El asesinato en plena calle de la candidata por Morena a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaytán, sacudió el pasado 2 de abril la campaña electoral. A través de sus últimas horas, el consultor en materia de seguridad pública y crimen organizado, Eduardo Guerrero, y el expresidente del Instituto Federal Electoral (ahora INE) Luis Carlos Ugalde, analizan la ola de violencia político-electoral que asola a México y cómo afectará a la democracia. De cara a las votaciones más grandes de la historia del país, van 24 candidatos ejecutados.
El crimen organizado ha puesto su foco en los candidatos a presidencias municipales para seguir ocupando su poder territorial, según explica Guerrero en este episodio de Al habla… con Warkentin.
“En una zona donde hay tanta inseguridad y atentados contra sus candidatos, la gente se va a quedar en sus casas”, explica el consultor. Lo más preocupante es como pueden influir en las votaciones del 2 de junio. “Estas personas del crimen intervienen para seleccionar un candidato favorito y son capaces de movilizar votantes el día de la elección”, añade.
- El asesinato de Gaytán tras presentar su estrategia para erradicar la inseguridad en Celaya puede sentar un precedente alarmante. “Las consecuencias de esto son silenciar a los candidatos. Cuantas personas candidatas que vayan a hablar del tema de seguridad querrán hacerlo”, relata Ugalde en el pódcast sobre el “sometimiento silencioso”.
Lo peor es el daño a la democracia de estos crímenes. “Podríamos tener una cifra récord a finales de mayo de entre 2.000 y 3.000 renuncias a candidaturas locales. Lo cual sería un hecho inédito de gran alarma para nuestro sistema democrático”, cuenta Guerrero. Y lo peor se acerca. “El mes que antecede la jornada electoral se registran más o menos el 50% de los eventos de la violencia político-electoral”, prevé el consultor.
4T con más víctimas de la violencia electoral
Durante el actual proceso electoral, Morena es el partido que más aspirantes o candidatos asesinados registra, con diez de las 30 víctimas, de las cuales, nueve fueron asesinadas en estados gobernados por la cuarta transformación, de acuerdo con un recuento que realizó este diario.
Michoacán, Ciudad de México y Guerrero son los tres estados con más casos -dos, cada uno-. Destaca Maravatío -municipio del estado gobernador por Alfredo Ramírez Bedolla– donde en menos de dos meses ejecutaron a Dagoberto García y Miguel Ángel Reyes, ambos contendientes a la presidencia municipal.
En tanto que los guerrerenses ejecutados en el territorio gobernado por Evelyn Salgado fueron Ricardo Taja, aspirante a diputado federal y Tomás Morales, quien buscaba la alcaldía de Chilapa.
- En la Ciudad de México, que gobierna Martí Batres, están Samanta Gómez, quien buscaba un lugar en el Senado y Álvaro Ramírez, aspirante a diputado federal, pero en ese momento regidor en Nezahualcóyotl.
- En territorio veracruzano, liderado por Cuitláhuac García, asesinaron a Manuel Hernández Hernández, candidato a diputado local, en tanto que en Puebla la víctima fue Jaime González, precandidato a la alcaldía de Acatzingo.
Finalmente, en Guanajuato, ejecutaron a la morenista Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata para la alcaldía de Celaya, quien encabezaba un mitin en su primer día de campaña.
Durante La Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que 200 candidatos en todo el país pidieron seguridad: 186 ya cuentan con ella, 11 solicitudes fueron declinadas y tres se evalúan.
El más reciente Reporte de Violencia Política de Integralia, señala que del 1 de septiembre de 2023 al 1 de abril de 2024, 127 aspirantes han sufrido atentados, aproximadamente cada dos días una víctima es agredida.
Las elecciones más violentas en la historia moderna
El doctor Juan Jesús Ramírez Ramírez, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), confirmó que “tristemente” las actuales elecciones son las más violentas en la historia moderna.
