La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por voto directo –que emula lo que sucede en Bolivia– ya fue discutida y rechazada hace más de 100 años en México.
Y para especialistas consultados, regresar a esta idea del pasado abriría la puerta a que la justicia se imparta conforme a la base electoral de los ministros elegidos.
- El mandatario nacional reiteró, la semana pasada, su plan de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), con el que la ciudadanía sufragaría por los integrantes de la Corte, argumentando que esa instancia estaba “podrida” y se requería renovación total.
- Esto luego de que la Corte invalidó la primera parte de su Plan B electoral, debido a vicios en el proceso legislativo llevado a cabo por la mayoría morenista y sus aliados en el Congreso.
Hace más de 150 años, en la Constitución de 1857 se incluyó el voto directo para elegir a los integrantes de la Suprema Corte, pero en el texto constitucional de 1917, vigente hasta hoy, se eliminó esa forma de designación, con el argumento de que los presidentes en turno corrompieron el proceso de votación y los ministros se sometieron a los designios del Ejecutivo.
- A su vez, en el contexto internacional, Bolivia es el único país en el que sus jueces del alto tribunal nacional son designados por voto popular, lo que ha sido criticado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros expertos.
Discusión centenaria
- La Sección III de la Constitución de 1857, relativa al Poder Judicial en su Artículo 92, estableció que “cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo seis años, y su elección será indirecta en primer grado, en los términos que disponga la ley electoral”.
- Durante la discusión para aprobar el texto constitucional de 1857, el diputado Francisco Zarco dijo que “si el pueblo alguna vez se equivoca, mandando a un imbécil a la Corte, como suele mandarlos a otras partes, el mal no es eterno, porque los magistrados van a ser amovibles”.
- Esto de acuerdo a los debates que retoma Gonzalo Santiago Campos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en su obra El Poder Judicial en la transición 1857-1917. Mientras que en el debate del Constituyente de 1917, los legisladores expresaron los vicios causados por la experiencia de la elección directa de ministros en el país.
El diputado Fernando Lizardi señaló que en los pueblos más remotos del país, los ciudadanos no conocían ni siquiera que los jueces eran elegidos por voto; además, indicó que de haber elecciones judiciales “la campaña a favor de los candidatos sería política, para presentarlo como un individuo muy amante del pueblo”
- El constituyente Rafael Martínez Escobar afirmó en ese entonces que dejar en la Constitución de 1917 la elección popular de ministros “sería una mentira si vemos lo que sucedió en 1857; se estableció que los magistrados de la Suprema Corte fueran electos popularmente.
- De entonces acá, tenemos que todos los Presidentes de la República han venido designando solo a sus amigos incondicionales, y la Corte no ha sido una institución de justicia, sino que únicamente se han ido resolviendo los asuntos que convienen al Ejecutivo en turno”.
- Es decir, que la propuesta del Presidente López Obrador de elecciones judiciales ya fue discutida hace más de 100 años y desechada por el Constituyente de las leyes vigentes, debido a que los comicios para integrantes fueron corrompidos por los Presidentes de la República en turno.
Análisis
Al respecto, Raúl Pérez Johnston, abogado constitucionalista, dijo que “uno de los riesgos de someter a elección a integrantes del Poder Judicial al mismo tiempo que diputados, senadores y al presidente de la República es que se tendrán jueces, magistrados o ministros que van a votar en función de los intereses de su base electoral”.
- Elegir por medio de votos al Poder Judicial, continuó en entrevista con 24 HORAS, puede parecer “muy tentador y muy práctico para un Gobierno que está queriendo llevar a cabo transformaciones profundas del Estado de Derecho”.
- Pero también, advirtió, puede tener muchos riesgos,al erigir un Gobierno sin contrapesos y por esta razón es que en aras de salvaguardar un equilibrio a los jueces se les saca de las elecciones.
Dada la importancia que tienen los juzgadores, consideró Pérez Johnston, se necesita que su elección sea de naturaleza distinta.
“Considero que el sistema ha funcionado relativamente bien, no voy a decir que no ha habido temas en el pasado y polémicos; todos los conocemos, sentencias contradictorias, criterios contradictorios de los jueces, pero a mí me da gusto ver que tenemos una Corte plural en donde las votaciones son divididas, en donde hay una deliberación técnica-jurídica de interpretación constitucional, en donde funcionan las mayorías qué a veces aprueban las resoluciones, a veces no”, apuntó el experto constitucionalista.
