Aunque reconoció que en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador haya promulgado una ley contra las facturas falsas y una reforma a la Ley Nacional de Extinción de Dominio para hacer efectivo el decomiso de bienes vinculados a la delincuencia, el Departamento del Estado de Estados Unidos observó poco efectiva la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) para judicializar y lograr condena en casos de lavado de dinero y extinción del dominio.
- En su informe sobre Fiscalización de Narcóticos, el Departamento del Estado de Estados Unidos reconoció que los ingresos por comercio ilegal de drogas que salen de los Estados Unidos son las principales fuentes de fondos lavados a través del sistema financiero mexicano. “Las organizaciones criminales transnacionales mexicanas lavan fondos usando una variedad de métodos.
- El TBML (Lavado de Dinero Basado en el Comercio por sus siglas en inglés) implica el uso de ganancias ilícitas en dólares para comprar artículos o servicios al por menor para exportarlos y revenderlos en México o los Estados Unidos”, expuso.
- El documento reconoció que si bien en México se publicaron reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y al Artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para facilitar que los decomisos de bienes pasen al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la FGR continúa limitada en los asuntos de lavado de dinero y extinción del dominio.
Mencionó como un factor que limita en México el procesamiento de denuncias es la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que impide a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el congelamiento de cuentas bancarias.
“En 2017, la Corte Suprema dictaminó que el congelamiento de cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) viola las protecciones constitucionales y los derechos al debido proceso. La UIF todavía puede congelar cuentas cuando se presenta una solicitud internacional de asistencia jurídica”, mencionó.
“Si bien las autoridades reconocen el abuso de ciertos sectores por parte de los lavadores de dinero, las respuestas están limitadas por la corrupción y la falta de capacidad. El gobierno no ha proporcionado aún el número de condenas para 2019. La Unidad de Lavado de Dinero de la FGR obtuvo 10 condenas por lavado de dinero en 2019, en comparación con las seis condenas en 2018, según informes abiertos. El sistema de seguimiento de archivos del Poder Judicial de la Federación de México registró seis casos que resultaron en declaraciones de culpabilidad y cinco que terminaron en juicio en 2019. Los datos no indican si los juicios resultaron en condenas. La falta de condenas en casos de lavado de dinero es representativa de la limitada capacidad de México para enjuiciar los delitos en general.
“En agosto de 2019, el presidente promulgó una ley de decomiso de activos sin condena para permitir que los fiscales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley incauten activos ilícitos de manera más agresiva. La nueva ley también agrega corrupción y lavado de dinero como delitos determinantes. Posteriormente, la FGR creó una nueva Unidad Especializada en Extinción de Dominio para proseguir con todas las acciones federales de decomiso. En agosto de 2020, la FGR presentó sus primeros tres procesos federales de decomiso. Las denuncias fueron presentadas ante el único juez de decomiso federal de México (hay planes pendientes para agregar más jueces de decomiso) y aún no se ha programado para una audiencia inicial. Hay jueces adicionales de decomiso de activos a nivel estatal que están considerando casos en todo el país, pero aún no se ha resuelto ningún asunto de decomiso bajo la nueva ley”, relató.
Ante esa situación, detalló el reporte, las autoridades mexicanas encargadas de investigar y enjuiciar los delitos financieros siguen batallando para lograr juicios.
“Los delitos de lavado de dinero continúan mientras el gobierno se esfuerza por enjuiciar los delitos financieros y confiscar o decomisar bienes. Para aumentar el número de condenas por delitos financieros, el gobierno necesita combatir la corrupción y mejorar la capacidad de investigación y enjuiciamiento. La nueva legislación aprobada en 2019 amplía los delitos determinantes y hace procedimientos independientes para el decomiso de activos, pero desafíos legales a la ley han obstaculizado la capacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para obtener una condena bajo la legislación”, destacó.
