Los grupos del crimen organizado en México se han dedicado a cultivar el surgimiento de bases sociales favorables a ellos, a través de regalos y ofertas de empleo en diversas zonas del país donde existe un fenómeno de ausencia del Estado, como dejó ver el caso reciente de Chilpancingo, Guerrero, señaló el criminólogo Arturo Cuéllar Fernández.
“Todos los grupos criminales invierten mucho en la formación de bases sociales, como lo hemos visto con el cártel Jalisco Nueva Generación, que además lo hace a la vista del público. En ello, vemos también que hay cierta complicidad de las policías municipales, que en un gran porcentaje no tienen la capacidad de enfrentar a la delincuencia organizada”, alertó el especialista.
- El experto en temas de política criminal señaló que lo ocurrido en la capital de Guerrero en días recientes demuestra que las instituciones de los tres niveles de gobierno están rebasadas por la falta de una estrategia adecuada para hacer frente a los grupos delincuenciales.
- “El Estado- Gobierno de AMLO ha creado las condiciones perfectas para que el crimen organizado pueda dominar varios espacios e incluso hacerse de aceptación social al regalar artículos de primera necesidad, algunas veces en fechas especiales, y dándole trabajo a los pobladores como halcones o como fuerza armada de ataque”.
- Luego de destacar que este fenómeno está presente en todo el país, aunque es más agudo en estados como el de México, Guerrero, Jalisco y Guanajuato, el también académico y capacitador de organismos de seguridad consideró que el apoyo de muchos pobladores a grupos criminales es mayoritariamente voluntario.
No se descarta que algunos sean intimidados, que mucha gente esté amenazada, pero creo que la mayor parte lo hace en reciprocidad de los apoyos económicos que le dan, tanto en bienes como en trabajo, materias primas o dinero, estimó.
- Para el autor del libro Inseguridad y política criminal en la Ciudad de México, el auge de las bases de apoyo de los cárteles trae consigo una merma en las actividades comerciales formales, al punto en que muchas empresas se ven obligadas a cerrar, así como un crecimiento del ambiente social de temor e inseguridad.
Para buscar posibles salidas a este fenómeno, declaró, las autoridades deben desarrollar una metodología de política criminal muy clara, con un diagnóstico específico para cada comunidad, porque muchas veces quienes llegan a manejar estos aspectos lo hacen con un criterio únicamente policial, con pocas o muy escasas estrategias para incidir en la realidad social de las zonas afectadas.
‘Terror brutal’ repliega a gobierno
- Tras calificarlo como “un acto de terror brutal”, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, confirmó la muerte de seis personas en el atentado que sufrieron, en Tlajomulco, agentes de la Fiscalía del estado, atraídos por la supuesta denuncia anónima de una madre buscadora. “Fue una trampa para nuestros elementos”.
- Luego de lo ocurrido, el mandatario estatal anunció la suspensión de las brigadas de localización hasta que se tenga una ruta definida y la cancelación de su gira de trabajo de este miércoles por la sierra jalisciense.
- Precisó que el hecho -“sin precedentes” y que habla sobre los niveles de criminalidad- fue orquestado por un grupo de la delincuencia organizada. Indicó que siete artefactos explosivos se activaron y otro más fue recuperado sin estallar. Más tarde, la Fiscalía confirmó que los artefactos eran minas terrestres.
“Estos grupos de la delincuencia organizada quieren generar miedo, quieren generar descontrol, quieren generar pánico en la población”, dijo Alfaro Ramírez.
Al respecto, el experto en seguridad de la Universidad de Guadalajara, Rubén Ortega, manifestó que la suspensión de actividades por parte de autoridades gubernamentales, como ocurrió con Alfaro o con los trabajadores del Poder Judicial en Colima, habla de la aceptación de que hay de un Estado fallido incapaz de dar seguridad a los ciudadanos.
