Legisladores latinos y organizaciones civiles advirtieron esta semana que la administración del presidente estadunidense, Joe Biden, se prepara para imponer medidas fronterizas idénticas a las que implementó Donald Trump, que obligaron a la mayoría de los migrantes a permanecer del lado de la frontera mexicana.
Algunos funcionarios revelaron a organizaciones que, entre otras medidas, las autoridades fronterizas cerrarán el paso de migrantes a través de la frontera si el flujo excede a cinco mil personas por día; actualmente más de diez mil personas cruzan diario la frontera en busca de asilo.
Otras medidas previstas son aumentar deportaciones, especialmente a quienes han estado en el país menos de dos años sin iniciar procesos de asilo, así como aumentar los filtros a quienes solicitan asilo.
«Nunca hubiera imaginado que cuando tenemos un Senado y una Casa Blanca demócratas nos sentamos a la mesa a discutir algunas de las políticas de inmigración más devastadoras que hayan existido», dijo Maribel Hernández Rivera, representante ante Washington de la Unión Americana de Libertades Civiles.
- Una coalición nacional de organizaciones llamada Bienvenidos con Dignidad advirtió que las medidas crearán una situación caótica en la frontera.
- Informó que la administración ya ha aceptado implementar ese tipo de medidas como parte de un paquete de ayuda financiera a Israel en su campaña en Gaza, a Ucrania que enfrenta la invasión rusa, y a Taiwán ante potenciales enfrentamientos.
- La administración trata de aceptar esos cambios en migración como requisito que impone el Congreso, de mayoría republicana, para apoyar ayuda a esos tres países.
Como el Congreso está por salir de vacaciones de fin de año y regresará hasta la primera semana de enero, la administración trata de aprobar el acuerdo lo antes posible.
Un grupo bipartidista de senadores está negociando un acuerdo para aprobar fondos para Ucrania, Israel y Taiwán a cambio de cambios extremos y permanentes a las leyes de inmigración y asilo de Estados Unidos”, informó Bienvenidos con Dignidad.
- Dijo que la Casa Blanca “ha manifestado su apoyo a eliminar protecciones a los refugiados, lo que acabaría con las garantías que salvan vidas de las personas que buscan seguridad, y aumentaría el caos en la frontera entre Estados Unidos y México, además de expandir las deportaciones aceleradas de inmigrantes en Estados Unidos”.
- El senador latino de California, Alex Padilla, y la presidenta de la bancada latina en el congreso, también de California, Nanette Barragán, cuestionaron conjuntamente que la Casa Blanca acepte las imposiciones del Congreso de mayoría republicana.
- Ceder a esas exigencias con cambios permanentes y perjudiciales en migración equivale a pagar un alto precio por un paquete de gasto único para un tema que no está relacionado (con la frontera y la migración), lo que sentaría un precedente peligroso”, para posteriores ocasiones en que el Congreso quiera imponer sus reglas, cuestionaron.
Aterrorizar a las comunidades en todo Estados Unidos ampliando la deportación acelerada e ignorando nuestras obligaciones internacionales de brindar asilo a quienes huyen de la persecución, la violencia y el autoritarismo no es un comienzo”, advirtieron los legisladores.
De acuerdo con Padilla y Barragán, “cortar los caminos legales y deportar a los residentes, a largo plazo no reducirán la migración no autorizada, sólo exacerbarán nuestra situación actual, con mayores desafíos”.
Texas criminaliza migrantes
El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, promulgó este lunes una ley que criminaliza a los migrantes que entren de manera irregular en este estado fronterizo con México y permite su detención, en un claro desafío al presidente demócrata Joe Biden.
- La ley, que entra en vigor en marzo, “crea un delito penal por entrar ilegalmente a Texas desde un país extranjero” y prevé hasta 20 años de prisión por reincidencia, afirmó el gobernador durante el acto de firma.
Las autoridades locales tendrán la potestad de detener a los migrantes que carezcan de la documentación necesaria para entrar y los jueces, la de expulsarlos.
La normativa establece además “una pena mínima obligatoria de prisión de 10 años por tráfico de migrantes”, añadió Abbott.
La semana pasada México la calificó de “medidas de corte político”.
- En Estados Unidos “la aplicación de las leyes migratorias, el control de la frontera y la negociación de acuerdos internacionales son facultades exclusivas del gobierno federal”, recalcó entonces la secretaría de Relaciones Exteriores mexicana.
- Es muy probable que la ley abra una larga batalla legal con el gobierno federal, que generalmente establece y aplica las leyes de inmigración, así como con organizaciones defensoras de los derechos humanos y civiles.
“Estas medidas perniciosas seguramente tendrán un impacto nocivo en las comunidades latinas de todo el estado, lo que provocará la separación de familias y problemas con las autoridades”, afirmó el Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO) en un comunicado.
