La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema de espionaje Pegasus, el cual fue adquirido en 2014 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
- El espionaje a activistas, periodistas y políticos a través del software israelí Pegasus ha causado revuelo internacional. México no solo no ha sido la excepción, se encuentra en el centro de la tormenta.
- Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el escenario internacional, en donde se presume el posible espionaje a mandatarios extranjeros, en nuestro país este programa fue contratado para espiar a ciudadanos mexicanos.
- Si bien esto ya se había comunicado hace cuatro años, la Fiscalía General de la República (FGR) aún no había dado a conocer los avances en la investigación y hoy se sabe que tampoco ha cancelado el uso de la licencia.
La misma investigación reveló que la mayor cantidad de personas vulneradas se encuentra en México: de los 50 mil dispositivos intervenidos, 15 mil son mexicanos. De hecho, entre 2016 y 2018, el centro de investigación canadiense Citizen Lab ya había reportado el uso de Pegasus en México e identificó tres operadores del software en el país, un dato curioso para un programa que, de acuerdo con el NSO Group, solo está a la venta para los gobiernos nacionales.
Al inicio de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido transparentar el caso Pegasus y dar puntual seguimiento al esclarecimiento de los hechos, así como a la investigación a cargo de las autoridades. No obstante, el caso fue quedándose en el olvido durante los últimos tres años, hasta que el revuelo internacional nuevamente atrajo la atención al uso del software en México.
- Durante el sexenio pasado, Pegasus se usó para espiar a más de 15.000 personas, y pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido ya no utilizarlo, el Gobierno mexicano volvió a adquirirlo en 2019.
- La primera compra de este software se hizo en 2014, y se dio a conocer a través de investigaciones periodísticas. La FGR asegura ahora que esa adquisición fue hecha por fuera de la ley.
- “El monto de la operación fue de 460 millones de pesos, por un sistema que no lo tiene esta nueva Administración; que nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República, y que fue adquirido ilícitamente”, ha defendido la dependencia este lunes.
Además de Tomás Zerón, que está refugiado en Israel desde hace años, en esta carpeta están bajo investigación Judith Aracely Gómez Molano, ex oficial mayor de la entonces PGR; Vidal Díazleal, extitular de la Policía Federal Ministerial; y Rigoberto García Campos, exdirector de información sobre actividades delictivas del Centro de Nacional de Planeación Análisis e Información (Cenapi).
La Red en Defensa de los Derechos Digitales, abanderado en la defensa de aquellos que han sido espiados con Pegasus en México, ha criticado que lo anunciado este lunes por la FGR “no representa un esclarecimiento de los hechos de espionaje denunciados durante el gobierno anterior, ni implica el acceso a la justicia para las personas afectadas”.
- La organización ha recordado que además de 2014, la PGR “suscribió contratos para escalar las capacidades del malware en 2015, así como renovaciones de licencia en 2016 y 2017″.
- Tampoco fue la Procuraduría la única dependencia que compró el programa, sino que también lo hizo el antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional en 2016 y la Secretaría de la Defensa en 2019.
La FGR lleva de manera paralela otro expediente por las escuchas ilegales que se ejecutaron una vez se compró el programa. En julio de 2021, la Unidad de Investigación Financiera de Hacienda (UIF) informó que investigaba a una maraña de empresas proveedoras de equipos de inteligencia y compañías fantasma, que habían sido usadas supuestamente para conseguir contratos inflados y triangular dinero entre ellas.
Puntualmente, se señaló a Balam Seguridad y Grupo Tech Bull —una fachada de la primera—, que estaban vinculadas a un contrato que la anterior administración de la Fiscalía firmó en 2014 para la adquisición de Pegasus. El documento de la compra había sido firmado por Zerón, que entonces era jefe de la Agencia de Investigación Criminal.
En el entramado de empresas estaba KBH TRACK, que operó el Pegasus durante los años de Peña Nieto, según la Fiscalía.
Por este segundo caso judicial ya hay detenido un hombre, Juan Carlos ‘N’, que era ejecutivo de la compañía y fue arrestado en noviembre de 2021. A él, las autoridades le imputan el delito de intervención ilegal de comunicaciones, agravado por cometerlo en contra de la libertad de expresión, ya que se usó para espiar a la prensa, como en el caso de la periodista Carmen Aristegui.
- Los avances que ha anunciado la FGR sobre el caso Pegasus en México han sido pocos y han llegado de manera esporádica. Nada ha dicho la Fiscalía sobre si investiga el uso del malware en el Gobierno de López Obrador.
- En octubre del año pasado, gracias a la filtración de los papeles del Ejército y la publicación de una investigación periodística, se dio a conocer que la Sedena había comprado nuevamente el software en 2019 para espiar a activistas y periodistas.
El presidente negó que fuera utilizado para espionaje, argumentó que era “para hacer investigación”.
- Quienes fueron víctimas en este sexenio, acompañados por organizaciones civiles, llevaron entonces el caso ante la justicia, donde de momento se ha estancado junto con las otras carpetas de investigación.