“Se envía un mensaje de que quien manda es el crimen(…) se cae en ingobernabilidad, no hay garantías de que las autoridades están seguras, así los ciudadanos tampoco”.
Distintas formas de gobernar
Ortega sostuvo que ante los hechos de inseguridad, se han mostrado posturas encontradas en los Gobiernos, como en el caso de Guerrero, donde la gobernadora Evelyn Salgado ha optado por comunicaciones mínimas y Alfaro opta por un mayor compromiso.
“Hay que reconocer que justificando, Alfaro tuvo el valor de dar la cara y en Guerrero vemos no sólo la toma de autopistas y la agresión al Congreso, sino el involucramiento de la edil de Chilpancingo con el crimen organizado. Entonces, Evelyn no reconoce, como los morenistas, lo achaca al pasado, aunque ellos sean protagonistas desde hace ya casi cinco años”, dijo
- Por la tarde, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, confirmó que de los seis elementos fallecidos ya se pudo determinar que tres eran elementos de la Fiscalía estatal, uno más de la policía de Tlajomulco y dos civiles.
- De los 14 lesionados, uno es elemento de la Fiscalía, quien está en estado delicado, otro de la policía municipal, así como tres menores de nueve, 13 y 14 años, quienes se encuentran fuera de peligro.
Prevén más agresiones
En opinión de expertos en seguridad, los ataques a cuerpos de seguridad con artefactos explosivos, como los que también se vieron en un campo minado en Apatzingán y un cochebomba en Celaya, califican como actos terroristas.
- El catedrático de la UNAM y la IBERO, Javier Contreras, afirmó que las agresiones están hechas para desestabilizar a las instituciones y al Estado, por lo que se puede esperar que estos actos sigan replicándose.
La noche del martes elementos de la Fiscalía fueron emboscados cuando realizaban una diligencia en un paraje de Tlajomulco, la unidad explotó por la presencia de minas terrestres.
Presiona crimen con base social
El Ejército advirtió que los grupos del crimen organizado usan bases sociales para confrontar a la autoridad y proteger su impunidad.
Una expresión de ello fue la movilización de este lunes en Chilpancingo de pobladores de municipios de la región Centro de Guerrero, instigados por el grupo criminal de «Los Ardillos».
- En la manifestación los pobladores tomaron como rehenes a funcionarios, a policías y personal de la Guardia Nacional, además de robar un camión blindado de la Policía.
- Con actos de fuerza reclamaron la liberación de dos de los líderes del grupo delincuencial detenidos por narco y posesión de armas.
«La delincuencia organizada mantiene confrontaciones abiertas en contra de autoridades civiles y militares, atentando contra el Estado de derecho y las instituciones, contando en algunos casos con el apoyo de su base social en entidades como Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa y Michoacán», señaló el Ejército en su informe de la «Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública».
El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que los cárteles someten a comunidades, crean una base de apoyo y enfrentan a fuerzas armadas.
«Es una práctica de algunos grupos de la delincuencia.
- Van creando una base social de apoyo, y la consiguen a través de las autoridades, de los gobiernos; antes, les entregaban despensas y los líderes de la delincuencia las repartían», dijo ayer AMLO al referirse a los bloqueos en Chilpancingo.
- AMLO y la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, confirmaron que quienes se movilizaron desde comunidades de Guerrero para tomar carreteras, vehículos y a 13 rehenes, son bases sociales de «Los Ardillos».
Incluso, Rodríguez expuso fotos y perfiles de dos de los líderes de los bloqueos.
Uno es Gilmar Jaír Sereno, de 39 años, y quien el 16 de febrero de 2022 dirigió una protesta para exigir la liberación de líderes criminales.
«Si los obligan y los amenazan, actúen con prudencia, con cuidado, no se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados, pero no se dejen manipular», dijo ayer AMLO.
- Carlos Mendoza, especialista en temas de seguridad, consideró que la base social con que cuentan ahora las bandas, si bien inició en administraciones anteriores, ha crecido este sexenio en Michoacán y Guerrero. La raíz es la desigualdad y la precariedad, agregó.
