El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya rompió récord en cuanto a militares desplegados en territorio nacional, superando a los que en su momento utilizó Enrique Peña Nieto o incluso Felipe Calderón Hinojosa cuando declaró la guerra al narcotráfico.
Este año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene desplegados un promedio de 80 mil 210 efectivos en todo el país para vigilar y proteger el territorio y espacio aéreo nacional, así como para realizar labores de reducción de los índices de violencia.
- En estas últimas actividades incluye “la seguridad a instalaciones estratégicas, tareas de erradicación e intercepción en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, apoyo a la seguridad pública, fortalecimiento de la identidad nacional, servicio militar nacional, protección al medio ambiente y recursos naturales, aplicación del Plan DN-III-E y laboral social ”, se lee en la respuesta de la dependencia a una solicitud de transparencia.
De acuerdo con los datos entregados por la Sedena, Felipe Calderón llegó a desplegar hasta 52 mil 690 soldados en el año 2011, en medio de la espiral de violencia que generó su campaña bélica en contra los cárteles de la droga.
Con Enrique Peña Nieto la presencia militar disminuyó en los primeros años, pero a medida que la violencia recrudecía, los soldados volvieron a las calles. En su último año de gobierno, 2018, el priista desplegó un máximo de 54 mil 980 efectivos militares, según datos de la Defensa Nacional.
- La llegada de López Obrador significó el mayor incremento en la presencia militar. Pese al discurso de “abrazos, no balazos”, en su primer año de gobierno desplegó 52 mil 70 soldados. Para 2020, el año de la pandemia, el número de efectivos en las calles creció a 76 mil 198 y para este año ya hay más de 80 mil realizando tareas de seguridad pública.
- Pese a los datos, el primer mandatario sigue negando que haya un proceso de militarización. La última vez que habló del tema lo hizo precisamente ayer, en su conferencia matutina desde Chihuahua.
“Acerca del fantasma de la militarización, yo quiero comentar que, primero, no hay esa idea, ese propósito de querer enfrentar el problema de la inseguridad sólo con el uso de la fuerza. No hay afanes autoritarios, no hay guerra, eso tuvo que ver con una política equivocada que causó mucho daño, mucho dolor y que no va a repetirse ”, expresó.
Guillermo Garduño, especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas, advierte que la creciente participación de soldados en tareas que corresponden a policías se debe a que el enfrentamiento entre cárteles se salió de control y el Estado no lo puede controlar.
“No porque saques más militares a las calles vas a ganar. Es un problema muy severo, ya no se trata de promesas que no se cumplieron. El asunto rebasó al Estado y al régimen político, ya no hay autoridad ”, señala.
El también catedrático de la UAM-Iztapalapa agrega que la decisión de que la Guardia Nacional forme parte del Ejército sólo acarreará más problemas.
“Te diría que incluso podríamos rebasar los años más oscuros del sexenio de Felipe Calderón. Nos enfilamos a algo peor, porque con Calderón no había la idea de ‘abrazos, no balazos’, sino que ése (el narco) era el enemigo del Estado y la sociedad, y donde capos importantes cayeron o fueron extraditados. Hoy no ha caído ninguno y el fallido operativo para detener al hijo de Chapo es una vergüenza para el Estado ”.
- El número de militares desplegados varia por estado. Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca y Sinaloa concentran el grueso de los soldados. En algunas de estas entidades tienen su base los principales cárteles de la droga como Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Otros han sido golpeados severamente por la violencia, como Guanajuato.
- Destaca el caso de Chiapas, donde el Gobierno federal tiene desplegados más de cuatro mil militares, más de los que hay en Sinaloa, tierra de Joaquín El Chapo Guzmán y uno de los mayores centros de siembra de mariguana y amapola. En este estado hay tres mil soldados, un millar menos que en Chiapas.
El despliegue militar en este estado del sureste obedece más al tema migratorio, como una forma de contener los flujos de indocumentados provenientes de Centroamérica y otros países.
- En Sonora, donde opera el Cartel de Juárez y su brazo armado La Línea, sólo hay dos mil 793 militares. Y en Zacatecas, donde organizaciones criminales de Jalisco y Sinaloa pelean por las rutas de trasiego, apenas se cuenta con mil 797 elementos. Algo similar ocurre en Quintana Roo, donde diferentes cárteles disputan la distribución de droga.