El Gobierno de Peña Nieto investigó a 15.000 personas con Pegasus
Políticos, activistas, periodistas. Todos fueron blanco de un espionaje telefónico masivo gracias al programa Pegasus de la firma israelí NSO Group, que afectó a 50.000 celulares en todo el mundo, desde Arabia Saudí hasta India o Azerbaiyán. Sin embargo, ningún país lo usó tanto como México.
- De las 50.000 líneas telefónicas intervenidas por este software, cerca de 15.000 eran mexicanas. Así lo reveló una investigación de un consorcio internacional coordinado por la entidad francesa Forbidden Stories.
- Entre esos teléfonos estaba el de Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente de México, antes de que llegara a ser mandatario del país.
El escándalo crece a medida que pasan las horas. Se supone que Pegasus sólo podía ser vendido a Gobiernos y entidades públicas por su peligroso alcance: eso implica que fue el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) quien ordenó que se espiara a más de 15.000 mexicanos.
- Por ahora, el expresidente todavía no se ha pronunciado. Hasta ahora, se sabe que las agencias gubernamentales clientes de Pegasus eran el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría Federal de la República, que ahora es la Fiscalía General, y la Secretaría de la Defensa Nacional.
- Además de López Obrador, el Gobierno de Peña Nieto espió a unas cincuenta personas de su entorno cercano, como su mujer o sus hijos, políticos de su equipo y hasta al cardiólogo que lo atendió por un ataque al corazón en 2013.
- También fueron objetivos la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y al menos 45 gobernadores y exgobernadores, al igual que periodistas y defensores de los Derechos Humanos, todos ellos aún esperan por justicia, a fin de establecer un precedente judicial.
«Es realmente una vergüenza y es una prueba irrefutable de que (…) estábamos sometidos a un Gobierno autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos». López Obrador descartó tomar medidas judiciales. Para el mandatario, el mayor compromiso es «no repetirlo».
De hecho, muchos desconfían de que la vía judicial pueda dar frutos, especialmente entidades de la sociedad civil. La Fiscalía General abrió una investigación sobre el uso de Pegasus hace cuatro años, sin todavía haber dado ningún resultado. Un vocero de la entidad aseguró que las pesquisas están «en desarrollo»: «por el secreto de la misma no podemos revelar nada».
Pero no solo políticos fueron espiados gracias a Pegasus por el Gobierno de Peña Nieto. «Fueron víctimas padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos», recordó a la agencia EFE Edith Olivares, directora interina de Amnistía Internacional México. Al menos tres familiares de las víctimas de Ayotzinapa están entre los 15.000 investigados.
- También se espió a varios periodistas mexicanos, como Cecilio Pineda. El reportero fue asesinado en 2017 en el estado de Guerrero después de que su celular fuera intervenido a través de Pegasus.
- Sobre este caso, se ciernen las peores sospechas de que su muerte se dio gracias a la información obtenida a través del espionaje. Una información que, en principio, solo podían tener entidades gubernamentales.
- En 2017, el mismo año de la muerte de Pineda, un grupo de periodistas ya denunció al Gobierno de Peña Nieto por vigilar sus celulares con el programa de Pegasus. Con las últimas revelaciones, se sabe que al menos 26 periodistas fueron intervenidos.
Peña Nieto negó usar Pegasus en 2017
Cuando el escándalo estalló hace cuatro años, Peña Nieto negó «categóricamente» que su Gobierno espiara a nadie. La investigación que ordenó a la Fiscalía es, precisamente, la que todavía no ha dado frutos.
- Por otro lado, quien firmó el contrato del Ejecutivo mexicano con Pegasus, Tomás Zerón, huyó de México tras ser acusado de tortura durante la investigación del caso Ayotzinapa. En el momento de la firma, Zerón era director de la Agencia de Investigación Criminal.
La empresa que desarrolló Pegasus, la israelí NSO Group, se pronunció para decir que la investigación periodística que destapó los espionajes es «endeble» y subrayó, a través de un comunicado de prensa, que su tecnología se vende «únicamente a agencias policiales y de inteligencia de determinados Gobiernos con el único propósito de salvar vidas mediante la prevención del crimen y los actos terroristas».
Citan a Omar García Harfuch por caso Pegasus
Omar García Harfuch, actualmente en medio de la disputa por la candidatura de Morena para la Ciudad de México, será citado como testigo en el caso relacionado con Pegasus, red de espionaje que se estableció durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
- La «corcholata» morenista, quien fue mando de la Policía Federal y posteriormente encabezó la Agencia de Investigación Criminal (AIC), será llamado a testificar en el juicio de Juan Carlos García Rivera, acusado de intervención de comunicaciones privadas, de acuerdo con información de Reforma.
- La comparecencia está programada para el 18 de diciembre, y se relaciona con el caso de espionaje contra la periodista Carmen Aristegui y otros políticos, opositores y periodistas.