“Las cifras así lo revelan: por tercer proceso electoral consecutivo se ropió el negro récord en términos de violencia política, en su momento 2018 fue una elección inédita por la violencia que se vivió”, manifestó.
- Ramírez Ramírez señaló que los índices de ataques aumentaron en 2021 y en 2024, a la mitad de campaña, ya se tienen datos alarmantes, tanto por agresiones, secuestros, intentos de plagios y asesinatos.
- El actual proceso electoral es considerado como el más grande de la historia, pues están en juego 20 mil 286 cargos, mientras que en 2018 fueron 18 mil 299.
El coordinador de la licenciatura de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG consideró que el hecho de que haya más puestos en disputa, hace más probable que se registren más asesinatos; sin embargo, “es un factor que puede contribuir, pero no me parece que sea determinante, porque hay que considerar el número de cargos no corresponde al aumento porcentual que ha tenido la violencia”.
La mayoría de los asesinados han sido de morenistas en estados donde gobierna el partido guinda, ya “que este instituto político ha ganado terreno, por ende es lógico que se dé esta situación”, dijo el experto.
La estabilidad democrática de las Elecciones está amenazada
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), presidida por el Monseñor Rogelio Cabrera López y su secretario general, el Monseñor Ramón Castro Castro, advirtió que el crimen organizado es uno de los riesgos que amenaza la estabilidad democrática en las elecciones 2024.
- A través de un comunicado, la Iglesia Católica señaló que el bien común de la Nación exige que “vivamos esta experiencia de renovación democrática con libertad y con responsabilidad”.
- Sin embargo, advierte: “sabemos ya de algunos riesgos que amenazan la estabilidad democrática mediante la violencia criminal que, al mismo tiempo, afectan la libertad ciudadana”.
En ese sentido, el CEM consideró que se está a tiempo de evitar esos riesgos “confiando en la fortaleza de las instituciones electorales y en la honestidad de todos los candidatos”.
También, destaca que toca a las autoridades un correcto desempeño en sus responsabilidades para garantizar la participación ciudadana.
“Es necesario que los distintos actores políticos sin excepción, comenzando por las autoridades y siguiendo con los candidatos, partidos y ciudadanos cumplamos las Leyes y las Normas en materia electoral”.
Además, señalan que es deber de las instituciones electorales (INE, TEPJF, FISEL) “actuar con apego a la imparcialidad y la justicia, con ética y competencia profesional, para garantizar que el proceso se desarrolle con plena legalidad y con oportuna corrección de las anomalías que pudieran presentarse.
“Por el bien de México, primero la democracia y el estado de derecho”
- En cuanto a las autoridades responsables de la seguridad ciudadana y las fuerzas del orden (SEDENA, Guardia Nacional y SEMAR), a nivel estatal y nacional, tienen la responsabilidad de garantizar la protección y el ambiente de paz, de tal manera que se eviten, por motivos electorales, las agresiones, los atentados y los lamentables asesinatos de candidatos, políticos, familiares, periodistas y demás ciudadanos.
El peor de los escenarios, señala el Episcopado, es aquel en el que el crimen organizado y otros grupos delincuenciales intervengan en el proceso electoral, en cualquier lugar y momento.
“La democracia electoral mezclada con la delincuencia es un binomio totalmente inaceptable, es un signo de la más deplorable corrupción que se debe evitar a toda costa. Por ningún motivo se puede justificar y mucho menos entrar en complicidad”.
Por último, el Episcopado lanzó su deseo de que las elecciones 2024 se lleven a cabo con una nutrida participación ciudadana y llamó a evitar “cualquier retroceso democrático”.
“No es tiempo de apatía, indiferencia o abstencionismo. Es tiempo de participación y compromiso”.
Buscan poder anular elecciones por crimen organizado
Ante el asesinato de al menos 24 candidatos, la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara de Diputados alista un par de iniciativas para establecer que los homicidios dolosos no prescriban, así como anular comicios ante la injerencia del crimen organizado, todo esto con el fin de dar un “mensaje” en el ámbito electoral.