- La crisis migratoria provoca fuertes tensiones entre los republicanos y los demócratas, sumidos en arduas negociaciones en el Congreso, donde los conservadores han supeditado el visto bueno a un paquete de ayuda a Ucrania a frenar la migración.
- El forcejeo político se tensa a medida que se acercan las presidenciales de noviembre. El expresidente republicano Donald Trump, posible rival de Biden en estos comicios, declaró este fin de semana que los migrantes “envenenan la sangre” de Estados Unidos.
“Cierre temporal”
Tanto Abbott como Trump son partidarios de levantar un muro a lo largo de la frontera con México y de expulsar masivamente a los migrantes, muchos de ellos latinoamericanos que huyen de la violencia y la pobreza.
Los demócratas también llevan a cabo repatriaciones aceleradas para los migrantes que eluden las “vías legales” que han introducido para entrar a Estados Unidos.
Estas “vías legales” les obliga a pedir cita a través de una aplicación de teléfono móvil o a hacer los trámites en los países por los que pasan, por ejemplo acogiéndose a permisos humanitarios y de reunificación familiar.
- Pese a estas medidas, solo en octubre las autoridades estadounidenses interceptaron 240,988 veces a migrantes en situación irregular en la frontera con México, según datos oficiales. Fueron más de dos millones en lo que va de año.
- Esta afluencia llevó el fin de semana a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) a anunciar el cierre temporal a partir de este lunes de dos cruces ferroviarios fronterizos en Texas para destinar los agentes a “procesar de manera segura” a los migrantes.
- La patrulla fronteriza afirma haber observado recientemente el “resurgimiento de organizaciones de tráfico de personas que transportan migrantes desde México en trenes de carga”.
Un cierre temporal que obstaculiza el comercio entre los dos vecinos en vísperas de Navidad.
- La ley intensifica las tensiones en materia migratoria en medio de un forcejeo entre la Casa Blanca y los negociadores del Senado para llegar a un acuerdo sobre seguridad fronteriza. Los legisladores republicanos exigen cambios en el sistema migratorio a cambio de asistencia para Ucrania, Israel y otras medidas de seguridad nacional.
- Los republicanos de Texas han desafiado cada vez más la autoridad del gobierno federal en materia migratoria, y alegan que el gobierno del presidente Joe Biden no está haciendo lo suficiente para controlar los 3 mil 149 kilómetros que abarca la frontera sur estadounidense.
- Desde agosto del año pasado, Texas ha enviado en autobús a más de 65 mil migrantes a otras ciudades del país, y más recientemente instaló alambre de púas a lo largo de las márgenes del río Bravo (o Grande), el cual ha provocado que algunos solicitantes de asilo se lesionen.
El gobierno mexicano también ha rechazado la medida
En virtud de los acuerdos bilaterales e internacionales, México está obligado a aceptar la deportación de sus ciudadanos, pero no la de migrantes de otros países. Según la nueva ley de Texas, los migrantes a los que se les ordene salir del país serán enviados a puertos de entrada ubicados a lo largo de la frontera con México, incluso si no son ciudadanos mexicanos. La mayoría de los migrantes detenidos por cruzar ilegalmente la frontera durante septiembre y octubre provenían de Venezuela.
Durante el debate en la Cámara de Representantes de Texas en noviembre, el representante estatal republicano David Spiller restó importancia a las preocupaciones de que la ley pudiera ser utilizada como una red de arrastre para detener a inmigrantes en todo el estado.
- Aseguró que su aplicación tendría lugar principalmente en los condados fronterizos, y rechazó los intentos de los demócratas por crear una ley más específica que incluyera directrices específicas para el accionar de la policía en los campus universitarios.
- Debido a que el cargo de ingreso ilegal es un delito menor que prescribe en dos años, Spiller ha dicho que la ley no se utilizará para ir detrás de migrantes que residen en Estados Unidos desde hace tiempo.
“Esto no es: ‘detengan a todos los que están aquí ilegalmente y envíenlos de regreso a México’”, declaró durante el debate.
- Los detractores de la medida han acusado a los republicanos de Texas de usar la ley como un vehículo para obligar a la nueva mayoría conservadora de la Corte Suprema federal a revisar su histórica decisión de 2012 respecto a la iniciativa de Arizona.
- En ese entonces, el juez Anthony Kennedy dijo que Arizona podría tener “frustraciones comprensibles” con los inmigrantes que están ilegalmente en el país, pero no puede intentar implementar políticas que “socaven la ley federal”.
¿Qué es la ley SB4 y en qué consiste?
La norma conocida como SB4 es una legislación estatal que endurece las medidas en contra de los migrantes en Texas.
