Debemos de permanecer en un Estado de derecho que permita que las inversiones que se hacen, derivados de contratos, no se detengan
En caso de cancelarse la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), están en juego contratos por 764 mil 343.7 millones de pesos, cantidad 3.9 veces superior de lo que cuesta la terminal.
En su página de Transparencia Presupuestaria, Observatorio del Gasto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se incorporan en el ejercicio total del proyecto 569 mil 342.8 millones de pesos (actualizado a 2018) que serán licitados entre empresas especialistas para su conservación y mantener en operación el nuevo aeropuerto por 50 años.
Anualmente y en promedio, el NAIM demandará partidas por 11 mil 385 millones de pesos para servicios de personal, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e inmuebles, principalmente. Dicho costo no incluye el mantenimiento de obras adicionales (vialidades y obras hidráulicas, entre otras).
Incluso el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) asume que los distintos rubros del costo de operación y mantenimiento aumentan con tres variables: el flujo de pasajeros, tamaño de las áreas de terminal y los ingresos del aeropuerto.
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez Leal, reconoció que los recursos para mantenimiento y operación de la nueva terminal forman parte del costo total de la obra, “pero la repercusión de detener la obra va más allá de esos números, porque el NAIM es un pivote para muchas regiones del país”.
Por eso pedimos que “todos los recursos que se van a invertir no sólo en el nuevo aeropuerto sino en todas las áreas se incluyan para que las empresas mexicanas se sigan desarrollando y generen empleos, desde prestadoras de servicio y de todo tipo de hombres de negocios que se van a tener que desarrollar para darle, al menos, el apoyo logístico, mantenimiento y operación de la terminal aérea”.
- Decisiones fuera de lo político.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el representante de la CMIC habló a nombre de las empresas socias de la cámara que participan en su construcción, y comentó que “no está en discusión si es viable o no. Las decisiones no dependen de un momento político”, detalló, sino de una necesidad de México, de desarrollo, de potenciar todas nuestras posibilidades de crecimiento.
La cámara, dijo, sigue teniendo la confianza de que México se va a desarrollar, tenemos un potencial enorme y lo que nos corresponde es hacer las mejores propuestas y por eso hemos invitado a los grupos técnicos de cada uno de los candidatos y coadyuvar para que dentro de su plan de trabajo, “cualquiera de ellos que vaya a ser nuestro próximo Presidente, que su grupo vea que hay aportación por parte de las empresas mexicanas de la industria de la construcción”.
Muchas de las constructoras que trabajan en el nuevo aeropuerto pertenecen a esta cámara y no son de reciente creación, son empresas de muchos años, por lo que pedimos que “se respete lo que está licitado como marca la Ley y que se continúe”.
Nosotros tenemos en nuestra organización un Observatorio que vigila lo que sucede con los recursos públicos, y detectó que hay 176 contratos, información derivada de reportes de la Secretaría de Hacienda.
En monto, esos contratos representan inversiones por 138 mil millones de pesos, de los cuales, 9% —unos 124 mil 200 millones— lo representan empresas de esta organización “y creemos que detener su construcción es una afectación directa a los empresarios que representamos”.
Que prevalezca la ley. Si hay actos fuera de la ley, agregó, estamos de acuerdo en que se cumpla con ella. Pero lo que es un hecho, es que esos 176 contratos, según nuestro observatorio, se han ejecutado según lo que marca la ley a través de licitaciones.
El que alguien señale que hay actos de corrupción tendría que pasar por un procedimiento legal de revisión y “nuestra organización, por supuesto que no solapa ningún de estos actos ni algún mal manejo; si hay alguna empresa o funcionario que haya hecho mal uso de recursos públicos o una mala decisión que está contra lo que marca la ley, nosotros no lo apoyaremos”, subrayó Ramírez Leal.
Ya hubo una intervención de un empresario —Carlos Slim— que integra uno de los 27 consorcios que traen la mayor parte de obra contratada. Debemos de permanecer en un Estado de derecho que permita que las inversiones que se hacen, derivados de estos contratos, no se detengan./CON INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL
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