«El aumento de estas manifestaciones sociales lo que demuestran es el repliegue gubernamental y un reto a las autoridades cuando hay detenciones de los líderes».
- Eduardo Guerrero, analista en seguridad, calificó de paradójico que con un Gobierno de izquierda este problema esté tan «extendido» por la falta de programas que permitan erosionar las bases de apoyo de los grupos criminales.
- «Es una extraña simbiosis de grupo criminal y de organización social. Como que el Gobierno renunció a hacer este trabajo de gestoría social y ha sido pues bastante omiso, ha estado muy ausente de las comunidades», expresó.
«Sin duda que se ha fortalecido esta base social; en el caso de Sinaloa, por ejemplo, tiene una naturaleza que se explica por la precariedad de la vida en las comunidades, pero -sobre todo- por una capacidad económica, particularmente del Cártel de Sinaloa», aseveró Carlos Mendoza.
- «Ante el poco alcance o cobertura de las acciones gubernamentales, ellos (el Cártel de Sinaloa) de alguna manera los suplieron y ahí encontraron reciprocidad por parte de las comunidades».
- El también consultor en seguridad aseveró que, contrario al discurso oficial, los programas sociales de la llamada 4T no han sido suficientes para revertir la precarización de las localidades ni evitar la «base social» de bandas.
«Hay alternativas, la primera es hacer un trabajo coordinado en dos vías: que las instituciones de seguridad hagan un trabajo mucho más más eficaz, y segundo, que el Estado llegue con mejores servicios, con mejor infraestructura, con alternativas de desarrollo», consideró.
«Que no solamente se limiten a entregar beneficios sociales y empadronar a personas en condiciones precarias, sino generar alternativas de desarrollo; yo pensaría, en el mediano y largo plazo, para recuperar el territorio, el control, pero en esta Administración no lo veo».
AMLO: usó el ‘narco’ la pobreza para crear su base social
- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que la presencia del crimen organizado en regiones de Chiapas y Guerrero fue provocada por el abandono que durante años tuvieron las comunidades, generando altos niveles de pobreza.
- Esto permitió a los grupos delictivos empoderarse al dar apoyos a la población para obtener su respaldo y, en paralelo, postular candidatos y lograr el control de autoridades que tuvieron en el pasado y que, en algunos casos, mantienen.
Celebró el desenlace del conflicto en Chilpancingo y exhortó a quienes viven en zonas de influencia de Los Ardillos a no dejarse manipular por este grupo, cuyas demandas principales no eran de carácter social, sino la liberación de dos de sus integrantes.
No obstante, reconoció que “no va a desaparecer el problema por arte de magia. Fue un avance, porque se hizo un llamado al pueblo de Guerrero, incluso a los que participaban y nos dieron su confianza”.
Al referirse a Chiapas, si bien el modus operandi de grupos delictivos es similar en algunos municipios fronterizos, la selva Lacandona y del centro, subrayó que los informes de seguridad y los índices delictivos revelan que “no existe una situación de descontrol y de violencia”. Pero debe entenderse el pasado reciente en la entidad, pues “hubo una guerra en la que se alentó la creación de grupos paramilitares que dividieron los pueblos y aún existen esas diferencias que se atienden”.
Sobre el conflicto en Guerrero, destacó que la penetración del crimen organizado “inició cuando el pueblo estaba completamente abandonado. Entonces ellos apoyaban, entregaban despensas y luego, como se fueron consolidando, llegaron a postular candidatos y ganar presidencias municipales. Tenían, y en algunos lugares todavía tienen, autoridades que ellos impulsaron”. Los jefes de estos grupos se fueron empoderando con el tiempo en algunas regiones.