Revela cómo y dónde se lava dinero en México
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos resaltó que los actores ilícitos lavan anualmente miles de millones de dólares a través del sistema financiero mexicano, producto de la corrupción, narcotráfico, contrabando, extorsión, robo de combustible, fraude, tráfico de personas y de armas de fuego.
“Las autoridades mexicanas han tenido cierto éxito investigando y bloqueando cuentas de presuntos lavadores de dinero, pero han mostrado un progreso limitado para tener éxito en perseguir el lavado de dinero y otros delitos financieros. Dos sentencias de la Corte Suprema en 2017 continúan complicando la capacidad de México para contrarrestar las actividades financieras ilícitas”, señaló.
- Detalló que los actores ilícitos en México invierten tanto en activos financieros tradicionales como en propiedades y negocios. “El blanqueo de capitales a través del sector inmobiliario de lujo sigue siendo una preocupación, especialmente como vehículo para lavar los recursos de la corrupción pública. Son dos los métodos populares de lavado: la estructuración de depósitos en efectivo y el uso de cuentas embudo”, dijo.
- Abundó que las organizaciones de lavado continúan realizando «transacciones espejo» (réplica o copia de una misma cuenta bancaria), y las ganancias de los narcóticos también se lavan a través de casas de cambio sin licencia de operación.
Apuntó que el principal regulador bancario de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tiene una unidad especial para investigar casas de cambio sin licencia. “Las autoridades mexicanas han estado monitoreando cada vez más el potencial de explotación criminal de tecnología financiera, incluidas las monedas virtuales”, resaltó.
El informe reconoció la promulgación en 2019 en nuestro país de la ley contra las facturas falsas, además de la llamada Ley Fintech para regular el nuevo comercio electrónico.
“La CNBV regula las operaciones involucradas en pagos electrónicos, intercambios de activos virtuales y criptomonedas. Los críticos argumentan que las regulaciones secundarias de la ley permiten dinero adicional a las vulnerabilidades de lavado, porque van demasiado lejos en la liberalización de los mercados financieros”, planteó.
Corrupción obstaculiza el combate de lavado de dinero
El combate al lavado en México se ve obstaculizado por la corrupción, la falta de capacidad de investigación y por la carencia de cooperación interinstitucional, aseguró el Departamento de Estado de Estados Unidos.
- Según el segundo volumen del Informe Sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, “aunque las autoridades reconocen el abuso en ciertos sectores por parte de los lavadores de dinero, las respuestas de las fuerzas del orden están limitadas por la corrupción y la falta de capacidad”.
En el reporte también se asegura que, según la base de datos del Consejo de la Judicatura Federal, en 2018 solamente se presentaron nueve condenas por lavado de dinero, 19 en 2019 y tres en 2020, lo que, según ellos, demuestra el bajo nivel de persecución contra este delito.
- El Departamento de Estado aseguró que a estos problemas se han sumado resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que han obstaculizado la lucha en contra de este delito.
Según el departamento, hubo dos decisiones en 2017 con las que la SCJN contribuyó a que se pudieran descongelar cuentas y desestimar casos, lo que complica el combate al lavado de dinero.
- El primero fue en octubre, cuando el máximo tribunal dictaminó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no podía congelar cuentas sin la orden de un juez, ya que violaba protecciones constitucionales y el derecho al debido proceso.
- El segundo fue en noviembre cuando la Corte decidió que sólo los registros obtenidos por orden judicial serían admisibles, lo que “restringió la capacidad de la FGR para presentar registros financieros durante procedimientos judiciales”.
Una tercera resolución de la Corte cuestionada por el departamento fue la declaración de invalidez de la ley de extinción de dominio en 2021. El reporte asegura que esta ley era una oportunidad para fortalecer a las autoridades al poder confiscar bienes para combatir al crimen organizado.
El Departamento de Estado afirmó que son miles de millones de dólares los que se lavan al año a través del sistema financiero mexicano, principalmente, provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
