Los primeros resultados arrojan números rojos, ya que estos concentraron el 46 por ciento de los homicidios dolosos ocurridos en julio de este año para todo el país. Además, 19 de estos 50 municipios también registraron un incremento de 56.4 por ciento, en promedio, en este delito.
Según informó la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, otros delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, la salud, delincuencia organizada, extorsión y feminicidio también incrementaron en todo el país.
Mario Salomón, especialista del Consejo Nacional de Seguridad Privada, señaló para Debate que la estrategia contra la inseguridad en México no ha funcionado y consideró que al estar enfocada a un grupo reducido de municipios, lejos de combatir de raíz el problema, abre la puerta para que algunos grupos delincuenciales se sigan desplazando por el territorio nacional. Instó a atacar la economía de los mismos para cortarles de tajo esta oportunidad a través de la Unidad de Inteligencia Financiera.
¿Qué dicen la cifras?
El 20 de junio del 2021 dio inicio la estrategia instruida por el presidente de México de ampliar de 15 a 50 los municipios prioritarios en seguridad, con acciones focalizadas mediante Mesas de Construcción de Paz, así como el fortalecimiento de la inteligencia operativa y la presencia territorial de las fuerzas armadas y de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Un mes después, la autoridad realizó un comparativo de los últimos 12 meses de la administración de Enrique Peña Nieto y AMLO.
En el caso de los delitos del fuero federal, con AMLO se incrementaron los relacionados con armas de fuego y explosivos en 1.45 por ciento; los delitos contra la salud, en 15.75 por ciento; delitos de delincuencia organizada, 27.21 por ciento; delitos cometidos por servidores públicos, 74.30 por ciento; delitos electorales, 237.08 por ciento, y el tráfico de personas incrementó 78.17 por ciento. Sin embargo, bajaron otros delitos, como los patrimoniales en un 63.83 por ciento; delitos financieros con 51.14 por ciento, y los delitos fiscales en 34.55 por ciento.
En los delitos del fuero común se encontró que con AMLO, los delitos de robo en su conjunto bajaron 32.73 por ciento, pero incrementaron otros, como la extorsión con un 28.23 por ciento, el feminicidio subió al 13.69 por ciento; la violación, 29.01 por ciento, y la trata de personas incrementó 37.86 por ciento.
Si bien en 28 municipios de los 50 prioritarios, los homicidios disminuyeron en 29.8 por ciento con relación a julio del año anterior, 19 de estos municipios también registraron un incremento de 56.4 por ciento, en promedio, con relación a julio de 2020, y tres municipios más no tuvieron variación.
Estrategia fallida
Mario Salomón, especialista del Consejo Nacional de Seguridad Privada en México, indicó que el ajuste en la estrategia del Gobierno federal —sobre concentrarse en 50 municipios— es entendible si se observa desde la lógica de dar prioridad a los municipios de mayor problema, sin embargo, consideró que lo que no se puede hacer es concentrar la mayoría de los recursos en solo 50 municipios.
“El crimen organizado tiene mucha flexibilidad, tanto para dirigirse a los segmentos que son más propicios económicamente, lo vimos cómo falsificaron las pruebas covid, vacunas, cómo se van ajustando al mercado, pero también desde el punto de vista territorial”, mencionó.
Al respecto, enfatizó que es muy claro cómo van buscando aquellos territorios que no están bien protegidos o que están abandonados, lo que hace que se complique mucho la situación. Ejemplificó con el Cartel Jalisco Nueva Generación que, de acuerdo con la DEA, en abril del 2021 se encontraba en 23 entidades de México y tan solo tres meses después, la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno comentó que ya estaban en 27 estados, es decir, cuatro estados más, cubriendo el 84 por ciento del territorio nacional.
“Eso demuestra la facilidad que tienen para cubrir otros territorios, si tú concentras todo tu esfuerzo en tan solo 50 municipios y descuidas los demás, no se va a resolver el problema, porque va a haber desplazamientos que hagan que este siga existiendo”, consideró.
Ante dicha situación, Mario Salomón, Country Manager de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, opinó que en primer lugar la estrategia no ha funcionado y “no creemos que estos cambios realmente incidan en el principal flagelo que padecen todos los ciudadanos, que es la inseguridad”, sostuvo.
Talón de Aquiles
Para el especialista, la parte económica es el punto débil de estas organizaciones, al considerar que el tema de la seguridad y el económico van muy enlazados. Concretamente, explicó que si aumenta el desempleo más gente está fuera sin tener la oportunidad de llevar ingresos para su familia, lo que genera una presión que propicia, ya sea el robo, por su parte, o que los carteles encuentren la posibilidad de captarlos para sus organizaciones.
“Esa problemática económica genera esa situación que se convierte en un problema grave, a corto plazo, de más gente que se incorpora a estas organizaciones criminales, y de largo plazo y mediano también porque la moralidad de la gente empieza a cambiar y se empieza a hacer más complicado de resolver todavía el problema”, analizó.
