Tras provocar un destierro silencioso de inmigrantes indocumentados y encender protestas masivas en su contra, este 1 de julio entró en vigor la Ley SB 1718 en Florida sin que las autoridades hayan respondido a las preocupaciones de líderes comunitarios, abogados y activistas que han denunciado que la dura norma migratoria, aprobada por la Legislatura estatal de mayoría republicana y promulgada por el gobernador, Ron DeSantis, es vaga en sus términos y no estipula cómo será aplicada ni por quién.
- La SB 1718 «hace la vida más difícil para los aproximadamente 775,000 inmigrantes indocumentados de Florida», así como para sus empleadores y familias, sentenció en un comunicado la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) que anunció para este sábado una serie de protestas contra la ley en al menos diez ciudades de Estados Unidos.
- Tras firmar la legislación y anunciar su candidatura para la nominación del Partido Republicano en la contienda electoral de 2024, DeSantis ha intensificado su retórica contra la comunidad inmigrante: prometió deportaciones masivas, construir un muro en la frontera sur y terminar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
La Ley SB 1718 ha sumido a muchos en la «confusión», aseguró Rosa Elera, estratega digital de política de FLIC, quien la cataloga como «muy discriminatoria y peligrosa para nuestra comunidad» [inmigrante].
Explicamos las principales claves sobre la norma, los cambios que se le hicieron antes de que el gobernador la firmara y el impacto que ha tenido incluso desde antes de ser promulgada y puesta en vigor.
Qué contempla la Ley SB 1718:
- Prohíbe y declara ilegal que alguien contrate, reclute, o emplee a un inmigrante con estatus irregular.
- Establece sanciones penales (cinco años de prisión y multas de hasta 5,000 dólares) para los inmigrantes que usen documentos falsos o de alguien más para conseguir un empleo.
- Prohíbe a autoridades locales brindar fondos «a cualquier persona, entidad u organización para que expida documentos de identificación» a inmigrantes con estatus irregular.
- Exige a los hospitales que aceptan Medicaid que incluyan una pregunta sobre el estatus migratorio de los pacientes (es opcional responderla).
- Cataloga como inválidos permisos y licencias de conducir expedidos por otros estados a inmigrantes indocumentados.
- Asigna 12 millones de dólares al «programa de transporte de extranjeros no autorizados» de DeSantis para el traslado de inmigrantes a otros estados.
- Exige a los empleadores con 25 o más trabajadores que usen el sistema E-Verify para nuevas contrataciones.
- Faculta a funcionarios estatales, como el jefe de seguridad interior de Florida, a coordinar «acciones de aplicación de la ley de inmigración», entre otras facultades otorgadas a autoridades y entidades públicas.
- Tipifica como «tráfico de personas» y delito grave el traslado hacia Florida de personas en estatus irregular con penas de cárcel y multas.
Una ley «vaga» que sigue provocando dudas
- Una versión inicial de la ley, con sanciones más severas, fue diluida antes de ser aprobada. «Inicialmente quería criminalizar a las familias o cualquier persona que viva con una persona indocumentada», explicó Elera. «Pudo haber sido mucho peor».
La ley no penaliza vivir, acoger, alquilar un espacio o trasladar a personas indocumentadas dentro del estado, pero sí contempla sanciones penales a quienes transporten al estado a inmigrantes que entraron al país de forma irregular y sin inspección del Gobierno federal.
- Expertos han advertido que la norma usa un lenguaje «vago y muy general» y que no aclara conceptos básicos, entre ellos a qué se refiere con «inspección», pero que su riesgo real podrá evaluarse hasta que se aplique.
En ese momento también se espera sea desafiada legalmente por organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y FLIC.
El golpe no es solo para la economía
Más allá de las consecuencias cuantificables de la ley — Florida Policy Institute ha calculado que la legislación podría costar a la economía de Florida 12,600 millones de dólares en un año— existe, según activistas y organizaciones, un impacto emocional en la comunidad inmigrante.
- Algunas ciudades del estado familias enteras se han ido en silencio por temor a la norma, dejando atrás sus trabajos y pertenencias.
