Desde una oficina en la Colonia del Carmen Coyoacán, una supuesta “consultora en informática” facturó en 2018 casi 3 mil millones de pesos, al nivel de las empresas más grandes del País.
Se trata de Grupo Raven Tecnologías de la Información, del que no existe absolutamente ninguna referencia pública, pero que en 2018 emitió comprobantes fiscales por venta de supuestos bienes y servicios que sumaron 2 mil 931 millones de pesos.
Supuestamente ubicada en el interior 303 del número 59 de la calle Francisco Javier Mina, esta “empresa” tuvo un crecimiento descomunal. Creada en 2017, facturó 59 millones de pesos en ese año, pero multiplicó sus “ventas” en casi 50 veces al año siguiente.
- A su vez, un grupo de 33 razones sociales, igualmente sospechosas de ser factureras, emitieron en favor de Raven comprobantes fiscales por 3 mil 666 millones de pesos durante 2018, 31 veces más que en 2017.
- Este esquema es conocido como “fraude carrusel” y fue detectado por el Gobierno desde principios del sexenio pasado.
- Las operaciones que se mencionan en las facturas son inexistentes y no involucran dinero real, pero estos documentos son utilizados por contribuyentes para aplicar deducciones y pagar menos impuestos.
Grupo Raven, que en su declaración fiscal de 2018 dijo tener activos fijos por 27.6 millones de pesos, ni siquiera se esforzaba por darle cierta credibilidad a sus comprobantes, pues la mayoría indicaba genéricos por “prestación de servicios según contrato” y “gestión de proyectos”, con algunas “ventas” ocasionales de muebles de oficina.
- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó el 3 de diciembre a Grupo Raven el inicio del procedimiento para declararla como facturera, pero lo hizo por estrados, pues no lo encontró en la dirección de Coyoacán que operaba como domicilio fiscal y que es una casa donde se rentan oficinas equipadas a profesionistas, médicos, nutriólogas y pequeñas empresas.
Las empresas presuntamente fantasma que operaban con Raven tienen nombres como Black Twins SC, Lombot S.A., Sellall S.A., y Soluciones Estratégicas Komunikase, de las que no hay indicios sobre cuáles son sus actividades.
Una entidad denominada Loyo Servicios Administrativos le expidió a Raven facturas por mil 666 millones de pesos en 2018, mientras que Middleman Perfect Business, de la que tampoco hay rastros, lo hizo por 433 millones.
El procedimiento contra Grupo Raven fue iniciado por la Administración de Auditoría Fiscal en Guerrero del SAT, con sede en Acapulco. Una de las “clientas” principales de Raven era Bumby Jack Empresarial, una empresa del sector de construcción que aparentemente sí tiene actividades reales, y que tiene domicilio en el puerto guerrerense.
El castigo
El Código Fiscal de la Federación prevé las siguientes sanciones por factureo, para emisores de facturas por servicios o bienes inexistentes:
- 2 a 9 años de cárcel a quien expida, enajene, compre o adquiera estas facturas.
- El delito califica como delincuencia organizada, cuando el valor nominal de las facturas
exceda de 7.8 millones de pesos. Esto implica pena adicional de 4 a 16 años de cárcel. - De rebasar 7.8 millones de pesos, aplica prisión preventiva forzosa.
- Cabe mencionar que, en muchos casos, se ignora quiénes son las personas físicas detrás
de las factureras.
Para personas físicas o morales que aprovechen las facturas:
- Obligación de corregir en 30 días su situación fiscal si aplicaron deducciones usando estas facturas. De no hacerlo, el SAT impondrá los créditos fiscales correspondientes.
- Multa de hasta 75 por ciento del valor de cada factura utilizada.
Fisco pierde al año más de 500,000 millones de pesos por esquema de factureras
Año tras año, el fisco pierde aproximadamente 500,000 millones de pesos a través de esquemas de factureras, es decir, aquellas empresas que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias, lo cual se hace para reducir o incluso evitar el pago de impuestos, explica Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal Federal.
Agrega que, de esta cifra, alrededor de 200,000 millones de pesos tiene que ver con los esquemas de outsourcing, los cuales son usados por algunas empresas y no sólo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la evasión, sino también a los trabajadores que ven mermadas sus prestaciones sociales, como su ahorro para el retiro, además de evadir la relación laboral.
“Estos delitos son problemas que tenemos y esta es nuestra receta para atacarlos”, dice en entrevista a El Economista.
- Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno, diferentes instituciones han hecho un énfasis en la lucha contra la defraudación fiscal. Además del SAT y la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se ha añadido a este combate, por lo cual las tres dependencias trabajan de manera conjunta.
A partir de este año entró en vigor la reforma fiscal penal que agrava el delito de defraudación fiscal a delincuencia organizada, además de que quienes conformen a las llamadas factureras podrán ser castigados con prisión preventiva oficiosa en caso de que lo facturado sea por 7.8 millones de pesos o más. En tanto, se espera que el siguiente año, el Poder Legislativo apruebe la reforma contra el outsourcing.
- Estas reformas representan mayores herramientas para que esta procuraduría pueda pelear contra estos esquemas. Son para que podamos tener las herramientas necesarias para perseguir estos delitos ”, asegura Romero Aranda.
- Va mano dura, advierte. Los contribuyentes que han contratado estos servicios pueden acercarse a la autoridad y regularizar su situación, “ahí se les acaba el problema”. Pero para las factureras, el castigo es severo.
“En la empresa facturera o la que prestó ilegal no cabe la regularización. Ellos son criminales, peligrosos, y si presentamos las querellas contra ellos, no hay acuerdos reparatorios ni perdones”.
Amparos no prosperan
A 11 meses de la reforma fiscal penal, Carlos Romero calcula, sin dar una cifra precisa, que se han presentado alrededor de 190 amparos; sin embargo, estos medios no han prosperado a favor de ellos.
“Creo que va por buen camino. Es una reforma vanguardista. Creo que todos los ataques que hubo, en el momento en que se aprobó la reforma, han quedado callados ante la implementación que hemos llevado”.
- Previó y después de la aprobación de esta reforma fiscal penal, algunas organizaciones indicaron que era un tipo de “terrorismo fiscal” contra los contribuyentes e, incluso, que sería utilizada para la persecución política.
Para Romero Aranda, los resultados de esta reforma han sido la autoregularización de varios contribuyentes e, incluso, que las personas dejen de comprar las facturas falsas, algo que se refleja en la recaudación ya que, si bien estamos en medio de una crisis, los ingresos por estas contribuciones no han caído como en otros años cuando la economía mostraba contracción./Agencias-PUNTOporPUNTO
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