En su conferencia, consideró que el conflicto en Chilpancingo, “afortunadamente se resolvió, hablándole a la gente, de que detrás de las supuestas demandas sociales está el interés de proteger a bandas de la delincuencia organizada”. Consideró incluso que es posible que mucha de la gente que se manifestó “a lo mejor no sabía y los movilizaron por otras razones”.
–¿Sí hubo acuerdos como tal para retirar el bloqueo?
–No, se resolvió atender demandas sociales.
–¿No era eso lo que…?
–No, el fondo no era ese, el fondo es que se detuvo a dos personas y querían que se les liberara.
De cualquier manera, el Presidente consideró muy bueno que se alcanzara un acuerdo. Por ello, manifestó, “hay que tener paciencia, presencia y prudencia, las tres pe”.
- Los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas son las entidades con mayores apoyos sociales de su gobierno, pues concentran buena parte de la población que vive en extrema pobreza.
- En este contexto, recordó la masacre de Aguas Blancas, ocurrida en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando se asesinó a 17 personas, lo que derivó en la remoción del entonces gobernador, Rubén Figueroa.
Refirió que en ese entonces, al ser cuestionado sobre la masacre, Figueroa respondió: “‘¿Y qué querían? ¿Que yo los recibiera con un ramo de flores?’. Eso era el México de hace poco. No somos iguales”.
- En torno a Chiapas, reconoció que en algunas regiones, el crimen delincuencia organizado opera desde hace 20 o 30 años. “En algunas comunidades, no todas, la delincuencia organizada tiene bases sociales, la gente los apoya”, como en el municipio de Benemérito, donde se respalda incluso el trasiego de drogas contra las acciones del Ejército para combatirlo.
Identificó los municipios con presencia del crimen organizado, que en algunos casos ha generado desplazamiento de comunidades. “No sólo (hay) en la Lacandona, también en la sierra, en la frontera con Guatemala, en Motozintla, Frontera Comalapa, toda esa región, ahí estamos interviniendo con la Guardia Nacional.
- En Coita, Arriaga y Ocozocoautla, Cintalapa, que fue donde se dio el secuestro de los 16 servidores públicos en una pugna entre bandas”.
- A pesar de esta condición en algunas regiones, consideró que “se ha exagerado lo que sucede en Chiapas”, porque, en contraste, todos los indicadores de delitos en Chiapas lo ubican entre los que están en mejores condiciones a nivel nacional, incluso en homicidios, ocupando el lugar 26, donde la cifra negra es mínima.
“Aunque hay veces que cuando hay enfrentamiento entre bandas se llevan a sus muertos, y llega el Ministerio Público a dar fe de los hechos y no encuentra a las víctimas, pero es excepcional, por lo general estas cifras corresponden a la realidad.”
- Según las cifras oficiales de incidencia delictiva en Chiapas: el robo de transporte ocupa el lugar 22, en secuestro el lugar 25 y va a la baja; robo de vehículo, lugar 30; delitos de alto impacto, 31 por ciento; robo a casa habitación es el de menos incidencia de todo el país. “Se ha exagerado lo que sucede en Chiapas”.
¿Qué es lo que hay en Chiapas?, se preguntó. La creación de grupos paramilitares durante los sexenios anteriores, en las comunidades generó confrontación y violencia, “se dividieron los pueblos y existe todavía esa división que se está atendiendo con los programas del Bienestar”, que ha contribuido a reducir la confrontación.
López Obrador dijo que se está atendiendo los problemas de desplazamiento interno de la población y cuestionó que los medios no hablen de la creación de grupos paramilitares en el pasado.
–¿Cómo los están atendiendo? ¿Quién?
–Con todo. Está la Guardia Nacional, está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez está constantemente creando brigadas de atención donde hay más violencia. Intervienen todas las dependencias del gobierno federal, así lo hicimos en Aguililla, en Guanajuato, así se trabaja en Chiapas, en todos lados. Sólo en Chiapas hay 80 mil campesinos en el programa Sembrando Vida./PUNTOporPUNTO
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