Transparentar el número de casos reales de fallecimientos por COVID-19 en México es hoy imposible, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y testimonios de médicos y especialistas forenses.
Al menos no es viable desde la perspectiva del sistema estadístico de mortalidad…
La pandemia se extendió por nuestro país y encontró una base de datos sobre el tema obsoleta, con retraso histórico y subregistro, sin automatización y mediante la cual se podrá conocer información fiable “por lo menos en un año, de manera deseable”, pronosticó el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell.
- “Y un año se me hace poco, exageradamente optimista, porque el rezago en actualización de datos es muy grande. Hay un evidente aislamiento entre quien concentra la información sobre muertes, quien captura los insumos y quien la procesa”, dice Ricardo Rodríguez, especialista en informática forense y director de TheosMX, la cual aporta servicios tecnológicos en la materia.
- “Nuestro país no está listo para un control de mortalidad, no hay personal capacitado para la alimentación en tiempo real ni se aplica tecnología. Tendremos un retraso de cinco o seis años, y para entonces los datos sobre muertes por COVID serán inservibles”.
- Conforme a la Secretaría de Salud, la base de datos nacional sobre mortalidad opera con los mismos parámetros desde hace 30 años. “El procesamiento de información es rudimentario. No tenemos un sistema en tiempo real donde las actas de defunción estén automatizadas y convertidas en electrónico”, según López-Gatell.
- Al menos desde hace 10 años se han impulsado proyectos al interior de la dependencia para modernizarlo, pero todos han sido olvidados…
- El atraso, documentó Crónica, se origina desde la expedición y procesamiento de certificados de defunción, emitidos por legistas encargados de las necropsias, médicos tratantes o quienes atendieron por última vez a los difuntos.
- “Desde el principio es burocracia, porque con el certificado de defunción se tendría que terminar el periplo de familiares para obtener un papel que avale la causa de muerte de su ser querido, pero están obligados a canjearlo por el acta. Para que el documento llegué a la Secretaría de Salud y se levante un informe estadístico, pasa mucho tiempo”, cuenta el médico legisla Arturo Gutiérrez, de Chiapas.
- “Se supone que INEGI debe pasar cada mes a recoger su copia del certificado, pero pasan cuatro o cinco meses y nada. Hay que sumar las causas de muerte aún por determinarse. En lugares donde no hay infraestructura, donde no hay, por ejemplo, un laboratorio de patología, debemos mandar los estudios a otros sitios, y nos dan información hasta después de uno o dos años. Hasta ese momento es posible emitir el certificado y decir: en 2018 murió de tal cosa, pero ya estamos en 2020, hay un desfase tremendo, discrepancia estadística, y así millones de casos en todo el país”.
Y las carencias se multiplican en casi todos los estados, como en Guerrero, desde donde el médico forense Manuel Silva ofrece su testimonio.
“No ha habido un control estricto sobre los folios de certificados, que evite el mal uso. Históricamente muchos folios son utilizados para otros fines, como falsificar muertos, vas a la jurisdicción sanitaria a pedir certificados de defunción y te dan 30 o 40, y sólo con una pluma anotan en un cuaderno: le dimos al doctor tantos certificados y ya”.
-¿Se pierden certificados? -se le cuestiona.
-Muchos, tengo un montón de formatos de años pasados, de los que provee la propia Secretaría de Salud y que nadie reclama, y la gente de la jurisdicción sanitaria no está capacitada para llevar un control; hay áreas de epidemiología que ni piden explicación de las causas de muerte ni cuál fue el uso de los certificados.
-¿Se refiere a los formatos sin llenar?
-Sí, hay veces que te equivocas, pones otro nombre o fecha, o los deudos te dan datos erróneos y entonces debes cancelarlo y regresar el formato a la jurisdicción, para que así no se alteren las estadísticas.
En México, se tienen contabilizadas 246 jurisdicciones sanitarias, unidades técnico-administrativas y territoriales dependientes de los Servicios Estatales de Salud y las cuales son responsables de coordinar a las autoridades locales sobre proyectos de salud, apoyos, observaciones, recomendaciones normativas, asesorías, supervisiones y acciones de capacitación al personal sanitario.
“Sucede también que hay familias que no recogen los certificados, pasan años: tengo algunos con antigüedad de 10 o más años, y esos tampoco entran a las estadísticas. Desde las jurisdicciones se debiera exigir cuentas sobre los folios, pero no. Apenas emití uno que era de 2003”, narra el legista Gutiérrez.
-¿Para qué se prestan los certificados o folios perdidos? -se le cuestiona.
-Me han pedido que los emita para personas que ya murieron desde hace mucho o que están vivas, y es sencillo, por el descontrol: das un número de folio, lo extiendes y ya. Y los registros se repiten en el Registro Civil, que se encarga de darle la copia a la Secretaría de Salud. Así, ¿cómo vamos a tener listo un sistema confiable para la crisis sanitaria que hoy vivimos?
El forense Manuel Silva, concluye: “Es imposible ver el impacto de la pandemia desde la perspectiva de la base oficial de datos sobre mortalidad, lo podremos hacer hasta 2021, 2022 y, ¿ya para qué?”.
El primer caso confirmado en nuestro país de fallecimiento por COVID-19 ocurrió el 19 de marzo, pero hasta el 5 de abril las autoridades de salud incluyeron en su informe técnico diario el cálculo de la tasa de letalidad.
Urge, dice el experto Ricardo Rodríguez, “irle ganando terreno al retraso, capacitando personal para la actualización de la base de datos en tiempo real y lograr un sistema en línea. Hay tecnología, falta voluntad de dependencias y servidores públicos”…/LA CRÓNICA-PUNTOporPUNTO
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