A lo largo de los últimos 17 años, con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai) como órgano garante, se ha sabido de sueldos del Ejecutivo y gastos en alimentación, personal de asistencia y remodelación de la residencia oficial.
Entre 2003 y 2020, de acuerdo con datos del Inai, se han presentado 2 millones 745 mil 69% solicitudes de información a sujetos obligados por la legislación en la materia.
En este periodo, por solicitud de transparencia se ventilaron además casos como el de la casa blanca de las Lomas, el gasto en comidas y bebidas en el avión presidencial y el uso de recursos de seguridad para producir una serie de televisión, entre otros.
- De 2003 a 2020 se han realizado, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai), 2 millones 745 mil 693 solicitudes de información.
- Durante este periodo, y gracias a tres de ellas, se conoce el gasto en manutención y seguridad de los expresidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto: 40 millones de pesos.
Además, con la creación del Inai y del aparato jurídico en materia de transparencia se permitió que, iniciando el siglo XXI, en México por primera vez la ciudadanía tuviera mecanismos para saber desde cuánto ganaba el presidente del país al mes hasta cómo la fundación de una primera dama concentraba recursos destinados a damnificados.
Así como saber cómo recursos del erario federal que estaban destinados al rubro de seguridad pública fueron invertidos en series de televisión, o en la construcción de casas privadas para un presidente, por contratistas de su propio gobierno y casos de violaciones graves a derechos humanos, como la masacre de migrantes en 2010 en San Fernando, Tamaulipas.
- A través de solicitudes de información se supo que la Presidencia gastó 20 millones de pesos en alimentos y bebidas para los pasajeros del avión presidencial durante la gestión de Peña Nieto, así como los 78 militares y 14 civiles que trabajaban con Felipe Calderón y que constaban más de 50 millones de pesos anuales.
- El 10 de junio de 2002, Fox aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y desde entonces quedó asentada la obligatoriedad de hacer pública información de obras de dependencias y entidades públicas del gobierno federal (sujetos obligados) y que reciben recursos públicos, y que con el tiempo se replicó para organismos estatales y municipales.
Esa ley suscrita por Fox permitió ventilar casos sobre los miembros de la familia presidencial, como Vamos México, fundación de la entonces primera dama Marta Sahagún.
Fueron públicos los negocios de los hijastros del extitular del Ejecutivo, Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, pues a través de solicitudes de información se dio cuenta del papel clave en la facilitación de contratos multimillonarios con Pemex en nombre de la empresa Oceanografia.
La creación del Inai (2003, entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI como órgano garante del derecho de acceso a la información, fue crucial, pues en los primeros años de entrada en vigor de la LFTAIPG, en los sujetos obligados privaba una visión patrimonialista, lo que hacía que desatendieran, ignoraran y cuestionaran a los solicitantes.
Con el paso de los años la ley de transparencia se fue nutriendo e integró un nuevo derecho (el 5 de junio de 2010): la protección de datos personales en posesión de entidades particulares, firmada por Calderón Hinojosa, la tutela de la protección también recayó en el Inai.
En el sexenio calderonista los escándalos por el uso de recursos públicos, que gracias a los mecanismos de transparencia fue posible conocer, se encontró que entre los beneficiarios del programa social Procampo se incluía a miembros del crimen organizado y productores a gran escala.
- De 2007 a 2012, en el periodo de Calderón se revelaron casos como el de la partida secreta del gobierno federal en el combate contra el narcotráfico, también las sumas millonarias que destinaban la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del erario en pago para producir una serie policial de televisión, además de que mediante pedimentos informativos se dio cuenta de que la Defensa Nacional no reportaba la muertes de ocho de cada 10 militares en su lucha contra el narco.
En la administración de Peña Nieto, el caso que fue motivo de escándalo a nivel internacional fue el conocido como La casa blanca de las Lomas (donde se realizaron 20 solicitudes de información y los respectivos recursos de revisión), los sobornos de la multinacional Walmart para obtener un permiso y construir uno de sus centros comerciales en San Juan Teotihuacán, Estado de México, partes de la investigación conocida como la Estafa maestra (para el cual realizaron 517 solicitudes) y las irregularidades en la construcción de la vialidad Paso Exprés en Cuernavaca, Morelos.