- Sobre la elección de ministros, jueces y magistrados, el constitucionalista señaló que no es deseable que en ese supuesto se esté discutiendo su designación en función de quién es más popular y no quién está más capacitado para ocupar el cargo.
“Me parece que las propias constituciones o los constituyentes que crearon esas constituciones previeron precisamente que la legitimidad de la Suprema Corte debe de ser contra mayoritaria para generar ese balance y equilibrio entre los poderes”, enfatizó el experto.
Experiencia internacional
A nivel internacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia es el único que se elige por voto popular.
- El jurista y exprocurador de la República Diego Valadés dijo que el caso boliviano “ha sido un fracaso, por la escasa participación electoral y por la baja calidad de diversas resoluciones jurisdiccionales, con sesgos ideológicos, sin rigor ni objetividad”.
- “Se trata de una medida demagógica… La integración de la judicatura debe orientarse por la mejor preparación de los juzgadores, y por que realicen sus labor de manera independiente, autónoma, imparcial y diligente”, sentenció.
- En su informe de las elecciones judiciales más recientes, en 2017, la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que la mayoría de la población todavía desconocía el propósito de esos comicios y a los candidatos.
También se destacó el alto porcentaje de votos nulos, por lo que los actuales jueces bolivianos fueron electos con un alto porcentaje de abstencionismo.
- Sobre la propuesta de López Obrador de emular esa modelo, el expresidente del INE Lorenzo Córdova Vianello criticó en su cuenta de Twitter que “fue en Bolivia justamente en donde la Corte Constitucional (integrada por jueces electos) determinó que al prohibirse en la Constitución la reelección de Evo Morales por más de una sola vez se violaban sus derechos humanos, abriendo la puerta a la reelección de por vida”.
Abundó que a los ministros, electos por voto popular, “no les importó que unos meses antes la mayoría del pueblo boliviano hubiera votado mayoritariamente en un Referéndum por no avalar una segunda reelección de su presidente. O sea, fue contra la voluntad popular… y aquí se quejan… ¡De veras!”.
“Elegir ministros de la Suprema Corte por voto popular, una ocurrencia”
Especialistas en Derecho Constitucional consideraron que si se cumple con los requisitos es viable hacer una consulta ciudadana para preguntar si los ministros deben ser electos por los ciudadanos; sin embargo, dijeron que el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador es más una estrategia con fines políticos electorales.
- El artículo 11 de la Ley de Consulta Popular señala que no podrán ser objeto de la misma las materias electoral, de derechos humanos, la permanencia en el cargo de servidores públicos de elección popular, presupuesto, obras de infraestructura, seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas.
- El maestro Julio Jiménez Martínez, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, señaló que la propuesta del Jefe del Ejecutivo federal obedece más a una estrategia mediática, porque los nombramientos de los integrantes de la SCJN, por ser un poder autónomo e independiente, no son cargos de elección popular.
Expresó que son cargos que se ejercen en función de capacidad, experiencia, trayectoria de juristas, juzgadores, de verdaderos profesionales del Derecho y, sobre todo, con buena reputación y congruencia institucional.
“Sin embargo, el ejercicio de la democracia participativa, el sacar encuestas o someter a votación popular las decisiones, ocurrencias o imposiciones del Ejecutivo, son eso, ocurrencias. No le veo el objeto de gastar recursos públicos en una encuesta innecesaria”, precisó.
Jiménez Martínez destacó que el presidente López Obrador se encuentra en la recta final de su administración y en la antesala de la elección de 2024.
“No veo las circunstancias y las condiciones para realizar una consulta nacional a ese nivel, esto más bien obedece a una reforma constitucional, algo que no se va a consumar, insisto, esto es una ocurrencia, un distractor, una cortina de humo frente a los verdaderos problemas que debe resolver el Presidente”, subrayó.
- El jurista Tulio Salanueva Brito, experto del Colegio Nacional de Abogados, dijo que sería viable hacer la consulta si reúnen los requisitos, pero ésta no resuelve el problema de fondo que es la elección de los jueces de la Corte.
