La Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, tiene estimado gastar de 714 millones 421 mil 651.32 pesos para diversas obras que se realizan en el Parque Nacional de la Justicia (PNJ), en la zona de Santa Fe, donde será la nueva sede del organismo.
- Hasta marzo de 2022, las obras, dictámenes de estructura y remozamiento en los dos predios de 163 mil 387 metros cuadrados cedidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la FGR, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), llevaban una erogación de 149 millones 943 mil 741.29 pesos.
- La propiedad, también conocida como “Complejo CONAFRUT”, ubicada en el kilómetro 14.5 de la carretera México-Toluca, colonia San Gabriel, en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, frente a Lomas de Bezares y Bosques de las Lomas, fue destinada a la Fiscalía el 5 de junio de 2020 mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De acuerdo con el Programa Anual de Obra Pública, con corte a septiembre de 2021, realizado por la Coordinación de Planeación y Administración y por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la FGR, la obra más costosa es la “ampliación y reestructuración del Parque Nacional de la Justicia”, estimado en 370 millones de pesos.
En este caso, por tratarse de un proyecto plurianual, la primera etapa de la obra tuvo un gasto de 70 millones de pesos. Los trabajos iniciaron en noviembre del año pasado y la fecha de conclusión —según el documento de la FGR— es en mayo de 2022.
- La empresa Ingeniería y Control de Proyectos (Incop), especializada en construcción de hospitales, ganó esa licitación de ese contrato.
- En total son 11 contratos (seis del ejercicio fiscal 2021, cuatro de los ejercicios fiscales 2021-2022 y uno del ejercicio fiscal 2022), de los cuales ocho son de licitación pública nacional, dos de invitación a cuando menos tres personas y uno de adjudicación directa.
Uno de esos predios, de 86 mil 979 metros cuadrados, fue asignado en abril de 2001 por el gobierno del entonces presidente Vicente Fox Quesada a la recién creada Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyo titular era el hoy fiscal Alejandro Gertz, para que ahí se construyeran los “centros de inteligencia y comunicación estratégica” de esa dependencia.
Los acuerdos para la cesión de estos terrenos a la FGR (el segundo de 76 mil 408 metros cuadrados) mencionan que “se destinan los inmuebles descritos para la construcción y uso de oficinas”, aunque establece que “no transmite la propiedad de los mismos ni otorga derecho real alguno de los predios”.
- El 23 de marzo de 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación, encabezada entonces por Miguel Ángel Osorio Chong, manifestó la necesidad de recibir una fracción de ese terreno, mediante el Oficio OM/DGRMSG/0708/2016, a efecto de que fuera utilizada para la Academia Regional Metropolitana de la Policía Federal.
Para el 27 de octubre de ese año en el DOF se publicó el acuerdo en el que se establece el destino del predio a favor de la Secretaría de Gobernación para los fines solicitados.
En diciembre de 2021, de acuerdo con el Programa Anual de Obra Pública de la FGR, iniciaron las obras del segundo contrato más oneroso para la construcción de este complejo, con un costo estimado de 267 millones 375 mil 910 pesos. El concepto para justificar el gasto de esos recursos fue la “construcción y adecuación del Parque Nacional de la Justicia”.
La fecha de conclusión de esta primera etapa de la obra está fijada por la Fiscalía para septiembre de 2022 y el desembolso es, hasta el momento, de 30 millones de pesos.
- Entre junio y septiembre de 2021 se cumplimentaron dos contratos, el primero por tres millones 696 mil 721.66 pesos y el segundo por nueve millones 031 mil 224.66 pesos, para “trabajos de desmantelamiento de cancelería y fachada” y para “trabajos de obras exteriores, consistentes en reforestación del predio”, respectivamente.
- Otro servicio que también ya aparece como culminado es el de la “elaboración del proyecto de ingenierías para la adecuación, construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento del Parque Nacional de la Justicia”, que fue de 11 millones 494 mil 400.56 pesos.
