La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México exigió a Telcel registros telefónicos de una aspirante presidencial, el encargado de aduanas, al menos tres alcaldes de la capital y poderosos integrantes de Morena, revela hoy el diario estadounidense The New York Times, según el cual, Telcel entregó dichos registros.
El medio estadounidense revisó expedientes judiciales y encontró que la fiscalía reclamó a Telcel, la mayor empresa de telecomunicaciones de México, que le entregara los registros telefónicos y de mensajes de texto,
- Además de datos de localización de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos destacados, incluyendo la exaspirante presidencial Lilly Téllez, el alcalde de Benito Juárez en la CDMX, Santiago Taboada, y Horacio Duarte, un aliado de Morena que dirigió la agencia aduanera de México en 2022.
- El espionaje, desde 2021 y hasta principios de este año, no sólo incluyó a opositores, sino a aliados del partido gobernante, Morena. De acuerdo con la documentación revisada por el Times, la fiscalía alegó que requería esa información en relación investigaciones de secuestros y desapariciones.
- El Times solicitó la reacción de la Fiscalía que dirige Ernestina Godoy. La oficina de la fiscalía rechazó tener carpetas de investigación por tales delitos y desmintió “categóricamente” haber requerido la información telefónica de los funcionarios y políticos mencionados en la documentación.
“Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona”, dijo la fiscalía. “Por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos”.
Juez declara que FGJCDMX sí pidió registros
El Times señala que pese a las declaraciones de la Fiscalía, un juez federal declaró este año que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México sí había solicitado a Telcel la entrega de los registros. La evaluación del juez se produjo en una demanda contra la Procuraduría General de la República interpuesta por Taboada, que había sido nombrado en 14 registros judiciales revisados por el medio estadounidense.
- «Se está utilizando el sistema judicial para perseguir a los políticos», dijo Taboada, uno de los aspirantes del frente opositor al gobierno de la Ciudad de México para 2024.
- “No es normal que ocurran estas cosas, que por tus aspiraciones tengas al gobierno respirándote en la nuca”, dijo.
Aunque en casos de emergencia, como secuestros, la ley mexicana permite a los investigadores obtener inmediatamente registros telefónicos sin orden judicial, los fiscales están obligados a obtener una orden de un juez judicial en un plazo de 48 horas después de ponerse en contacto con las empresas de telecomunicaciones, algo que la Procuraduría General de la República no hizo en este caso, subrayó el Times.
- En los expedientes judiciales, los abogados de Telcel afirmaron que nunca recibieron una orden de un juez federal para ninguno de los registros telefónicos solicitados. El Times buscó una respuesta de Telcel, sin éxito
- “El presidente prometió que nadie sería espiado en este gobierno”, dijo Higinio Martínez Miranda, senador del partido gobernante Morena que representa al Estado de México, al The New York Times.
- Los datos de su teléfono celular de octubre de 2021 a enero de 2022 fueron obtenidos por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, de acuerdo con las presentaciones judiciales de Telcel.
“Es lamentable, condenable”, dijo. El Sr. Martínez negó cualquier delito y dijo que no tenía ni idea de que estaba siendo investigado hasta que fue informado por los periodistas del Times.
Taboada fue monitoreado en 2021, señaló el Times, pero no fue sino más de un año después que se enteró y presentó una demanda.
- Justo en los documentos judiciales relacionados con la demanda es donde Telcel reconoció que había proporcionado los registros telefónicos del Sr. Taboada a la Procuraduría General de Justicia local en respuesta a 14 órdenes relacionadas con secuestros, y a la Procuraduría General de Justicia de Colima por el mismo caso.
- Telcel también entregó los datos telefónicos de Horacio Duarte, un aliado de Morena que dirigía la agencia de aduanas de México en la época de 2022, de acuerdo con los registros que revisó el Times.
- La senadora Lilly Téllez y Alessandra Rojo de la Vega, exdiputada y firme opositora de Claudia Sheinbaum, candidata del partido gobernante a las elecciones presidenciales del próximo año, también fueron vigiladas, según las órdenes escritas y los expedientes judiciales revisados por el medio estadounidense.
El año pasado, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México acusó a la Sra. Rojo de la Vega de delitos electorales, lo que, según la Sra. Rojo de la Vega, fue una represalia política por oponerse a las políticas de la Sra. Sheinbaum. Posteriormente, un juez desestimó el caso.
Los fiscales también solicitaron los datos telefónicos de Dolores Igareda, alta funcionaria del Tribunal Supremo, y de Ricardo Amezcua, miembro del Consejo de la Judicatura de Ciudad de México, según se desprende de los expedientes y órdenes judiciales. No respondieron a las solicitudes de comentarios.
