La Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional acumulan más de 500 quejas de violaciones a los derechos humanos en lo que va del año y, además, no se ha hecho justicia real en el caso de la participación de militares en casos como los de Tlatlaya o Ayotzinapa. Aún así, el gobierno argumenta que el Ejército actual es distinto al de los años autoritarios del ‘viejo régimen’.
- El 1 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión la iniciativa preferente de reforma de la Guardia Nacional , para que pase a depender administrativa y operativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
- Esta decisión causó controversia por tres razones: en primer lugar, contraviene la promesa del propio presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Guardia Nacional tenga un mando estrictamente civil.
Por otro lado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, argumentó que “este es un ejército profesional que respeta los derechos humanos, basta revisar el índice de letalidad para comprobar que no mentimos. ¿Por qué el Ejército o GN tiene que estar dentro de (la Sedena)? Porque no hay institución tan profesional y honesta como esa”, no obstante, algunos datos siguen señalando a ambas instituciones como responsables de violaciones de Derechos Humanos.
- Tan solo entre enero y julio de este año la Guardia Nacional ha recibido 276 quejas por violaciones a los derechos humanos y la Secretaría de la Defensa Nacional otras 241, según datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos .
“Decir que este Ejército es diferente, solo por la palabra de un funcionario, sin tener ningún argumento para hacer que rindan cuentas esos mismos militares, es un discurso vacío”. Luis Tapia, experto en Derechos Humanos y profesor de la Universidad Iberoamericana. Incluso, de 32 quejas por actos de tortura, 11 señalan a elementos de la Guardia Nacional como responsables y 2 a la Secretaría de la Defensa Nacional.
En tercer lugar, esta medida, tal como está planteada por el gobierno federal, contravendría a la propia Constitución Mexicana, así lo señala Eliud Tapia, abogado, consultor en Derechos Humanos y profesor de la Universidad Iberoamericana campus Torreón.
La diferencia entre el pasado y el presente debe ser la justicia
El experto opina que, para afirmar que el Ejército actual es distinto, tendría que haber evidencia y rendición de cuentas de parte de los militares, además de justicia y sentencias sobre hechos relativamente recientes de violación a los derechos humanos por parte de los cuerpos castrenses.
“La diferencia entre el pasado y el presente debe ser la justicia. Entonces, revisemos cómo ha tratado el gobierno las graves violaciones a DH cometidas por el ejército. ¿Han sido castigadas? No. Entonces no hay ninguna razón para pensar que este ejército es diferente”, argumenta el investigador, quien también indica que aún no han sido castigados los grandes casos de violaciones de parte de elementos del Ejército Mexicano, como Tlatlaya, donde mataron a 22 civiles y la fiscalía y la CNDH probaron que básicamente pusieron en pelotón de fusilamiento a personas que habían sido privadas de la libertad.
- En este sentido, se esperaría que “la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los partidos políticos o personas en lo particular presentasen acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales o incluso amparos contra la ley, aduciendo que se están violando los DH contenidos en la Constitución”.
- El problema es que regularmente estas acciones no tienen el poder inmediato de suspender el ejercicio de una ley como la que plantea el presidente López Obrador. “Entonces, estaríamos entrando en un terreno en el que una ley que viola Derechos Humanos estaría vigente hasta en tanto no se resuelvan los casos por la Suprema Corte”, indica Luis Tapia.
“Decir que este Ejército es diferente, solo por la palabra de un funcionario, sin tener ningún argumento para hacer que rindan cuentas esos mismos militares, es un discurso vacío”.
Militarización ha multiplicado las violaciones graves a derechos humanos
Organizaciones de la sociedad civil en defensa de los derechos de la niñez externaron su preocupación por la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de institucionalizar una estrategia que empodera todavía más a las Fuerzas Armadas, al mantenerlas al frente de la seguridad pública del país.
“Repudiamos la militarización que ha ignorado los tratados internacionales de derechos humanos y las recomendaciones expresas que organismos de derechos humanos han hecho al país, lo cual no ha traído resultados en favor de la paz y ha continuado dañando a la ciudadanía del país, en particular a niñas, niños y personas jóvenes”, señalaron.
Expresaron que la militarización ha multiplicado las violaciones graves a derechos humanos y los miembros de las Fuerzas Armadas son cubiertos por la impunidad.
“Nos preocupa que pese a los indicadores negativos, el gobierno federal y el partido mayoritario en las cámaras pretendan seguir ignorando estas recomendaciones y estándares, manteniendo un negocio multimillonario de muerte y dejando al país bañado en sangre”, agregaron.
“Examen de confianza, requisito mínimo para tareas en seguridad”
La capacitación, incluidos los controles de confianza, es lo mínimo necesario que marca la ley para cualquier elemento que busca ejercer labores de seguridad pública, señalaron especialistas en la materia.
- Chrístel Rosales, coordinadora del Programa de Justicia de la organización México Evalúa recordó que, de acuerdo con información de las propias instituciones, sólo 29% del personal adscrito a la Guardia Nacional (GN), hasta abril pasado, tenía algún tipo de capacitación en tareas policiales como protocolos de derechos humanos, labores de primer respondiente, cadena de custodia, o uso de la fuerza.
Señaló que resulta preocupante que 76% del personal adscrito a la GN no cuente con el certificado único policial que, además de acreditar que recibieron una formación inicial, es prueba de que pasaron los controles de confianza, desempeño y una acreditación específica para poder hacer labores de seguridad pública.
- La experta cuestionó que no existan mecanismos que aseguren la implementación de estas capacitaciones, ya que, dijo, en 2021, la GN acumuló por primera vez más quejas por violaciones a derechos humanos que el Ejército o la Marina.
“Esto nos está reflejando que no está siendo suficiente la capacitación que dicen estar impartiendo en la GN y que necesitamos, cuando menos, que todos los operativos cuenten con este certificado único policial, de otra manera, ciertamente vamos a seguir viendo una escalada de las posibles violaciones a Derechos Humanos”, dijo.
Militarización, riesgo latente
Por su parte, el doctor Rodrigo Peña González, integrante del Seminario Violencia y Paz del Colegio de México, consideró que debido a que los controles de confianza no siempre garantizan, o no son el camino al respeto pleno de los derechos humanos, se mantiene un riesgo latente en la materia en caso de que a GN pase al Ejército.
“Las capacitaciones van a ser una especie de curitas para el gran problema”. Asimismo, coincidió en que el hermetismo de la GN en materia de capacitación no ha permitido conocer en profundidad los resultados de la misma.
- Agregó que es bien sabido que las Fuerzas Armadas, incluida la GN, han enfrentado quejas de violaciones a los derechos humanos, lo que es prueba de la importancia de la capacitación y si esto realmente ha solucionado algún mal.
- “El problema es de fondo, una capacitación supone adquirir capacidades que un elemento no tiene y que técnicamente si pasa por el proceso de capacitación tendrá estas herramientas que operar en su trabajo.
“El problema es mucho mas profundo, porque tiene que ver con la disciplina castrense, es decir, son elementos que llegan a esas capacitaciones que suponen otra forma de entender a la autoridad, el espacio público, la convivencia con civiles y eso no se resuelve con capacitación.
“Lo que suele ocurrir es que las capacitaciones son respuestas inmediatas pero que no pueden tener un impacto profundo en los elementos porque están configurados en términos de disciplina castrense”, advirtió./PUNTOporPUNTO
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