De acuerdo con el índice de expedientes clasificados como reservados de la SFP, en solo 18 meses la dependencia ordenó limitar el acceso a 6 mil 572 expedientes bajo distintas justificaciones, en distintos momentos y por plazos que van de 6 meses hasta 5 años.
- En promedio, la Función Pública clasificó 12 expedientes cada día y 365 cada mes desde enero de 2019.
- El índice, que está disponible en el sitio web de la dependencia, detalla si se trata de clasificaciones totales o parciales, cita los fundamentos legales para reservar cada expediente y reporta qué expedientes reservados fueron desclasificados al momento del informe.
- En el primer semestre de 2019, la Función Pública ordenó reservar mil 575 expedientes de distintos órganos internos de control y vigilancia que abarcan, entre decenas, al SAT, la Policía Federal, la Fiscalía General de la República, Banobras y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
En la segunda mitad del 2019 fueron reservados 4 mil 66 expedientes y en el primer semestre de 2020 fueron 931 expedientes.
Durante ese periodo, el último publicado por la Función Pública, hay 155 casos en los se determinó reservar durante 5 años, por razones que van desde la obstrucción a actividades de verificación, inspección y auditoría hasta el riesgo a la vida y la seguridad de personas físicas.
El pasado 7 de enero, el Presidente planteó que la SFP sea la que responda a las solicitudes de transparencia y un día después sugirió que se sancione a quienes no las cumplan ágilmente.
«¿No puede pasar esa función a la Secretaría de la Función Pública o a la Auditoría Superior de la Federación o a la Fiscalía Anticorrupción?», planteó en la conferencia en Palacio Nacional.
«Que se esté obligado a en 72 horas entregar la información, que no haya reservas, transparencia completa y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado», dijo un día después, «eso lo puede hacer la oficina o la Secretaría de la Función Pública, ahí se entrega la solicitud, o a cada dependencia».
6,572 solicitudes de información reservadas por la SFP en 18 meses
Gobierno de AMLO registra más quejas
Durante los dos primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ha tenido un papel más proactivo debido a las quejas que los ciudadanos interponen porque las dependencias del gobierno federal no responden satisfactoriamente sus solicitudes de datos.
Cuando una persona realiza una solicitud a una institución y no está de acuerdo con la respuesta que recibe —porque se indicó que los datos están reservados o son inexistentes, por ejemplo—, el peticionario puede interponer un recurso de revisión para que el Inai analice el asunto y, si encuentra elementos suficientes, instruya a la dependencia a hacer una búsqueda exhaustiva de los expedientes para entregar la información que se le pidió.
- En este sentido, en 2018 se registraron 9 mil 231 recursos de revisión contra las respuestas que el gobierno federal dio a distintas solicitudes de información, mientras que en 2019 la cifra se incrementó a 15 mil 107 y en 2020 se registraron 13 mil 376.
- Esto quiere decir que en los dos primeros años de gestión del presidente López Obrador, el Inai ha aumentado sus intervenciones hasta 63% para defender el derecho de los ciudadanos al acceso a la información.
En medio de este contexto, el Titular del Ejecutivo federal ha propuesto integrar el Inai a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para “ahorrar” recursos económicos; sin embargo, especialistas en la materia consideraron que dicha acción significaría un retroceso de décadas en este tema y podría haber más opacidad.
El documento Recursos de revisión interpuestos por año según sujeto obligado del orden federal, actualizado al 3 de diciembre por el Inai, revela que en los últimos seis años ha habido un aumento gradual en esta clase de procesos; sin embargo, hubo un alza más significativa en lo que ha transcurrido de este sexenio.
- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución contra la que más recursos de revisión se interpusieron entre 2019 y 2020, con un total de 2 mil 801. Le siguen la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con 2 mil 272, y la Secretaría de Educación Pública (SEP), con mil 402.
Otras dependencias contra las que se han interpuesto más recursos son el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Lotería Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Oficina de la Presidencia de la República y la Secretaría de Salud (Ssa).
«Institución incómoda”
Fue el pasado 7 de diciembre cuando el presidente López Obrador informó que prepara una reforma administrativa para que el Inai se integre a la SFP, e inmediatamente académicos, organizaciones sociales y periodistas mostraron su rechazo ante la medida.
- Para Fernando Nieto Morales, académico del Colegio de México (Colmex) e integrante del Consejo Consultivo del Inai, el verdadero objetivo del Presidente es eliminar al instituto de transparencia porque se ha convertido en un organismo incómodo a su gobierno.
“Los órganos como el Inai deben ser contrapesos ante el ejercicio arbitrario y discrecional del poder público, por eso le incomoda tanto a los gobernantes, no sólo al Presidente, y esa incomodidad es importante para los ciudadanos porque ahí está la garantía de que [los funcionarios] no pueden hacer lo que les dé la gana y deben informar la naturaleza de sus decisiones”, expresó Nieto Morales.
- El especialista advirtió sobre varias consecuencias con la posible desaparición del Inai, pero sobre todo subrayó que no habría garantía de imparcialidad, porque la SFP, que forma parte del gobierno, también intervendría en el proceso de acceso a la información. “Lo que está proponiendo el Presidente es que un mismo actor se convierta en juez y parte”, criticó.