Fiscalía de la CDMX niega espionaje
Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), negó este jueves que el órgano haya solicitado a la compañía telefónica Telcel información sobre los opositores, de acuerdo con lo informado por el diario The New York Times.
“Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona. Por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos. No existen números de oficio o carpetas de investigación en libros de gobierno con la nomenclatura que se señala en la solicitud de información”, dijo Lara.
- El vocero de la fiscalía capitalina adjudicó la publicación de esta información a la ratificación de Ernestina Godoy como titular del órgano autónomo.
“Coincidentemente, dicha publicación fue difundida poco después de que el titular o la titular de esta institución denunciara la existencia de una campaña en contra de su ratificación, impulsada particularmente por varias de las personas que supuestamente fueron espiadas”, expresó.
El reportaje señala que las órdenes judiciales se enviaron a la compañía telefónica entre 2021 y los primeros meses de 2023; esas solicitudes son ilegales, de acuerdo con abogados consultados por el diario.
Actuación de la Fiscalía capitalina fue ilegal: Expertos
- Según dos juristas, la actuación de la Fiscalía capitalina fue ilegal. Expertos afirmaron que, aunque no fueran necesariamente ilegales, constituían un claro abuso de poder.
”El sistema es fácilmente manipulable. Los fiscales pueden inventar expedientes de investigación o pueden utilizar expedientes abiertos para obtener datos de quien quieran sin ninguna supervisión judicial”, dijo Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de R3D, un grupo mexicano de derechos digitales.
”Definitivamente es un sistema que está diseñado para el abuso y del que se está abusando”, señaló.
- La ley obliga a las empresas de telecomunicaciones a colaborar con las autoridades, “pero también tienen la capacidad de rechazar las solicitudes abusivas”, afirma García.
- Pero estas empresas dependen de las licencias del gobierno y a menudo cumplen más de lo que deberían, tal vez por temor a las repercusiones, dijo.
No es la primera vez que una fiscalía general abusa de su poder. En 2016, la fiscalía federal de México solicitó en secreto los registros telefónicos de una abogada de derechos humanos, una periodista de investigación y una antropóloga forense mientras investigaban la masacre de 193 personas, argumentando que las mujeres estaban vinculadas a una investigación de secuestro.
El seguimiento ordenado por los fiscales “envía el mensaje de que pueden utilizar el sistema de justicia penal contra los defensores, contra los periodistas, contra los expertos independientes, contra los opositores”, dijo Ana Lorena Delgadillo, la abogada que fue monitoreada en 2016. “Envía el mensaje de que pueden hacerlo y no les va a pasar nada”.
En el caso más reciente, Telcel también entregó los datos telefónicos de Horacio Duarte, un aliado de Morena que en su momento dirigía la agencia de aduanas de México en 2022.
- La senadora conservadora Lilly Téllez, hasta hace poco una de las principales candidatas presidenciales de la oposición, y Alessandra Rojo de la Vega, ex diputada y firme opositora de Claudia Sheinbaum —exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y candidata del partido gobernante en las elecciones presidenciales del próximo año—, también fueron vigiladas, según las órdenes escritas y los expedientes judiciales revisados por The Times.
El año pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusó a la Sra. Rojo de la Vega de delitos electorales, lo que, según la Sra. Rojo de la Vega, fue una represalia política por oponerse a las políticas de Sheinbaum. Posteriormente un juez desestimó el caso.
PAN CDMX va por destitución de Godoy
- La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México pedirá en la sesión ordinaria del próximo martes 14 de noviembre que la fiscal Ernestina Godoy se separe de su cargo por lo que llamó “casos de espionaje” en contra de personajes políticos y a la par, solicitará que se conforme una comisión investigadora sobre este tema.
- Santiago Taboada, dijo en rueda de prensa que lo anterior, confirma lo que ha venido denunciando desde 2021 sobre un seguimiento por parte de las autoridades capitalinas.
- En este contexto, Federico Döring, coordinador de la bancada panista en el Congreso de la Ciudad de México, aseguró que ya preparan la documentación necesaria para inscribir en el orden del día del 14 de noviembre dos solicitudes, respecto al actuar de la Fiscalía capitalina, la cual se extralimito en sus funciones.
“Se confirma el uso faccioso,sesgado y partidista de la Fiscalía, eso confirma que no vivimos en la ciudad de los derechos, vivimos en la ciudad del espionaje político, en la ciudad de la fabricación de los delitos, en la ciudad de la justicia partidista y no nos vamos a dejar”, externó.