- FLIC denunció que en algunas clínicas que no reciben Medicaid, pese a que la ley no había entrado en vigor y tampoco lo contempla, ya estaban cuestionando a los pacientes sobre su estatus migratorio.
- La norma podría crear «una crisis de salud pública» porque personas indocumentadas con una emergencia «ahora no van a buscar atención médica» por temor, advirtieron abogados consultados por Noticias Telemundo.
- ACLU alertó que algunos ciudadanos han asumido un rol de «vigilantes» en cuanto a quiénes son o no personas indocumentadas. La ley además alimenta una «cultura de miedo entre los actores estatales más pequeños» que podrían sentirse obligados a alinearse al mensaje del gobierno estatal.
- Hay incertidumbre porque «la ley no detalla cómo va a ser implementada y quiénes van a cargar ciertas funciones», advirtió Elera.
«Sin nuestra comunidad inmigrante, no hay Florida», aseguró Katie Blankenship, directora jurídica en Florida de ACLU a Noticias Telemundo.
Uno de cuatro trabajadores en Florida era inmigrante en 2018, según datos del Censo. La ley ha golpeado sectores como construcción y agricultura, algunas de las industrias con más mano de obra indocumentada.
«Tenemos una falta extrema de trabajadores, sobre todo en la construcción, los servicios y la agricultura», alertó Samuel Vilchez, director en Florida de la Coalición Empresarial Estadounidense para la Inmigración.
- Vilchez, citado por la agencia de noticias The Associated Press, afirmó que al menos 400,000 inmigrantes indocumentados son empleados en el estado y que se ha notado una disminución en las aplicaciones para puestos en esas industrias. «Hay mucho miedo en todo el estado de que la nueva ley resulte un desastre», indicó.
- En 2016, el Censo estimó que un 6% de la mano de obra de Florida era indocumentada. A principios de junio, algunos legisladores republicanos pidieron a líderes religiosos que intercedieran y convencieran a los inmigrantes de que no abandonen el estado, alegando que la norma es meramente «una ley con fines políticos».
Florida, el «territorio de prueba» de DeSantis
Expertos, organizaciones de derechos humanos y activistas coinciden en que DeSantis, cuya nominación como candidato presidencial para el Partido Republicano es amenazada solo por el expresidente Donald Trump según encuestas preliminares, ha usado Florida como un «territorio de prueba» para sus proyectos nacionales.
«La legislación que he firmado hoy dota a Florida de las leyes contra la inmigración ilegal más ambiciosas del país, contraatacando a las imprudentes políticas del Gobierno federal y garantizando que los contribuyentes de Florida no paguen la factura de la inmigración» irregular, sentenció en mayo.
- Antes, DeSantis ya había criticado al presidente, Joe Biden, y en sus discursos recientes ha intensificado su retórica asegurando que será «más agresivo» que Trump en la implementación de políticas contra la inmigración, si es electo presidente.
Para Blankenship, de ACLU, el resto del país está «observando» si el estado «será un mapa para el resto de la nación».
- «Una de las cosas que lo impedirá es demostrar que la gente de Florida está furiosa, que se niega a desaparecer en silencio, que no tolerará este tipo de señalamientos y discriminaciones», apuntó.
Así afectará a las empresas que contratan indocumentados
Específicamente, la medida ampliará los requisitos para que las empresas del estado que cuenten con más de 25 empleados utilicen E-Verify; que es un sistema que muestra si los migrantes cuentan con los documentos necesarios para trabajar en la Unión Americana.
- Todo empleador público o privado que viole esta disposición, tendrá que enfrentarse a una multa máxima de hasta $1,000 dólares; mientras que los migrantes irregulares que hagan uso de documentos falsos o utilicen los de otra persona quedarán sujetos a sanciones penales.
- “Florida no será un estado santuario que permita que los extranjeros ilegales usurpen nuestras leyes. Las identificaciones emitidas por jurisdicciones santuario se invalidarán en el estado de Florida y el uso de una identificación falsa para obtener empleo ahora se considerará un delito grave”, expresó el gobernador DeSantis.
