Días después de cumplir 65 años, José Guadalupe ha acudido a la sede de la Secretaría del Bienestar en la Ciudad de México, dependencia a cargo de transferir las ayudas económicas del Gobierno federal, para ser beneficiario. “Él prometió una ayuda a los adultos mayores y queremos ver si es cierto”, dice este hombre originario del Estado de México, refiriéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde que empezó la pandemia, José no ha podido encontrar trabajo como constructor, solo de campesino, y le pagan 120 pesos al día con los que no le alcanza para vivir. “Muchas veces prometen y no hay nada, pero ahorita estamos mejor con López Obrador”, dice a través de un cubrebocas azul, “imagínese, si antes había que esperar a cumplir 68, a mí me faltarían tres años”.
A principios de la pandemia, López Obrador resistió presiones de parte del sector privado y se negó a crear nuevas ayudas enfocadas a los desempleados, argumentando que sus programas sociales serían suficientes.
- Un año después, la pandemia ha provocado los mayores niveles de pobreza desde 2014: un total de 55,7 millones de pobres, 7% más que en 2018, y la pobreza extrema ha escalado hasta los 10,8 millones, un salto del 24%. El daño a la economía mexicana, con su peor contracción desde 1932, todavía no sana del todo. El producto interno bruto (PIB) sigue por debajo de donde se ubicó en 2019.
- El “primero los pobres”, lema favorito del presidente, pierde pie si se miran los datos. A pesar de que tres de cada diez mexicanos reciben transferencias de los programas federales, todo apunta a que estos están fallando. ONG y analistas independientes aseguran que, en comparación con el Gobierno anterior, el gasto social de López Obrador ayuda a menos personas en pobreza, beneficia a más hogares ricos y deja sin protección a quienes perdieron su empleo por la crisis del coronavirus.
Pierden los más pobres
El Gobierno asegura que el 95% de las personas que viven en pobreza extrema reciben, a través de estos programas, ayuda económica. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la semana pasada, sugiere que no es así.
- Un análisis sobre esos datos hecho por el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig), un centro de investigación independiente, concluye que dentro del 5% más pobre de la población solo el 35% de las familias reciben ayuda. En 2016, seis de cada 10 de estos hogares, casi el doble, obtenían asistencia. Para el 5% más rico de la población, el efecto ha sido el contrario. En 2016, apenas el 7% de los hogares en este grupo recibían ayudas del Gobierno, pero para 2020 el porcentaje subió a 19%.
“No solo nos preocupa que el dato real esté tan lejos de lo que dice el Gobierno”, dice Máximo Jaramillo-Molina, economista y fundador del Indesig. “Nos inquieta además que este dato, en años anteriores, era mucho mayor. Pareciera que, al menos en términos de alcance, con el nuevo diseño de programas sociales, quitamos personas beneficiarias de los hogares más pobres y metimos beneficiarios de los hogares más ricos”, apunta Jaramillo-Molina.
- Si se comparan los montos recibidos por el 10% más pobre y el 10% más rico, el patrón se repite. En 2018, último año del Gobierno de Peña Nieto, los primeros recibieron el 18% del volumen total de apoyos y los segundos, el 4%. En 2020, con López Obrador, el decil más pobre tenía un 10%, ocho puntos menos que dos años atrás, y el más rico, el 8%, un aumento de cuatro puntos.
- El error de política social del actual Gobierno empieza, coinciden los analistas, con la eliminación del programa Prospera de la anterior Administración. Prospera combinaba ayudas educativas, de salud y alimenticias para los hogares más pobres. Cuando arrancó en 1997 bajo el nombre de Progresa alcanzaba a 300.000 familias de bajos recursos. Con el tiempo, amplió el abanico de apoyos y creció hasta llegar a siete millones de hogares en 2016.
Del paquete, el Gobierno de López Obrador se quedó solo con las becas educativas, ahora bautizadas Benito Juárez, y redujo los montos máximos que recibía cada hogar.
“A toda la familia, independientemente del número de niños que tenga en primaria o secundaria, le tocan 800 pesos al mes, mientras que con Prospera el monto máximo estaba en torno a los 2.000 pesos. Había un límite más alto”, señala el economista Diego Alejo Vázquez, director de investigación en la ONG Oxfam. “El Gobierno debió haber estudiado con mayor profundidad el cambio de diseño y haber hecho una transición más gradual”.