- Explicó que en este momento habría que hacer una reforma de gran calado a la Constitución y leyes federales para cambiar el nombramiento de los ministros, magistrados y jueces.
“Creo que es un despropósito, la Judicatura tiene un grado de especialización muy alto y no es mediante una consulta popular como se puede resolver la especialización de los jueces, más con fines electorales, porque el Ejecutivo busca la simpatía del electorado”, indicó.
Los jueces tienen una misión concentra y especial, y no es a través de la elección popular como pueden ejercer mejor sus funciones: “Insisto, esto es un verdadero despropósito”.
- El doctor en Derecho e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, detalló: “Es viable, está prevista la posibilidad en la Constitución, ahora los tiempos ya no le dan para hacerla este año, el proceso electoral comienza un año antes, sería muy complicada la recolección de firmas”.
Consideró que el planteamiento de López Obrador de elegir a los ministros por voto es absurdo, porque lo que se busca para un juez es que sea un experto, técnico, que sepa de Derecho y que no responda a cuestiones e intereses políticos.
“Para hacer una elección de entrada debería haber un respaldo económico para los candidatos o de qué manera se puede hacer campaña para ser electo, eso implicaría que se les diera recursos o que un partido los arropara para hacer campaña. Eso me parece inviable en ciudadanos comunes, magistrados, juristas o académicos que no estén metidos en la vida política”, dijo.
Martínez Bullé Goyri expresó que eso nos puede llevar a perder calidad en la formación, la capacidad y en el conocimiento de los ministros y los integrantes del Poder Judicial.
Oposición pide a la sociedad defender la autonomía e independencia de la SCJN
Defender la autonomía y la integridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el nuevo llamado a la sociedad que lanzó el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza. El líder blanquiazul denunció los reiterados ataques y agresiones desde Palacio Nacional contra los ministros de la Suprema Corte y contra el personal de que ahí labora.
- A través de un mensaje, condenó que los ministros y en especial, la presidenta de la Corte, Norma Piña, sean blanco de amenazas, insultos, groserías y acusó que es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien incita al odio y la violencia en sus conferencias mañaneras.
Por ese motivo llamó a la sociedad a unirse en la defensa de la Corte, una institución que se ha convertido en el más importante contrapeso de poder.
- Este contrapeso que las decisiones del máximo órgano judicial del país ejerce es la razón por la que el presidente ahora quiere minimizar presupuestalmente y controlar a la corte, acusó el pan e incluso señaló que el presidente tiene intención de “desaparecerlos”.
Es por eso que llamó a la sociedad a que tal como lo hizo con el INE, se una a la defensa de la Suprema Corte.
“Morena y López Obrador deben responder por la integridad de los ministros, el presidente está obligado a dar protección y garantías a quienes representan los Poderes de la Unión, sin importar si los manipula o no. ¿Dónde está la Guardia Nacional, el Ejército y la seguridad ante la hostilidad y las agresiones a los ministros?”— Marko Cortés, líder nacional del PAN
El jefe nacional de los panistas repudió también, que López Obrador argumente que va a ahorrar eliminando los fideicomisos del Poder Judicial, “si de derroche hablamos, el de López Obrador es monumental: 400 mil millones de pesos tirados en la basura solo con la creación y desaparición sin sentido del INSABI, además de afectar el servicio médico de millones de personas que carecen de seguridad social”, expresó.
Enumeró que, si el gobierno quiere ahorrar, que empiece por intervenir en los siguientes casos:
- 15 mil millones de pesos que se robaron de Segalmex.
- Mil 700 millones de pesos ejercidos con irregularidades en el Tren Maya.
- Dos mil 420 millones de pesos en la Refinería de Dos Bocas.
- 100 millones de pesos que recibieron los amigos de su hijo Andrés mediante una red de corrupción y tráfico de influencias.
Casi 64 mil millones de pesos en irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación, sentenció el presidente del PAN, con los que basta y sobra para no eliminar fideicomisos que afectarían a miles de trabajadores del Poder Judicial que dejarían de recibir pensiones y prestaciones médicas.
“Para vengarse y presionar, este gobierno pretende afectar a las familias de los trabajadores del poder judicial, eso es criminal”, concluyó Cortés Mendoza. /PUNTOporPUNTO
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