- Pegasus fue adquirido por la AIC durante la gestión de García Harfuch en 2016. Cristian Noe Ramírez Gutiérrez, exadministrador de Pegasus en la entonces PGR y Gustavo Salas Sánchez, subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, ambos de la gestión de Arely Gómez como procuradora general de la República, también serán llamados a comparecer.
Una investigación sobre el programa de espionaje utilizado durante el gobierno de Peña Nieto reveló que la extinta Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Ejército mexicano pagaron un total de 489 millones de pesos a la empresa Proyectos y Diseños VME para actualizar el sistema Pegasus y ampliar sus capacidades de espionaje. La información fue obtenida por el portal Aristegui Noticias.
Pegasus en México
Proyectos y Diseños VME, una empresa con oficinas en la Ciudad de México, recibió pagos de la Secretaría de Gobernación (Segob), la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para mejorar y ampliar las capacidades del software israelí Pegasus. Este programa, diseñado originalmente para perseguir a criminales y terroristas, fue utilizado ilegalmente para infiltrar 50,000 teléfonos móviles en todo el mundo, incluyendo 15,000 en México.
La lista de teléfonos objetivo incluía a políticos, periodistas, activistas de derechos humanos y empresarios. En México, se infiltraron al menos 37 dispositivos con el programa espía. El gobierno mexicano habría utilizado Pegasus para espiar a periodistas, políticos y otros opositores, violando la licencia de uso establecida por la empresa israelí NSO Group.
- Eugenio Imaz Gispert, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), fue señalado como responsable del espionaje con el sistema Pegasus. Entre los objetivos del espionaje se encontraban la ahora ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el expresidente Felipe Calderón, Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Beatriz Gutiérrez Müller, Jesús Ramírez, Ricardo Monreal, Julio Scherer, entre otros.
- Conviene destacar que la intervención de comunicaciones privadas sin autorización judicial constituye una violación a la ley en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene autorización para intervenir comunicaciones sin dicha autorización. No obstante, en octubre de 2022, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el ejército mexicano emplea software de monitoreo pero para realizar labores de inteligencia, no de espionaje contra activistas y periodistas.
Investigadores de Citizen Lab, un grupo de vigilancia digital de la Munk School of Global Affairs and Public Policy de la Universidad de Toronto, analizaron los teléfonos de dos periodistas y un activista de derechos humanos, y detectaron que los dispositivos fueron infectados entre 2019 y 2021 con Pegasus.
Vendió García Luna equipo de espionaje a la PGR
- El extitular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, obtuvo grandes contratos en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), revela una investigación del diario El País.
- El exfuncionario sirvió como “empresario de seguridad” para la administración siguiente, vendiendo equipos de espionaje a la Procuraduría General de la República (PGR) y ofreciendo mantenimiento de equipos.
- La documentación obtenida por el rotativo español señala que durante la etapa de Jesús Murillo Karam al frente de la PGR fue adquirida una “plataforma de intervención telefónica” por parte de una empresa vinculada al exjefe de la policía.
El reportaje realizado por los periodistas Zedry Raziel y Elías Camhaji señala que el exsecretario utilizó sus influencias para que la Procuraduría comprara primero el equipo de vigilancia telefónica NiceTrack a la compañía israelí NICE Systems Ltd., empresa que pertenecía a sus testaferros de la familia Weinberg, quienes fueron señalados por la Secretaría de Hacienda por la trama de corrupción.
- En noviembre de 2013 fue contratada otra empresa vinculada a García Luna, Nunvav Inc. Esta compañía era la que brindaba mantenimiento para que la PGR tuviera capacidad para “toda la carga de intervención de comunicaciones privadas de telefonía fija y móviles”.
- El País señala que el primer contrato fue por un monto de 2.5 millones de pesos, el cual fue directo, sin licitaciones ni procesos de selección por “necesidades urgentes”; el segundo por 2.7 millones para darle mantenimiento al servicio Sistema Laguna, de Spectra Group; ambos documentos fueron reservados por seguridad nacional.
Una parte del contrato obliga al proveedor a mantener la “más absoluta confidencialidad, y a no divulgar o revelar a persona física o moral de forma parcial o total, la información derivada del presente contrato”.
- La empresa daba mantenimiento, Nunvav, es una compañía panameña creada en octubre de 2005 y en México su representante legal era Rosalba Tapia Alvarado.
- Por otro lado NICE Systems Ltd. “era titular de la patente tecnológica del sistema NiceTrack Location Tracking BE Solution, nombre del equipo de espionaje”.
- La empresa de espionaje promocionaba su producto como una herramienta “que transforma datos de localización en inteligencia crítica para las misiones de sus clientes”.
El software es capaz de reunir volúmenes masivos de datos en tiempo real y cruzar la información de rastreo con otras fuentes de información, como compras con tarjeta de crédito y datos de geolocalización satelital sin que el usuario sea alertado.
El reportaje de El País indica que en noviembre de 2012 Nunvav vendió a la Secretaría de Seguridad un servicio de soporte y mantenimiento de este sistema, un mes antes finalizar el sexenio de Felipe Calderón./Agencias-PUNTOporPUNTO
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