- La ley penaliza los ingresos ilegales a Texas y los convierte en un delito estatal.
- Al ser un delito, esto le permite a los policías detener y deportar migrantes.
- Las autoridades pueden detener a una persona por su apariencia, simplemente por sospecha.
- Autoriza a jueces estatales a ordenar la expulsión de migrantes a México.
- Destina US$ 1.500 millones para que Texas construya su propio muro fronterizo.
- Se asignarán entre US$ 20 a 30 millones de los impuestos que pagan los residentes de Texas por 1,6 km para construir el muro.
¿A quiénes afecta?
Principalmente, y de ahí parte su objetivo, a las personas que ingresen de manera irregular a Texas.
Los miembros demócratas de la Cámara de Representantes han advertido que la ley sobrepasa los poderes del gobierno federal y replica la disposición sobre el estatus migratorio de Arizona en lo que sus opositores han denominado la ley “muéstrame tus documentos”.
- Es decir, que las autoridades locales pueden pedir los documentos de cualquier persona en cualquier parte del estado. De no tenerlos, la persona puede ser detenida y se expone a ser deportada a México.
- La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha amenazado con demandar a Abbott por la medida, que la organización califica como una de las leyes antiinmigrantes más duras que haya aprobado cualquier estado.
- Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y CEO del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, dijo en respuesta a la promulgación de la ley que el estado amenaza la «seguridad y dignidad de los solicitantes de asilo».
“Al criminalizar el acto mismo de buscar refugio, Texas les está dando la espalda a los valores de compasión y al debido proceso que hacen de nuestra nación el modelo mundial de liderazgo humanitario”, dijo Vignarajah en un comunicado, este lunes.
Organizaciones rechazan ley antiinmigrante
Decenas de organizaciones de Texas criticaron fuertemente al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, tras firmar una ley antiinmigrante, además, le advirtieron que pronto se enfrentarán en los tribunales.
- Un grupo de activistas liderados por La Unión del Pueblo Entero (LUPE) y Frontera Texas Organizing Project le recordaron al gobernador que están en “estado de alerta y resistencia” ante la implementación de esta medida.
- Más de cuarenta personas protestaron al grito de “Sí se puede” en el lugar, dando inicio a una campaña lanzada la semana pasada y a la que se han sumado más de 50 organizaciones comunitarias que prometen manifestaciones en los próximos meses.
“No hay límite para el terror que el gobernador Abbott provoca sobre los texanos”, dijo Tania A. Chávez Camacho, directora de LUPE, en la protesta.
- Añadió que el republicano y sus aliados han permitido que Texas se convierta en un “lugar seguro” para un pequeño grupo de personas xenófobas y antiinmigrantes, y al mismo tiempo en un sitio hostil para la mayoría de los texanos.
Chávez advirtió que continuarán marchando, testificando y organizándose contra estas políticas “en las calles y en los tribunales”.
En ese sentido, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Texas confirmó a EFE que tiene “la intención” de presentar esta semana una demanda contra la SB4.
- Sarah Cruz, estratega de políticas y defensa de los derechos fronterizos y de los inmigrantes en la ACLU de Texas, dijo que esta ley es uno de los proyectos “más radicales y antiinmigrantes del país” que sin duda conducirá a más violaciones de derechos “e infundirá miedo en las comunidades negras, morenas e indígenas y en todas las personas de color en todo el estado”.
- La abogada advirtió que la SB4 viola el derecho internacional y federal e interfiere con el proceso de asilo. Por su parte, Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), advirtió en un comunicado de prensa que docenas de organizaciones de Texas se han comprometido a “resistir la agenda antiinmigrante, racista y xenófoba encabezada por el gobernador Abbott”.
- Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la mayor organización hispana de derechos civiles de Estados Unidos, también se despachó contra Abbott y la Legislatura de Texas, a los que acusó de estar “determinados a convertir su poder legislativo en un arma para obtener ganancias políticas a costa de seres humanos”.
El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO), Arturo Vargas, también condenó en un comunicado la promulgación de la ley, que calificó de antiinmigrante, inconstitucional, costosa y poco sólida.
- Aseguró que NALEO estará dispuesta a brindar a los funcionarios latinos elegidos y designados en Texas “los recursos necesarios para ayudar a sus electores a comprender los efectos de esta ley y proteger sus derechos”.
- No obstante, Abbott defendió hoy el derecho de Texas de asegurar su frontera. “La meta de esta ley es parar la oleada de ingresos ilegales de extranjeros a Texas”, subrayó en la ceremonia de la firma.
Explicó que la aplicación de la SB4 “se enfocará en la frontera” y aseguró que la ley es constitucional./Agencias-PUNTOporPUNTO
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