Los fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARD), y el destinado para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fueron eliminados el pasado 21 de octubre en el Senado.
A través del FAAR un fondo a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el gobierno atendió a 8 mil 153 personas entre 2015 y 2019.
Sin embargo, esa cifra sólo representó una tercera parte de los 24 mil 792 afectados por delitos federales que; durante el mismo lapso, solicitaron ingresar al Registro Nacional de Víctimas (Renavi) para obtener un beneficio.
- De acuerdo con datos oficiales, la CEAV recibe, cada mes, un promedio de 500 solicitudes de víctimas que buscan recursos para la reparación del daño.
- Respecto al fondo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, hasta junio de 2020 se utilizaba para proteger a mil 262 personas.
A pesar de que legisladores aseguraron que las medidas de protección se seguirán brindando, con cargo a los presupuestos de la CEAV y de la Secretaría de Gobernación (Segob), expertos advirtieron que los recursos destinados se pueden perder, puesto que no estarán etiquetados en un fondo específico.
- La atención a miles de víctimas, defensores de derechos humanos y periodistas está en riesgo, luego de que el pasado 21 de octubre, en el Senado de la República, se concretó la extinción de los fondos que servían para dar protección y asistencia a todos estos sectores.
- Los fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), así como el destinado a la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fueron eliminados sin que hasta ahora haya alguna certeza de cómo se seguirá brindan do apoyo a sus beneficiarios.
- Con el FAARI, un fondo a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el gobierno federal atendió a 8 mil 153 personas entre 2015 y 2019, pero esta cifra únicamente representó una tercera parte de los 24 mil 792 afectados por delitos federales que en el mismo periodo solicitaron ingresar al Registro Nacional de Víctimas (Renavi) para tener un beneficio.
- Según información oficial, en promedio, cada mes la CEAV recibe 500 solicitudes de víctimas directas o indirectas que buscan recursos para pagar servicios funerarios, médicos, alimentación, alojamiento, peritajes, traslados o quieren obtener reparación del daño por un delito.
- Entre 2015 y 2019, el fondo de víctimas ejerció mil 978 millones 48 mil pesos para apoyar a más de 8 mil víctimas de ilícitos como la desaparición, el secuestro, el homicidio y el abuso sexual, entre otros.
- Respecto al fondo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, hasta junio de 2020 éste se utilizaba para proteger a mil 262 personas.
- Los activistas y comunicadores eran beneficiarios del fondo porque sus vidas corrían peligro al haber sufrido un secuestro, agresiones físicas o amenazas.
- Entre 2014 y mayo de 2019 este fondo erogó 897 millones 714 mil 685 pesos para implementar y operar medidas de protección a periodistas y defensores.
Aunque los legisladores que eliminaron los fideicomisos aseguraron que todas las medidas de protección y asistencia se van a seguir brindando con cargo al presupuesto de la CEAV y la Secretaría de Gobernación (Segob), especialistas alertaron que los recursos económicos destinados para ese fin se podrían perder, porque, dijeron, ya no estarán etiquetados en un fondo específico.
CEA, una institución fallida
La desaparición del FAARI representó un gancho al hígado para la CEAV, institución creada en 2014 y que desde esa fecha ha sufrido recortes presupuestales, reducción de personal, cientos de demandas y la ausencia de un titular en múltiples periodos.
“La extinción del FAARI, en este momento y de este modo, pone a las víctimas, como mínimo el próximo año, en una situación de ausencia de recursos.
“La única manera de resolverlo sería con medidas sumamente discrecionales, que es lo que se OCA investigador del Programa de Derechos Humanos de Fundar.
- Aunque los expertos reconocieron que en el manejo del FAARI hay irregularidades, éstas no se relacionan con casos de corrupción, sino con un rezago en la entrega de apoyos.
