La Secretaría de Bienestar debe aclarar el uso de 561 millones 986,196 pesos del esquema de contratación de los «Servidores de la Nación», el “ejército” de brigadistas creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la difusión y registro a los programas sociales del gobierno federal y que actualmente forma parte de las brigadas para la vacunación contra el COVID-19.
El tercer informe de la Cuenta Pública de 2019 presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibe un esquema en el que no se comprobó la totalidad del pago de las nóminas para estos servidores, quienes también registran pagos dobles, contrataciones simultaneas en otras unidades de la Secretaría de Bienestar, así como la recepción de remuneraciones que les correspondían a otros de sus compañeros.
- La operación de los Servidores de la Nación se encuentra en la mira por la toma de fotografías a las credenciales de elector y a los propios adultos mayores que reciben la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, ante las elecciones del próximo 6 de junio, cuando 15 estados elegirán gobernador y las 32 entidades votarán cargos públicos locales.
- Pero el cuestionamiento a esta agrupación ha sido desde que el inicio de su conformación, pues es considerado un «ejército» con tintes electorales por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha defendido que estos funcionarios ayudan a evitar la corrupción, pues permiten que los apoyos gubernamentales lleguen directamente a los beneficiarios sin necesidad de intermediarios.
Gabriel García Hernández, coordinador nacional de Programas para el Desarrollo, está a cargo de esta estructura compuesta por más de 20,000 personas.
Un nómina que no cuadra
Entre las irregularidades que puso en evidencia la auditoria a la Contratación de Personal Mediante el Esquema de «Servidores de la Nación» está que las nóminas presentadas no justifican el total de los 224 millones 50,400 pesos ejercidos en 2019.
- La Secretaría de Bienestar tampoco presentó la documentación que acreditara el pago de 97 millones 39,700 pesos en nóminas, pues no entregó las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), y tampoco presentó la documentación completa que comprobara el pago de 15 millones 929,600 pesos a «servidores de la nación».
- La Auditoría también identificó la transferencia sin justificar ni comprobar de 87 millones 581,900 pesos a tres cuentas bancarias a nombre de la propia Secretaría de Bienestar para el pago a los «servidores de la nación» contratados en 2019.
La dependencia, que hoy encabezada por Javier May Rodríguez, también destinó a fines distintos a los autorizados 30 millones 200,000 pesos que transfirió a cinco unidades responsables y un programa presupuestario no autorizados para la contratación del personal.
Dos sueldos, doble plaza…
La ASF exhibió en esa auditoria forense que se realizaron pagos dobles a 147 «servidores de la nación» por 16 millones 285,000 pesos, recursos que se sumaron a los 2 millones 178,000 pesos que se pagaron a otros 138 que estaban contratados también en la Unidad de Coordinación de Delegaciones y otras Unidades Administrativas de la Secretaría de Bienestar, sin contar con dictamen de compatibilidad.
Además dio 18 millones 76,400 pesos a 355 «servidores de la nación» que a su vez recibían honorarios con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
- A esas irregularidades se suma que la Secretaría de Bienestar realizó pagos por 85 millones 201,600 miles de pesos a 789 cuentas bancarias vinculadas a dos o más Claves Únicas de Registro de Población (CURP) de “Servidores de la Nación”, en los que se constató que recibieron el pago que le correspondían a otros de sus compañeros.
- La Secretaría del Bienestar ahora debe de aclarar las observaciones hechas por la Auditoria Superior de la Federación, por lo que hasta el momento no pueden consideradas irregularidades consumadas.
STPS beca hasta a los muertos
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) entregó apoyos económicos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro a beneficiarios que han fallecido, servidores de la Nación, empleados de gobierno, de la iniciativa privada y estudiantes, cuando su población objetivo son jóvenes que no estudian ni trabajan.
En la tercera entrega de su informe a la Cuenta Pública 2019, primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en dos auditorías diferentes diversas irregularidades en las que incurrió la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde.
- Al revisar los apoyos a los beneficiarios del programa, el órgano fiscalizador determinó “un probable daño, o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública” de 57 millones 92 mil 400 pesos en un informe y de 9 millones 662 mil 800 pesos en el otro.
- Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los programas estrella de la actual administración. De acuerdo con sus reglas de operación, su objetivo es incluir en actividades productivas a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, como becarios durante un año en centros de trabajo públicos o privados con la posibilidad de brindarles capacitación laboral. A cambio estos reciben una beca mensual y seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Cuando inició el programa, en enero de 2019, la beca era de tres mil 600 pesos mensuales pero se ha ido incrementando y actualmente es de cuatro mil 310 pesos.
En la auditoría de cumplimiento forense 2019-0-14100-23-0374-2020, la ASF encontró que la STPS realizó pagos a 68 beneficiarios posteriores a la fecha de su defunción por 482 mil 400 pesos. También destinó dos millones 721 mil 600 pesos en becas a 341 beneficiarios que se capacitaron en las empresas INAEP SAS de CV y Construcciones y Servicios Lukman SA de CV, pero los domicilios de estaban abandonados o eran casas habitación.
- La STPS también tenía entre sus registros el pago de dos millones 674 mil 800 pesos a 377 beneficiarios capacitados en las empresas Barista Factory SAS de CV y Technogourmet SAS de CV Sin embargo, los representantes legales de ambas compañías declararon no haber inscrito nunca en el programa para fungir como centros de trabajo en 2019.
Por otra parte, en la auditoría de cumplimiento 2019-0-14100-19-0375-2020, enfocada en los beneficiarios de Chiapas y Ciudad de México, el órgano fiscalizador identificó a 47 servidores de la Nación que recibieron recursos por 507 mil 600 pesos por parte del programa. Reveló también que 640 becarios tenían una fuente de trabajo en el Gobierno al momento de recibir el apoyo y 33 mil 909 contaban con dos o más registros patronales en el IMSS.
La dependencia federal también apoyó a estudiantes pese a que el programa está dirigido a jóvenes que no estudian ni trabajan. De acuerdo con las auditorías, la STPS transfirió 48 millones 628 mil 800 pesos a 3 mil 188 beneficiarios que también recibieron apoyo de becas escolares de la Secretaría de Educación Pública.
- Pagó además ocho millones 514 mil 400 pesos a 760 becarios de Chiapas y Ciudad de México que recibieron simultáneamente las Becas para el Bienestar Benito Juárez que tienen el objetivo de favorecer su permanencia y terminación escolar en instituciones de educación superior. Y otros 234 beneficiarios, a los que les pagó 1.2 millones de pesos, simultáneamente becas del Programa de Apoyo a la Educación Indígena, dirigido a estudiantes indígenas y afromexicanos de nivel superior y maestría para favorecer su continuidad, conclusión y titulación.
Otro de los hallazgos de la ASF es que las bases de datos de los centros de trabajo de Chiapas y Ciudad de México inscritos en el programa no contenían información de los nombres de los becarios a su cargo. Además, 4 mil 629 centros de Chiapas y mil 339 de la capital no han proporcionado su Registro Federal de Contribuyentes (RFC)./Agencias-PUNTOporPUNTO
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