También destaca un contrato de ocho millones 046 mil 704.08 pesos (el único que aparece con el esquema de adjudicación directa), que se reporta como concluido y que se realizó entre junio y diciembre de 2021. El servicio consistió en la contratación de un Director Responsable de Obra para la “gestión y trámites para la obtención del Manifiesto de Construcción Tipo C y demás autorizaciones necesarias para la ejecución del proyecto”.
El único contrato que se ha realizado este año para el Parque Nacional de la Justicia se concretó el 3 de marzo con la empresa Grupo Mayco Ing., S.A. de C.V.
FGR deja pendientes irregularidades en sexenio de EPN
A más de tres años de que concluyó su sexenio, el expresidente Enrique Peña Nieto se convirtió este jueves 7 de julio en el primer exmandatario en ser acusado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita que ascenderían a 26 millones de pesos.
Pero al mismo tiempo, se trata de la primera y única carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Peña, pues no existe otra indagatoria sobre alguna irregularidad ocurrida durante su gobierno. Este expediente, además, alude a un delito posiblemente cometido cuando Peña ha había dejado el cargo.
- Ni La Estafa Maestra ni los casos Odebrecht o Agronitrogenados han alcanzado a Peña Nieto. Tampoco los 112 mil millones de pesos que, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fueron gastados de manera irregular en su mandato y que hasta el momento siguen ‘perdidos’. Estos recursos presuntamente se desviaron en gasto sin comprobar en qué, en compras a sobreprecio o en pagos irregulares.
- No hay, además, imputaciones directas contra algún miembro de su gabinete, como Luis Videgaray, extitular de Hacienda, la dependencia encargada de administrar los recursos públicos.
Los 112 mil millones de pesos equivalen a todo el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Desarrollo Agrario, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública para 2022.
En resumen, nada se ha podido probar sobre corrupción del expresidente, salvo posiblemente estos 26 millones de pesos, anunciados este jueves y que habrían sido transferidos cuando Peña ya no era presidente.
Autoridades ministeriales confirmaron que la FGR no ha recibido ninguna denuncia por hechos de corrupción en contra del expresidente Peña.
- La única carpeta de investigación por posible corrupción y lavado de dinero que incluye al exmandatario fue abierta solo por los dichos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, sobre supuestos sobornos con dinero de Odebrecht para que la reforma energética fuera aprobada. Sin embargo, “no se ha reunido la información suficiente para proceder en contra de Peña Nieto”.
Por ese caso, el exsenador panista Jorge Luis Lavalle es el único político que enfrenta un proceso judicial como presunto responsable de haber entregado sobornos a legisladores, a cambio de aprobar la reforma energética en 2013, y está en prisión preventiva desde abril de 2021.
- Solo en dos casos de corrupción como La Estafa Maestra y Operación Safiro fueron desviados más de 6 mil millones de recursos públicos durante el sexenio pasado, sin que hasta el momento las autoridades judiciales hubieran avanzado en las investigaciones para hallar a los responsables y beneficiarios de los fraudes.
- Este jueves, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó la detección de un esquema por el que el exmandatario presuntamente se benefició de más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales.
Dichos recursos fueron transferidos por un familiar a Peña Nieto en tres movimientos financieros desde México y hacia España. El primero en agosto de 2019, por 16 millones; el segundo en octubre de 2021, por 5 millones, y el último también en octubre de 2021, por 5 millones. Según Gómez, ese familiar también realizó operaciones con un hermano del expresidente a quien le giró cheques por 29 millones de pesos.
Al tratarse de operaciones de las que se desconoce la fuente de procedencia, la UIF interpuso una denuncia ante la FGR, y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, fue la instancia que inició la carpeta de investigación.
- Santiago Nieto, anterior titular de la UIF, aseguró en su cuenta de Twitter que la información sobre posibles irregularidades del expresidente “fue reportada previamente a diversas autoridades competentes”.
Sin embargo, las indagatorias solo se concentraron en las transferencias a partir de 2019, pero Pablo Gómez no informó que hubiese alguna pesquisa respecto de los años previos, cuando Peña Nieto era presidente y ocurrieron diversos casos de corrupción./Agencias-PUNTOporPUNTO
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