La ley también autoriza al Departamento de Oportunidades Económicas a solicitar y requerir a un empleador privado que proporcione copias de cierta documentación.
México rechazó una ley antimigrante
El gobierno de México levantó la voz contra las leyes antimigrantes aprobadas por los congresos de Florida y Kansas, a las que considera violatorias de los derechos humanos e “inspiradas en sentimientos de xenofobia y nacionalismo blanco”, y que podrían llegar a “crímenes de odio contra la comunidad migrante”.
- La Ley SB1718 fue firmada el 10 de mayo de 2023 por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. De acuerdo con la norma, quien transporte a una persona que ingresó ilegalmente a Estados Unidos podría enfrentar una sentencia de cinco años de prisión o una multa de 5,000 dólares por persona.
- También exige a las empresas con al menos 25 empleados que verifiquen el estado inmigratorio de los trabajadores en una base de datos federal y establece sanciones para los empleadores que ofrezcan trabajo a extranjeros no autorizados.
Aunque México dijo que respeta los procesos y medidas legislativas estatales en Estados Unidos, considera que la ley SB1718 afectará los derechos humanos de miles de personas, niñas y niños mexicanas exacerbando ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de la comunidad migrante.
«Esta medida no refleja su valiosa aportación a la economía, sociedad y cultura de Florida, y del país», informó un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
«La criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada. La existencia de mercados laborales transnacionales, así como la intensidad de los lazos comerciales y turísticos entre México y Florida, no pueden ser ignorados por medidas inspiradas en sentimientos de xenofobia y nacionalismo blanco», agregó.
- El gobierno de México anunció que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos y dignidad de las personas mexicanas en Florida para lo que reforzará las acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó en mayo a los hispanos que residen en Estados Unidas a que no voten por el republicano DeSantis, quien lanzó su candidatura presidencial a las elecciones de 2024 con promesas de endurecer las medidas del país contra la migración.
Miles de mexicanos y latinoamericanos permanecen en Estados Unidos, muchos en forma ilegal.
Gobierno de México rechaza la Ley HB 2350
En relación con la Ley HB 2350, del estado de Kansas, que entró en vigor a partir del 1 de julio, el Gobierno de México
- A través del Consulado de México en Kansas City, el Gobierno de México expresó su rechazo y preocupación por este tipo de iniciativas, al considerar que inducen al perfilamiento racial y que pueden dar lugar a actos discriminatorios y abusos contra la comunidad hispana, latina y mexicana.
Señaló que la seguridad y bienestar de la comunidad mexicana en Kansas es una prioridad y reconoció el veto que dio la gobernadora del estado, Laura Kelly, debido a sus implicaciones raciales.
Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que intensificará esfuerzos para para proporcionar información veraz y oportuna a mexicanas y mexicanos y velar por el respeto de sus derechos.
Que es la Ley HB 2350
La ley HB 2350 crea el delito de contrabando humano y contrabando humano agravado con penas que implican un delito grave de nivel cinco.
- Esta define el delito de contrabando de personas como “transportar, albergar u ocultar intencionalmente a una persona hacia o dentro de Kansas, cuando la persona sabe o debería haber sabido que la persona está entrando o permaneciendo en los Estados Unidos ilegalmente”.
Para que alguien resulte sancionado en virtud de esta ley, deben darse tres circunstancias: que el individuo penalizado supiera que la persona es indocumentada y entró o permanece ilegalmente en EU, que el individuo se beneficiará económicamente o recibirá algo de valor del inmigrante, y que el individuo tenga conocimiento que es probable que el inmigrante sea objeto de explotación para beneficio económico de otro individuo.
- Organizaciones pro migrantes mostraron su preocupación, ya que creen que estas nuevas medidas podrían afectar a las familias de estatus mixto, es decir, que tienen diferentes estatutos legales, como indocumentados, semiilegales, residentes o ciudadanos./Agencias-PUNTOporPUNTO
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