Y también agregó: “A largo plazo esto implicaría una herida grave a la procuración de estos dos derechos [acceso a la información y protección de datos personales] e involucraría una modificación del sistema de rendición de cuentas”.
Por su parte, Sarahí Salvatierra, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la organización Fundar, señaló que el Presidente no puede acusar de opacidad al Inai, porque son las mismas dependencias de gobierno las que deben entregar la información y el organismo autónomo sólo interviene cuando un ciudadano no está satisfecho con lo recibido.
- La especialista explicó que otro problema en el actual sexenio ha sido la declaratoria de “inexistencia de información” para negar la respuesta a solicitudes de datos.
- Según documentos del Inai, 2019 fue el momento en el que instituciones federales rechazaron más solicitudes alegando “inexistencia de información”; ese año lo hicieron 5 mil 681 veces.
“Más allá de desaparecer al Inai deberían fortalecerlo, por ejemplo, mejorar sus mecanismos para realmente garantizar el cumplimiento de sus resoluciones, porque muchas veces las instituciones, frente a una instrucción del Inai de entregar información pública, no lo hacen”, concluyó la experta.
Gobierno recurre a absurdos para negar acceso a información
Cobrar casi medio millón de pesos en copias, alegar que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría sufrir discriminación si se revela información sobre su salud o declarar “inexistencia” son algunas de las estrategias que el gobierno federal ha seguido este sexenio para no entregar datos de interés público a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Entre 2019 y 2020, dependencias han negado 24 mil 852 veces la entrega de documentos, por estar reservados, ser confidenciales o inexistentes, según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Si se comparan los primeros dos años de gobierno de López Obrador con los de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en el actual sexenio ha habido más negativas a entregar: con el panista fueron 15 mil 531 y con el priista, 18 mil 137.
- Las veces que las instituciones han alegado por qué no pueden entregar la información solicitada han sido por un riesgo a la seguridad nacional, a la integridad de una persona o piden un cobro excesivo para dar copias.
- Tal es el caso de la solicitud de información 0000700130319, hecha a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el 23 de abril de 2019, en la que se le pidió a la dependencia información sobre los permisos que ha entregado para la fabricación, comercialización, importación, exportación, reparación, transportación y almacenamiento de armas.
- El Ejército respondió que todos estos datos estaban contenidos en 963 mil 144 copias, por las cuales se debían pagar 481 mil 572 pesos para poder consultarlas.
Esa no ha sido la única vez que la Sedena ha obstruido información a ciudadanos, desde 2019 esta dependencia reservó por cinco años al menos dos casos en los que se pudieron haber violado derechos humanos: enfrentamientos de militares con presuntos delincuentes en Tepochica, Guerrero —ocurrido en octubre de 2019—, y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, registrado en julio de este año.
Alegan privacidad de Ejecutivo
La opacidad de los últimos dos años también ha girado en torno a la figura del Ejecutivo, quien recientemente propuso integrar el Inai a la Secretaría de la Función Pública (SFP), aunque expertos en la materia han criticado que desaparecer al organismo autónomo sería un retroceso grave para la democracia en México.
- Sobre el Ejecutivo, un ciudadano realizó la solicitud de información 0001200280720 a la Secretaría de Salud (Ssa), a la que se le cuestionó sobre los resultados de la prueba de Covid-19 que el Presidente se había hecho antes de su gira en Estados Unidos.
- Sin embargo, la dependencia se negó a responder, al considerar que la salud de una persona es personal, e incluso señaló que, en caso de dar a conocer la información, se corría el riesgo de que el Presidente fuera discriminado.
“La información solicitada es considerada como datos personales sensibles, los cuales se refieren a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación”, respondió la Ssa.
- Otros casos de opacidad han sido protagonizados por la Oficina de la Presidencia. El 24 de abril de 2019, luego de que López Obrador aseguró que el expresidente Felipe Calderón le envió una carta para pedir seguridad para él y su familia, un particular pidió una copia de la misiva.
La respuesta a la solicitud llegó un mes después, el 23 de mayo. La respuesta fue: “Se realizó una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable en los archivos que la conforman, sin encontrar dicho documento”.
Es decir, la oficina de López Obrador rechazó tener la carta que Calderón le había enviado, incluso cuando dos días antes, el 21 de mayo, el Ejecutivo se había adelantado y dio a conocer el contenido de la misiva.
- Otro caso en el que la Oficina de la Presidencia se negó a entregar información fue cuando un ciudadano pidió el nombre, cargo y sueldo de la traductora que asistió a López Obrador en su gira en Washington, Estados Unidos.
pesar de que sí hubo una persona que ayudó al Mandatario, el gobierno señaló que no se localizó “evidencia documental” que atienda el requerimiento.
No revelan contratos
La reserva de información también ha estado presente en las solicitudes de información que buscan desbloquear contratos. Por ejemplo, una persona realizó la petición 0064102542820 al IMSS para conocer el contrato que otorgó en Hidalgo a la empresa Cyber Robotic Solutions, S.A. de C.V., propiedad de un hijo del comisionado federal de electricidad, Manuel Bartlett.
No obstante, al señalar que la SFP investigaba la venta de ventiladores a presunto sobreprecio, el IMSS explicó: “Entregar el expediente pudiera incidir en la decisión de las autoridades competentes, en la emisión de alguna resolución al respecto”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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