contienda se irán aumentando los casos de
violencia política”, consideró el gerente de Riesgo Político de Integralia.
- El crimen organizado participa en los procesos electorales en formas distintas, que van desde apoyar con recursos financieros que eluden los controles oficiales, promoviendo aspirantes que les son funcionales, inhibiendo la participación de otros e incluso ejecutando a los rivales.
Expertos en seguridad consideran focos rojos a los estados de Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero, Guanajuato, Sonora y Tamaulipas, donde el crimen organizado está más fortalecido.
“Sin duda, el crimen organizado está aprovechando el actual proceso electoral para fortalecer sus capacidades de interlocución política”, indicó el especialista, Ricardo Márquez
Blas. Aseveró además que los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus células delincuenciales desde hace meses iniciaron sus acciones para amenazar y cooptar a los candidatos de todos los partidos.
- Márquez Blas consideró que el gobierno federal carece de un plan viable, realista y eficaz para contrarrestar la intromisión del crimen organizado, además de que no incluyó al INE y a los partidos políticos.
“Es un plan que postula una serie de buenas intenciones, pero carece de recursos financieros y humanos que le den viabilidad, credibilidad y posibilidades de éxito”, consideró.
“Toda política pública, estrategia o programa de gobierno que no está respaldada por los recursos financieros e infraestructura necesarios para su implementación y éxito, se ubica más en el plano de la retórica”, añadió.
El gerente de Riesgo Político de Integralia, Carlos Rubio, armó que han identificado una intención clara del Cártel Jalisco Nueva Generación de hacerse con el control de los gobiernos municipales de Guanajuato.
“Hay una intención más abierta del CJNG de hacerse con el control de gobiernos locales; todos los estados en los que tiene operaciones o de los que considera parte de su base territorial, tienen un mayor número de incidentes de violencia política que el resto de las entidades”, advirtió el gerente.
- Carlos Rubio explicó que Integralia clasificó como zonas principalmente conflictivas el centro y sur-sureste de la República, con focos rojos de violencia muy importantes en los casos de Veracruz y Oaxaca, que son los que han registrado el mayor número de incidentes de violencia política y también el mayor número de víctimas de estos delitos.
Rubio celebró que el gobierno federal reconozca que se trata de un problema grave; sin embargo, consideró que la Estrategia de Protección en Contexto Electoral llegó tarde porque se anunció apenas hace un mes.
«Es insuficiente y lo que creemos es que el gobierno federal claudicó a su responsabilidad de proteger a los candidatos que están más en riesgo de ser sujetos o víctimas de este tipo de incidentes. La gran mayoría de las víctimas están en los niveles municipales”, expuso.
En ese mismo sentido opinó el investigador de la UNAM, Raúl Benítez Manaut, quien mencionó que no hay una estrategia verdadera de contención para evitar que los grupos
delincuenciales utilicen a los políticos para proteger sus intereses.
“Los grupos criminales tratan de tener influencia como cualquier candidato a cualquier nivel, pero básicamente lo hacen donde es más directa la posibilidad de tener éxito si los acorralan o los hostigan, que es a nivel municipal”, refirió.
Concentran 6 estados ataques a candidatos
“No permitiremos que el partido del crimen decida”, advirtió la titular de la Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, luego de dar a conocer que en el contexto del proceso electoral han sido asesinados y desaparecidos 10 aspirantes a cargos de elección popular en el país.
“Sabemos que en algunas partes del país estas organizaciones emprendieron una campaña de miedo para aumentar su influencia política mediante la intimidación, violencia, desaparición y homicidio”, expresó la funcionaria federal.
- Rodríguez Velázquez presentó un informe sobre el programa de protección a candidatos que implementa el gobierno de México donde dijo que, del 4 de marzo a la fecha, se han presentado 117 casos de amenazas y agresiones, de los cuales 71 víctimas son hombres y 46, mujeres.
El 82% de los candidatos agredidos son aspirantes a alcaldes, diputados locales y regidores; mientras que el 18% restante, son contendientes a distintos cargos federales.
Al momento, se han registrado oficialmente 103 eventos que involucran a más de un aspirante a cargo de elección popular que han generado 60 carpetas de investigación, indicó Rodríguez Velázquez.
- Además, 41 candidatos tienen medidas de protección y 22 de ellos, cuentan con policías estatales, 16 aspirantes más tienen asignados soldados de la Guardia Nacional y tres cuentan con seguridad proporcionada por “otras autoridades”, señaló sin explicar la funcionaria federal.
- La titular de la SSPC, destacó que en este proceso electoral han sido asesinados y desaparecidos 10 candidatos a cargos de elección popular, 35 se encuentran en riesgo relevante y 58 fueron alertados de posible agresión.
El 47% de la violencia electoral se concentra en seis estados que son: el Estado de México; Veracruz; Nuevo León; Oaxaca; San Luis Potosí y Quintana Roo, precisó Rodríguez Velázquez.
No habrá impunidad
La secretaria de Seguridad Pública federal exhortó a los candidatos a más de 21 mil cargos de elección popular a denunciar las agresiones y amenazas del crimen organizado y de cuello blanco para evitar que la democracia sea vulnerada en los comicios del próximo 6 de junio.
En este sentido, Rodríguez Velázquez informó sobre los avances de tres homicidios contra candidatos y advirtió que ninguno de estos crímenes quedará impune.
- Sobre el asesinato de la exdiputada priista de Cosoleacaque Veracruz y su hija que aspiraba a ser legisladora local, Carla Enriquez Merlín, registrado en febrero pasado, la funcionaria federal informó que hay dos detenidos del “círculo cercano” de ambas mujeres, así como otras órdenes de captura por los delitos de feminicidio y un supuesto robo de joyas que asciende a los tres millones de pesos.
En el caso del asesinato del expresidente de la Coparmex en San Luis Potosí, Julio César Galindo Pérez, informó que existen cuatro órdenes de aprehensión en contra de personas que “tuvieron diferencias por negocios y uno por aspiraciones políticas de la alcaldía de Chalma, Veracruz”, indicó.
- Del asesinato del exdiputado, Juan Antonio Acosta Cano, quien pretendía contender por la alcaldía de Juventino Rosas en Guanajuato, se explicó que además de personas detenidas y que existen servidores públicos del mismo municipio involucrados en el crimen.
La secretaría de Seguridad Pública federal reiteró que la delincuencia organizada y de cuello blanco buscan incidir políticamente en las elecciones, a través de estrategias de complicidad o presiones violentas, por eso se le consideró como “el partido del crimen”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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