“Directamente, algún problema de corrupción o desvío de recursos no [se ha encontrado), pero sí hay irregularidades cometidas por autoridades que van a permanecer en su puesto aun cuando ya se extinguió el FAART, lamentó Ruiz Tovar, de la asociación Fundar.
En esto coincidió Fabienne Cabaret, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, quien señaló: “En términos generales, ha habido una lentitud [en la atención de los casos de víctimas], pero no visualizábamos que el problema fuera del FAARI, pues la integración de los expedientes y la dictaminación está en otras áreas”
- La comisión ejecutiva está por cumplir seis años de existencia, pero ha enfrentado varios obstáculos que la han vuelto poco funcional, por ejemplo, en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador acumula la renuncia de dos titulares, y durante 10 meses ha permanecido sin nadie a su cargo (junio a diciembre de 2019 y junio a octubre de 2020).
“Ha hecho falta todo. La CEAV nació sin personal, sin infraestructura y con pocos recursos.
“No se midió la cantidad de víctimas que este país produce. Al año somos más de 6 mil personas quienes pedimos ingresar al Renavi”, aseguró Leticia Hidalgo, integrante de la Asamblea Consultiva de la comisión ejecutiva.
En la indefensión, comunicadores y activistas
Los defensores de derechos humanos y periodistas también experimentaron la pérdida del fideicomiso que era utilizado para darles protección.
Hasta junio de este año, mil 262 personas eran beneficiarias del fondo. Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Puebla son las entidades donde se encontraba la mayoría de los protegidos.
Por su parte, Atziri Ávila, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo para Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, manifestó que la desaparición del fideicomiso “significa un retroceso considerable en materia de derechos humanos.
“se deja en la indefensión a quienes se encuentran en riesgo, porque tampoco se ha establecido la nueva vía con la que se seguirá protegiendo a quien lo necesite”, reiteró.
- En los últimos ocho años, con cargo al fondo para defensores y periodistas, se ejecutaron 3 mil 251 medidas de protección extraordinarias y reacción rápida, entre las que destacan el acompañamiento de escoltas, telecomunicaciones seguras, botón de asistencia, patrullajes, manuales de autoprotección y la interposición de denuncias.
“El mecanismo [de protección] ha salvado vidas porque es el único recurso al que pueden acudir las personas defensoras y periodistas en riesgo.
“Si este mecanismo [las autoridades lo van deshaciendo, desintegrando o desmoronando, nos dejan en una mayor indefensión”, lamentó Ávila.
CNDH urge asegurar fondo para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al poder legislativo a que aseguren los recursos económicos del Fondo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, esto ante la propuesta de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por la eliminación de 109 fideicomisos federales.
A través de un comunicado oficial, el órgano descentralizado explicó que sin las medidas necesarias, la protección y auxilio a este gremio podría quedar vulnerados ante este recorte.
“La CNDH hace un llamado urgente a los legisladores del H. Congreso de la Unión, para que aseguren los recursos económicos del Fondo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, ya que autorizar la propuesta que busca centralizar la administración de éste, sin las previsiones debidas, generaría obstáculos administrativos y burocráticos para acceder con inmediatez a los recursos para implementar medidas de protección y auxilio a las personas defensoras y periodistas que han sido víctimas de agresiones”, inició el texto.
Asimismo, la comisión que dirige Rosario Piedra explicó lo importante de este fideicomiso que reciben los comunicadores y defensores de DDHH, pues con estos recursos, estas personas pueden continuar con su quehacer particular en beneficio de la sociedad. “Por lo que no debe perderse de vista, la importancia de transparentar el ejercicio del presupuesto público, evitar la opacidad en su manejo, promover su eficiente uso e impedir su desvío de los fines para el que está destinado”.
- La misiva recordó que las condiciones para ejercer el periodismo y la defensoría de derechos en México son adversas para quienes se desempeñan en esas tareas y que es del dominio público los casos de los comunicadores y luchadores sociales desaparecidos a lo largo de la república y que, muchas veces, éstos están relacionados con la corrupción, el crimen organizado y las condiciones de vulnerabilidad.
