Expertos y familiares de personas desaparecidas coincidieron en que en México se mantienen retos como fortalecer los servicios médicos forenses y aplicar las recomendaciones que los organismos internacionales han dado a las autoridades.
- Olivier Dubois, jefe de delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, comentó que en México se deben fortalecer los servicios médico-forenses en materia de identificación de cuerpos de personas desaparecidas.
Si bien hay desaparición forzada como tal, lo que hemos visto es que también hay una desaparición administrativa por falta de seguimiento de buenas prácticas cuando un cuerpo llega a un servicio pericial, a un servicio médico forense”, dijo Dubois durante la presentación de la tercera edición de la publicación “La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas”, en la Feria del Libro de Guadalajara.
- En el documento se reportó que en la actualidad hay más de 52,000 cuerpos sin identificar en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense.
Los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran 71.7 % de los cuerpos no identificados.
“Los servicios forenses son insuficientes, y, como se desarrolla más adelante, varios de los instrumentos previstos en la Ley General todavía no han sido establecidos y no se cuenta con una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas.
“Según varios expertos entrevistados, en las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día”, se lee en la entrega.
Empeora crisis
Anna Karolina Chimiak, coordinadora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C comentó que, en el país, desde el año pasado, ha habido un recrudecimiento de la severa crisis de desapariciones y que hay una impunidad “casi absoluta”.
- Mencionó que Jalisco ha ocupado el primer lugar nacional en cuanto a la cantidad de personas desaparecidas desde 2019 y que, durante el último año, la cifra se ha incrementado un 8 por ciento.
Dijo que la ausencia de las garantías de acceso efectivo a la justicia ha provocado una impunidad de más del 99% para los delitos de desaparición de personas.
“En Jalisco, de manera particular, ha habido varios avances en lo que corresponde a la creación de herramientas, instituciones o leyes ante la gravedad del contexto, pero la misma gravedad del contexto nos recuerda constantemente que esto no ha sido suficiente”, comentó Karolina Chimiak.
Revictimización en Jalisco
Marlety García, madre de César Ulises Quintero, un estudiante de la Universidad de Guadalajara que se encuentra desaparecido, comentó que en los municipios de Jalisco las familias de las víctimas sufren por los traslados ya que la mayoría de las dependencias de impartición de justicia se encuentra centralizadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara y muchos de ellos no cuentan con recursos para los viajes.
Además, mencionó que muchas personas sufren de revictimización, desconocen las herramientas que pueden utilizar para solicitar justicia y que el gobierno del estado les ha quedado ha deber.
- La madre buscadora comentó que las búsquedas que realizan de sus seres queridos les provoca, en muchos casos, enfermedades que no pueden atenderse debido a las acciones que realizan para dar con el paradero de sus seres queridos.
Pero, indicó que la muerte de las madres buscadoras no sólo se da por tristeza o estas enfermedades, sino que el riesgo que conlleva tomar las búsquedas, varias madres han sido asesinadas.
México no debe ver las desapariciones como hechos aislados
“En México, lamentablemente, la situación de impunidad continúa”. Con esta frase, Julissa Mantilla Falcón, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abre la conversación en torno al caso Ayotzinapa y al fenómeno de la desaparición forzada en el país, que comenzó mucho antes de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
- A más de ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Mantilla asegura que la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) “pudo haber actuado de manera más eficiente en su momento, pero no lo hizo”, mientras que la de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), si bien ha tenido avances, sigue enfrentándose a trabas para esclarecer el caso.
“Una traba es seguir viendo como hechos aislados (casos como Ayotzinapa), cuando en realidad corresponden a una situación general de desaparición forzada y esto es importante entenderlo así: es una situación general de desaparición forzada, no es una situación aislada”, dice en entrevista.
- El encuentro se da un día antes de la presentación del tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH, que, tras un extenso monitoreo, concluyó que este caso es uno más de desaparición forzada: una violación grave a los derechos humanos que prevalece hasta que se encuentran los restos de los desaparecidos o se sabe qué les ocurrió.
- El pasado 17 de mayo, México llegó a la cifra de más de 100 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lo que implica que en el país hay más de 100 mil familias buscando a los suyos. A ello se suma que en México solo se han emitido 36 sentencias por el delito de desaparición forzada, reflejo del fenómeno de impunidad señalado por Mantilla.
“Por eso, nuestro balance es que hay que consolidar las estrategias de búsqueda de la fiscalía, hay que mantener la centralidad en las víctimas, hay que tener muchísima claridad en los mensajes de intercambio y hay que ubicar el caso Ayotzinapa, y eso me parece lo más importante, en un contexto amplio de desapariciones forzadas en México”, subraya.
- La propia ONU define al fenómeno de la desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad cometida por agentes del Estado o por personas que actúen con la autorización del Estado, seguida de una negativa a reconocer la privación de libertad o del ocultamiento del paradero de la persona desaparecida.
Mantilla remarca que la responsabilidad del Estado es aclarar estos delitos sin importar el tiempo transcurrido.
“En todo este camino y en todo este espacio, y eso sí me gustaría resaltarlo, están padres y madres de 43 estudiantes desaparecidos que siguen buscando justicia”, dice sobre el caso Ayotzinapa, mientras golpea con el dedo índice la mesa que tiene enfrente para enfatizar cada palabra.
- Otra traba para esclarecer el caso, según la también relatora para los Derechos de las Mujeres, la Memoria, la Verdad y la Justicia de la CIDH, tiene que ver con los resultados del informe de la Comisión de la Verdad (Covaj), que presentó como ciertas pruebas que posteriormente fueron puestas en entredicho por su propio titular, el subsecretario Alejandro Encinas.
“La Covaj, como sabemos, presenta su informe el 18 de agosto con algunas aseveraciones que luego el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), luego de los peritajes que realiza, se nota que alguna de estas afirmaciones no eran del todo exactas”, expone Mantilla.
Por este caso, los cuatro militares detenidos por el caso Ayotzinapa presentaron el 8 de noviembre una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables en la fabricación de pruebas que alegan fueron presentadas en su contra y ya fueron desestimadas.
“Entonces, si tenemos un informe que se dio con algunas aseveraciones en el caso de la Covaj, que luego se ha comprobado que no son tan apegadas a la verdad, lo que se está construyendo, lo que tenemos como producto de esto es una información que no solamente no es del todo exacta, sino que eventualmente puede dañar la investigación judicial por más que sean mecanismos distintos”, dice Mantilla.
- Refiere que el informe, además de dar conclusiones, expone recomendaciones del tipo estructural, lo que significa tener una política pública de búsqueda que implique elaborar un concepto del “derecho a ser buscado”, que a su vez significa “reconocer que las Fuerzas Armadas no pueden, digamos, en el control del orden, violentar derechos humanos”.
“Pero la mayor dificultad, y es muy triste, es que no hay necesariamente una voluntad política que opte por la verdad, por la justicia y por la reparación. La institucionalidad que se crea solo por salir en la foto, pero que cuando va avanzando toca los puntos más sensibles, como por ejemplo pueden ser las estructuras militares, y ahí empiezan los retrocesos, ese es el mayor desafío (…) que no haya realmente una convicción de que para acabar con un fenómeno estructural hay que tener cambios estructurales”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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