A la eliminación de Prospera se añade el que muchas de las políticas sociales del Gobierno tengan un carácter universalista -se reparten a toda la población por igual-, sin estar enfocadas a los más desfavorecidos.
Ejemplo de ello es la extensión de las pensiones a todos los adultos mayores. “El universalismo de los programas es muy bueno como meta, pero sin que eso signifique quitarle a los hogares más pobres que ya tenían cobertura”, agrega Jaramillo-Molina.
El impacto de la pandemia
La crisis ha dejado 3,8 millones de nuevos pobres, dos de ellos en pobreza extrema, según publicó esta semana el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Detrás de estos números, hay fallos en el diseño de los programas insignia del Ejecutivo, que no estaban enfocados a los más afectados por la pandemia: adultos en edad de trabajar y residentes en ciudades.
- Jóvenes construyendo el futuro se enfoca en estudiantes y aprendices, y las pensiones a los adultos mayores ya jubilados. “Es una crisis que no se puede atender con esos apoyos porque por definición están diseñados para gente que no está en el mercado laboral y los montos son muy pequeños como para compensar la pérdida de salarios”, dice Vázquez.
- Tampoco Sembrando Vida, el programa de apoyo a agricultores, atiende a los más afectados por los confinamientos. En zonas rurales, donde la agricultura fue considerada actividad “esencial” y no paró, la pobreza disminuyó del 58% de la población en 2018 al 57% en 2020, mientras que en las ciudades subió del 37% al 40%, según Coneval.
“No creemos que Sembrando Vida vaya a tener un efecto muy grande porque es la pobreza urbana la que va a crecer más”, apunta Vázquez. “El reto es flexibilizar estrategias y no estar casado con los programas prioritarios de promesa electoral del presidente”.
A pesar de los fallos, López Obrador no parece dispuesto a un cambio de rumbo y hasta ha rechazado los datos de Coneval sobre el aumento de la pobreza. “No acepto el resultado de esa encuesta. Tengo otros datos y creo que la gente está recibiendo más apoyo”, declaró el viernes, sin mencionar a qué otras fuentes de información se refería. Millones de mexicanos como José Guadalupe apoyan al mandatario y sondeos recientes colocan su nivel de aprobación entre 50% y 60%.
Los apoyos sociales de la Administración de Enrique Peña Nieto, aunque en apariencia más progresivos, arrastran mala fama. Programas como La Cruzada contra el hambre fueron fuente de desvíos de dinero y corrupción. La titular a cargo, Rosario Robles, se encuentra en la cárcel y fue investigada por este caso.
- Vázquez, de Oxfam, disputa la narrativa oficial del “se hizo todo lo que se pudo para prevenir el impacto”. El Gobierno mexicano destinó alrededor del 1% del PIB en estímulos fiscales, la respuesta más débil entre todos los países emergentes, según el FMI. “Se podría haber hecho más, hay espacio fiscal para medidas adicionales”, dice.
Al inicio de la pandemia Oxfam propuso subsidios a las cuotas de seguridad social de los propietarios de Pymes para que no despidieran a sus empleados y un ingreso universal para los trabajadores informales. “Hubiesen costado alrededor del 1,2% del PIB, que es un monto considerable pero podría haber evitado mucha de la crisis social que ahora vemos”.
Programas sociales no han ayudado a disminuir pobreza
Aunque algunos indicadores económicos en México han comenzado a recuperarse de forma gradual, probablemente no será sino hasta el final de esta administración cuando se pueda llegar al mismo nivel que había en diversos ámbitos antes de la pandemia, por lo que el actual podría ser un “sexenio perdido” en materia de empleo e ingresos.
- Así lo advirtieron investigadores especializados en el tema, quienes señalaron que aunque los programas sociales evitaron que los sectores más vulnerables se empobrecieran aun más –en particular los de zonas rurales–, dichos esquemas no han ayudado a disminuir la pobreza en términos generales, porque se le entregan a algunos grupos, pero a otros no, y existen fallas en su diseño y aplicación.
Roberto Gutiérrez, jefe del departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, señaló que si bien han comenzado a recuperarse algunos de los empleos que se perdieron por la emergencia sanitaria, el escenario sigue siendo difícil y la reactivación económica del país todavía se llevará un tiempo largo.
