A cinco meses de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador inició el reforzamiento de la estrategia de seguridad en los nueve estados más violentos de país, los resultados son de claroscuros.
- En entidades como Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Jalisco y Sonora el homicidio doloso ha disminuido hasta el 27%, sin embargo en otros estados, como México, Zacatecas y Quintana Roo se han presentado aumentos de hasta el 30% en muertes violentas.
- De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 19,261 de los 30,693 homicidios dolosos registrados entre enero y noviembre de 2021, el 62%, ocurrieron en nueve estados. Por ello, el 13 de agosto de 2021, el gobierno federal inició el Fortalecimiento Integral de la Estrategia de Seguridad del Estado Mexicano para darles atención prioritaria.
Cuando se compara el número de homicidios registrados en julio, previo al arranque de esa estrategia, con los de noviembre, últimos datos del SESNSP, seis estados reportan una disminución y otros tres alzas.
Los estados donde subieron los delitos son Zacatecas, Quintana Roo y Estado de México.
Antes de finalizar el año, el presidente aseguró que su estrategia está dando resultados en ocho de los nueve estados, excepto en el Estado de México, gobernado por el priista Alfredo del Mazo.
“Lo cierto es que este año en homicidios, aunque sea poco, estamos logrando una disminución”, afirmó el presidente en su conferencia del pasado 28 de diciembre.
- El presidente dijo que Zacatecas era un ejemplo de que la estrategia estaba funcionando. Sin embargo, de acuerdo con cifras oficiales, ese estado gobernado por el morenista David Monreal terminó el año con un promedio de 4.1 homicidios diarios, pero en el arranque de 2022, el promedio es de 5.9 eventos cada 24 horas.
- En los últimos días, el estado ha sido escenario de 59 homicidios, entre ellos, el hallazgo de 10 cuerpos que fueron abandonados en la Plaza de Armas de la capital del estado.
David Saucedo, experto en seguridad pública, explica que un plan focalizado en estados violentos, ya ha sido una estrategia a la que han recurrido otros presidentes de la República como Ernesto Zedillo, sin embargo, enviar más elementos, dice, solo sirve para disuadir la violencia.
“La llegada de más elementos de la Guardia Nacional provoca que los cárteles se inhiban, o que se de el efecto cucaracha, pero nada más”, sostiene.
El especialista señala que si se logra una reducción en el homicidio doloso no responderá al reforzamiento en la estrategia, sino a que los cárteles han afianzado su presencia en el territorio.
“Mi impresión es que la disminución de los homicidios en algunos estados se debe a que el Cártel Jalisco está ganando la guerra, está pacificando territorios. Cuando dos cárteles se están peleando una ciudad se dispara el número de homicidios, pero cuando ese cartel se apodera de esa región, desaparece la violencia”, refiere.
- A partir del 13 de agosto de 2021, el presidente viajó a cada una de las entidades con parte de su gabinete para anunciar el envío de elementos del Ejercito y Guardia Nacional para incorporarse al combate a la violencia, así como el apoyo del gobierno federal a los estados. Cada estado tuvo sus propios inicios del reforzamiento en materia de seguridad, y que se dio con la llegada de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, así como con la ampliación de apoyos sociales y en materia de salud.
El consultor especializado en seguridad pública y riesgo político en Integralia, Carlos Rubio señala que el envío de más elementos del Ejército a los estados es “ponerle un tapón” al problema de inseguridad, cuando lo que se requiere es el fortalecimiento de las policías locales.
“Muchas policías estatales y municipales sí han sido coludidas por el crimen organizado y esto reduce su capacidad de garantizar la seguridad pública en esas localidades. Pero si dejas a las policías estatales sin equipo, sin personal, sin prestaciones, sin atención, en algún momento se vuelven muy vulnerables a este tipo de aproximación a grupos criminales, lo que se debería es atender esa causa estructural y no simplemente ponerle un tapón”, sostiene.
- Con él coincide María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, quien afirma que si bien la seguridad pública es un asunto que debe atenderse entre la federación y los estados, no se debería permitir que con la llegada de más elementos militares, se descuide la formación de policías locales.
