La Fiscalía General de la República (FGR) se ha mantenido ausente en la toma de decisiones para proteger a defensores de derechos humanos y comunicadores, ya que la instrucción del fiscal, Alejandro Gertz Manero, es “no votar y no comprometerse a nada” en la Junta de Gobierno y del Consejo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, manifestó Alberto Xicoténcatl Carrasco, integrante de dicho Consejo.
En entrevista, denunció una eventual extinción, a iniciativa de Morena, del Fideicomiso 10232 para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
- Detalló que de enero a mayo se han llevado a cabo todas las reuniones y sesiones tanto de la Junta como del Consejo, pero la presencia de Sara Irene Herrerías García, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, y de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, se ha limitado a “opinar, pero no votar” sobre los casos que se exponen.
- El activista y director de la Casa del Migrante de Saltillo, explicó que la FGR aprovecha que en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas aún no se modifica la referencia de lo que era la PGR, lo que ha sido interpretado por Gertz Manero como que “la Fiscalía no tendría que formar parte de la Junta de Gobierno”.
“La Ley dictamina que la PGR (hoy FGR) forma parte de la Junta de Gobierno, pero con el cambio a Fiscalía, Gertz Manero, dijo que ya no eran vinculantes y ahora solamente acuden en calidad de oyentes.
Ellos tienen voz, pero no están votando y no asumen que la Ley les esté vinculando con el Mecanismo”, denunció.
Dejó en claro que en la Fiscalía, “técnicamente asumieron que la Ley no los ha vinculado, entonces digamos que van, por así decirlo, porque son una institución y porque nos están haciendo un favor”.
DESAPARECE EL PRESUPUESTO
En un desplegado, el Consejo sostuvo que con los recursos del Fideicomiso 10232 se garantiza la vida, integridad, libertad y seguridad de las más de mil 86 personas beneficiarias del Mecanismo de Protección, de las cuales al menos 721 se dedican a la defensa de derechos humanos, 371 mujeres y 350 hombres, y 365 al periodismo, 97 mujeres y 268 hombres.
Además, el Consejo Consultivo externó su “extrema preocupación” en el proceder de la iniciativa presentada por Morena en la Comisión Permanete, estimando que extinguir, reducir o reorientar los fondos del Fideicomiso significaría a su vez poner en riesgo a quienes diariamente se enfrentan a un contexto de alta violencia, y cuyo trabajo resulta fundamental para la consolidación y el perfeccionamiento de cualquier sistema democrático.
- Puntualizó que pretender la extinción de los fondos como forma de administración del dinero público dificultaría enormemente el funcionamiento del Mecanismo como tal, considerando que las pautas actuales para su ejercicio garantizan en mayor medida la disponibilidad de los recursos para dar atención a los acuerdos tomados en las Juntas de Gobierno sobre los planes de protección, mientras que de ser concretada la iniciativa, este mismo proceso se convertiría en un asunto alta- mente burocrático, tendiente a entorpecer lo relativo a la asignación e implementación de medidas.
Por lo anterior, Alberto Xicoténcatl dejó en claro que ningún integrante del Consejo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas “toca los recursos, no existe corrupción como se ha dicho, todos los recursos se manejan para el pago de servicios, de los guardias o para la rehabilitación de las zonas en donde viven los beneficiarios”.
LA “ESTIGMATIZACIÓN” DE LOS MEDIOS, SIGNO DE AMLO
La estigmatización” de medios de comunicación se ha convertido en la impronta del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
- Es así como organismos de defensa de la libertad de expresión -la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH y Artículo 19- coinciden en sus evaluaciones del primer año de la 4T en informes individuales. Con la variación de un caso de asesinato de un periodista -la RELE sumó 11 casos, y Artículo 19,10-, sus reportes alertan sobre la imparable violencia contra el gremio periodístico y la impunidad que prevalece en 99% de las agresiones, situación que se arrastra desde la creación de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en 2011.
De acuerdo con datos enviados por la FEADLE a la Relatoría de la CIDH para su informe anual, en enero de 2019 “sólo 10 de mil 140 (0.13%) de las investigaciones iniciadas habrían terminado en sentencia, cifra que muestra que la falta de consecuencias legales ante una agresión a periodistas provoca la repetición de los hechos y fomenta un clima de intimidación”./EL SOL DE MÉXICO-PUNTOporPUNTO
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