- En materia de violaciones graves a los derechos humanos solicitudes de información sacaron a la luz detalles de la matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, en Nuevo León, en los años 2010 y 2011, así como el caso comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, en el Estado de México y la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Cabe señalar que en estas administraciones los censos de beneficiarios de programas sociales eran de carácter público, entre las más solicitadas figuraban las de estancias para infantes, la entrega de tabletas electrónicas para escolares, los beneficiarios de la llamada Cruzada Nacional contra el hambre y el de la entrega de televisores digitales durante el apagón analógico a beneficiarios de programas de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ahora Secretaría del Bienestar.
Con respecto a los casos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht es importante destacar que la extinta Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República, ha recurrido al amparo para evitar dar información a pesar de la instrucción del Inai, a fin de entregarla en los 25 recursos de inconformidad que los ciudadanos han interpuesto.
Por otro lado, durante el sexenio de Peña Nieto la normatividad en materia de transparencia se robusteció, pues en mayo de 2015 se aprobó Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en enero de 2017, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Además, la triada quedó completa en junio de 2018 con la aprobación de la Ley General de Archivos, en dicha ley se eliminaron artículos que restringían la información de carácter histórica, probados en 2012 en la Ley Federal de Archivos.
López Obrador amenaza la transparencia
El Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), señaló que el organismo «es de los mexicanos, no de líderes, partidos o movimientos políticos»; y que después de casi 20 años, la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas y protección a la privacidad en México están siendo amenazadas por la propuesta de eliminar su autonomía.
A través de un comunicado firmado por la consejera presidenta de dicho consejo Nuhad Ponce Kuri, y los consejeros Fernando Nieto Morales, Khemvirg Puente Martínez, Francisco Ciscomani Freaner, Marcela Trujillo Zepeda y Alejandro Navarro Arredondo, contra la desaparición de la institución propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Peligra un espacio público que fue creado por la ciudadanía para la ciudadanía, y al que se le garantizó constitucionalmente autonomía del poder político. Los derechos que tutela el Inai son producto de la transición democrática y uno de los mayores logros ciudadanos y de la sociedad civil organizada de México”.
- En ese sentido dijeron que el Inai, como otros órganos que realizan funciones técnicas de Estado, responde a necesidades y encargos que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial no pueden realizar ni garantizar por sí mismos por estar expuestos a conflictos de intereses, visiones políticas o sesgos que afectarían el ejercicio de las personas de su derecho a saber, acceder a la información, proteger su privacidad y auto determinar qué se puede o no hacer con sus datos personales. “En transparencia y protección de la privacidad, no se puede ser juez y parte”.
Por ello, manifestaron que los actores políticos deben valorar que documentar, trasparentar y publicar los actos de autoridad ayuda al logro de objetivos comunes, promueve la rendición de cuentas y pone en evidencia actos de corrupción. Igualmente, añadieron, deben considerar que la privacidad de los individuos debe estar por encima de cualquier interés económico, político o social.
- “Es por estas razones, que para las y los miembros del Consejo Consultivo del Inai, nos resultan sumamente preocupantes las declaraciones realizadas recientemente (por el presidente Andrés Manuel López Obrador), con la intención de reducir el papel de un órgano tan importante para la vida democrática del país. Estamos convencidos de que lejos de suprimir al Inai y con ello diluir, cooptar o subordinar las políticas de transparencia y privacidad, debemos fortalecer a las instituciones que velan por nuestros derechos fundamentales.
“Nuestro país enfrenta nuevos y viejos problemas, algunos de ellos muy graves. En ese contexto, se necesita una participación social más activa y constructiva para monitorear y evaluar las políticas y el ejercicio del poder público. Más allá de querer eliminarlo, debería ser reforzado. De no ser así, se estaría optando por una regresión en la historia democrática mexicana”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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