“Cada vez hay más militares al frente de la seguridad, hoy son 10 estados con militares al frente de la seguridad, lo que va en contra de la preparación de policías porque a un gobernador no le va a importar preparar a las policías porque ya tiene al Ejército en su estado. Lo que vamos a tener es que a final del sexenio tendremos un mayor debilitamiento de las policías y vamos a estar en una encrucijada porque no se va a quitar al Ejército, y éste no va a estar dando resultados”, advierte.
Estados violentos deben financiar programas sociales
Los tres niveles de gobierno deben aportar al financiamiento de los programas sociales, establece el secretario de Bienestar, Javier May. Hacerlo “como complemento a lo que nosotros no alcanzamos a atender”, asegura.
- Desde ahora, dice a La Jornada, el gobierno federal promueve un esquema de cooperación con autoridades estatales y municipales –particularmente en las localidades con niveles más altos de violencia– para darle un mejor sustento económico a los programas sociales.
- Al frente de una de las dependencias gubernamentales con las más altas asignaciones presupuestales, May Rodríguez destaca que a pesar de las dificultades surgidas por la persistencia de la pandemia de Covid-19 en 2021, la dependencia a su cargo logró continuar con la dispersión de recursos de los esquemas de desarrollo social, los cuales deberán “consolidarse” el año próximo.
Subraya entonces la importancia de que los tres niveles de gobierno participen en el financiamiento de los programas sociales para poder ampliarlos, como sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador en junio de este año durante una gira por el estado de Baja California.
En esa ocasión, el jefe del Ejecutivo propuso que los gobiernos estatales aporten 50 por ciento de los recursos que hacen falta para ampliar y mejorar diversos programas sociales, entre ellos el de las pensiones para adultos mayores y para niñas y niños con discapacidad, además de las becas para estudiantes y apoyos para escuelas públicas.
“Ahorita se ha trabajado en los estados que tienen el mayor índice de violencia. Estamos haciendo un trabajo de coordinación; tuvimos a principios de mes una reunión con los secretarios de desarrollo social de todos los estados para hacer un plan de trabajo conjunto y orientar de mejor manera todos los programas”, apunta May.
- Dicha coordinación busca definir con las autoridades locales “cómo complementamos lo que nosotros no alcanzamos a atender”, como obras de agua, drenaje o vivienda –muchas de las cuales se hacen a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social–, además de la propia oferta de programas sociales.
Si los gobiernos estatales y municipales no participan en esta tarea de coordinación, estimó, los esquemas de ayuda “no se caen, pero sí vamos más despacio. Podemos ir más rápido si hacemos la sinergia de complementarnos”.
Interrogado sobre las quejas que ha habido entre los servidores de la nación por los supuestos abusos laborales que enfrentan, May aseguró que “estamos trabajando en ese tema. Se han ido mejorando sus condiciones, aunque también algunas cosas se han politizado. Nos reunimos para ir atendiendo sus necesidades, pero también vemos que a veces (los reclamos) son más políticos que operativos”.
En el mismo tono, defiende lo alcanzado hasta el momento en Sembrando Vida –el cual calificó como “el programa de reforestación más importante que puede haber”– y resaltó que es un esquema “que sí exige que vayas a trabajar todos los días en tu parcela. Si no lo haces, se te da de baja. Ha habido muchas experiencias muy importantes, pero desde luego hay quienes no están acostumbrados a trabajar”.
- Luego de anunciar que en 2022 se entregarán 18 mil pesos a los sembradores que ya cumplieron tres años en el esquema, por los ahorros que se ven obligados a hacer en el Banco del Bienestar, May asegura que cada participante es libre de usar sus recursos como desee y plantar las especies que quiera, aunque también indica que la oferta de proveedores de insumos no es muy amplia en sitios apartados.
Para terminar, Javier May reitera sus críticas al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) por considerar que ese organismo reproduce una metodología de medición de la pobreza “que trae desde el periodo neoliberal”, en la cual no considera las afectaciones que generó la pandemia./Agencias-PUNTOporPUNTO
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