- De acuerdo con lo expuesto por el diputado Jorge Romero Herrera (PAN), presidente de la JCP, sobre los homicidios dolosos, todavía se está definiendo la iniciativa “para que se adecúe no sólo a un marco electoral”. Lo anterior podría ser discutido el próximo martes.
- Lamentó, a su vez, que en el contexto electoral han ocurrido muchos homicidios dolosos a manos de la delincuencia organizada lo que, dijo, pone en riesgo al Estado mexicano, “porque el crimen organizado está eligiendo quiénes van a ser candidatos”.
“El crimen organizado está dando tickets para ser o no candidato o candidata. Y casi, casi hay lugares en donde si no consigues ticket te matan, antes te amenazaban, ahora te matan”, aseveró.
- Sobre la segunda propuesta, el también coordinador del PAN en San Lázaro destacó que, aunque están conscientes de que las reformas electorales no aplicarían para este proceso, las bancadas proponen reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que “donde se compruebe que hubo participación del crimen organizado en alguna elección, ésta se anule.
“Así de simple, haya tenido más o menos votos el candidato o la candidata que sea, tenemos que meter en nuestro marco electoral la anulación de las elecciones en donde se compruebe que hubo participación del crimen organizado y romperles así de raíz cualquier incentivo para que ellos participen”.
En este contexto, el panista dio a conocer que este miércoles, el Grupo de Trabajo para el Seguimiento del Proceso Electoral, creado por los diputados, plantearía al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) la posibilidad de que se suspenda una elección en el caso de que, en ciertos distritos, alcaldías o esquemas territoriales electorales, se haya cometido el homicidio de algún candidato o candidata.
“No estamos hablando de anularlas a posteriori, sino suspenderlas a priori, en donde de plano no haya condiciones, no sólo para candidatas y candidatos, sino para las personas que se van a formar a una fila a votar”, aclaró.
De igual forma, durante un encuentro entre diputados y consejerías se propondría al INE que el protocolo de prevención de aspirantes se invierta en un caso de urgencia, es decir, que primero se brinde la protección y después se concluyan los trámites burocráticos.
Ataque a un vehículo del TEPJF apunta a las pugnas del crimen en Ciudad de México
El asesinato de un trabajador del Tribunal Electoral Federal (TEPJF) la noche del lunes asestó una nueva sacudida al ambiente político mexicano, ya enrarecido por la cadena de agresiones y asesinatos cometidos contra candidatos en el marco de las elecciones del 2 de junio.
- Dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra los tripulantes de un vehículo oficial del Tribunal Electoral que estaba estacionado en una calle de la alcaldía Xochimilco, al sur de Ciudad de México. En el ataque murió José Basilio Torres, de 33 años, que se estrenaba como chofer del director de Comunicación Social del TEPJF, Eduardo del Río. También murió un acompañante, Irvin Joel Gutiérrez Martínez, de 34 o 35 años.
- Un tercer hombre, que estaba en la parte trasera del vehículo, sobrevivió. Las primeras investigaciones, a cargo de las autoridades capitalinas, refieren que el ataque no estuvo dirigido ni al Tribunal Electoral, ni a Del Río —usuario legítimo del vehículo— ni a Basilio Torres, sino a Gutiérrez Martínez, alias El Cri Cri, y se conecta con una pugna entre los grupos del crimen organizado en la capital, según han informado a este periódico personas allegadas al expediente.
El Cri Cri ya había sido objeto de un ataque previo del que resultó herido, en enero, de acuerdo con una ficha informativa difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Ese indicio ha llevado a los investigadores a presumir que los atacantes pertenecen a Los Rodolfos, un grupo criminal dedicado al tráfico y la venta de drogas, la extorsión, la prostitución y el asesinato.