Mario Salomón consideró que los gobiernos deberían ser muy cuidadosos en proteger a las empresas y a la actividad que generan. Al respecto, dijo que la inseguridad genera un círculo entre los inversionistas.
“Resulta que los inversionistas están conectados con los extranjeros, hacen sus números y se encuentran con costos muy altos en nuestros país por la inseguridad, te bajan la mercancía, te aumentan los seguros, no llegas a tiempo a proveer a tus clientes y te dan multas, no llegas al mercado oportunamente y afectas tu marcas y tus volúmenes de venta. Eso a su vez tiene un regreso en ese círculo vicioso de que al no haber seguridad hay menos inversiones y por lo tanto menos empleo”, señaló.
Reafirmó que si no se ataca el aspecto económico va a ser difícil resolver la problemática, además de que consideró que se debe actuar en las causas y no solo en los efectos. Para esta estrategia, enfatizó, existe la Unidad de Inteligencia Financiera, y que sería muy conveniente que atacara, congelara cuentas de los carteles, lo que permitiría limitar la capacidad de los grupos criminales de hacerse de gente, de recursos y de armas.
“No vemos que la Unidad de Inteligencia Financiera esté haciendo labores para limpiar los recursos de las organizaciones criminales”, consideró.
Terrorismo
La situación actual en México y los impactos que aumentan en el daño a la salud de Estados Unidos con el tráfico de drogas, podría propiciar que el Gobierno de Joe Biden incorpore a los cárteles de los grupos organizados como terroristas, según explicó Mario Salomón.
- Añadió que este estatus es todo un proceso; el secretario de Estado consulta con el de Justicia y el Tesoro, que a su vez notifica al Congreso de Estados Unidos. Como parte de ese proceso, consideró, que los carteles de México sí son una preocupación que está afectando aspectos muy relevantes de Estados Unidos.
“Eso implica que la acción automática sea de participar con gente armada en otro país. Lo que normalmente se hace primero es atacar la parte económica”, señaló. En el momento que se designa a un cartel como terrorista, explicó, lo primero que se hace es aplicar sanciones muy fuertes a aquellos que apoyen a los carteles, de esa manera pueden mitigar y deducir su poder económico.
México tiene menos armas que EUA, pero el triple de homicidios
Alejandro Desfassiaux, presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada, señaló que de acuerdo con la última encuesta de la organización Encuesta sobre Armas Pequeñas (Small Arms Survey), en Estados Unidos existen 393.3 millones de armas de fuego en poder de los civiles, es decir, 1.18 por cada habitante, y en México, solo 16.8 millones, o sea, una por cada siete habitantes.
Por lo tanto, mencionó que en la República Mexicana existen 23 veces menos armas, sin embargo, su tasa de homicidios es el triple que en la Unión Americana.
“Por eso la reciente demanda del Gobierno federal contra las ensambladoras estadounidenses de armas está injustificada, debido a que la causa de la violencia no son los rifles per se, sino la incapacidad de las autoridades para controlar a las organizaciones criminales que los adquieren”, señaló en un comunicado.
Hace unas semanas, el Gobierno de Andrés Manuel envió una carta a las empresas armamentistas de Estados Unidos solicitándoles no vender armas a México y señalándolos de causar la violencia en el país.
- Sin embargo, las empresas respondieron que ellos solo venden un producto. Alejandro Desfassiaux, presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada, agregó que las armas que vende Estados Unidos a México representan el 70 por ciento de las que ingresan al país y el otro 30 por ciento provienen de China y Europa. Por lo cual, consideró que aunque Estados Unidos dejara de venderlas, el crimen organizado recurrirá a otros proveedores y solo cambiará dicha proporción, “sin embargo, no se va a detener, pues el uso descontrolado de armas ilegales es solo consecuencia de la violencia”, agregó.
En este contexto, Desfassiaux afirmó que a Estados Unidos se le agota la paciencia porque la estrategia de “abrazos, no balazos” no funciona y la milicia estadounidense podría intervenir para desarticular a los cárteles mexicanos, que son el principal problema para su seguridad interna, de acuerdo con la DEA. La decisión del presidente Joe Biden podría materializarse en forma de declaratoria, a fin de catalogar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, agregó.
AMLO llega al tercer año de gobierno sin estrategia de seguridad
A tres años de gobierno en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), «su gobierno es de luces y sombras, pero no se puede ir con la conciencia tranquila si no resuelve el problema de la inseguridad», dijo el decano de Ciencias Sociales de la UPAEP, Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo.
- Y aunque no encuentra que tenga una estrategia de seguridad, el mandatario mexicano, dijo, llega con alta aceptación social, se conduce de una forma austera y tiene gran popularidad.
- Las encuestas sobre su desempeño, ya son mayores los negativos que los positivos, aunque tenga buena imagen, “es un comunicador muy bueno, comunica bien con su presencia constante en las mañaneras es un medio muy bueno, él es el que marca la agenda”.
En el rubro de seguridad, dijo que, por la pandemia de coronavirus, hubo cierre de negocios, hay menos asaltos a casa habitación y de negocios, pero no hubo reflexión sobre el aumento de los homicidios.
