De acuerdo con la Encuesta Nacional de Opinión Pública de agosto de 2022 levantada por México Elige, la inseguridad y la corrupción son los principales problemas a los que se enfrentan los mexicanos. Es así que los temas relacionados a seguridad (inseguridad, violencia y narcotráfico) son el 41.8% de las preocupaciones en las personas consultadas.
- El sondeo estadístico con periodicidad mensual y que recogió datos de 10 mil 593 mexicanos mayores de edad mediante la plataforma de Facebook, indicó que el 21.2% consideró a la inseguridad como el punto con mayor impacto en el país. A este le siguió la corrupción con el 19.5%, la violencia con el 15.7%, la crisis económica con el 6.1% y los bajos salarios con el 5.5%.
En menor medida se encuentran problemáticas como el alto costo de vida, narcotráfico, pobreza, educación, desempleo, falta de agua, salud, drogadicción, medio ambiente, falta de infraestructura, contaminación y migración.
- En el agregado por sectores, tras los tópicos relacionados a la seguridad, se encuentran los de economía con el 20.0% (crisis económica, bajos salarios y desempleo), corrupción con el 19.5%, los sociales con el 13.4% (pobreza, educación, salud y drogadicción) y en el último aspecto otros con el 5.3% (falta de agua y medio ambiente).
En una segregación por impacto en la vida familiar, los mexicanos señalaron los aspectos económicos como los más difíciles de enfrentar. El agregado resultó con la economía como la principal cuestión con el 48.0%, la seguridad con el 26.2%, otros con el 17.7% y los sociales con el 8.1%.
En este mismo sentido, cuando a los encuestados se les preguntó “¿Cuál crisis les preocupa más?”, estos respondieron con casi la mitad de ellos, el 44.5%, que la económica. Después le siguieron la de seguridad con el 40.5%, y en último lugar, la de salud con el 5%.
Mexicanos desconfían en los servidores públicos
México se posicionó en el primer lugar, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), respecto a la desconfianza en el actuar de sus servidores públicos en relación con la posibilidad de que cometan actos de corrupción.
- De acuerdo con la OCDE, 68.87 por ciento de los mexicanos consideraron que un empleado del sector público aceptaría un soborno, mientras que sólo 18.5 por ciento opinó que lo rechazaría; 11.4 tuvo una opinión neutral y 1.17 por ciento dijo no saberlo.
La cifra casi duplica la media internacional, donde 35.71 por ciento de los encuestados en los países miembros opinó que sus servidores públicos accederían a un soborno.
Empresarios también enfrentan la corrupción
Por su parte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en conjunto con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) realizaron una encuesta donde revelaron que en el último año, cuatro de cada 10 empresarios experimentaron un acto de corrupción por parte de alguna autoridad.
“Al preguntar si en el último año algún servidor público o persona intentó apropiarse de algún beneficio de la empresas a cambio de realizar, agilizar o evitar algún trámite, multa o pago, el 39% respondió haber experimentado algún acto de corrupción”, señalaron durante la presentación del ejercicio.
- Del total de los casos, únicamente el 19% fue denunciado y el resto quedó sin ser reportado ante las autoridades correspondientes. Al preguntar al empresariado sobre las razones por las que no denunció, el 31% consideró que no sirve para nada la acusación, ya que no percibe resultados finales y que no se castiga la corrupción. La segunda respuesta más común entre los consultados fue que el 23% externó miedo a posibles represalias.
Cuando el empresario concluye que el funcionario denunciado por posibles actos de corrupción no será separado de su cargo, surge el temor a represalias que se pueden reflejar en la paralización de operaciones de la empresa o en más costos para agilizar o continuar procesos burocráticos, según Claudia Torres, integrante de la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI.
“Entonces se vuelve un círculo vicioso en el que no denuncio porque sé que no va a pasar nada, pero a la vez, voy a tener un castigo si denuncio porque voy a seguir interactuando con esta autoridad”, planteó.
- En la encuesta también se muestran los resultados de los procesos de denuncia que llevó a cabo una mínima parte del empresariado, en la que destacó que solamente en el 5.2% de los casos se resolvió la acusación y se sancionó a la persona responsable.
- En el 10.5% de los casos se resolvió la denuncia, pero no hubo castigo en contra de la persona responsable, y el 26.3% de las acusaciones realizadas por empresarios está en trámite un proceso de sanción o una carpeta de investigación.
En el 42.1% de los seguimientos a las denuncias se mostró que se había presentado la debida notificación a la autoridad de que se incurrió en una práctica corrupta, pero no se inició algún procedimiento legal.
- Ante la prevalencia de la corrupción experimentada por los empresarios, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, enfatizó en la importancia de establecer un código de ética al interior de las empresas.
- Si bien las prácticas que se denunciaron en la presentación de resultados de la encuesta corresponden a funcionarios y autoridades públicas, Medina Mora apuntó que es necesario fomentar entre los colaboradores la cultura de la denuncia.
Un mayor avance en la digitalización de los servicios y los trámites burocráticos de los tres órdenes de Gobierno podría reducir los niveles de corrupción, consideró María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de MCCI.
Planteó que al evitar el contacto cara a cara entre personas que requieren algún servicio público y quienes están en la posición de ofrecerlos disminuiría la incidencia de prácticas corruptas./Agencias-PUNTOporPUNTO
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