“La CNDH recuerda a las autoridades de los tres niveles de gobierno que el Estado tiene una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y protección de las personas defensoras y periodistas, al advertir que existe el riesgo real e inminente de que se produzcan crímenes en su contra, cuando enfrentan violencia, impunidad y autocensura, aunado a la inexistencia o insuficiencia de medidas oportunas e idóneas para atender esos contextos”, abundó el exhorto.
También trajo a colación la obligación del gobierno en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de preservar la vida y la buena calidad de la misma de sus habitantes. Así como las responsabilidades contraidas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), donde se garantiza el derecho a la justicia y un proceso regular con presunción de inocencia. Esto para evitar amedrentaciones de tipo legal en caso de que la defensoría de los derechos humanos o la promotoría de algún trabajo periodístico contraiga consecuencias legales en agravio al periodista o luchador social.
Pues, de acuerdo a lo señalado por la CNDH, los artículos 18 y 26 de la DADDH se garantiza que “toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente” y que “se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas”.
Finalmente, la CNDH asentó su postura ante la posibilidad de este caso y aseguró que “continuará atenta a la evolución de la discusión parlamentaria en la que se espera conservar el fideicomiso público que opera el Mecanismo de Protección Federal”.
Preocupa a ONU fondo
Ante la inminente extinción de 109 fideicomisos, que busca ser avalada en el Senado de la República esta misma semana luego de que la Cámara de Diputados les enviara la minuta, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, manifestó su preocupación por el futuro que tendrá algunos de ellos, como es el caso del fondo que cubre al Mecanismo de Atención a Periodistas y defensores de Derechos Humanos.
Recordó que esta oficina de la ONU acompaña a este Mecanismo desde su creación y han constatado la conveniencia que ha tenido el fideicomiso para atender de manera urgente casos que se reportan y se integran a la estrategia de apoyo.
“Más que plantear fideicomiso sí, fideicomiso, no, el tema es cuál va a ser el mecanismo que logre cumplir los objetivos-acá hay plena soberanía por parte del Estado mexicano de decidirlo-, pero si nos interesa destacar el riesgo que puede haber que no se cuente con un mecanismo que responda a las particulares necesidades de algo que nosotros como oficina y por haber acompañado al Mecanismo tenemos plena constancia que ha salvado vidas”.
- Reconoció en las autoridades el compromiso de garantizar la continuidad de estos apoyos económicos, aunque dijo, no ha habido claridad sobre cuál será el instrumento financiero que el Mecanismo disponga.
- Durante un diálogo virtual con integrantes de colectivos de víctimas que protestan a las afueras del Senado, el funcionario de la ONU, pidió que los legisladores determinen claramente que ocurrirá si en el periodo entre la desaparición del fideicomiso y la integración de los recursos al presupuesto se requieren medidas extraordinarias de respaldo a un periodista o defensor de derechos humanos.
“El peor escenario es que mientras se trabaje una alternativa pueda haber personas, sean periodistas o defensores de derechos humanos que requiera con la urgencia de estos casos la disponibilidad de medidas de seguridad y fondos y no lo logren porque no hay un mecanismo establecido”, sostuvo.
En tanto, la panista Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta se comprometió a atender la demanda de las víctimas de que el senado lleve a cabo un análisis claro de cada uno de los fideicomisos a desaparecer.
“Hablar de la destrucción del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral o del Fideicomiso con el que se protege a defensores de derechos humanos y periodistas es muy complejo y lamentable”.
Participaron, además, los senadores Alejandro Armenta, Claudia Ruiz Massieu y Emilio Álvarez Icaza.
Esta tarde, las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda abordarán en su reunión extraordinaria el asunto de la desaparición de los fideicomisos./Agencias-PUNTOporPUNTO
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