La organización edificó su bastión en Xochimilco, a la caída, en 2017, del líder criminal Felipe Jesús Pérez, El Ojos, que operaba en la vecina alcaldía Tláhuac. Los Rodolfos extendieron su influencia a Tlalpan, Coyoacán, Milpa Alta e Iztapalapa, a lo largo y ancho del sur de Ciudad de México. Los papeles de la Sedena revelados por los hackers de Guacamaya refieren que la agrupación ha tenido una alianza con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para aprovisionarse de drogas y armas, y han sostenido una guerra con la Unión Tepito.
- Los Rodolfos han sufrido fuertes golpes a su estructura criminal. En 2021 fue asesinado su líder, Héctor Rodolfo Rodríguez, La Gorda, y en 2022 fue capturado el sucesor de la jerarquía, Julio César Rodríguez, El Negro. El Gobierno capitalino considera que la organización está camino de ser desarticulada.
El ataque del lunes en el territorio mismo de Los Rodolfos ha vuelto a poner la luz sobre un grupo criminal cuyo poderío mengua. El tripulante que sobrevivió es quien dio el primer testimonio sobre la agresión a tiros, ocurrida alrededor de las diez de la noche.
El ataque sucedió frente a la casa de Basilio Torres, el chofer de Del Río, en la colonia Santa Cruz Xochitepec, un barrio construido en las faldas de un cerro, en torno a angostas callejuelas y callejones sin salida. Ocurrido la noche del lunes, no fue sino hasta 24 horas después que el TEPJF informó de los hechos, orillado por la presión de los trascendidos en la prensa. El escueto comunicado no mencionaba que un colaborador de la institución estaba entre las víctimas. Se limitaba a ofrecer colaboración con las autoridades de seguridad y a emitir un pésame a deudos anónimos.
Autos blindados para los magistrados
Basilio Torres no comenzaba a trabajar formalmente para el Tribunal Electoral cuando quedó en medio del fuego dirigido a El Cri Cri. Ya había firmado la documentación para ejercer de chofer del vocero del TEPJF, pero comenzaba funciones formalmente el día siguiente de su asesinato. Según funcionarios del Tribunal Electoral consultados anónimamente por este diario, Basilio Torres recogió a Del Río en el auto oficial —un sedán Sentra— la noche del lunes, lo llevó a su casa y luego se dirigió en el vehículo a su propio domicilio en Xochimilco, con la intención de recoger a la mañana siguiente a su jefe.
La agresión a balazos prendió las alertas en el TEPJF, que, a la par de reclamar una investigación exhaustiva sobre el homicidio, comenzó a gestionar protección adicional para los magistrados electorales, enmarcando el ataque en el clima de violencia contra actores políticos.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó este miércoles de que un centenar de funcionarios del tribunal, entre ellos los magistrados, solicitaron seguridad al Gobierno federal. La responsabilidad de su resguardo ha recaído en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que ya ha asignado escoltas a varios de los solicitantes.
- Pero la petición de protección no se ha limitado al reforzamiento de la vigilancia. La presidenta del TEPJF, Mónica Soto, instruyó gestionar ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) la asignación urgente de camionetas blindadas para los cinco magistrados de la Sala Superior y los 18 jueces de las Salas Regionales y la Especializada. Hasta ayer por la tarde, el CJF les había enviado cinco camionetas, que se suman a dos vehículos que el tribunal tenía en su inventario. Estos vehículos blindados serán utilizadas por los jueces de la Sala Superior que así lo deseen, de acuerdo con fuentes del TEPJF.
El crimen del lunes también provocó la caída del director general de Protección Institucional del tribunal, el capitán de navío en retiro Raúl Huerta Martínez, que había sido designado hace unas semanas por Soto.
En su lugar fue nombrado Luis Felipe Cangas, exfuncionario en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y que también desempeñó cargos este sexenio en la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Turismo y el Instituto de Transparencia (INAI)./Agencias-PUNTOporPUNTO
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