“Podemos tardar varios años; el cálculo es que hasta que se termine el sexenio, regresaríamos a los niveles que había al final del gobierno anterior, por lo que el actual podría tratarse de un sexenio perdido en términos económicos”, lamentó.
- Al analizar los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2020 –dada a conocer el miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía–, el académico señaló que aunque los programas sociales ayudaron a que los sectores más precarios no vieran agravada su situación, dichos apoyos sólo se le dan a grupos como jóvenes, adultos mayores o madres solteras, pero no a personas en edad laboral que han perdido sus empleos.
“No se ha reducido la pobreza, a pesar del enorme esfuerzo que se ha hecho de aumentar los programas gubernamentales para familias de bajos ingresos, porque se le ha dado a los beneficiarios de Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, pero al tomar grupos pequeños, los efectos en la distribución del ingreso son similares a las políticas del gobierno anterior.
“No ha mejorado la distribución de ingresos con el nuevo método de asignación de recursos públicos. Por un lado, se saca de la pobreza a los jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, pero por el otro lado, no se apoya a las personas desempleadas, porque no se hizo un programa de protección para quienes fueron desplazados del mercado laboral”, lamentó.
- Por su parte, Fiorella Mancini, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que aunque la Enigh 2020 ofrece números “preocupantes” –como la caída en los recursos de 90 por ciento de las familias mexicanas–, en realidad no son datos inesperados.
- Lo anterior, dijo, porque ya había indicios claros de que la pandemia de Covid-19 ha afectado seriamente los ingresos de la población de las grandes ciudades y ha frenado el reingreso al mercado laboral de las mujeres, en particular.
Un dato “fundamental”, de acuerdo con la especialista, es que la población beneficiaria de las instituciones públicas de salud se redujo en casi 15 millones de personas, y no sólo por quienes tenían un empleo formal y lo perdieron, sino sobre todo por los que se quedaron sin el esquema del Seguro Popular y no se afiliaron al Instituto de Salud para el Bienestar o ignoran que cuentan con ese beneficio.
Por otro lado, Mancini destacó que la reducción de la desigualdad de ingresos que documentó la Enigh 2020 no se debió a que las clases más desfavorecidas mejoraran su situación, sino a que la pandemia de Covid-19 generó una “pauperización” de las clases altas y medias.
A lo anterior se suma el hecho de que, según estudios de expertos en el tema, en la práctica sólo 30 por ciento de los hogares en México son beneficiarios de algún programa social, los cuales además no se concentran únicamente en los sectores más desprotegidos, lamentó.
“Todo converge hacia un aumento de la pobreza, la reducción de los ingresos en zonas urbanas y el problema de la heterogeneidad de los programas sociales, que llegan a muy poca gente, y en donde hay disparidad entre cómo llegan a los deciles más bajos y más altos de la población”, lo cual deja ver problemas en el diseño institucional de esos esquemas, apuntó la académica.
Hogares más ricos duplicaron sus beneficios de programas sociales
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), realizada por el Inegi, en 2020 los deciles VIII, IX y X —los de mayores ingresos en México— aumentaron su participación como beneficiarios de las transferencias de recursos federales: proporcionalmente, los avances fueron de dos puntos para el decil VIII (de 8 a 10%), de 4 puntos para el decil IX (de 5 a 9%) y de 4 puntos para el decil X (de 4 a 8%). En total, estos tres deciles se benefician de casi 30% de los recursos destinados para programas sociales de atenuación de la pobreza.
- ¿Cómo entender esta distribución del gasto que se aleja de sus objetivos como paliativo de la pobreza? Dos ejemplos concretos son el programa Sembrando Vida, que ofrece incentivos a campesinos y agricultores para plantar árboles como estrategia de reforestación, y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece un estímulo económico para que jóvenes y recién egresados se integren a una empresa en un programa de pasantía.
Pero ni Sembrando Vida ni Jóvenes Construyendo el Futuro apuntan con precisión a sus objetivos prioritarios: Sembrando Vida se dirige a una clase media rural que cuenta con las 2.5 hectáreas mínimas necesarias para acceder al estímulo, a diferencia de la mayoría de los campesinos, pobres con menos de una hectárea de propiedad.
Algo parecido ocurre con Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa universal que no considera el nivel socioeconómico de sus beneficiarios. Y justo por esto, la mayoría de los beneficiarios son jóvenes que han tenido la posibilidad de acudir a la Universidad, a diferencia de los jóvenes de familias pobres./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