El legislador aclaró que su bancada promoverá dos acciones: una dirigida específicamente a la Fiscalía de la Ciudad de México y otra para que se cree un órgano especial investigador en el legislativo local.
“Exigimos la separación inmediata del cargo, que renuncie (Ernestina Godoy) porque son delitos federales, intervenir los teléfonos de un ciudadano y le exigimos a ella que se separe del cargo para que no entorpezca las investigaciones y vamos a pedir al Congreso de la ciudad que se cree una comisión especial que investigue a fondo el espionaje político”, explicó.
- Döring dijo que estas acciones son en cuanto al tema del presunto espionaje en agravio de Santiago Taboada y de otros actores políticos, no obstante, dijo que no descartan que también recurran a instancias para que se investigue por la vía penal.
Será el lunes 13 de noviembre cuando la bancada panista ingrese a la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México la inscripción de los puntos referidos en el orden del día para la siguiente sesión ordinaria del 14 de noviembre, y así cumpla con los tiempos legales para que los legisladores de todas las bancadas analicen los puntos en el pleno.
Telcel responde
Renato Flores Cartas, el responsable de Comunicación Corporativa de Grupo Carso y América Móvil ―a la que pertenece Telcel―, precisó que tanto Telcel como cualquier otro operador en México están obligados, con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a proporcionar información a las Fiscalías.
- Sin embargo, no hizo más declaraciones sobre lo revelado hoy por NYT, dejando en el limbo la veracidad sobre si entregó o no datos de políticos de la oposición a la Fiscalía deliberadamente, sin que ésta tenga investigaciones abiertas.
- Periodistas de The New York Times aseguran que revisaron 14 expedientes judiciales en los que la FGJ habría solicitado la información a Telcel debido a una conexión con una investigación entre presuntas desapariciones y secuestros.
Sobre estos hechos, Ulises Lara precisó que el diario estadounidense confunde instancias, pues cita presuntos casos de años anteriores a la presente administración: “aludiendo a esta Fiscalía como si se tratara de la Fiscalía General de la República [FGR]”.
¿Qué dice la ley?
De acuerdo con el artículo 177 del Código Penal Federal, “a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa”, se lee.
Por otro lado, el Artículo 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos señala que:
“A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa. […] Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración”, se señala.
Finalmente el Código Nacional de Procedimientos Penales indica en el Artículo 291 que, cuando en la investigación el Ministerio Público considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas, serán los fiscales o procuradores lo que deberán solicitar a un juez federal de control la autorización para practicar la intervención de comunicaciones privadas, expresando el objeto y necesidad de la misma.
Ataca Godoy a PAN y PRI
Esta mañana y de última hora, el área de prensa de la Fiscalía capitalina anunció una conferencia de Ernestina Godoy a las afueras de un edificio ubicado en Insurgentes Sur 1774, colonia Florida.
Ahí, Godoy dio a conocer que ese edificio es uno de los más de 60 inmuebles asegurados a ex funcionarios de la alcaldía Benito Juárez que conforman el llamado cártel inmobiliario.
Ese edificio en particular forma parte de la reparación del daño que Nicias René Aridjis y Luis Vizcaino, dos ex directores generales en la Benito Juárez, propusieron entregar a las autoridades, tras ser sentenciados por el delito de enriquecimiento ilícito.
- El edificio se convertirá en parte del patrimonio de la Ciudad y se buscará que en él se brinde atención a víctimas del delito.
- Godoy anunció que hoy se entregó el inmueble a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.
- Durante la conferencia fueron insistentes los cuestionamientos respecto a las investigaciones más recientes contra el cártel inmobiliario y si éstas involucrarán en el corto plazo a Santiago Taboada.
“Tengo Investigaciones en curso, efectivamente y como tal tengo la obligación de guardar secrecía sobre las investigaciones que están en curso. Ya se sabrán en su momento”, respondió.
Sin embargo, también dijo que en ese caso de la corrupción inmobiliaria se abren continuamente otras líneas de investigación.
- —¿No confirma ni desmiente que el nombre de Santiago Taboada está ahí?—, se le cuestionó.
- —Estoy en la obligación de guardar secrecía—, reiteró.
Se le recordó que Taboada busca la candidatura opositora al GobCDMX y sobre eso la fiscal expresó:
“Pertenece a un partido político que está señalado por tener un modus operandi para robarle al pueblo de México. El pueblo lo dirá.
- —¿Las investigaciones podrían limitar su derecho político (de Taboada)?—, se le preguntó.
- —En su momento estaremos dando a conocer los nombres—, respondió Godoy./Agencias-PUNTOporPUNTO
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