El decano de la UPAEP afirmó que el tema es tan alarmante que, en abril del año próximo, «llegaremos al mismo número de homicidios del sexenio de Felipe Calderón».
La frase “tómenla para que aprendan”, dijo, es quitar seriedad a los temas nacionales, porque no hay diálogo, es una gran falla en la arquitectura nacional, “no me entusiasma hablar de un informe así”.
ONG piden modificar el enfoque militar en seguridad
En su Informe 2020/21, Amnistía Internacional hizo un llamado al Gobierno federal a modificar el enfoque de seguridad a través de las Fuerzas Armadas, pues alertó que del 2020 a la fecha han aumentado las recomendaciones por violaciones a los derechos humanos.
- “Vemos con preocupación que la decisión del gobierno federal, de continuar con el enfoque de militarizar la seguridad pública como lo hicieron los dos gobiernos que lo antecedieron; ha detonado el aumento de quejas por violaciones graves a los derechos humanos, de tal manera que hacemos un llamado urgente para que la seguridad pública esté en manos de personal civil, como lo establecen las normas del derecho internacional de los derechos humanos”, mencionó.
Sostuvo que las Fuerzas Armadas son entrenadas para “derrotar al enemigo” y no para la protección y control de civiles; además de que el régimen militar no concilia con las funciones de autoridades civiles, lo que pone en riesgo la vigencia de derechos humanos y puede resultar contrario a principios del Estado de Derecho como la separación de Poderes, la independencia y autonomía de tribunales judiciales y la subordinación a las autoridades civiles.
- “El derecho internacional de los derechos humanos es contundente al señalar que la seguridad pública debe estar en manos de civiles, y que únicamente en casos excepcionales los Estados pueden recurrir a las fuerzas armadas para esa tarea”, añadió.
- Incluso, Amnistía Internacional expresó preocupación la intención del Gobierno federal de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mediante una reforma constitucional, ya que a su juicio institucionalizaría de manera permanente la seguridad pública en manos de militares.
“Dicha medida se contrapone con el estándar internacional en la materia, de acuerdo con el cual los Estados sólo pueden recurrir a las fuerzas militares en casos excepcionales y por un tiempo definido. No hacerlo así implica, como ya se ha señalado, un riesgo importante de que se incrementen las violaciones a los derechos humanos.
“Valoramos que, tras dos años y medio de la creación y funcionamiento de la Guardia Nacional, y a la luz de los hechos aquí señalados, existe poco material que sugiera que la estrategia de seguridad del gobierno de México represente un cambio verdadero o una nueva era de respeto por los derechos humanos”, resaltó.
- Junto con el colectivo Seguridad sin Guerra, Amnistía Internacional demandó al Gobierno federal devolver las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y publicar la estrategia nacional a partir de la cual se logre el desarme del país, particularmente en las zonas con más altos índices de violencia y criminalidad en el país.
- Amnistía Internacional advirtió que en 2020 el gobierno desplegó a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores, por lo cual, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró al menos 219 quejas contra la Guardia Nacional entre el 26 de mayo de 2019, cuando se estableció formalmente este cuerpo, y agosto de 2020.
Detalló que de esa cifra 51 quejas fueron por detenciones arbitrarias, 28 por trato cruel, inhumano o degradante, tres por tortura, dos por homicidios ilegítimos y dos por desapariciones forzadas.
Argumentó que el Sistema Nacional de Alerta de Violencia a los Derechos Humanos de la CNDH establece que el número total de quejas registradas contra la Guardia Nacional en 2020 sumaron 350, y en lo que va del año 2021 ha acumulado 261 quejas, lo que sitúa a ese cuerpo de seguridad entre las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos.
“Estas cifras podrían ser mayores ya que resulta difícil determinar el número total de violaciones a derechos humanos que cometió y está cometiendo la Guardia Nacional, debido a la falta de transparencia de las autoridades y la ausencia de un mecanismo especializado e independiente de rendición de cuentas. Además, se debe considerar el hecho de que las víctimas a menudo tienen miedo de denunciar a las fuerzas de seguridad por temor a represalias”, resaltó.
- La organización mencionó que en el caso de las personas migrantes, la Guardia Nacional está siendo utilizada como “cuerpo de control migratorio”, tanto en la frontera norte como sur de México, “atentando contra los derechos de migrantes y solicitantes de protección internacional”.
- Respecto a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, estimó que “contraviene las obligaciones del Estado mexicano respecto de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, prevención y protección de la vida, lo que puede resultar en la violación a los derechos a la vida, la integridad física y mental, la igualdad y no discriminación, y las libertades de reunión, asociación y de expresión, todos contenidos en la Constitución mexicana y en tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte”.
Finalmente, recordó que la CNDH presentó una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando vacíos legales que reglamentan las obligaciones de personas funcionarias encargadas de cumplir la ley y evitar el uso de la fuerza./Agencias-PUNTOporPUNTO
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