“Se ha soltado una guerra entre cárteles por áreas de influencias que el Ejército no puede controlar. El crimen organizado cuenta con mejor armamento, movilidad y asentamiento territorial donde ya ni la policía y la autoridad puede hacer algo ”, indicó Guillermo Garduño.
La organización Causa en Común sostiene que las fuerzas armadas no podrán resolver los problemas de seguridad pública del país ya que no es su vocación y no están ahí sus fortalezas.
“Atender los graves problemas de seguridad no requiere despliegues militares, sino de policías con atribuciones y capacidades de investigación, con una clara definición de vinculación ciudadana, y apoyados en una auténtica política de prevención”, indica la ONG.
La Guardia Nacional: Una tramposa conversión
En Chiapas, habitantes de Pantelhó catean casas; detienen a presuntos delincuentes; queman negocios, domicilios y autos; y obligan al repliegue de los militares y las fuerzas estatales. En Magdalena de Kino, Sonora, facciones rivales del Cártel de Sinaloa se enfrentan para controlar territorios, queman casas, destruyen negocios… En Tamaulipas los cárteles y bandas armadas que controlan varias zonas del estado se dan el lujo de anunciar treguas “para generar la paz”. Y en Michoacán, el Cártel de Jalisco Nueva Generación reanuda su ofensiva en Tepalcatepec con ataques simultáneos, pese al despliegue del Ejército, de las policías estatal y municipal y de la Guardia Nacional (GN).
- Con un despliegue de prácticamente 100 mil efectivos en 222 coordinaciones regionales en todo el país (99 mil 946, según el Informe de Seguridad del pasado 21 de julio) y la misión de encabezar el combate a la delincuencia y pacificar al país antes de que concluya el mandato de Andrés Manuel López Obrador, la GN y su consolidación van a contrarreloj y sin resultados que avalen el gasto que se ha hecho en su formación.
Mientras las cifras de violencia, homicidios, feminicidios y desapariciones forzadas siguen al alza, López Obrador hizo dos anuncios inesperados y, según expertos, inconstitucionales: le dará a la GN una partida extra de 50 mil millones de pesos y construirá 234 cuarteles más para esta corporación, que se sumarán a los 266 originalmente planeados, buscando tener 500 instalaciones de este tipo al final del sexenio.
- Estas decisiones, aunadas a otros anuncios presidenciales relacionados con la GN y su futuro inmediato –como el de incorporarla a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y darle a dicha secretaría el control operativo de la institución– configuran escenarios de “fragilidad” y “trampas jurídicas”, según expertos, porque el presidente sabe que si en 2024 su partido pierde la Presidencia, la corporación podría ser borrada de un plumazo.
- Aun más; un documento elaborado por la Sedena y difundido desde la VII Región Militar el pasado 4 de mayo revela que la secretaría entrará a una fase de reorganización en la que la GN pasará a ser la “tercera fuerza armada” de la institución, por encima de la Fuerza Aérea.
El documento “Reorganización de la Sedena” anticipa dos etapas de transformaciones administrativas y operativas. La llegada de la GN como tercera fuerza armada se prevé en la segunda fase de los cambios, entre los que destacan la creación de un Estado Mayor Conjunto, de una Comandancia del Ejército en el Primer Cuerpo del Ejército –con sede en la Ciudad de México–, interacción con el Comando Norte, diseño de la Visión Estratégica Mutua México-Estados Unidos y la creación de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana.
- El texto señala que en la segunda etapa se incorporará a la GN “como fuerza armada” y recuerda que “la Sedena ya ejerce la coordinación operativa” de la corporación. La incorporación se proyecta en dos etapas; la primera, en 2021, prevé “presentar al presidente el proyecto de iniciativa de reforma constitucional, remitir el proyecto a la Cámara de Diputados, cabildeo en el Congreso y promulgación de la reforma constitucional”.
La segunda etapa, que deberá cumplirse en 2022, plantea “publicar la legislación secundaria, materializar las adecuaciones orgánicas y administrativas y revista de entrada de la Guardia Nacional como fuerza armada adscrita a la Sedena”./Agencias-PUNTOporPUNTO