Si bien el Instituto Nacional Electoral (INE) fiscaliza a los partidos y los sanciona por las irregularidades encontradas en sus ingresos y gastos, el Órgano Interno de Control y la Auditoria Superior de la Federación (ASF), que vigilan al instituto, hallaron anomalías en la aplicación de recursos por parte de éste.
- El Órgano de Control del INE reportó, en su auditoría 2018 al instituto, que encontró un pasivo diferido a largo plazo por mil 174 millones de pesos, sin que se cuente con el soporte documental correspondiente.
- En adición, detectó un terreno comprado por el INE, con valor de 1.57 millones de pesos, que no fue registrado, y el pago de 123 plazas vinculadas con el proyecto específico Integración de Mesas Directivas de Casillas y Capacitación Electoral 2018, adicionales a las originalmente aprobadas.
- “Los aspectos más relevantes identificados a través de la función fiscalizadora de los resultados de la jornada electoral del 1 de julio nos obligan a reconocer que, si bien el proceso electoral fue exitoso en cuanto a sus resultados para consolidar la democracia, hay mucho por hacer para afianzar la eficiencia y economía administrativa”, dice el Órgano de Control en una de sus conclusiones.
- En este sentido, la ASF puso 12 denuncias en contra de servidores públicos del INE durante 2018 por realizar pagos por 1.4 millones de pesos a siete prestadores de servicios contratados por honorarios, los cuales no cumplieron con los requisitos académicos requeridos y no cumplieron con la entrega de 401 mil 949 mil materiales electorales pagados por el instituto.
- En tanto, el Órgano Interno inició 220 investigaciones de oficio que se refieren a la omisión de presentar 56 declaraciones patrimoniales, de las cuales 76 asuntos ya concluyeron y siguen en trámite 144.
En cuanto a responsabilidades administrativas, durante 2018 se acumularon 561 expedientes, de los cuales ya se dictaron 390 resoluciones definitivas. Sólo en siete casos se impusieron inhabilitaciones de entre tres y 11 meses para igual número de servidores públicos.
El informe destaca que, en materia de procesos de adquisiciones, el instituto tiene que avanzar en la consolidación del sistema CompraINE y fortalecer las estrategias de estandarización de actividades, capacitación y supervisión del personal que interviene en investigaciones de mercado y adjudicaciones directas.
Lo anterior debido a que se advierte que el INE continúa “adjudicando contratos con base en una cuestionable asignación de puntos en las evaluaciones técnicas; así como, limitando la libre participación de licitantes en los procesos de contratación”./EL UNIVERSAL-PUNTOporPUNTO
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